Auto nº 454/21 de Corte Constitucional, 5 de Agosto de 2021 - Jurisprudencia - VLEX 875972051

Auto nº 454/21 de Corte Constitucional, 5 de Agosto de 2021

Número de expedienteCJU-866
Número de sentencia454/21
Fecha05 Agosto 2021
MateriaDerecho Constitucional

Auto 454/21

Referencia: Expediente CJU-866

Conflicto de jurisdicción suscitado entre el Tribunal Administrativo del Atlántico – S.C. y el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla.

Magistrada Ponente:

GLORIA S.O. DELGADO

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

AUTO

I. ANTECEDENTES

  1. El 19 de diciembre de 2018[1], la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución ISS 000626 del 25 de febrero de 2001 y la Resolución ISS 001751 del 30 de agosto de 2002, mediante las cuales la entidad demandante ordenó el pago de una pensión de vejez y modificó su valor en favor del señor H.E.A.C.[2].

    La entidad mencionada formuló la demanda al considerar que el señor A.C. no tiene derecho a la pensión reconocida comoquiera que no cumple

    con los requisitos del Decreto 758 de 1990[3]. Esto debido a que en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1997 y el 30 de septiembre de 1999 no realizó los aportes que le correspondían al régimen subsidiado, en calidad de trabajador independiente [4].

  2. La demanda fue repartida al Tribunal Administrativo del Atlántico, S.C., quien, mediante Auto del 9 de mayo de 2019[5], la rechazó por falta de jurisdicción y ordenó su remisión a la Oficina de Apoyo Judicial. Sostuvo que el conflicto suscitado entre las partes versa sobre un trabajador del sector privado beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional por lo que su conocimiento corresponde a los jueces laborales, toda vez que no es de “aquellos relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado y a la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen está administrado por una persona de derecho público” [6].

  3. Ante esta determinación, el apoderado judicial de COLPENSIONES presentó recurso de reposición[7], el cual fue resuelto negativamente por medio de Auto del 8 de octubre de 2020[8].

  4. En consecuencia, el asunto fue repartido al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla. Mediante Auto del 23 de marzo de 2021[9], ese despacho propuso conflicto negativo de jurisdicción y ordenó el envío del expediente al Consejo Superior de la Judicatura. En su criterio, la competencia para conocer del presente asunto es de la jurisdicción contencioso administrativa, toda vez que “la entidad pública demandó su propio acto a través de una acción de nulidad y restablecimiento” [10] propia de dicha jurisdicción.

  5. El 7 de mayo de 2021, el expediente fue enviado a la Corte Constitucional[11]. El 9 de junio de 2021, la Secretaría General de la Corporación envió el expediente al despacho de la Magistrada Sustanciadora[12].

  6. Una vez revisados los archivos que fueron cargados en la plataforma digital SIICOR, el despacho advirtió que el expediente estaba incompleto, razón por la que ordenó remitir las piezas procesales faltantes, mediante Auto del 8 de julio de 2021[13]. Durante el término concedido se recibió la información solicitada[14].

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Competencia

  1. La Corte Constitucional es competente para resolver todos los conflictos de competencia entre jurisdicciones[15], de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Carta Política[16].

    Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones[17]

  2. La Corte Constitucional ha definido que los conflictos de jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[18].

  3. En este sentido, el Auto 155 de 2019[19] precisó que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicción, a saber:

    (i) Presupuesto subjetivo, que exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones[20].

    (ii) Presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional[21].

    (iii) Presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, mediante un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran o no competentes para conocer de la causa[22].

    En el asunto de la referencia se satisfacen los anteriores presupuestos porque:

    (i) El conflicto se suscitó entre una autoridad de la jurisdicción contencioso administrativa y otra de la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral.

    (ii) Existe una controversia entre el Tribunal Administrativo del Atlántico, S.C., y el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla, en relación con la autoridad competente para conocer el proceso promovido por COLPENSIONES. El propósito de la demanda es que se declare la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la entidad demandante ordenó el pago y modificó el monto de una pensión de vejez al demandado y, en consecuencia, se le ordene el reintegro de las sumas de dinero recibidas por concepto de pensión y retroactivo, más la indexación y los intereses a los que haya lugar.

    (iii) Los dos despachos enuncian fundamentos de índole legal que soportan sus posiciones, dirigidas a negar su competencia en relación con el asunto. De acuerdo con el Tribunal Administrativo del Atlántico, S.C., a quien compete dirimir dicha controversia es a la jurisdicción ordinaria, según el artículo 2º de la Ley 712 de 2001[23]. En cambio, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla argumentó que la competencia es de la jurisdicción administrativa, por tratarse de una demanda de nulidad contra un acto administrativo propio de la Administración.

    Asunto objeto de decisión y metodología

  4. Con fundamento en lo anterior, la Corte dirimirá el conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Tribunal Administrativo del Atlántico, S.C., y el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla. Para ello, (i) reiterará la regla de decisión fijada por la Sala Plena en relación con la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en materia de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto propio. Y con base en esta, (ii) resolverá el caso concreto.

    La competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en materia de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto propio

  5. Mediante Auto 316 de 2021[24], la Sala Plena de esta Corporación sostuvo que, en los eventos en que una institución pública de seguridad social o un fondo de naturaleza pública a cargo del reconocimiento y/o pago de pensiones, presenta una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto propio, el conocimiento del asunto le corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. Esta misma regla fue reiterada en los Autos 382 y 384 de 2021[25], entre otros.

  6. La Corte señaló que cuando el conflicto versa sobre un tema de seguridad social pero el objeto de la controversia es dejar sin efecto jurídico un acto administrativo que reconoció un derecho específico y concreto, las entidades públicas deben refutar sus propios actos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa porque: (i) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho hace parte de una habilitación expresa establecida en los artículo 97[26] y 138[27] de la Ley 1437 de 2011; (ii) dicha atribución está dirigida a sujetos determinados como lo son las autoridades administrativas; y (iii) mediante esa vía procesal se les permite impugnar actos administrativos de carácter particular y concreto, con el fin proteger el interés del patrimonio público y derechos colectivos o subjetivos de la Administración[28].

  7. En esa medida, le es aplicable el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 según la cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá las controversias suscitadas por “actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa”.

III. CASO CONCRETO

  1. La Sala Plena constata que, en el presente caso:

(i) Se generó un conflicto entre una autoridad de la jurisdicción contencioso administrativa (Tribunal Administrativo del Atlántico, S.C.) y otra de la jurisdicción ordinaria (Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla), de acuerdo con los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo, analizados en el fundamento jurídico 3 de esta providencia.

(ii) Con base en lo anterior, la Sala dirime el presente conflicto de jurisdicción en el sentido de determinar que el Tribunal Administrativo del Atlántico, S.C., es la autoridad competente para conocer del proceso promovido por COLPENSIONES.

(iii) Ello en aplicación de la regla de decisión fijada por la Sala Plena en el Auto 316 de 2021, reiterada entre muchos otros, en los Autos 382 y 384 de 2021, según la cual cuando las entidades públicas solicitan la nulidad de su propio acto, aunque el mismo verse sobre una materia de derecho laboral y de la seguridad social, el estudio del asunto será de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa.

(iv) Así las cosas, la Corte asignará a la jurisdicción contenciosa administrativa la competencia para conocer la demanda debatida, de conformidad con los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011. Por lo tanto, ordenará remitir el expediente al Tribunal Administrativo del Atlántico, S.C., y comunicar la presente decisión a los interesados.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

RESUELVE

Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Tribunal Administrativo del Atlántico, S.C., y el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla, en el sentido de DECLARAR que el Tribunal Administrativo del Atlántico, S.C., es la autoridad competente para conocer del proceso promovido por COLPENSIONES.

Segundo. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-866 al Tribunal Administrativo del Atlántico, S.C., para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados.

N., comuníquese y cúmplase.

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Presidente

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

GLORIA S.O. DELGADO

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

[1] Expediente digital, archivo 01demanda completa, folio 1.

[2] Expediente digital, archivo 01demanda completa. A título de restablecimiento del derecho, la demanda solicita que se ordene al demandado la devolución de lo pagado por concepto del reconocimiento de: i) pensión de vejez efectuado por medio de la Resolución ISS 000626 de 25 de febrero de 2001, ii) retroactivo pensional efectuado mediante la Resolución ISS 001751 de 30 de agosto de 2002 y iii) pensión de vejez a partir de la fecha de inclusión en nómina de pensionados de la Resolución ISS 001751 hasta que se ordene la suspensión provisional o se declare su nulidad. Además, iv) la indexación de las sumas reconocidas y el pago de intereses a los que haya lugar.

[3]“Artículo 12. Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos: // a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y, // b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”.

[4] Expediente digital, archivo 01demanda completa.

[5] Esta decisión fue confirmada mediante Auto del 8 de octubre de 2020. Expediente digital, archivo 03OFICIO No. 039-2020 JB RAD. 2018-01151.

[6] Expediente digital, carpeta 2018-01151, archivo 2018-01151 CUADERNO No. 1, folio 63.

[7] Expediente digital, carpeta 2018-01151, archivo 2018-01151 CUADERNO No. 1, folios 67 a 78.

[8] Expediente digital, carpeta 2018-01151, archivo NRD NO REPONE.

[9] Expediente digital, archivo 04AutoConflictoCompetencia.

[10] Expediente digital, archivo 04AutoConflictoCompetencia. Folio 2.

[11] Expediente digital, archivo 18ConstanciaEnvioCorte.

[12] Expediente digital, constancia de reparto.

[13] Expediente digital, CJU0000866 AUTO 8 Julio-21 Pruebas.

[14] Expediente digital, CJU0000866 INFORME DE PRUEBAS 15-JULIO-2021 (Auto 08-julio-2021).

[15] En el diseño original de la Constitución, la función de resolver los conflictos entre distintas jurisdicciones se encontraba a cargo del Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, en virtud del artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015, la referida atribución fue asignada a la Corte. En su momento, este Tribunal determinó que asumiría esta competencia únicamente cuando “(…) la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura haya cesado de manera definitiva en el ejercicio de sus funciones” (Auto 278 de 2015, M.L.G.G.P.. Con todo, la Corte consideró que era competente para resolver las controversias entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y las demás autoridades que administran justicia. Lo anterior, porque la atribución del Consejo Superior de la Judicatura se limitaba a los asuntos que, en algún momento, fueron de su competencia. La entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ocurrió el 13 de enero de 2021. Por lo tanto, a partir de ese momento, corresponde a esta Corporación decidir la totalidad de los conflictos de jurisdicción.

[16]Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: (…) 11. Numeral adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015: Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones”.

[17] Las consideraciones contenidas en el presente capítulo fueron parcialmente retomadas de los Autos 332 y 130 de 2020 y 328 de 2019, con ponencia de la Magistrada Sustanciadora.

[18] Autos 345 de 2018, M.L.G.G.P.; 328 de 2019 y 452 de 2019, con ponencia de la Magistrada Sustanciadora.

[19] M.L.G.G.P..

[20] En consecuencia, no habrá conflicto cuando: (a) solo sea parte una autoridad; (b) una de las partes en colisión no ejerza funciones jurisdiccionales; o (c) ambas autoridades pertenezcan a la misma jurisdicción, pues se trataría de un asunto interno de la misma que debe ser definido por la autoridad competente para el efecto (Cfr. Artículos 17, 18, 37, 41 y 112 de la Ley 270 de 1996, así como el 97 de la Ley 1957 de 2019).

[21] En este sentido, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional (Cfr. Artículo 116 de la Constitución).

[22] Así pues, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que, a pesar de concurrir formalmente dos autoridades judiciales, alguna de ellas no ha rechazado su competencia o manifestado su intención de asumirla; o (b) la exposición sobre la competencia que presentan las autoridades en conflicto no tiene, al menos aparentemente, fundamento normativo alguno, sino que se sustenta únicamente en argumentos de mera conveniencia.

[23]Artículo 2o. El artículo 2o. del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social quedará así: (…) Competencia General. La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: (…) 4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan (…)”.

[24] Expediente CJU-489. M.C.P.S..

[25] Expedientes CJU-288 y CJU-377. M.J.F.R.C..

[26] “Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. // Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. // Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional. (…)”.

[27] “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. (…)”.

[28] Auto 316 de 2021, expediente CJU-489, reiterado en los Autos 382 y 384 de 2021, M.J.F.R.C..

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