Auto nº 650/21 de Corte Constitucional, 8 de Septiembre de 2021
| Fecha | 08 Septiembre 2021 |
| Número de expediente | CJU-655 |
| Número de sentencia | 650/21 |
| Materia | Derecho Constitucional |
Auto 650/21
Referencia: Expediente CJU-655
Conflicto de jurisdicción suscitado por el Juzgado 36 Laboral del Circuito de Bogotá, D. y el Juzgado 26 Administrativo de Oralidad de Bogotá, D.
Magistrado ponente:
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Bogotá D. C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)
La S. Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente
AUTO
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El 9 de marzo de 2018, la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), presentó medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en lesividad contra la Resolución GNR176701 del 16 de junio de 2015 mediante la cual la entidad demandante reconoció y ordenó el pago de una pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor J.L.O. a favor de la señora Idalí de J.P.G..[1] Según la demandante, la señora P.G. no acreditó los requisitos legales para ser beneficiaria de la sustitución pensional reconocida de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, al supuestamente probarse que la demandada no convivió con el causante dentro de los cinco años anteriores a su fallecimiento, en adición a que la sociedad conyugal se encuentra disuelta.[2]
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La demanda fue repartida al Juzgado 26 Administrativo de Oralidad de Bogotá, D., quien, mediante Auto del 18 de mayo de 2018[3] procedió a admitir la demanda. Sin perjuicio de lo anterior, posteriormente, mediante Auto del 17 de septiembre de 2019[4] declaró la falta de jurisdicción dentro del proceso de la referencia y ordenó remitir el expediente a los jueces laborales del circuito de Bogotá, D. por reparto.
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Según su criterio, el artículo 2 de la Ley 712 de 2001 prevé que la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral conoce, entre otras, de las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos que se controviertan.[5] Por lo cual, estimó que “el conocimiento del presente asunto corresponde a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, en consideración a que se trata de una controversia en la cual se encuentra involucrado un trabajador oficial, y por ende, se ordenará la remisión inmediata a la justicia laboral en el estado en que se encuentra, aplicando la regla prevista en el artículo 138 del Código General del Proceso”.[6] Adicionalmente, por medio del Auto del 6 de diciembre de 2019, que resolvió el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante, el Juzgado 26 manifestó que el artículo 104 de la Ley 1473 de 2011 le asignó a la jurisdicción contenciosa administrativa el conocimiento de los casos originados en virtud de una relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos.
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Por lo anterior, el expediente fue repartido al Juzgado 36 Laboral del Circuito de Bogotá, D. En Auto del 23 de septiembre de 2020,[7] propuso conflicto negativo de competencias entre jurisdicciones, pues consideró que la competencia para conocer del presente asunto es de la jurisdicción contencioso administrativa. Según su criterio, “así la controversia involucre una prestación del sistema de seguridad social, lo cierto es que el litigio busca dejar sin efecto un acto administrativo que creó una situación jurídica particular y concreta, por lo que corresponde a un conflicto ajeno al ámbito de competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social, a cuyos jueces corresponde dirimir las discusiones encaminadas a obtener el otorgamiento de las prestaciones ofrecidas por el régimen de seguridad social, pero no aquellas dirigidas a revocar un derecho subjetivo que ya ingresó al patrimonio del beneficiario, tras cobrar firmeza una decisión administrativa de la entidad pública”.[8] Por lo anterior, ordenó el envío del expediente al Consejo Superior de la Judicatura.
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El 25 de mayo de 2021, la S. Plena repartió el expediente de la referencia al despacho del Magistrado sustanciador, y el 9 de junio de 2021 se hizo entrega del expediente.
Competencia
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De conformidad con lo previsto en el artículo 241.11 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015,[9] la S. Plena de la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de competencia entre jurisdicciones.
Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones
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Esta Corporación ha señalado que los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”.[10]
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En ese sentido, en el Auto 155 de 2019, la S. Plena precisó que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de competencia entre jurisdicciones, a saber: (i) presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones;[11] (ii) presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional;[12] y (iii) presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa.[13]
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En el asunto de la referencia, se satisfacen los anteriores supuestos así:
9.1. Presupuesto subjetivo: el conflicto se suscitó entre una autoridad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y otra autoridad de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de la seguridad social.
9.2. Presupuesto objetivo: existe una controversia entre el Juzgado 26 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, D. y el Juzgado 36 Laboral del Circuito de Bogotá, D., en relación con la autoridad competente para conocer del proceso promovido por Colpensiones. La pretensión de la demanda es que se declare la nulidad del acto administrativo que reconoció y ordenó el pago la pensión de sobrevivientes a favor de la señora I. de J.P.G..
9.3. Presupuesto normativo: ambos despachos enunciaron los fundamentos legales dirigidos a negar su competencia para conocer del asunto. Por un lado, el Juzgado 26 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, D. sostuvo que, según el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 2 de la Ley 712 de 2001, a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, es a quien corresponde el conocimiento del asunto. Por el otro, el Juzgado 36 Laboral del Circuito de Bogotá, D. indicó que, teniendo en cuenta el artículo 97 del CPACA, lo que se debate es la legalidad del acto administrativo expedido por Colpensiones, y, por lo tanto, su conocimiento corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa.
Asunto objeto de decisión y metodología
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Con base en lo anterior, la Corte dirimirá el conflicto entre el Juzgado 26 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, D. y el Juzgado 36 Laboral del Circuito de Bogotá, D. En primer lugar, reiterará la regla de decisión fijada por esta S., en relación con la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en acciones en las cuales se pretenda la declaración de nulidad y el restablecimiento del derecho de un acto propio. En segundo lugar, resolverá el caso concreto.
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El artículo 97 del CPACA establece una cláusula especial que atribuye a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la competencia exclusiva para conocer de las acciones de lesividad. En esos términos, las autoridades están en la obligación de demandar los actos de carácter particular y concreto que sean contrarios a la Constitución o a la ley, siempre que el titular del derecho haya negado su consentimiento para la revocatoria del mismo.[14] En armonía con dicha disposición, la cláusula de competencia general establecida el artículo 104 ibídem sostiene que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de las controversias o litigios originados en actos, contratos, hechos, entre otros.[15]
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En Auto 316 de 2021,[16] la S. Plena indicó que, en los casos en los que una institución pública o un fondo de naturaleza pública, que pretendan la nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto propio, aun cuando su contenido material verse sobre asuntos laborales o de la seguridad social, el conocimiento del asunto le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta doctrina se reiteró en los Autos 437,[17] 454,[18] y 384[19] de 2021, entre otros.
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La S. Plena advierte que en el caso sub judice se presentó un conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 26 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, D. y el Juzgado 36 Laboral del Circuito de Bogotá, D.
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Con base en las consideraciones planteadas, la S. dirime el presente conflicto a favor del Juzgado 26 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, D., pues es la autoridad competente para conocer del presente asunto.
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Lo anterior, siguiendo la regla de decisión establecida en el Auto 316 de 2021, reiterada en Autos 527,[20] 384,[21] y 384 de 2021,[22] según la cual las entidades públicas deberán acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siempre que el objeto de la litis verse sobre sobre la nulidad de su propio acto, aun cuando aquel defina asuntos de derecho laboral y de la seguridad social.
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Conforme a lo anterior, la Corte, con fundamento en lo previsto en los artículos 97 y 104 del CPACA, ordenará remitir el expediente al Juzgado 26 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, D. y ordena comunicar la presente decisión a los interesados.
Con base en las anteriores consideraciones, la S. Plena de la Corte Constitucional,
Primero.- DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 26 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, D. y el Juzgado 36 Laboral del Circuito de Bogotá, D., en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 26 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, D. es la autoridad competente para conocer del proceso promovido por Colpensiones.
Segundo.- Por Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-655 al Juzgado 26 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, D. para que adelante las funciones de su competencia, y para que comunique al Juzgado 36 Laboral del Circuito de Bogotá, D. y a los sujetos procesales e interesados dentro del trámite judicial correspondiente.
N., comuníquese y cúmplase.
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Presidente
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Expediente Digital “ORDINARIO 2020-00035”, carpeta “01. Expediente digitalizado 2020-00035.pdf”, folio 15.
[2] Ibidem
[3] Expediente Digital “ORDINARIO 2020-00035”, carpeta “01. Expediente digitalizado 2020-00035.pdf”, folio 27.
[4] Expediente Digital “ORDINARIO 2020-00035”, carpeta “01. Expediente digitalizado 2020-00035.pdf”, folio 144.
[5] Expediente Digital “ORDINARIO 2020-00035”, carpeta “01. Expediente digitalizado 2020-00035.pdf”, folio 145.
[6] Expediente Digital “ORDINARIO 2020-00035”, carpeta “01. Expediente digitalizado 2020-00035.pdf”, folio 146.
[7] Expediente Digital “ORDINARIO 2020-00035”, carpeta “02. Auto Propone Conflicto de Competencia 2020-00035.pdf”, folio 1.
[8] Expediente Digital “ORDINARIO 2020-00035”, carpeta “02. Auto Propone Conflicto de Competencia 2020-00035.pdf”, folio 2.
[9] Artículo 241. “A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: (…) 11. Numeral adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015: Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones”.
[10] Cfr. Autos 345 de 2018, 328 de 2019, 452 de 2019 y 608 de 2019.
[11] En consecuencia, no habrá conflicto cuando: (a) sólo sea parte una autoridad; o (b) una de las partes en colisión no ejerza funciones jurisdiccionales. (Cfr. Artículos 17, 18, 37 y 41 de la Ley 270 de 1996, así como 97 de la Ley 1957 de 2019).
[12] En este sentido, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional (Cfr. Artículo 116 de la Constitución Política).
[13] Así pues, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que, a pesar de concurrir formalmente dos autoridades judiciales, alguna de ellas no ha rechazado su competencia o manifestado su intención de asumirla; o (b) la exposición sobre la competencia desplegada por las autoridades en conflicto no tiene, al menos aparentemente, fundamento normativo alguno al sustentarse únicamente en argumentos de mera conveniencia.
[14] Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 97 “Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. […]”
[15] Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 104 “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa (…)”
[16] Expediente CJU 489.
[17] Expediente CJU 838.
[18] Expediente CJU 866.
[19] Expediente CJU 377.
[20] Expediente CJU 269.
[21] Expediente CJU 866.
[22] Expediente CJU 377.
