Auto nº 144/22 de Corte Constitucional, 10 de Febrero de 2022

1. El 6 de diciembre de 2019, el sargento del Ejército Nacional M.R.Z.T. presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el capitán C.A.T.P., por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa[1].

2. Los hechos que fundamentaron la denuncia ocurrieron el 25 de noviembre de ese mismo año en la vereda El Loro del municipio de El Carmen (Norte de Santander). Según el denunciante, ese día, el capitán T.P., quien para ese momento lideraba un grupo de explosivos y desminado (EXDE), dio la orden para que el sargento Z.T. y los seis soldados que se encontraban a su cargo se ubicaran en un sector en el que posteriormente pudieran ser atacados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN)[2].

3. La denuncia fue radicada bajo el número 200116001193201901732 y asignada a la Fiscalía 47 Especializada Delegada contra la Criminalidad Organizada de Cúcuta (Norte de Santander).

4. El 16 de diciembre de 2019, la mencionada autoridad dispuso la remisión de la denuncia al Juzgado de Instrucción Penal Militar de Cúcuta, «para lo de su competencia». Para el efecto, argumentó que los artículos 1, 2 y 20 del Código Penal Militar establecen que esa jurisdicción conocerá de los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. En este sentido, precisó que «la conducta desplegada por el capitán T.P.C.A. se realizó en claro ejercicio de sus funciones, bajo su subordinación y su acción obedeció a un acto del servicio».

5. No obstante, el 10 de marzo de 2020, el Juzgado 86 de Instrucción Penal Militar ordenó la devolución del expediente a la Fiscalía 47 Especializada Delegada contra la Criminalidad Organizada de Cúcuta (Norte de Santander).

   Luego de citar in extenso la Sentencia C-358 de 1997[3], el Juzgado afirmó que en el presente caso «no existe relación directa y próxima con el servicio». En su criterio, la coordinación premeditada con grupos ilegales por parte del capitán Torres Pinzón, para ocasionar la muerte de sus propios compañeros, «[se] desliga totalmente de su función como militar». Tal actuación, dijo, «evidencia que su comportamiento delictivo fue ab initio criminal» y, por tanto, su investigación y juzgamiento corresponde a la justicia ordinaria.

6. Por lo anterior, el 23 de abril de 2020, la Fiscalía 47 Especializada Delegada contra la Criminalidad Organizada de Cúcuta solicitó un «concepto evaluativo del proceso» a la Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Esto, con el fin de que «se estudie la viabilidad de que el proceso por su naturaleza sea asumido por esa dirección».

7. El 20 de noviembre de 2020, mediante «concepto de competencia», la Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas contra las Violaciones a los Derechos Humanos consideró que la Jurisdicción Penal Militar es la competente para investigar y juzgar los hechos denunciados por el sargento Z.T.. Por esta razón, advirtió que la Fiscalía 47 Especializada Delegada contra la Criminalidad Organizada de Cúcuta debía proponer el conflicto negativo de jurisdicciones.

   Al respecto, con apoyo en jurisprudencia de la Corte Constitucional[4] y de la Corte Suprema de Justicia[5], explicó que lo anterior es así, toda vez que el caso satisface los factores subjetivo y funcional, que permiten otorgar la competencia a la Justicia Penal Militar. Esto, pues el capitán C.A.T.P. es miembro activo del Ejército Nacional (factor subjetivo) y, al momento de los hechos materia de investigación, se encontraba en ejercicio de sus funciones (factor funcional).

8. En consecuencia, el 18 de diciembre de 2020, la Fiscalía 47 Especializada Delegada contra la Criminalidad Organizada de Norte de Santander propuso el conflicto negativo de jurisdicciones frente a la Justicia Penal Militar. Para fundamentar esta determinación, transcribió in integrum el «concepto de competencia» emitido por la Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Así, reiteró que en el caso concurren los factores subjetivo y funcional que sustentan el fuero penal militar.

9. El 12 de enero de 2021, el Juzgado 86 de Instrucción Penal Militar ordenó la remisión del expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Dicho expediente fue radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 14 de julio de 2021. Posteriormente, fue repartido a la magistrada sustanciadora el 22 de noviembre del mismo año y remitido a su despacho el día 26 siguiente.

1. Competencia

10. La Sala Plena de la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de jurisdicciones, según lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución.

2. Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones. Legitimación de la Fiscalía General de la Nación para proponer conflictos de jurisdicciones. Reiteración de jurisprudencia[6]

11. Con fundamento en la jurisprudencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en el Auto 155 de 2019, esta Corporación determinó que la configuración de un conflicto de jurisdicciones depende del cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo[7].

12. Puntualmente, el presupuesto subjetivo «exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones. En consecuencia, no habrá conflicto cuando: (a) solo sea parte una autoridad; (b) una de las partes en colisión no ejerza funciones jurisdiccionales; o (c) ambas autoridades pertenezcan a la misma jurisdicción, pues se trataría de un asunto interno de la misma que debe ser definido por la autoridad competente para el efecto[8]» (negrilla fuera del texto)[9].

13. En relación con dicho presupuesto, la Sala ha entendido que, en principio, la Fiscalía General de la Nación no está facultada para proponer conflictos de jurisdicciones respecto de los procesos penales que se surten bajo las reglas de la Ley 906 de 2004[10]. Lo anterior, en la medida en que en el proceso penal con tendencia acusatoria, la Fiscalía actúa como parte dentro del proceso y, por tanto, «no cumple funciones jurisdiccionales como regla general»[11]. Esta conclusión tiene fundamento en los siguientes hitos jurisprudenciales[12]:

    13.1 En la Sentencia C-232 de 2016[13], la Corte explicó que, al tenor de lo dispuesto en el texto superior, la Fiscalía General de la Nación ejerce tanto funciones jurisdiccionales como no jurisdiccionales. En este sentido, aseguró que esa entidad actúa en ejercicio de la función jurisdiccional en dos supuestos: i) cuando la Carta o la ley así lo determinan y ii) «cuando la Constitución ha atribuido a determinado órgano la decisión en una materia de expresa reserva judicial». Con base en estos criterios, luego de realizar una interpretación sistemática del texto superior, la Sala sostuvo que la Fiscalía General de la Nación actúa en ejercicio de funciones jurisdiccionales cuando ordena una captura[14] y adelanta registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones[15].

    13.2 Posteriormente, en la Sentencia SU-190 de 2021[16], a partir de la distinción entre funciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales, la Sala Plena reiteró que en aquellos supuestos en los cuales la Fiscalía actúa solamente como parte en el marco del proceso penal, la posibilidad de promover un conflicto de jurisdicciones no se encuentra habilitada. No obstante, determinó que, «específicamente respecto de la Justicia Penal Militar, existen razones constitucionales suficientes, a partir de las cuales es posible concluir que […] la Fiscalía General de la Nación cuenta con la facultad de promover conflictos de jurisdicción» (negrilla fuera del texto).

    Para sustentar lo anterior, la Corte expuso que «la investigación penal que lleva a cabo [la Fiscalía] está vinculada de forma necesaria al ejercicio de la jurisdicción ordinaria». Igualmente, indicó que la facultad de promover conflictos de jurisdicción garantiza los principios de celeridad y economía procesal, así como el acceso y eficacia de la administración de justicia, y evita escenarios de impunidad.

    13.3 En virtud de lo decidido en la Sentencia SU-190, en el Auto 704 de 2021[17], la Sala Plena reiteró que la facultad de la Fiscalía para suscitar conflictos entre jurisdicciones frente a la justicia penal militar permite que el conflicto sea dirimido desde la etapa de investigación, lo cual contribuye a la realización de los principios de celeridad y economía procesal. Además, facilita la conservación del potencial probatorio de los elementos de convicción obtenidos durante la investigación, efecto que garantiza el acceso y la eficacia de la administración de justicia.

    Sin embargo, con apoyo en las características particulares del caso resuelto en la Sentencia SU-190 de 2021, la Sala concluyó que la facultad en cabeza de la Fiscalía para proponer conflictos de jurisdicciones frente a la justicia penal militar no es ilimitada. Lo anterior, en la medida en que se circunscribe solamente a casos que puedan involucrar graves violaciones de derechos humanos.

    En efecto, en el Auto 704 de 2021, la Corte concluyó:

    [L]as consideraciones anteriores cobran especial relevancia en casos en que los conflictos de competencia suscitados entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción penal militar involucren hechos en los que pueden existir graves violaciones de Derechos Humanos, tales como masacres o ejecuciones extrajudiciales. La Sala Plena considera que únicamente en esos casos la Fiscalía General de la Nación está legitimada para proponer conflictos de competencia entre jurisdicciones (negrilla fuera del texto).

14. En suma, la Fiscalía General de la Nación no está facultada para proponer conflictos entre jurisdicciones cuando no actúa en ejercicio de la función jurisdiccional, salvo cando el conflicto se suscite frente a la Justicia Penal Militar y los hechos involucren graves violaciones de derechos humanos.

3. El concepto de graves violaciones de derechos humanos

15. En el Auto 1163 de 2021[18], la Sala Plena hizo las siguientes precisiones en relación con la noción de graves violaciones de derechos humanos:

    15.1 Para comenzar, la Corte indicó que si bien «cada violación o menoscabo a un derecho humano es igualmente importante en términos de su garantía y protección», la comunidad internacional ha advertido que algunas violaciones a derechos humanos son más graves que otras y, por tanto, que «requieren un tratamiento especial y diferenciado».

    15.2 En este sentido, afirmó que «no existe una definición unívoca del concepto de graves violaciones de derechos humanos en la jurisprudencia nacional ni en los diferentes instrumentos y fuentes del derecho internacional». Con todo, advirtió que la Corte Constitucional se ha ocupado de dotar de contenido dicho concepto mediante i) la definición de un listado de aquellas conductas que tradicionalmente han sido consideradas como graves violaciones de derechos humanos y ii) la determinación de los delitos que constituyen graves violaciones de derechos humanos y que también pueden constituir graves infracciones al derecho internacional humanitario[19].

    15.3 En cuanto a las conductas que tradicionalmente han sido consideradas como graves violaciones de derechos humanos, la Sala recordó que en la actualidad aquellas son, «por lo menos, las ejecuciones extrajudiciales[20], la desaparición forzada[21], la tortura[22], el establecimiento o mantenimiento de personas en estado de esclavitud[23], la servidumbre o trabajo forzoso, las masacres[24], la detención arbitraria y prolongada[25], el desplazamiento forzado[26], la violencia sexual contra las mujeres[27] y el reclutamiento forzado de menores de edad».

    15.4 Respecto de los delitos que constituyen graves violaciones de derechos humanos y que a su vez pueden ser graves infracciones al derecho internacional humanitario, la Corte aclaró que «los delitos de lesa humanidad[28], algunos crímenes de guerra[29] y el genocidio[30] implican conductas constitutivas de graves violaciones a los derechos humanos»[31]. Adicionalmente, en este escenario, precisó que las graves violaciones a los derechos humanos tienen estos elementos característicos: «(i) la sistematicidad o generalidad en el caso de los crímenes de lesa humanidad; (ii) la intención de destruir a un grupo en lo referente al genocidio y (iii) el nexo con el conflicto armado, internacional o no, de los crímenes de guerra[32]».

    15.5 En relación con las características de las graves violaciones de derechos humanos, el Pleno de la Corporación enlistó las siguientes, no sin antes sostener que no son «exclusiva[s] o necesariamente concurrente[s]»: «(i) la naturaleza del derecho afectado; (ii) la magnitud y sistematicidad de la lesividad ocasionada por la violación[33]; (iii) el grado de vulnerabilidad de la víctima; (iv) el impacto social del menoscabo[34]; y, además, resulta importante atender si (v) los derechos humanos conculcados se encuentran internacionalmente protegidos y, a su vez, si las conductas constituyen delitos conforme al derecho internacional y (vi) si el menoscabo implica el deber para el Estado de investigar, juzgar y sancionar a sus responsables[35]».

    15.6 Por último, reiteró que el listado de las conductas y delitos indicados «no constituye un catálogo cerrado ni taxativo de actuaciones susceptibles de ser calificadas como graves violaciones de derechos humanos». Esto es así porque el concepto de graves violaciones de derechos humanos se encuentra en permanente actualización, de acuerdo con «los pronunciamientos de los tribunales internacionales, los instrumentos y los documentos de órganos oficiales de derechos humanos».

    15.7 Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Corte se inhibió para emitir pronunciamiento de fondo sobre el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 78 de Instrucción Penal Militar de Duitama y la Fiscalía 20 Seccional de Soatá, ambos de Boyacá, por el incumplimiento del presupuesto subjetivo. Sobre el particular, constató que los hechos materia de investigación —la tentativa de homicidio de un soldado del Ejército Nacional en manos de otro—no constituye, prima facie, una grave violación de derechos humanos. Lo anterior, por cuanto i) el homicidio simple en su modalidad tentada no ha sido enunciado entre aquellas conductas constitutivas de graves menoscabos a los derechos humanos, ii) dicha conducta tampoco constituye un delito grave para el derecho internacional humanitario y iii) los hechos no reúnen ninguna de las características que han sido atribuidas a las graves violaciones de derechos humanos.

4. En el caso bajo examen no se configuró un conflicto de competencia entre jurisdicciones

16. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación sobre la facultad de la Fiscalía General de la Nación para promover conflictos de jurisdicción frente a la justicia penal militar, la Sala Plena se declarará inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo en el asunto de la referencia, pues este no satisface el presupuesto subjetivo, el cual exige que las partes en colisión ejerzan funciones jurisdiccionales.

17. En efecto, de acuerdo con la denuncia penal radicada bajo el número 200116001193201901732, el 25 de noviembre de 2019, el capitán T.P., quien para ese momento lideraba un grupo de explosivos y desminado (EXDE), dio la orden para que un sargento y seis soldados se ubicaran en un sector en el que posteriormente pudieran ser atacados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Por estos hechos, el sargento del Ejército Nacional M.R.Z.T. presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el capitán C.A.T.P., por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa.

18. Ahora bien, además de las piezas procesales relacionadas con el conflicto de jurisdicciones, en el expediente la única actuación que obra es la denuncia penal. De ahí que en este punto la Sala desconozca las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que sucedieron los hechos y si el presunto ataque llegó a término. No obstante, de la calificación de la conducta realizada en la denuncia, se extrae que el presente conflicto gira en torno a un posible homicidio en grado de tentativa.

19. La Sala considera que los hechos objeto de investigación no constituyen, prima facie, una grave violación de derechos humanos, que habilitara a la Fiscalía General de la Nación para promover el conflicto de competencias respecto de la justicia penal militar, por las siguientes razones.

20. Primera, aunque el bien jurídico de la vida, protegido por el delito investigado, es de la mayor importancia, de conformidad con lo sostenido en el Auto 1163 de 2021, la Sala reitera que «no toda vulneración o atentado contra la vida constituye por sí misma una grave afectación de derechos humanos». Segunda, tradicionalmente, el delito de homicidio simple en grado de tentativa no ha sido considerado como una grave violación de derechos humanos, como por ejemplo las ejecuciones extrajudiciales, las masacres o la tortura. Tercera, la presente conducta tampoco constituye, en principio, un delito grave en el derecho internacional como genocidio, delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Y, cuarta, de acuerdo con las circunstancias en que, según la denuncia penal, habrían ocurrido los hechos, el asunto no reúne las características que han sido atribuidas a las graves violaciones de derechos humanos, como la magnitud, sistematicidad o generalidad de la conducta o el presunto estado de vulnerabilidad de la víctima.

21. Además, la Sala encuentra que, tal y como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, el proceso penal adelantado contra el capitán C.A.T.P. se encuentra en fase de investigación por la Fiscalía 47 Especializada contra las Organizaciones Criminales de Cúcuta (Norte de Santander). En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y en la ley, en esta oportunidad, esa entidad no actúa en ejercicio de funciones jurisdiccionales (supra, párrafos 13-14).

22. En consecuencia, la Fiscalía 47 Especializada contra las Organizaciones Criminales de Cúcuta (Norte de Santander) no estaba facultada para promover conflicto negativo de jurisdicciones frente al Juzgado 86 de Instrucción Penal Militar. Por esto, la Sala se inhibirá para pronunciarse de fondo y ordenará remitir el expediente a esa fiscalía, para lo que corresponda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,