Auto nº 275/22 de Corte Constitucional, 9 de Marzo de 2022

1. En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano J.A.M.D., quien manifestó estar pagando una condena en la cárcel de Jamundí, presentó, por segunda vez[1], demanda en contra del artículo 29 de la Ley 504 de 1999, “por la cual se derogan y modifican algunas disposiciones del Decreto 2700 de 1991, y de los Decretos-Leyes 2790 de 1990, 2271 de 1991, 2376 de 1991, Ley 65 de 1993, Ley 333 de 1996 y Ley 282 de 1996 y se dictan otras disposiciones”. El contenido normativo demandado se transcribe a continuación:

   “LEY 504 DE 1999

   (junio 25)

   Por la cual se derogan y modifican algunas disposiciones del Decreto 2700 de 1991, y de los Decretos-leyes 2790 de 1990, 2271 de 1991, 2376 de 1991, Ley 65 de 1993, Ley 333 de 1996 y Ley 282 de 1996 y se dictan otras disposiciones.

   EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

   DECRETA:

   (…)

   Artículo 29. El numeral 5 del artículo 147 de la Ley 65 de 1993 quedará así:

   Artículo 147. Permiso hasta de setenta y dos (72) horas.

5. Haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, tratándose de condenados por los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados”.

2. La demanda fue radicada con el consecutivo D-14598 y fue asignada por reparto al magistrado A.J.L.O. (en adelante, el magistrado L.O. o el magistrado sustanciador).

   A. Demanda

3. El demandante argumentó que la disposición acusada vulnera los artículos 12, 13, 29, 44, 93 y 94 de la Constitución Política. Además, sostuvo que en el presente asunto no se configura el fenómeno de cosa juzgada constitucional. Para fundamentar su acusación, expuso las siguientes cinco (5) razones.

4. Primero, la privación de la libertad en las prisiones vulnera el artículo 12 de la Constitución Política, en tanto “se convierte de facto en aplicación de tratos crueles, inhumanos y degradantes y en una imposición deliberada de dolor”[2], más aún cuando existe “el estado de cosas inconstitucional al interior de las prisiones”[3].

5. Segundo, la norma demandada vulnera el principio de igualdad previsto por el artículo 13 de la Constitución Política, debido a que las personas privadas de la libertad son “personas en circunstancia de debilidad manifiesta, que se encuentran en un estado de sujeción especial debido a su dependencia del trato que el Estado pueda brindarles”[4]. Por esta razón, “la Constitución obliga al Estado a proteger especialmente a estas personas y a no discriminarlas por razones políticas y filosóficas”[5].

6. Tercero, al condenarlo por “narcotráfico y concierto para delinquir agravado [vulneraron] el artículo 29 del la Constitución, que no permite juzgar dos veces por el mismo delito”[6]. Según el demandante, “obligarl[o] a cumplir el 70% de la condena para poder solicitar el permiso administrativo de hasta 72 horas”[7] equivale a condenarlo por tercera vez por los mismos delitos. Esto, porque “la ley permite acceder a este beneficio [solo con cumplir] la tercera parte de la condena”[8], que no el 70% de esta. Además, resaltó que “la justicia colombiana no posee los medios técnicos ni humanos para llevar a cabo una investigación idónea”[9], toda vez que lo condenaron “basados en interceptaciones telefónicas, sin ningún tipo de prueba pericial o cotejo de voz que permita comprobar [su] culpabilidad”[10]. Por lo demás, sostuvo que esta pena se ha convertido en una de “las más extensas del grupo de la OCDE”[11], al cual pertenece Colombia.

7. Cuarto, la disposición acusada vulnera el artículo 44 de la Constitución Política, en tanto su familia y, en especial, sus “tres hijos (…), son los directos afectados por todos los años que [ha] tenido que soportar en prisión siendo inocente, debido a que era el proveedor del sustento de la familia”[12].

8. Quinto, en el presente caso, no se configura cosa juzgada constitucional. En este cargo, el demandante cuestionó el Auto de 17 de marzo de 2021, mediante el cual, el magistrado A.L.C. rechazó su primera demanda contra el artículo 29 de la Ley 504 de 1999[13]. En particular, sostuvo que en la referida decisión, el magistrado L. no tuvo en cuenta (i) “los cambios efectuados por el bloque de constitucionalidad de acuerdo al acogimiento de nuevas normas implícitas en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes firmado el 18 de noviembre de 2002”[14] ni (ii) el ingreso de Colombia a la OCDE en 2020, que “se convierte en una razón poderosa para la revisión de las leyes que contravienen la carta constitucional”[15]. Así las cosas, sostuvo que, en el referido auto de rechazo, el magistrado sustanciador desconoció “la acelerada evolución del contexto socio-cultural del nuevo siglo”[16] e ignoró experiencias de política criminal internacionales. Por lo tanto, solicitó a la Corte “la aplicación de los artículos 85, 93 y 94”[17].

9. Por lo demás, el demandante sostuvo que, en el primer auto de rechazo de su demanda, “el magistrado no aplicó el principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal”[18] y, en consecuencia, perdió de vista que “cuando se obliga a un ciudadano a cumplir un rito procedimental demasiado exigente, el derecho a controvertir las leyes que creemos abusivas y fuera del marco constitucional se torna utópico y menoscaba la condición evolutiva de la carta”[19]. Asimismo, aseveró que su primera demanda cumplió con los requisitos de claridad, especificidad, certeza, suficiencia y pertinencia. Por tanto, solicitó al magistrado su “colaboración para la estructuración legal de esta demanda”[20]. Por todo lo expuesto, el accionante solicitó que se declare la inexequibilidad de la norma acusada.

   B. Inadmisión

10. Mediante el auto de 18 de enero de 2022, el magistrado L.O. inadmitió la demanda, con fundamento en el inciso 2º del artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, y le otorgó tres días al demandante para corregirla, so pena de rechazo.

11. En cuanto a las exigencias formales de la demanda, indicó que el demandante “señal[ó] la norma demandada de inconstitucional, pero no transcribi[ó] literalmente las disposiciones de la Constitución que son presuntamente vulneradas y las razones por las cuales esta Corporación es competente para conocer la demanda”[21]. Además, advirtió que el accionante no cumplió con el requisito de legitimación. Esto, porque si bien, conforme al Auto 241 de 2015, la población privada de la libertad tiene el derecho a “instaurar acciones públicas de constitucionalidad (…) incluso si son condenados a una pena de interdicción de derechos y funciones públicas”, lo cierto es que el demandante no acreditó “la condición de ciudadano colombiano”[22].

12. Respecto de las exigencias materiales de admisibilidad o cargas de argumentación, el magistrado advirtió que los cargos en contra de los artículos 12, 29, 44 y 94 tampoco cumplieron con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, debido a que: (i) el demandante no planteó “de manera clara las razones por las cuales la norma demandada es contraria al artículo 12 Superior, ni por qué desconoce el derecho al debido proceso, los derechos de los niños y los convenios internacionales vigentes”[23]; (ii) el requisito de certeza supone verificar que la demanda “recaiga sobre proposiciones jurídicas reales que surjan de las normas acusadas, y no simplemente deducidas por el demandante”[24], y en este caso, el demandante solo expuso razones personales; (iii) “los argumentos tampoco satisfacen el requisito de especificidad en la medida en que la formulación de los cargos de la demanda no resulta precisa, sino que se fundamentan en razones abstractas”[25], por ejemplo, en referencias abstractas a los modelos de justicia restaurativa en el mundo y en la inversión del Estado “en el modelo punitivista que predomina en algunos países del tercer mundo”[26]; (iv) “los argumentos no cumplen con el requisito de pertinencia”[27], porque el demandante fundamentó el cargo “a partir de su situación personal”[28], relacionada con su condena por “narcotráfico y concierto para delinquir”; además, sostuvo que dicha condena se basó en “interceptaciones telefónicas, sin ningún tipo de prueba pericial o cotejo de voz que permita probar [su] culpabilidad”[29] y, por último, (v) “la argumentación es insuficiente para generar una duda mínima de constitucionalidad”[30].

13. Por otra parte, el magistrado L.O. concluyó que “el cargo relacionado con la presunta vulneración del artículo 13 Superior tampoco satisface la carga argumentativa necesaria para estructurar el cargo por violación del principio de igualdad”[31]. Por tanto, indicó que el demandante debería “(i) identificar dos grupos de personas en situación de igualdad y susceptibles de ser comparados; (ii) evidencias un trato diferenciado que se deriva de la expresión demandada; y (iii) señalar que dicho tratamiento no goza de ninguna justificación objetiva y razonable”[32].

14. Por último, el magistrado L.O. constató que en el presente asunto se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional en relación con los cargos por la presunta violación de los artículos 13, 93 y 29 de la Constitución. Esto, porque mediante la sentencia C-426 de 2008, la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad de la norma demandada por la presunta violación de los artículos 13 y 93 de la Constitución. Por su parte, en la sentencia C-392 de 2000, la Corte examinó la constitucionalidad de la norma demandada por la presunta violación del artículo 29 ibidem. Al respecto, el magistrado sustanciador resaltó que el demandante “no precisó, de manera clara, específica, pertinente y suficiente, las razones que permitirían un nuevo pronunciamiento de la Corte Constitucional”[33]. En particular, señaló que el demandante (i) no invocó un cambio de parámetro constitucional que justifique un nuevo control de constitucionalidad ni (ii) expresó razones suficientes que evidencien la relevancia constitucional de un nuevo pronunciamiento.

15. Además, el magistrado resaltó que el referido cargo no es claro ni específico, porque no precisa las razones por las cuales el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y el ingreso de Colombia a la OCDE en 2020 cambiaron el parámetro constitucional que justifique llevar a cabo un nuevo control de constitucionalidad. Por lo demás, advirtió que los referidos cargos no eran pertinentes ni suficientes, en tanto estaban fundamentados en consideraciones personales y puntos de vista subjetivos del demandante que, en consecuencia, no generaron duda mínima de constitucionalidad.

16. Por último, el magistrado L.O. señaló que (i) los cuestionamientos del demandante al Auto de Rechazo de 17 de marzo de 2021 “no brinda[n] argumentos para generar una duda mínima en relación con la admisión de la demanda”[34] y que, en todo caso, (ii) esta Corte no tiene competencia para “la estructuración legal de [la] demanda”[35].

17. La Secretaría General de la Corte notificó el auto de inadmisión por medio del estado número 7 de 20 de enero de 2022, según constancia secretarial[36]. El término de ejecutoria de dicho auto transcurrió entre los días 21, 24 y 25 de febrero de 2022.

    C. Subsanación

18. El 23 de enero de 2022, el demandante presentó escrito de subsanación de la demanda. En este, transcribió literalmente la disposición que considera violada[37]. Además, allegó la copia digital de su documento de identidad, con el objeto de acreditar su condición de ciudadano colombiano. Para corregir las deficiencias argumentativas en el auto de inadmisión, expuso las siguientes razones.

19. Primero, respecto de la configuración de cosa juzgada constitucional, el demandante señaló que, de acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo relacionadas con masacres y control territorial de grupos ilegales, “se demuestra sin lugar a dudas que la justicia especializada ya no tiene un contexto que la justifique”[38]. Asimismo, sostuvo que “el estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria vigente actualmente, certifica la violación de derechos fundamentales y obliga a la Corte a tomar medidas en contra de las leyes desactualizadas que potencian esta violación masiva de derechos humanos”[39]. Por lo tanto, la Corte podría pronunciarse de fondo sobre el asunto.

20. Segundo, la norma demandada desconoce el principio de igualdad previsto por el artículo 13 de la Constitución Política, por cuanto “aceptar que el principio de humanidad de la pena y el derecho constituye a la reinserción social rige para algunos condenados y para otros no, constituye un inaceptable trato discriminatorio”[40]. Al respecto, añadió que “las restricciones a los subrogados penales y beneficios penitenciarios, introducidos en nuestra legislación penal, terminan convirtiéndose en un extravío de la razón punitiva y en el típico ejemplo de irracionalidad legislativa, afectando flagrantemente el derecho a la igualdad”[41]. Como fundamento de lo anterior, se remitió a la doctrina y a la jurisprudencia de esta Corte. Sobre la presunta violación al artículo 12 de la Constitución, añadió que esta tiene lugar con ocasión de “los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que [ha] sido sometido durante estos 4 años y medio de prisión”[42].

21. Tercero, respecto de la presunta violación del artículo 29 de la Constitución Política, indicó que “cuando se tienen dos grupos de personas condenadas por el mismo delito, no puedo (sic) por norma constitucional, utilizarse la ley más restrictiva”. En su criterio, la norma demandada “permitió discriminar un grupo de personas por un criterio difuso y etéreo que permite aplicar una ley más restrictiva”[43]. Además, sostuvo que “cuando se imputan los cargos de narcotráfico y concierto para delinquir con fines de narcotráfico se está juzgado dos veces por el mismo hecho”[44] y, en consecuencia, se desconoce el principio según el cual “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho”[45].

22. Cuarto, frente a la presunta violación del artículo 44 de la Constitución, el demandante citó la referida norma y manifestó que las restricciones impuestas por la disposición demandada “abarcan el subrogado de la prisión domiciliaria afectando directamente la separación de los niños de su familia”[46]. Al respecto, afirmó que le fue negada “la prisión domiciliaria para ayudar al sostenimiento de la familia(…) por estar bajo la jurisdicción de esta ley inhumana”[47] con lo cual, las autoridades desconocieron los derechos de sus hijos, menores de edad.

23. Por lo demás, añadió que “las restricciones a los subrogados penales y beneficios penitenciarios, introducidos en nuestra legislación penal, terminan convirtiéndose en un extravío de la razón punitiva y en el típico ejemplo de irracionalidad legislativa, afectando flagrantemente el derecho a la igualdad”[48].

    D. Rechazo

24. Mediante el auto de 9 de febrero de 2022, el magistrado sustanciador rechazó la demanda de la referencia. En su criterio, el demandante satisfizo “el requisito de legitimación”[49], así como “las exigencias formales (…) en la corrección de la demanda”[50]. Sin embargo, advirtió que el demandante no superó los requisitos relacionados con la carga argumentativa, por tres (3) razones.

25. Primero, “los cargos por la presunta vulneración de los artículos 12, 29, 44 de la Constitución siguen careciendo de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia”[51]. Sobre los requisitos de claridad y certeza, el magistrado indicó que “el demandante se circunscribe a situaciones personales”[52] y que no demostró que la norma recayera sobre “proposiciones jurídicas reales que surjan de las normas acusadas”[53]. Respecto del requisito de especificidad, concluyó que “el demandante no formuló reproches basados en la confrontación de las disposiciones demandadas con el contenido de la norma constitucional invocada, tal y como se le indicó que debía hacerlo en el correspondiente Auto inadmisorio”[54]. Esto, en la medida que solo reiteró sus argumentos sobre la inversión de recursos en “el modelo punitivista que predomina en algunos países del tercer mundo”[55]. Sobre el requisito de pertinencia, el magistrado sustanciador señaló que “el demandante no plantea una controversia de carácter constitucional, sino que basa sus planteamientos en situaciones personales o en puntos de vista subjetivos”[56], por cuanto solo hizo referencia a su condena por narcotráfico, a los tratos en el centro penitenciario y a la negativa de prisión domiciliaria. Por todo lo anterior, el magistrado sostuvo que la corrección de la demanda no cumplió con el requisito de suficiencia, puesto que no despertó “una duda mínima que conlleve a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara los contenidos normativos reprochados”[57].

26. Segundo, el demandante “sigue sin cumplir con la especial carga argumentativa necesaria para estructurar el cargo por violación del principio de igualdad”[58]. Al respecto, resaltó que “si bien en el escrito de corrección el ciudadano logró identificar dos grupos de personas que a su entender tienen un trato diferenciado, no brindó razones suficientes para concluir que dicho trato desigual sea injustificado, máxime cuando la Corporación ha sostenido de manera reiterada que ‘el legislador goza de un amplio margen de configuración normativa al momento de diseñar el proceso penal y, por ende, de conceder o negar determinados beneficios o subrogados penales”[59].

27. Cuarto, el demandante “sigue sin identificar las razones que permitirían un nuevo pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional de un asunto ya discutido”[60]. Esto, por cuanto el demandante no (i) invocó un cambio de parámetro constitucional que justifique un nuevo control de constitucionalidad ni (ii) expresó razones suficientes que evidencien la relevancia constitucional de un nuevo pronunciamiento. Por el contrario, el magistrado advirtió que el demandante “se limitó a citar algunas cifras de la Defensoría del Pueblo, sin mayor contexto, para ‘demostrar que la justicia especializada ya no tiene un contexto que la justifique’”[61]. Asimismo, el demandante reiteró “que la sentencia C-426 de 2008 se profirió con anterioridad a la entrada en vigencia del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y de la adhesión del país a la OCDE en el año 2020”[62].

28. Por último, el magistrado advirtió que (i) el demandante “no hace comentarios adicionales a los ya presentados en la demanda de inconstitucionalidad en relación con la supuesta violación del artículo 94 superior”[63] y (ii) su petición “concerniente a la colaboración por parte del despacho en la estructuración de la demanda”[64] es improcedente, en los términos de los Autos inadmisorios de 23 de enero de 2021 y de 18 de enero de 2022.

    E. Súplica

29. El auto de rechazo fue notificado por medio del estado No. 20 del 11 de febrero de 2021, según constancia secretarial[65], y su término de ejecutoria trascurrió entre los días 14, 15 y 16 de febrero de 2022. El 15 de febrero de 2022, el demandante presentó el recurso de súplica.

30. El demandante afirmó que “el magistrado sustanciador cumplió a cabalidad su labor al revisar la idoneidad formal y material de la demanda pero cometió algunos errores”[66]. Primero, “no se percató que en la corrección de la demanda no se incluyó el punto que pedía ayuda en la estructuración de la misma”[67]. Segundo, “no se tuvo en cuenta la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal”[68]. Tercero, “la controversia a los puntos expuestos se dirige exclusivamente a la idoneidad formal, sin profundizar en el contenido esencial de la argumentación de la demanda”[69]. Cuarto, “no se está teniendo en cuenta el carácter dinámico de la Constitución sobre la base de puntos de vista antiguos”[70]. Quinto, “no se tiene en cuenta el concepto de ‘constitución viviente’”[71].

31. En concreto, el demandante cuestionó los argumentos del auto de rechazo en el presente trámite, relativos a las exigencias materiales de la demanda, con fundamento en “el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal”[72]. A su juicio, “en el oficio de rechazo se exige que se cumplan unos requerimientos demasiado estrictos los cuales solo podrían argumentar con precisión abogados especialistas en derecho constitucional, por lo que se está mutilando el fin supremo de concretar o efectivizar los derechos sustanciales de los ciudadanos”[73].

32. Por otra parte, el demandante expuso argumentos relacionados con las reformas a la justicia, el incremento desproporcionado de la sanción penal y el populismo punitivo en Colombia, fundamentados en doctrina[74]. Asimismo, adujo que “la ley se ensaña en los más pobres quienes no cuentan con los recursos para pagar una defensa técnica y son condenados con todo el peso de la ley”[75] y puso de presente la situación personal de varios compañeros privados de la libertad. Por último, solicitó a la Corte enviar “una comisión al complejo penitenciario y carcelario de Jamundí”[76], con el fin de que “el delegado de derechos humanos de cada uno de los patios” exponga “los casos de las personas condenadas bajo esta ley”[77].

A. Competencia

33. La Sala Plena es competente para resolver el recurso de súplica de la referencia, conforme a lo previsto por el inciso 2º del artículo 6º del Decreto 2067 de 1991.

    B.P. jurídicos

34. Habida cuenta de los antecedentes procesales de esta actuación, le corresponde a la Sala Plena responder los siguientes problemas jurídicos:

    (i) ¿El recurso de súplica sub examine es procedente?

    (ii) Si la respuesta al primer problema jurídico es positiva, ¿el magistrado sustanciador incurrió en un yerro, olvido o arbitrariedad al rechazar la demanda de la referencia?

    C. Recurso de súplica. Naturaleza, procedencia y requisitos

35. El artículo 6º del Decreto 2067 de 1991 prevé que cuando la demanda de inconstitucionalidad no cumpla los requisitos para ser admitida, “se le concederán tres días al demandante para que proceda a corregirla señalándole con precisión los requisitos incumplidos. Si no lo hiciere en dicho plazo se rechazará”. En contra del auto de rechazo procede el recurso de súplica, ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, que tiene por objeto “permitirle al actor obtener una revisión de la decisión tomada en el auto de rechazo de la demanda de inconstitucionalidad”[78].

36. Habida cuenta de su objeto, mediante el recurso de súplica se le garantiza al actor la posibilidad de activar una instancia procesal dentro de la acción pública de inconstitucionalidad, para “controvertir los argumentos que el magistrado sustanciador adujo para rechazar la demanda de inconstitucionalidad”[79]. Por esa razón, la Corte ha señalado que la argumentación del recurso de súplica debe encaminarse a rebatir la motivación del auto de rechazo, y no a corregir, modificar o reiterar las razones expuestas inicialmente en la demanda. En ese sentido, la Corte ha concluido que el recurso de súplica es “la ocasión para exponer ante la Sala Plena las razones que el demandante estima válidas respecto de la providencia suplicada, con miras a obtener su revocatoria”[80].

37. Además, la Corte ha señalado que el recurrente tiene la carga de presentar “un razonamiento mediante el cual la Sala Plena pueda constatar el yerro, el olvido o la actuación arbitraria que se endilga del auto de rechazo”[81]. Así las cosas, si el actor no motiva el recurso o lo hace de manera insuficiente, “estaría incurriendo en una falta de motivación grave que impediría a esta Corporación pronunciarse de fondo sobre el recurso”[82].

    D.S. del caso

38. La Sala Plena constata que el recurso de súplica de la referencia fue presentado por J.A.M.D., quien presentó la demanda de acción pública de inconstitucionalidad. En consecuencia, se encuentra legitimado para controvertir el auto de rechazo. Asimismo, la Sala verifica que el recurso fue presentado de manera oportuna, esto es, dentro del término de ejecutoria del auto de rechazo de la demanda, tal como se señaló en el párrafo 29 supra. Sin embargo, el recurso de súplica de la referencia no cumple con el requisito de carga argumentativa al que se refiere el apartado C supra y, por lo tanto, es improcedente. A juicio de la Sala Plena, el demandante se limitó a reiterar los argumentos expuestos de los escritos de demanda y de subsanación. Según el demandante, en estos “se exponen claramente suficientes (sic) argumentos para validar un nuevo pronunciamiento de la Corte teniendo en cuenta el contexto actual”[83]. En particular, insistió en cuestionar la rigidez en el análisis de los requisitos mínimos de carga argumentativa (párr. 31) y solicitó superar estos requisitos por medio de la aplicación del principio de “prevalencia del derecho sustancial sobre el formal” previsto por el artículo 228 de la Constitución Política.

39. Con todo, al igual que en los autos de inadmisión y rechazo de la demanda, suscritos por el magistrado L.O., la Sala considera que la referencia aislada a experiencias de quienes, a su juicio, purgan condenas de manera injusta, no configuran verdaderos cargos de inconstitucionalidad. Entre otras, porque sostener que “la ley se ensaña en los más pobres, quienes no cuentan con los recursos para pagar una defensa técnica y son condenados con todo el peso de la ley, en algunos casos siendo inocentes”[84], no es un argumento claro, cierto, específico y pertinente, que permita entender a esta Sala, incluso a la luz del principio pro actione, porqué la norma demandada desconoce la Constitución. Lo anterior, además, no genera duda alguna de la constitucionalidad de la norma demandada , máxime cuando ha sido declarada exequible por esta Corte en las sentencias C- 392 de 2000 y C-426 de 2008.

40. La Sala resalta que si bien el demandante no incluyó, de manera expresa, la solicitud de “colaboración para la estructuración legal de esta demanda” en su recurso de súplica, sí sugirió a la Sala Plena apartarse “por un momento de los ritos procesales y la legalidad de las acciones”[85]. Al respecto, la Sala reitera que la Corte no es competente para subsanar las deficiencias de la demanda[86], por tres razones. Primero, “(i) no existe fundamento legal que habilite a la Corte para ello”. Segundo, “esto atenta contra la esencia de la función jurisdiccional de la Corte pues le impondría asumir el rol de parte respecto de un asunto sobre el que luego habría de pronunciarse como juez constitucional”. Tercero, “acceder a una petición en tal sentido evidentemente podría infringir el régimen de incompatibilidades y prohibiciones de los servidores de la Rama Judicial –Ley 270 de 1996, artículos 151 y 154”[87].

41. Debido a que el demandante incurrió en una falta de motivación que impide emitir un pronunciamiento de fondo, la Sala rechazará por improcedente el recurso de súplica interpuesto en contra del auto de 9 de febrero de 2022, mediante el cual el magistrado A.J.L.O. rechazó la demanda de la referencia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales