Auto nº 396/22 de Corte Constitucional, 24 de Marzo de 2022
| Ponente | Paola Andrea Meneses Mosquera |
| Fecha de Resolución | 24 de Marzo de 2022 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | CJU-1160 |
Auto 396/22
Referencia: expediente CJU-1160
Conflicto de jurisdicciones suscitado por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Santiago de Cali (Valle del Cauca)
Magistrada ponente:
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente
AUTO
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El 18 de marzo de 2021, ante el Juzgado Quince Penal Municipal con función de control de garantías de Santiago de Cali (Valle del Cauca), en el proceso penal con radicado No. 760016000199201800684, se llevaron a cabo las audiencias de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento en contra de J.D.L.M. y W.S.B.V., por la presunta comisión de los delitos de concusión, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. Los indiciados no aceptaron los cargos[1].
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El 13 de abril de 2021, la Fiscalía 48 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Santiago de Cali presentó escrito de acusación[2]. En este, narró los hechos jurídicamente relevantes con base en lo informado por parte del denunciante Yoany V.V., así[3]: (i) el señor V.V. fue constreñido por los indiciados para dar dinero a cambio de devolverle su vehículo; (ii) los indiciados omitieron poner la camioneta incautada a disposición de la Fiscalía General de la Nación y (iii) además, consignaron información falsa en un documento público. Con fundamento en lo anterior y en los elementos materiales probatorios legalmente obtenidos, la fiscalía adecuó la conducta de J.D.L.M. y W.S.B.V. en la presunta comisión de los delitos de concusión, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público.
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El 7 de julio de 2021, ante el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Santiago de Cali (Valle del Cauca), se adelantó la audiencia de formulación de acusación. En esta diligencia, el apoderado de W.S.B.V. solicitó que el juzgado declarara su falta de competencia. Esto, porque, en su criterio, la actuación en contra de su representado se desprende de la funcionalidad como patrulla de policía[4], razón por la cual la competencia corresponde a la jurisdicción penal militar. La fiscalía y la procuraduría se opusieron a dicha solicitud, considerando que solicitar dinero a los particulares para entregar un vehículo[5] no forma parte de las funciones de la Policía Nacional y, por ende, no se cumple con el elemento funcional para activar la competencia de la jurisdicción penal militar.
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El Juez Veintiuno Penal del Circuito consideró que no tenía competencia para resolver la solicitud del apoderado de W.S.B.V., por lo que ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para que diriman esta situación y determinen a quién le corresponde continuar con este juicio[6].
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El 13 de julio de 2021, el Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales Municipales y del Circuito de Santiago de Cali (Valle del Cauca) dispuso remitir el presente conflicto de competencias a la Corte Constitucional. En sesión de 22 de noviembre de 2021, la Sala Plena asignó el expediente de la referencia al despacho de la magistrada sustanciadora[7].
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Competencia
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La Corte Constitucional es competente para resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política.
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Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones
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Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades judiciales se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguno le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)[8]. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que para que este tipo de conflictos se configuren es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo[9], los cuales se explican en el siguiente cuadro:
Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones
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Presupuesto subjetivo
Exige que la controversia se presente entre por lo menos dos autoridades que administren justicia y formen parte de distintas jurisdicciones. De este modo, el conflicto de jurisdicción no puede provocarse autónomamente por las partes del respectivo proceso [10].
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Presupuesto objetivo
Implica que la disputa debe recaer sobre el conocimiento de una causa de naturaleza judicial, no política o administrativa[11].
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Presupuesto normativo
Exige constatar que las autoridades judiciales en colisión hayan manifestado expresamente las razones de índole constitucional o legal, por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto[12].
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La Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que cuando no se está ante la contradicción entre dos autoridades judiciales el presupuesto subjetivo no se configura y, por lo tanto, es impropio concluir la presencia de un conflicto de jurisdicción o de competencia[13]. Además, ha expuesto que el conflicto de jurisdicción no puede provocarse autónomamente por las partes del respectivo proceso, sino que necesariamente debe comprobarse que dos autoridades judiciales de jurisdicciones diferentes reclaman para sí o niegan ser competentes para asumir el conocimiento del asunto correspondiente[14].
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La acreditación de los presupuestos en comento es una condición para que la Corte pueda emitir un pronunciamiento de fondo. Por lo tanto, la Sala Plena debe declarase inhibida cuando la controversia entre las autoridades judiciales no cumple con alguna de estas exigencias.
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En el caso sub examine no se configuró un conflicto de competencia entre jurisdicciones. La Sala Plena considera que no hay lugar a resolver el asunto sub examine, puesto que este no configura un conflicto de competencias entre jurisdicciones. En este caso, no se acredita el presupuesto subjetivo de este tipo de conflictos, dado que no existe una controversia efectiva entre dos autoridades judiciales que reclamen para sí o nieguen la competencia frente al caso en cuestión. En efecto, un único pronunciamiento del Juez Veintiuno Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cali, en el que afirma no tener competencia para tramitar la solicitud hecha por el apoderado de W.S.B.V., resulta insuficiente para agotar el presupuesto subjetivo del conflicto de jurisdicciones.
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En consecuencia, la Sala Plena se declarará inhibida para decidir el presente asunto y ordenará el envío del expediente al juez competente para continuar el trámite procesal, quien deberá comunicar la presente decisión a los interesados.
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
Primero.- Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la controversia planteada frente a la competencia dentro de la causa penal con radicado No. 760016000199201800684.
Segundo.- REMITIR el expediente CJU-1160 al Juez Veintiuno Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Santiago de Cali (Valle del Cauca) para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite.
N., comuníquese y cúmplase,
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Presidenta
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
KARENA CASELLES HERNADEZ
Magistrada (E)
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Expediente digital. Acta de audiencia de formulación de imputación de 18 de marzo de 2021, p. 2.
[2] Expediente digital. Escrito de acusación de 13 de abril de 2021.
[3] El señor Y.V.V. interpuso denuncia penal en contra de J.D.L.M. y W.S.B.V. por los hechos ocurridos el 30 de enero de 2018, en los que presuntamente estos detuvieron irregularmente su vehículo y le exigieron dinero para su devolución.
[4] Expediente digital. Audiencia de formulación de acusación de 7 de julio de 2021.
[5] Ib.
[6] Ib.
[7] Expediente digital. Informe de la Secretaría General. El expediente de la referencia fue enviado al despacho de la magistrada ponente el 26 de noviembre de 2021.
[8] Corte Constitucional, auto 345 de 2018 reiterado, entre otros, por los autos 328 y 452 de 2019, 233 de 2020 y 041 de 2021.
[9] Corte Constitucional, auto 155 de 2019 reiterado, entre otros, por los autos 452 y 503 de 2019 y 129 y 415 de 2020.
[10] Corte Constitucional, auto 452 de 2019, a través del cual también se reitera el auto 155 de 2019. En similar sentido, ver el auto 556 de 2018, reiterado por los autos 691 y 716 de 2018.
[11] Este requisito exige a la Corte Constitucional verificar que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional. En este sentido, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional (Artículo 116 de la CP. Corte Constitucional, auto 041 de 2021.
[12] Id.
[13] Corte Constitucional, auto 452 de 2019, a través del cual también se reitera el auto 155 de 2019. En similar sentido, ver el auto 556 de 2018, reiterado por los autos 691 y 716 de 2018.
[14] Corte Constitucional, auto 265 de 2021 (CJU-283).
