Auto nº 146/22 de Corte Constitucional, 10 de Febrero de 2022
| Número de sentencia | 146/22 |
| Fecha | 10 Febrero 2022 |
| Número de expediente | CJU-1278 |
| Materia | Derecho Constitucional |
Auto 146/22
INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCIONES-Incumplimiento del presupuesto subjetivo
Referencia: expediente CJU-1278.
Conflicto de jurisdicciones suscitado entre la Fiscalía 13 Seccional Unidad de Administración Pública y el Juzgado 45 de Instrucción Penal Militar, ambos de Yopal Casanare.
Magistrada ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente
AUTO
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De acuerdo con la información obrante en el expediente,[1] J.I.O.G., Capitán del Ejército Nacional, se habría apropiado de recursos fiscales destinados al pago de fuentes humanas de inteligencia militar entre los años 2016 y 2017, cuando fungía como comandante de la Compañía de Fuentes Humanas del Batallón de Inteligencia Militar Número 8 de Yopal Casanare. Para lo anterior, según fue advertido en las diferentes actuaciones, habría empleado algunos recibos fraudulentos de consignación con destino a supuestos agentes de inteligencia cuyos recursos, sin embargo, eran finalmente reclamados por el nombrado.
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En el marco de las labores investigativas adelantadas bajo el CUI No. 850016001169-2017-00088, a través de escrito del 14 de julio de 2020,[2] la Fiscalía 13 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Yopal Casanare rechazó la competencia para conocer del caso y, a la luz del Artículo 221 de la Constitución Política, ordenó remitir las diligencias a los juzgados penales militares de la misma ciudad. Ello, bajo la expresa indicación que proponía conflicto de competencia ante el superior en caso de que sus argumentos no fueran acogidos.[3] Como fundamento de su determinación, señaló que si bien los hechos de la investigación podrían encuadrase en el tipo de peculado por apropiación,[4] no podía desconocerse que la conducta presuntamente desplegada por el sindicado (i) habría tenido lugar cuando se desempeñaba como miembro activo de la Fuerza Pública y (ii) estaría relacionada con las funciones que desempeñaba como Comandante de la Compañía de Fuentes Humanas del BAIMI 8. Por lo tanto, advirtió el cumplimiento de los factores subjetivo y funcional previstos en el Artículo 221 de la Constitución Política para la activación del fuero militar.
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Mediante Auto del 4 de diciembre de 2020,[5] dentro del sumario con radicado 849, el entonces titular del Juzgado 45 de Instrucción Penal Militar de Yopal declaró abierta la investigación en contra del capitán J.I.O.G., por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación y falsedad material en documento público, y ordenó la práctica de algunas diligencias.
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Con todo, por medio de providencia del 9 de febrero de 2021,[6] el nuevo titular del mencionado despacho declaró la falta de competencia de la Jurisdicción Penal Militar para tramitar la investigación. Así las cosas, (i) se abstuvo de seguir conociendo el sumario 849; (ii) ordenó el envío del expediente a la Fiscalía 13 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y (iii) subsidiariamente planteó conflicto negativo entre jurisdicciones. En sustento de su posición, aludió a los Artículos 1, 2, 16 y 195 de la Ley 1407 de 2010,[7] así como a algunas sentencias de la Corte Constitucional.[8] Ello, para enfatizar que la conducta investigada, según adujo, atinente a la reiterada y sistemática apropiación de dineros fiscales destinados al pago de fuentes humanas de inteligencia conllevaba por sí misma la ruptura de cualquier vínculo o relación con el servicio. Lo dicho, al punto de que el actuar del sindicado no pudiese ser calificado ni como un abuso y tampoco como una extralimitación de las funciones que constitucional y legalmente le fueron encomendadas. Por lo tanto, al afirmar el incumplimiento del requisito del factor funcional, insistió que la investigación debía ser adelantada por la Jurisdicción Ordinaria.
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Por medio de Oficio de febrero 12 de 2021, la actuación fue devuelta por la titular de la Fiscalía 13 Seccional[9] al Juzgado 45 de Instrucción Penal Militar, pues la delegada del órgano de persecución penal sostuvo que ya había planteado el conflicto entre jurisdicciones mediante escrito de julio 14 de 2020.
Finalmente, el expediente fue remitido por la autoridad judicial castrense a la Corte Constitucional mediante Oficio No. 493 de marzo 19 de 2021.
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En sesión virtual del 22 de noviembre de 2021, la Sala Plena repartió el expediente al despacho de la Magistrada ponente, el cual fue cargado a través de la plataforma SIICOR el día 26 del mismo mes y año.
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Competencia
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De conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de competencia entre las distintas jurisdicciones.
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Presupuestos para la configuración de un conflicto de competencias entre jurisdicciones
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Este Tribunal ha señalado que los conflictos de jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo).[10]
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En ese sentido, se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones:[11] (i) Presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones;[12] (ii) presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional;[13] y (iii) presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa.[14]
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Alcance del presupuesto subjetivo frente a la legitimación de la Fiscalía General de la Nación para ser parte de conflictos de jurisdicción ante la Jurisdicción Penal Militar[15]
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Ahora bien, en relación con el presupuesto subjetivo, la Corte Constitucional se ha pronunciado específicamente sobre la posibilidad de la Fiscalía General de la Nación para promover conflictos interjurisdiccionales. En concreto, en la Sentencia SU-190 de 2021,[16] precisó que aun cuando desde una perspectiva orgánica la Fiscalía pertenece a la Rama Judicial, desde el punto de vista funcional cumple tanto con funciones jurisdiccionales como no jurisdiccionales. Frente a la primera hipótesis, ha sido advertido que en ese tipo de escenario, resulta claro que tiene la facultad de provocar y ser parte de conflictos de competencias entre jurisdicciones.
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En torno al segundo escenario, es decir, cuando no cumple funciones jurisdiccionales, la Corte ha admitido la facultad excepcional de esta autoridad para promover o aceptar directamente conflictos entre jurisdicciones, en concreto, frente a la Jurisdicción Penal Militar y, por lo tanto, para ser parte de los mismos. Lo anterior, se reitera, tiene sustento en que el órgano de persecución penal: (i.1) ostenta la naturaleza de una entidad que administra justicia de acuerdo con la Constitución Política; (i.2) el ejercicio de la acción penal que constitucionalmente le fue encomendado se encuentra ligado necesariamente a la Jurisdicción Ordinaria; y (i.3) el reconocimiento de dicha facultad, en el contexto referido, propende por la satisfacción de importantes principios inmanentes a nuestro ordenamiento jurídico-constitucional, tales como los de celeridad, economía procesal, eficacia y acceso a la administración de justicia.
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Sin embargo, de acuerdo con lo precisado en el Auto 704 de 2021,[17] la legitimación de la Fiscalía para proponer conflictos de competencia en el marco de la Ley 906 de 2004[18] se ha circunscrito a casos en que los conflictos de competencia suscitados entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar versen sobre posibles graves violaciones a los derechos humanos. De no ser el caso, entonces, no se entendería configurado el conflicto por ausencia del factor subjetivo. Con todo, frente a tal escenario el delegado del órgano de persecución penal bien podría acudir ante un Juez Penal con Función de Control de Garantías con el fin de solicitar que, a través de audiencia innominada, dicha autoridad reclame o niegue la competencia de la Jurisdicción Ordinaria para conocer del asunto.
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Sobre la noción de graves violaciones a Derechos Humanos[19]
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Los derechos humanos tienen un carácter interdependiente e indivisible entre sí, al punto de que cada violación o menoscabo a un derecho humano es igualmente importante en términos de su garantía y protección. Sin embargo, la comunidad internacional de derechos humanos ha advertido que algunas violaciones a derechos humanos requieren un tratamiento especial y diferenciado, en razón de la gravedad de su menoscabo. Estas han sido catalogadas bajo el estándar de graves violaciones a derechos humanos.[20]
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En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha precisado que toda violación a los derechos humanos supone una cierta gravedad por su propia naturaleza, porque implica el incumplimiento de determinados deberes de respeto y garantía de los derechos y libertades a cargo del Estado a favor de las personas. Sin embargo, ello no debe confundirse con lo que el Tribunal a lo largo de su jurisprudencia ha considerado como violaciones graves a los derechos humanos, las cuales, tienen una connotación y consecuencias propias.[21]
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Pese a su importancia, no existe una definición unívoca del concepto de graves violaciones de derechos humanos en la jurisprudencia nacional ni en los diferentes instrumentos y fuentes del derecho internacional. Así lo ha reconocido esta Corporación[22] y sectores de la doctrina especializada.[23] Sin embargo, en aras de dotar de contenido dicho estándar, la Corte Constitucional, con apoyo en la jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales sobre la materia y los documentos de órganos oficiales de derechos humanos, se ha ocupado (i) de las conductas susceptibles de predicarse dentro de esta categoría, en concreto, mediante la enunciación del listado de aquellas actuaciones consideradas tradicionalmente como graves violaciones de derechos humanos y (ii) de los delitos que tipifican graves violaciones a los derechos humanos y que pueden implicar, a su vez, graves infracciones al derecho internacional humanitario.[24]
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Así pues, primero, la jurisprudencia de esta Corporación[25] ha destacado que en la actualidad las graves violaciones a los derechos humanos reconocidas por la comunidad internacional son, por lo menos, las ejecuciones extrajudiciales,[26] la desaparición forzada,[27] la tortura,[28] el establecimiento o mantenimiento de personas en estado de esclavitud, la servidumbre o trabajo forzoso,[29] las masacres,[30] la detención arbitraria y prolongada,[31] el desplazamiento forzado,[32] la violencia sexual contra las mujeres[33] y el reclutamiento forzado de menores de edad.[34]
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En segundo término, a partir de la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y las violaciones a los derechos humanos, se ha establecido que los delitos de lesa humanidad,[35] algunos crímenes de guerra[36] y el genocidio[37] implican conductas constitutivas de graves violaciones a los derechos humanos. Dentro de la enunciación de las actuaciones que configuran la tipificación de cada una de las conductas referidas, existen igualmente algunos elementos característicos que, en el marco de su contexto, permiten predicar la existencia de una grave violación, a saber: (i) la sistematicidad o generalidad en el caso de los crímenes de lesa humanidad; (ii) la intención de destruir a un grupo en lo referente al genocidio y (iii) el nexo con el conflicto armado, internacional o no, de los crímenes de guerra.[38]
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Ahora bien, aunque no de manera exclusiva, definitiva o necesariamente concurrente entre sí, se han considerado como algunas características que prima facie permiten establecer la existencia de graves violaciones de derechos humanos, las siguientes: (i) la naturaleza del derecho afectado;[39] (ii) la magnitud y/o sistematicidad de la lesividad ocasionada por la violación;[40] (iii) el grado de vulnerabilidad de la víctima;[41] (iv) el impacto social del menoscabo;[42] (v) si los derechos humanos conculcados se encuentran internacionalmente protegidos y y, a su vez, si las conductas constituyen delitos conforme al derecho internacional.[43]
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Frente a las consecuencias de calificar una conducta como grave violación de derechos humanos, en concreto, en casos en los cuales se ha discutido la responsabilidad de los Estados por la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de delitos, la jurisprudencia de la Corte IDH ha sido constante en que resultan inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir el cumplimiento de dichas obligaciones respecto de los perpetradores de violaciones graves de los derechos humanos.[44] Estas violaciones, a juicio de la Corte IDH, se siguen, por ejemplo, de actos como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.[45]
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Por último, resulta pertinente reiterar[46] que las conductas y crímenes que fueron listados con anterioridad no constituyen un catálogo cerrado ni taxativo de actuaciones susceptibles de ser calificadas como posibles graves violaciones de derechos humanos. Ello, pues precisamente en razón del carácter y naturaleza dinámicas de las graves violaciones de derechos humanos, su contenido, características y alcances se hallan en permanente construcción, a partir de los pronunciamientos de los tribunales internacionales, los instrumentos y los documentos de órganos oficiales de derechos humanos. En consecuencia, las consideraciones que anteceden constituyen una aproximación a la noción de graves violaciones de derechos humanos, cuya comprensión, inicial y abierta a la dinámica propia del concepto, está encaminada al desarrollo de algunos parámetros de carácter enunciativo que permitan determinar la legitimidad de la Fiscalía General de la Nación para promover o participar en un conflicto de jurisdicción ante la Jurisdicción Penal Militar.
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Con todo, no puede perderse de vista que, estando en el escenario de conflictos de jurisdicciones, si se advierte que el caso concreto puede ser considerado como una presunta grave violación de derechos humanos, ello no implica en ningún caso prejuzgamiento alguno. Lo anterior, pues la caracterización respectiva se efectúa únicamente con el fin de resolver la controversia asociada a la jurisdicción, sin lugar a afectar las facultades de las autoridades correspondientes y en aras de la protección de los derechos de los involucrados, entre otros, al juez natural.
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Incumplimiento del presupuesto subjetivo para la configuración de un conflicto de jurisdicciones
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La Sala observa que en el asunto de la referencia no se satisface el presupuesto subjetivo y, por tanto, no se encuentra configurado conflicto interjurisdiccional alguno. En efecto, se advierte que el presunto conflicto fue trabado entre la Fiscalía 13 Seccional Unidad de Administración Pública de Yopal y el Juzgado 45 de Instrucción Penal Militar de la misma ciudad sin que prima facie los hechos y conductas objeto de investigación, que fueron calificados bajo los delitos de peculado por apropiación y falsedad material en documento público, constituyan una grave violación de derechos humanos. Por lo tanto, no es dable predicar la legitimidad necesaria en cabeza de la Fiscalía General de la Nación para promover el presente trámite y, en consecuencia, entender configurado un verdadero conflicto de jurisdicciones entre aquella y un Juzgado Penal Militar, conforme a lo precisado en el Auto 704 de 2021[47] y en las consideraciones que anteceden (supra, párrafos 13 - 21).
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Por lo tanto, la Sala se inhibirá de pronunciarse de fondo y enviará el expediente al Juzgado de origen para lo de su competencia y, además, a fin de que comunique esta decisión a los interesados.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
Primero. Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre el asunto de la referencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Segundo. REMITIR el expediente CJU-1278 al Juzgado 45 de Instrucción Penal Militar de Yopal - Casanare, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados.
N., comuníquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Presidenta
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Cfr. Archivo digital Cuadernos 2 y 3. Archivos 850016001169201700088 C2.pdf y 850016001169201700088 C3.pdf
[2] Archivo digital Cuaderno 2. Archivo 850016001169201700088 C2.pdf. Folios 284 - 285.
[3] Ibídem. Folio 85.
[4] Conforme al Artículo 397 de la Ley 599 de 2000 por la cual se expide el Código Penal.
[5] Archivo digital Cuaderno 3. Archivo 850016001169201700088 C3.pdf. Folios 2 4.
[6] Archivo digital Cuaderno 2. Archivo 850016001169201700088 C2.pdf. Folios 9 33.
[7] [P]or la cual se expide el Código Penal Milita..
[8] Se refirió, entre otras, a las sentencias T-079 de 1993. M.E.C.M. y C-878 de 2000. M.A.B.S..
[9] Cfr. Archivo digital Cuaderno 3. Archivo 850016001169201700088 C3.pdf. Folio 332.
[10] Autos 345 de 2018. M.L.G.G.P.; 328 de 2019. M.G.S.O.D. y 452 de 2019. M.G.S.O.D..
[11] Auto 155 de 2019. M.L.G.G.P..
[12] En consecuencia, no habrá conflicto de jurisdicciones cuando: (i) sólo sea parte una autoridad; (ii) una de las partes en colisión no ejerza funciones jurisdiccionales; o (iii) ambas autoridades pertenezcan a la misma jurisdicción, pues se trataría de un asunto interno de la misma que debe ser definido por la autoridad competente para el efecto (Cfr. Artículos 17, 18, 37, 41 y 112 de la Ley 270 de 1996, así como 97 de la Ley 1957 de 2019).
[13] En este sentido, no existirá conflicto cuando: (i) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (ii) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional (Art. 116 de la CP).
[14] Así pues, no existirá conflicto cuando: (i) se evidencie que, a pesar de concurrir formalmente dos autoridades judiciales, alguna de ellas no ha rechazado su competencia o manifestado su intención de asumirla; o (ii) la exposición sobre la competencia desplegada por las autoridades en conflicto no tiene, al menos aparentemente, fundamento normativo alguno al sustentarse únicamente en argumentos de mera conveniencia.
[15] Reiteración de los autos 1168 (CJU-384) y 1163 (CJU-281) M.D.F.R..
[16] Sentencia SU-190 de 2021. M.D.F.R.. AV. A.J.L.O.. AV. Gloria S.O.D.. AV. A.R.R..
[17] M.C.P.S..
[18] [P]or la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.
[19] Reiteración de los autos 1168 (CJU-384) y 1163 (CJU-281) M.D.F.R..
[20] Cfr. Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo, 2001 y Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, 2011.
[21] Cfr. Corte IDH,. Caso V.R. y familiares Vs. Colombia, 2012.
[22] Sentencia C-579 de 2013. M.J.I.P.C.. SPV. N.P.P.. SPV. M.G.C.. AV. M.V.C.C., A.R.R. y L.E.V.S.. AV. J.I.P.P. y Sentencia C-007 de 2018. M.D.F.R.. SPV. A.J.L.O.. AV. L.G.G.P.. AV. Gloria S.O.D.. AV. A.R.R..
[23] M., C.. (1988). T.B. of Human Rights: G., Systematic Violations and the Inter American System. D.: M.H.P.; Handbook of International Human Rights Terminology, Board of Regents of the University of Nebraska, Nebraska, 2004. Ver también, Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra. W. amounts to a serious violation of international human rights law? An analysis of practice and expert opinion for the purpose of the 2013 Arms Trade Treaty. Ginebra: Academia de Ginebra, 2014.
[24] Sentencia C-579 de 2013. M.J.I.P.C.. SPV. N.P.P.. SPV. M.G.C.. AV. M.V.C.C., A.R.R. y L.E.V.S.. AV. J.I.P.P..
[25]Sentencia C-579 de 2013. M.J.I.P.C.. SPV. N.P.P.. SPV. M.G.C.. AV. M.V.C.C., A.R.R. y L.E.V.S.. AV. J.I.P.P.; Sentencia C-007 de 2018. M.D.F.R.. SPV. A.J.L.O.. AV. L.G.G.P.. AV. Gloria S.O.D.. AV. A.R.R.; Sentencia C-080 de 2018. M.A.J.L.O.. SPV. L.G.G.P.. SPV. y APV. Gloria S.O.D.. SPV. y APV. A.R.R.. AV. A.L.C.. AV. D.F.R..
[26]Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo, 2001.
[27] Corte IDH. Caso Molina Theissen vs. Guatemala. Reparaciones y costas, 2004.
[28] Corte IDH. Caso I.C. e I.P. vs. Bolivia. Fondo, reparaciones y costas, 2010.
[29] Corte IDH. Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, 2016.
[30] Corte IDH. Caso Masacre de la Rochela vs. Colombia. Fondo, reparaciones y costas, 2007; Caso Masacre de las dos erres Vs. Guatemala, Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, 2009 el cual es referido, entre muchos otros, en la Sentencia C-579 de 2013. M.J.I.P.C.. SPV. N.P.P.. SPV. M.G.C.. AV. M.V.C.C., A.R.R. y L.E.V.S.. AV. J.I.P.P..
[31] Corte IDH. Caso Barrios Altos vs. Perú. Fondo, 2001.
[32] Sentencia T-025 de 2004. M.M.J.C.E..
[33] Corte IDH. Caso Penal M.C.C. vs. Perú, Fondo, reparaciones y costas, 2006.
[34] Al respecto, entre otros, ver Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949; Corte Penal Internacional, C.L., 2012. Cfr. Sentencia C-579 de 2013. M.J.I.P.C.. SPV. N.P.P.. SPV. M.G.C.. AV. M.V.C.C., A.R.R. y L.E.V.S.. AV. J.I.P.P. y C- 240 de 2009. M.M.G.C.. SV. G.E.M.M.. SV. Clara H.R.G. (e). SV. H.A.S.P.. SV. L.E.V.S..
[35] Corte IDH. Caso A.A. y otros vs. Chile. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 2006. Entendidos como aquellos que causa[n] sufrimientos graves a la víctima o atentar contra su salud mental o física; inscribirse en el marco de un ataque generalizado y sistemático; estar dirigidos contra miembros de la población civil y ser cometido por uno o varios motivos discriminatorios especialmente por razones de orden nacional, político, étnico, racial o religioso (Sentencia C-1076 de 2002. M.C.I.V.H.. Así mismo, ver artículo 7 del Estatuto de Roma.
[36] Cfr. Sentencia C-1076 de 2002. M.C.I.V.H., se trata de ciertas violaciones graves del derecho de los conflictos armados que los Estados decidieron sancionar en el ámbito internacional, por ejemplo, de acuerdo con el Estatuto de Roma, Artículo 8. Sobre la diferencia entre crimen de lesa humanidad y crimen de guerra, esta Corporación ha sostenido que [l]a conducta será, en términos del Estatuto de Roma un crimen de guerra si se realiza en el marco de un conflicto armado y en relación con el mismo; mientras que será un crimen de lesa humanidad cuando las conductas típicas formen parte de un ataque, generalizado o sistemático, dirigido contra la población civil, dentro de la política de un Estado o una organización y con conocimiento del mismo (Sentencia C-007 de 2018. M.D.F.R.. SPV. A.J.L.O.. AV. L.G.G.P.. AV. Gloria S.O.D.. AV. A.R.R.).
[37] Según el Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000, Artículo 101: El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros, o cuando con el mismo propósito se cometiere cualquiera de los siguientes actos: 1. Lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo. 2. Embarazo forzado. 3. Sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. 4. Tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. 5. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Al respecto, ver también, Sentencia C-578 de 2002. M.M.J.C.E..
[38] Sentencia C-579 de 2013. M.J.I.P.C.. SPV. N.P.P.. SPV. M.G.C.. AV. M.V.C.C., A.R.R. y L.E.V.S.. AV. J.I.P.P..
[39] Cfr. Corte IDH. Caso Goiburú y otros vs. Paraguay, fondo, reparaciones y costas, 2006.
[40] La sistematicidad ha sido una característica en la calificación de una conducta como grave violación de derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte IDH. Sin embargo, su tratamiento no ha sido constante al punto de que dicho órgano ha reconocido que la inexistencia de un patrón generalizado o masivo no necesariamente descalifica una práctica como una grave vulneración de derechos humanos. Al respecto, pueden consultarse, entre otros, Corte IDH. Caso Bueno A. vs. Argentina. Fondo, reparaciones y costas, 2007; C.T.T.v.G.. Fondo, reparaciones y costas, 2017; Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, 2011; C.F.O. y otros Vs. México, Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas 2010. Así mismo, en la Sentencia C-080 de 2018 M.A.J.L.O.. SPV. L.G.G.P.. SPV y AV. Gloria S.O.D.. SPV y AV. A.R.R.. AV. A.L.C.. AV. D.F.R. esta Corporación indicó que las graves violaciones a los derechos humanos (i) no tienen que ser masivas o sistemáticas, (ii) pueden presentarse en todo tiempo y lugar y (iii) además, no necesariamente deben estar relacionadas con el conflicto armado.
[41] Cfr. Corte IDH. Caso Penal M.C.C. Vs. Perú, Fondo, reparaciones y costas, 2006.
[42] Cfr. Corte IDH. Caso Masacre de las dos erres vs. Guatemala. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, 2009. Al respecto, la comprensión de los criterios analizados puede ser ampliada a partir del estudio realizado por Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra. W. amounts to a serious violation of international human rights law? An analysis of practice and expert opinion for the purpose of the 2013 Arms Trade Treaty. Ginebra: Academia de Ginebra, 2014, P. 34, en el cual se efectúa una sistematización de diferentes parámetros empleados implícitamente por distintos organismos internacionales a efectos de calificar una conducta como grave violación de derechos humanos.
[43] Así mismo, como otra característica para predicar una conducta como grave violación de derecho humanos también podría considerarse si el menoscabo implica el deber reforzado para el Estado de investigar, juzgar y sancionar a sus responsables. Sobre el punto, pueda consultarse la Sentencia C-080 de 2018. M.A.J.L.O.. SPV. L.G.G.P.. SPV y APV. Gloria S.O.D.. SPV y APV. A.R.R.. AV. A.L.C.. AV. D.F.R., así como los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Oficina del Alto Comisionado de la ONU. 60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005. Sin embargo, tal parámetro no resulta conclusivo por sí mismo en la medida en que ya esta Corporación ha precisado que dichas obligaciones se corresponden con todas las violaciones a los derechos humanos. (Sentencia C-579 de 2013 M.J.I.P.C.. SPV. N.P.P.. SPV. M.G.C.. AV. M.V.C.C., A.R.R. y L.E.V.S.. AV. J.I.P.P.).
[44] Cfr. Sentencia C-007 de 2018. M.D.F.R.. SPV. A.J.L.O.. AV. L.G.G.P.. AV. Gloria S.O.D.. AV. A.R.R..
[45] Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo, 2001.
[46] Sentencia C-579 de 2013. M.J.I.P.C.. SPV. N.P.P.. SPV. M.G.C.. AV. M.V.C.C., A.R.R. y L.E.V.S.. AV. J.I.P.P..
[47] M.C.P.S..
