Auto nº 259/22 de Corte Constitucional, 3 de Marzo de 2022
| Ponente | Antonio José Lizarazo Ocampo |
| Fecha de Resolución | 3 de Marzo de 2022 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | CJU-1292 |
Auto 259/22
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL-Procesos ejecutivos en los que se pretende el pago de acreencias laborales reconocidas mediante actos administrativos
Referencia: Expediente CJU-1292
Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Diecisiete Administrativo de Bogotá y el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de la misma ciudad.
Magistrado sustanciador:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá D. C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, decide el presente conflicto de competencia entre distintas jurisdicciones[1], previas las siguientes consideraciones:
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La señora G.A.C.P. presentó demanda ejecutiva contra la Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca[2]. Pretende: (i) el pago del aumento salarial del 20% por antigüedad que se reconoció en la Ordenanza No. 13 de 1947 y en la Resolución No. 9422 del 19 de diciembre de 2014 desde diciembre del año 2014, (ii) la actualización del valor de los salarios devengados teniendo en cuenta el incremento, y, (iii) la reliquidación y pago de las prestaciones sociales teniendo en cuenta el aumento salarial desde diciembre de 2014.
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El asunto le correspondió al Juzgado Diecisiete Administrativo de Bogotá que, por medio de Auto del 26 de octubre de 2020, declaró su falta de jurisdicción y ordenó remitir el expediente a los jueces laborales[3]. Fundamentó su decisión en que al evaluar la Ley 1437 de 2011, en especial los artículos 297, 298, 299 y 104.6 no se estableció un procedimiento para ejecutar actos administrativos, diferentes a los derivados de contratos, dentro de la jurisdicción contencioso administrativa. Por lo anterior, se debe aplicar la cláusula general de competencia del artículo 2 de la Ley 712 de 2001. De ahí que, deben conocer el asunto los jueces laborales.
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Por su parte, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de la misma ciudad, por medio de Auto del 28 de julio de 2021 declaró su falta de jurisdicción y promovió conflicto negativo entre jurisdicciones[4]. Lo anterior al considerar que la accionante es una servidora pública del régimen especial y, en concordancia con los artículos 297 y 104 de la Ley 1437 del 2011, la competencia le corresponde a los jueces contenciosos.
En consecuencia, ordenó la remisión del expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto negativo de competencia.
Competencia
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La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[5].
Presupuestos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones
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Esta Corporación ha señalado que los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[6].
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La Corte Constitucional, de forma reiterada, ha considerado que para que se configure un conflicto de competencia entre jurisdicciones es necesario el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo[7], entendiendo que: (i) El presupuesto subjetivo exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones[8]. (ii) El presupuesto objetivo precisa la existencia de una causa judicial sobre la que se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional[9]. (iii) El presupuesto normativo obliga que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer del asunto concreto. Así, no se satisface este último requisito cuando la exposición sobre la competencia desplegada por las autoridades en conflicto no tiene, al menos aparentemente, fundamento normativo alguno al sustentarse únicamente en argumentos de mera conveniencia.
Competencia para conocer de asuntos en los que se reclama el pago de acreencias laborales reconocidas mediante actos administrativos. Reiteración jurisprudencial
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Según el Auto 613 de 2021 de la Corte Constitucional[10] el conocimiento de asuntos de esta naturaleza le corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral. En la citada providencia, se estableció que los actos administrativos que contengan acreencias laborales reconocidas, son títulos ejecutivos en los términos del artículo 297.4 de la Ley 1437 de 2011, pero la ejecución de estos no fue asignada a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El artículo 104.6 fue claro al establecer los tipos de títulos ejecutivos cuya ejecución le corresponde a esa jurisdicción: (i) condenas impuestas; (ii) conciliaciones aprobadas; (iii) laudos arbitrales y (iv) contratos celebrados por entidades públicas.
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Considerando lo anterior, y de conformidad con los artículos 12 de la Ley 270 de 1996 y 2.5 y 100 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, es la jurisdicción ordinaria laboral la encargada del estudio de acciones ejecutivas derivadas de actos administrativos en los que consten obligaciones relativas a la relación de trabajo y/o del sistema de seguridad social.
En el presente asunto se configuró un conflicto de competencia entre jurisdicciones
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La Sala estima cumplido el presupuesto subjetivo, pues de la lectura de los antecedentes se evidencia la existencia de una tensión entre el Juzgado Diecisiete Administrativo de Bogotá y el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de la misma ciudad, autoridades judiciales que se declararon sin competencia para conocer el asunto, proponiendo la última el conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones.
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La Sala también encuentra satisfecho el presupuesto objetivo, toda vez que se acreditó una causa judicial respecto de la cual se alegó la falta de competencia para dirimir el asunto. Concretamente, la existencia de un proceso ejecutivo judicial en el que se pretende la emisión de mandamiento de pago por una acreencia laboral.
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Por último, observa cumplido el presupuesto normativo, como quiera que las autoridades judiciales que rechazaron la competencia citaron las normas que, a su juicio, resultaban aplicables y justificaron su postura. El Juzgado Diecisiete Administrativo de Bogotá indicó que la competencia no le correspondía a la jurisdicción de lo contencioso administrativo porque el caso no se encuentra dentro de los presupuestos consagrados en los artículos 297, 298, 299 y 104.6 de Ley 1437 de 2011. Por su parte, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de la misma ciudad, señaló que la competencia no le correspondía a la jurisdicción ordinaria laboral debido a que se trata de un conflicto que involucra a una servidora pública del régimen especial, de modo que de conformidad con los artículos 297 y 104 de la Ley 1437 del 2011, la competencia les corresponde a los jueces contenciosos.
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Superado el anterior estudio, la Sala advierte que en el presente caso se configura un conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Diecisiete Administrativo de Bogotá y el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de la misma ciudad, en los términos ya explicados. En ese orden, pasa a decidir a qué autoridad judicial debe ser asignado el asunto para su conocimiento.
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Con fundamento en los hechos descritos en el acápite de antecedentes, la Sala Plena considera que el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de la Bogotá es la autoridad judicial competente para conocer la demanda promovida por G.A.C.P. contra la Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca.
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En efecto, por medio de esta acción la demandante pretende la ejecución de una obligación reconocida en un acto administrativo, pero que no se enmarca dentro de los títulos ejecutivos previstos en el artículo 104.6 del CPACA. Por lo anterior, se debe aplicar la cláusula general de competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, dada en el artículo 2.5 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.
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Por tanto, se acredita que el conocimiento de este asunto es de competencia exclusiva de los jueces laborales.
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Con fundamento en lo anterior, la Corte dirimirá el conflicto de jurisdicciones de la referencia declarando que le corresponde a la jurisdicción ordinaria conocer el proceso promovido por G.A.C.P. contra la Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca. En consecuencia, le remitirá el expediente al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
PRIMERO.- DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Diecisiete Administrativo de Bogotá y el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de la misma ciudad, en el sentido de DECLARAR que corresponde al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá conocer del proceso promovido por G.A.C.P. contra la secretaria de educación de la Gobernación de Cundinamarca.
SEGUNDO.- REMITIR el expediente CJU-1292 al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión al Juzgado Diecisiete Administrativo de la misma ciudad y a los sujetos procesales dentro del proceso correspondiente.
N., comuníquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Presidenta
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
KARENA CASELLES HERNÁNDEZ
Magistrada (e)
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] De acuerdo con el reparto efectuado por la Sala Plena en sesión del 28 de enero de 2022, el expediente de la referencia fue remitido al despacho del magistrado sustanciador el 2 de febrero de 2022.
[2] Expediente Digital CJU-1292. Carpeta “2021-130”, S. “PROCESO JUZGADO 17 ADMINT”, Archivo “04. DOC020320-02032020091735.pdf”, páginas 1 a 5.
[3] Expediente Digital CJU-1292. Carpeta “2021-130”, S. “PROCESO JUZGADO 17 ADMINT”, Archivo “06. AutoDeclaraFaltaJurisdiccionRad2020041.pdf”.
[4] Expediente Digital CJU-1292. Carpeta “2021-130”, S. “2021-130”, Archivo “AUTO 130-2021.pdf”.
[5] El artículo 241 de la Constitución señala: “A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: [...] || 11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones”.
[6] Corte Constitucional, Autos 345 de 2018 y 328 de 2019.
[7] Corte Constitucional, Auto 155 de 2019, reiterado, entre otros, por los Autos 452 y 503 de 2019 y 129 y 415 de 2020.
[8] En consecuencia, no habrá conflicto cuando: (a) solo sea parte una autoridad; o (b) una de las partes en colisión no ejerza funciones jurisdiccionales (Cfr. arts. 17, 18, 37, 41 y 112 de la Ley 270 de 1996, así como 97 de la Ley 1957 de 2019).
[9] En este sentido, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional (Cfr. art. 116 de la Constitución).
[10] Mediante el cual se resolvió en expediente CJU-299. M.G.S.O.D..
