Auto nº 269/22 de Corte Constitucional, 3 de Marzo de 2022

1. De acuerdo con la información obrante en el expediente,[1] el 5 de octubre de 2012, sobre las 10 horas, en los dormitorios de la Estación de Policía del municipio de Tibaná, Boyacá, los patrulleros R.R.C. y F.E.S.M. habrían apuntado a modo de broma sus respectivas pistolas de dotación oficial en contra del otro. Entretanto, el señor R.C. presuntamente accionó su arma e impactó a su compañero en la parte frontal de su cráneo y, en consecuencia, S.M. falleció.

2. En el marco de la investigación bajo CUI número 155996000124-2012-00146, la Fiscalía 34 Seccional de Ramiriquí, Boyacá, emprendió diversos actos urgentes. Entre otros, entrevistó a los miembros de la Estación de Policía A.G.C.C.[2] y J.R.A..[3] El primero aseveró que el 5 de octubre de 2012, el patrullero R. le había informado que el señor S.M. había ingresado a la habitación y ambos comenzaron a “chancearse.” Según indicó, en medio del “juego” el último desenfundó su pistola mientras que R.C. hizo lo propio. Luego, el señor R.C. le apuntó a S.M. y ahí fue cuando “se produjo el disparo.” Posteriormente, el indiciado salió del lugar y le dijo al entrevistado que “se [l]e disparó el arma, y [que él] no lo quería matar.” Por su parte, el señor R.A., manifestó que “R. y S. iniciaron un juego de palabras soeces en el que se mostraban y se apuntaban con las armas de fuego en medio de lo cual y como consecuencia resultó herido de gravedad el primero.”[4]

3. El 25 de noviembre de 2013, ante el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Tibaná, Boyacá, la Fiscalía formuló imputación en contra de R.R.C. como presunto autor del delito de homicidio culposo, conforme al Artículo 109 de la Ley 599 de 2000.[5] El imputado no aceptó los cargos.[6]

4. El 21 de febrero de 2014, se radicó escrito de acusación[7] por los mismos hechos y calificación jurídica, el cual correspondió por reparto al Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ramiriquí, Boyacá. Sin embargo, el 4 de abril del mismo año la Fiscalía presentó un preacuerdo que, en principio, su verificación y aprobación se habría de surtir el 17 de febrero de 2015. Sin embargo, el 31 de octubre de 2016, mediante Oficio DSF- 24-362,[8] el titular de la acción penal solicitó a la autoridad judicial continuar con la formulación de acusación dado que “el preacuerdo no prosperó.”

5. Luego de múltiples actuaciones,[9] mediante oficio del 15 de enero de 2018,[10] la nueva titular de la Fiscalía 34 Seccional de Ramiriquí afirmó que, a partir de los elementos materiales probatorios y evidencia física recolectados, se infería que la investigación y juzgamiento de la muerte de F.E.S.M. debía ser adelantada por la Jurisdicción Penal Militar. Lo anterior, de acuerdo a lo previsto en la Ley 1407 de 2010[11] y la Sentencia SU-1184 de 2001,[12] por cuanto los involucrados (i) eran miembros activos de la Fuerza Pública y (ii) la conducta desplegada emergió como una extralimitación de las funciones que legal y constitucionalmente les fueron encomendadas. En concreto, con origen en el “uso inadecuado de las armas de dotación, con violación de todos los protocolos de seguridad, custodia y manejo de armas.” Bajo ese contexto, afirmó que en caso de que la Jurisdicción Penal Militar no compartiera sus argumentos, proponía entonces “colisión negativa de competencia.”[13]

6. Una vez repartido el asunto, mediante Auto del 29 de enero de 2018,[14] la entonces titular del Juzgado 191 de Instrucción Penal Militar de Tunja dispuso la apertura de investigación formal en contra del patrullero R.C. por el delito de homicidio.[15] Asimismo, por medio de diversas providencias[16] ordenó el impulso de la actuación. Entre los resultados obtenidos se destaca: (i) el acceso a la copia del proceso disciplinario adelantado contra el indiciado por la Oficina de Control Interno de Policía de Boyacá, en el cual fue destituido del cargo e inhabilitado por el término de diez años al ser encontrado responsable de la transgresión al Artículo 34, numeral 20 de la Ley 1015 de 2006,[17] esto es “manipular imprudentemente arma de fuego […]”;[18] y (ii) fijó como fecha de indagatoria el 19 de febrero de 2019; sin embargo, un día antes el indiciado solicitó aplazamiento al afirmar no poder contar con el acompañamiento de su apoderada.

7. En igual sentido procedió quien posteriormente se posesionó como nuevo titular del Juzgado 191 de Instrucción Penal Militar de Tunja.[19] Entre otros, con el fin de impulsar el proceso ordenó (i) emitir orden de captura en contra de R.R.C. para lograr su comparecencia;[20] y (ii) ante la imposibilidad de localizar al indiciado, surtió el trámite necesario para declararlo persona ausente.[21] Con todo, a través de Auto del 3 de noviembre de 2021,[22] la autoridad judicial castrense rechazó la competencia para conocer de la investigación y juzgamiento en contra del señor R.C.. Para ello, luego de citar algunos extractos de las declaraciones obrantes en el expediente, se refirió a las características del fuero penal militar y a las condiciones constitucionales necesarias para su activación.[23]

8. Bajo tales parámetros, concluyó, de un lado, que para el momento de los hechos el patrullero R.C. se hallaba en servicio activo y, de otro, que resultaba indiscutible que el comportamiento presuntamente perpetrado, es decir, no otro que “accionar su arma de dotación oficial ‘chanceándose’ en contra de la humanidad de su compañero”, no guardaba ninguna relación con el servicio. Ello, pues la conducta de “viola[r] todos los protocolos de seguridad, custodia y manejo de armas resulta opuesta […] y abiertamente apartada de la misionalidad (sic) de las actividades propias del deber funcional.” En consecuencia, aceptó el conflicto propuesto por la delegada fiscal.

9. El conflicto de jurisdicciones fue remitido por la autoridad judicial castrense a la Corte Constitucional mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2021. En sesión virtual del 26 de enero de 2022, la Sala Plena lo repartió al Despacho de la Magistrada ponente. El 2 de febrero del año en curso fue cargado a través de la plataforma SIICOR.

1. Competencia

10. De conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de competencia entre las distintas jurisdicciones.

2. Presupuestos para la configuración de un conflicto de competencias entre jurisdicciones

11. Este Tribunal ha señalado que los conflictos de jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo).”[24]

12. En ese sentido, se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones:[25] (i) Presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones;[26] (ii) presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional;[27] y (iii) presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa.[28]

3. Alcance del presupuesto subjetivo frente a la legitimación de la Fiscalía General de la Nación para ser parte de conflictos de jurisdicción ante la Jurisdicción Penal Militar[29]

13. Ahora bien, en relación con el presupuesto subjetivo, la Corte Constitucional se ha pronunciado específicamente sobre la posibilidad de la Fiscalía General de la Nación para promover conflictos interjurisdiccionales. En concreto, en la Sentencia SU-190 de 2021,[30] precisó que aun cuando desde una perspectiva orgánica la Fiscalía pertenece a la Rama Judicial, desde el punto de vista funcional cumple tanto con funciones jurisdiccionales como no jurisdiccionales. Frente a la primera hipótesis, ha sido advertido que en ese tipo de escenario, resulta claro que tiene la facultad de provocar y ser parte de conflictos de competencias entre jurisdicciones.

14. En torno al segundo escenario, es decir, cuando no cumple funciones jurisdiccionales, la Corte ha admitido la facultad excepcional de esta autoridad para promover o aceptar directamente conflictos entre jurisdicciones, en concreto, frente a la Jurisdicción Penal Militar y, por lo tanto, para ser parte de los mismos. Lo anterior, se reitera, tiene sustento en que el órgano de persecución penal: (i.1) ostenta la naturaleza de una entidad que administra justicia de acuerdo con la Constitución Política; (i.2) el ejercicio de la acción penal que constitucionalmente le fue encomendado se encuentra ligado necesariamente a la Jurisdicción Ordinaria; y (i.3) el reconocimiento de dicha facultad, en el contexto referido, propende por la satisfacción de importantes principios inmanentes a nuestro ordenamiento jurídico-constitucional, tales como los de celeridad, economía procesal, eficacia y acceso a la administración de justicia.

15. Sin embargo, de acuerdo con lo precisado en el Auto 704 de 2021,[31] la legitimación de la Fiscalía para proponer conflictos de competencia en el marco de la Ley 906 de 2004[32] se ha circunscrito a casos en que los conflictos de competencia suscitados entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar versen sobre posibles graves violaciones a los derechos humanos. De no ser el caso, entonces, no se entendería configurado el conflicto por ausencia del factor subjetivo. Con todo, frente a tal escenario el delegado del órgano de persecución penal bien podría acudir ante un Juez Penal con Función de Control de Garantías con el fin de solicitar que, a través de audiencia innominada, dicha autoridad reclame o niegue la competencia de la Jurisdicción Ordinaria para conocer del asunto.

4. Sobre la noción de graves violaciones a Derechos Humanos[33]

16. Los derechos humanos tienen un carácter interdependiente e indivisible entre sí, al punto de que cada violación o menoscabo a un derecho humano es igualmente importante en términos de su garantía y protección. Sin embargo, la comunidad internacional de derechos humanos ha advertido que algunas violaciones a derechos humanos requieren un tratamiento especial y diferenciado, en razón de la gravedad de su menoscabo. Estas han sido catalogadas bajo el estándar de “graves violaciones a derechos humanos.”[34]

17. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha precisado que “toda violación a los derechos humanos supone una cierta gravedad por su propia naturaleza, porque implica el incumplimiento de determinados deberes de respeto y garantía de los derechos y libertades a cargo del Estado a favor de las personas. Sin embargo, ello no debe confundirse con lo que el Tribunal a lo largo de su jurisprudencia ha considerado como ‘violaciones graves a los derechos humanos’, las cuales, tienen una connotación y consecuencias propias.”[35]

18. Pese a su importancia, no existe una definición unívoca del concepto de graves violaciones de derechos humanos en la jurisprudencia nacional ni en los diferentes instrumentos y fuentes del derecho internacional. Así lo ha reconocido esta Corporación[36] y sectores de la doctrina especializada.[37] Sin embargo, en aras de dotar de contenido dicho estándar, la Corte Constitucional, con apoyo en la jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales sobre la materia y los documentos de órganos oficiales de derechos humanos, se ha ocupado (i) de las conductas susceptibles de predicarse dentro de esta categoría, en concreto, mediante la enunciación del “listado” de aquellas actuaciones consideradas tradicionalmente como graves violaciones de derechos humanos y (ii) de los delitos que tipifican graves violaciones a los derechos humanos y que pueden implicar, a su vez, graves infracciones al derecho internacional humanitario.[38]

19. Así pues, primero, la jurisprudencia de esta Corporación[39] ha destacado que en la actualidad las graves violaciones a los derechos humanos reconocidas por la comunidad internacional son, por lo menos, las ejecuciones extrajudiciales,[40] la desaparición forzada,[41] la tortura,[42] el establecimiento o mantenimiento de personas en estado de esclavitud, la servidumbre o trabajo forzoso,[43] las masacres,[44] la detención arbitraria y prolongada,[45] el desplazamiento forzado,[46] la violencia sexual contra las mujeres[47] y el reclutamiento forzado de menores de edad.[48]

20. En segundo término, a partir de la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y las violaciones a los derechos humanos, se ha establecido que los delitos de lesa humanidad,[49] algunos crímenes de guerra[50] y el genocidio[51] implican conductas constitutivas de graves violaciones a los derechos humanos. Dentro de la enunciación de las actuaciones que configuran la tipificación de cada una de las conductas referidas, existen igualmente algunos elementos característicos que, en el marco de su contexto, permiten predicar la existencia de una grave violación, a saber: (i) la sistematicidad o generalidad en el caso de los crímenes de lesa humanidad; (ii) la intención de destruir a un grupo en lo referente al genocidio y (iii) el nexo con el conflicto armado, internacional o no, de los crímenes de guerra.[52]

21. Ahora bien, aunque no de manera exclusiva, definitiva o necesariamente concurrente entre sí, se han considerado como algunas características que prima facie permiten establecer la existencia de graves violaciones de derechos humanos, las siguientes: (i) la naturaleza del derecho afectado;[53] (ii) la magnitud y/o sistematicidad de la lesividad ocasionada por la violación;[54] (iii) el grado de vulnerabilidad de la víctima;[55] (iv) el impacto social del menoscabo;[56] (v) si los derechos humanos conculcados se encuentran internacionalmente protegidos y y, a su vez, si las conductas constituyen delitos conforme al derecho internacional.[57]

22. Frente a las consecuencias de calificar una conducta como grave violación de derechos humanos, en concreto, en casos en los cuales se ha discutido la responsabilidad de los Estados por la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de delitos, la jurisprudencia de la Corte IDH ha sido constante en que resultan inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir el cumplimiento de dichas obligaciones respecto de los perpetradores de violaciones graves de los derechos humanos.[58] Estas violaciones, a juicio de la Corte IDH, se siguen, por ejemplo, de actos como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.[59]

23. Por último, resulta pertinente reiterar[60] que las conductas y crímenes que fueron listados con anterioridad no constituyen un catálogo cerrado ni taxativo de actuaciones susceptibles de ser calificadas como posibles graves violaciones de derechos humanos. Ello, pues precisamente en razón del carácter y naturaleza dinámicas de las graves violaciones de derechos humanos, su contenido, características y alcances se hallan en permanente construcción, a partir de los pronunciamientos de los tribunales internacionales, los instrumentos y los documentos de órganos oficiales de derechos humanos. En consecuencia, las consideraciones que anteceden constituyen una aproximación a la noción de graves violaciones de derechos humanos, cuya comprensión, inicial y abierta a la dinámica propia del concepto, está encaminada al desarrollo de algunos parámetros de carácter enunciativo que permitan determinar la legitimidad de la Fiscalía General de la Nación para promover o participar en un conflicto de jurisdicción ante la Jurisdicción Penal Militar.

24. Con todo, no puede perderse de vista que, estando en el escenario de conflictos de jurisdicciones, si se advierte que el caso concreto puede ser considerado como una presunta grave violación de derechos humanos, ello no implica en ningún caso prejuzgamiento alguno. Lo anterior, pues la caracterización respectiva se efectúa únicamente con el fin de resolver la controversia asociada a la jurisdicción, sin lugar a afectar las facultades de las autoridades correspondientes y en aras de la protección de los derechos de los involucrados, entre otros, al juez natural.

25. Incumplimiento del presupuesto subjetivo para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

26. La Sala observa que en el asunto de la referencia no se satisface el presupuesto subjetivo y, por tanto, no se encuentra configurado conflicto interjurisdiccional alguno. Se advierte que el presunto conflicto fue trabado entre la Fiscalía 34 Seccional de Ramiriquí y el Juzgado 191 de Instrucción Penal Militar de Tunja sin que los hechos y conducta objeto de investigación por el delito de homicidio del que habría sido víctima el patrullero F.E.S.M. constituyan, prima facie, una grave violación de derechos humanos. Por lo tanto, no es dable predicar la legitimidad necesaria en cabeza de la Fiscalía General de la Nación para promover el presente trámite y, en consecuencia, entender configurado un verdadero conflicto de jurisdicciones entre aquella y un Juzgado Penal Militar, conforme a lo precisado en el Auto 704 de 2021.[61]

27. La Sala Plena no desconoce que la investigación penal adelantada en contra del patrullero R.R.C. por el delito de homicidio tiene génesis en la presunta afectación que aquel habría causado al bien jurídico vida del también integrante de la Fuerza Pública F.E.S.M.. Sin embargo, tal y como afirmó recientemente esta Corporación en el Auto 1168 de 2021,[62] pese a la importancia innegable del derecho cuya afectación sufrió la víctima, se advierte que “no toda vulneración o atentado contra la vida constituye por sí misma una grave afectación de derechos humanos.” Adicionalmente, las circunstancias en las cuales habría devenido el presunto menoscabo en el caso concreto, así como la calificación efectuada sobre la misma por las autoridades correspondientes, no permiten predicar, a partir de los elementos de juicio disponibles, la superación de un umbral tal que permita sostener su supuesta comisión como una “grave” violación de los derechos humanos, en los términos precisados con anterioridad (supra, párrafos 16 - 24).

28. Lo anterior, de un lado, porque formalmente la conducta investigada de homicidio, ya sea en su modalidad simple o culposa, no ha sido enunciada entre aquellas constitutivas de graves menoscabos a los derechos humanos, por ejemplo, como ejecuciones extrajudiciales, masacres o tortura. Igualmente, por cuanto dicha conducta tampoco constituye un delito grave para el derecho internacional como genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra. De otro, desde una perspectiva material, dado que las circunstancias particulares del caso concreto no permiten advertir, en principio, algunas de las características que usualmente han sido atribuidas a dicho tipo de menoscabos en orden de calificar su comisión como grave, esto es, por ejemplo, por la magnitud o generalidad en la ejecución, así como tampoco un presunto estado de vulnerabilidad de la víctima.

29. Así las cosas, de acuerdo con los elementos de prueba disponibles, se advierte que el proceso subyacente a la controversia entre la Fiscalía 34 Seccional de Ramiriquí y el Juzgado 191 de Instrucción Penal Militar de Tunja no constituye, en principio, un caso de graves violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, esta Corporación concluye que no se encuentra configurado un conflicto interjurisdiccional, por incumplimiento del factor subjetivo. En consecuencia, la Sala se inhibirá de pronunciarse de fondo y enviará el expediente al Juzgado de origen para lo de su competencia y, además, a fin de que comunique esta decisión a los interesados.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,