Auto nº 293/22 de Corte Constitucional, 9 de Marzo de 2022

1. El 19 de noviembre de 2006, el T.C.J.C.R.M., comandante del Batallón de Infantería No. 22 Ayacucho de la ciudad de Manizales, Caldas, informó a las autoridades de la Justicia Penal Militar que en esa fecha, autoridades de la Policía Nacional habían decomisado: (i) 100 uniformes camuflados marcados con el sello de la unidad táctica; (ii) 47 equipos de campaña; (iii) 48 parrillas para equipos de combate; y (iv) 14 pares de botas de combate; todo ello almacenado en un taller de la ciudad de Armenia. El oficial del Ejército indicó que dicho material de guerra e intendencia fue retirado de manera irregular del Batallón por el cabo J.H.B.S. (almacenista de la unidad).

2. Tras labores de indagación por parte de la Fiscalía Penal Militar se pudo establecer que, presuntamente, el cabo J.H.B.S. seguía instrucciones del sargento A.R.L. (almacenista de la Brigada 8). En efecto, el conductor del camión que transportó el material de intendencia y el cabo B.S. indicaron en sus intervenciones procesales que el sargento R.L. fue quien ordenó el traslado del material de guerra e intendencia objeto del delito.

3. La Fiscalía 18 Penal Militar Delegada ante el Juzgado 9 de la Brigada Octava de la ciudad de Armenia profirió resolución de acusación contra los dos suboficiales del Ejército por el delito de peculado por apropiación[1]. La providencia fue objeto del recurso de apelación, el cual fue desatado por la Fiscalía Tercera delegada ante el Tribunal Superior Militar. En efecto, en providencia del 27 de septiembre de 2011, esta última autoridad confirmó la resolución de acusación contra el cabo J.H.B.S.; sin embargo, decidió inhibirse de proferir resolución de acusación frente al sargento A.R.L. y ordenó la ruptura procesal por ausencia de factor de la competencia.

   A juicio de la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Penal Militar, el comportamiento desplegado por sargento R.L. no tuvo ninguna relación con el servicio. La Fiscalía Tercera sostuvo que, conforme a la Sentencia C-358 de 1997, la justicia penal militar conoce de las conductas que tiene vínculo directo con la función militar o policial. A criterio de dicha de la Fiscalía Tercera, no se presentó una conexión estrecha entre el comportamiento constitutivo de infracción a la ley penal y los deberes que constitucional y legalmente competen al servidor público.

   Explicó que el cabo B.S. sí tenía disponibilidad jurídica y material sobre los elementos apropiados, por ser el almacenista del Batallón Ayacucho, de allí que se derive la condición funcional entre su cargo y dichos objetos. Por el contrario, respecto del sargento R.L. no se comprobó que ninguno de los bienes estuviese a su cargo o hubiesen llegado a él en razón a sus funciones, por lo que consideró que actuó en calidad de interviniente. En concreto indicó: “habiendo quedado delimitada la competencia que le asiste a esta jurisdicción para conocer el asunto, que, iteramos, comprende únicamente lo relativo al punible de peculado por apropiación y solamente frente al endilgado a B.S., pues en este sentido la conducta punible atribuida a R.L., en nuestro sentir en calidad de interviniente, atendiendo que no puede predicarse respecto de éste una disponibilidad jurídica ni material de los cuestionados bienes, así como lo atinente a los punibles de hurto agravado son de competencia de la jurisdicción ordinaria”[2].

   En esta misma providencia, precisó que se confirmaba parcialmente la resolución recurrida (acusación), en el sentido de remitir por competencia la causa seguida en contra del señor R.L. y en caso de no aceptar tal remisión, proponer conflicto negativo de competencia. Al respecto se consignó: “estimamos con estos argumentos haber dado clara respuesta al inconformismo del recurrente para con base en ello confirmar parcialmente la providencia que se revisa en lo atinente a la resolución de acusación emitida en contra de B.S., precisando que el llamamiento que se efectúa es como autor, en el sentido que el interviniente, SP. A.R.L., no puede encasillarse como coautor por carecer de los requisitos exigidos para ser autor, y presunto responsable del delito de peculado por apropiación (…), pues por lo demás, como anotado ha quedado, de cara a los cargos que se formulan por el punible de hurto agravado en contra de los dos vinculados y peculado por apropiación en carnadura de R.L., su conocimiento se ha de tramitar bajo los designios de la jurisdicción ordinaria, en atención a lo en precedencia expuesto, que no es otra cosa que la ajenidad de esta jurisdicción para conocer de ello, por lo que desde ya, en caso de no ser compartidos estos argumentos, se propondrá la colisión negativa de competencias, corolario de lo cual se dispondrá la ruptura de unidad procesal para que por parte del a quo se remitan copias de la actuación en cumplimento de los destacados fines”[3]. En consecuencia, dispuso compulsar copias con destino a la jurisdicción ordinaria[4].

4. Una vez recibidas las copias de las diligencias adelantadas por la Justicia Penal Militar[5], el 5 de noviembre de 2020, el Fiscal 22 Seccional de la Unidad de Administración Pública de la ciudad de Manizales formuló imputación contra el señor A.R.L. por el delito de peculado por apropiación.

5. No obstante, en decisión de 17 de noviembre de 2020, el Fiscal 22 Seccional de la Unidad de Administración Pública de la ciudad de Manizales aceptó el conflicto de jurisdicciones propuesto por la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior Militar de Bogotá. Para ello sostuvo que, conforme la información que reposa en el expediente, era plausible afirmar que el señor R.L. no actúo en calidad de interviniente, sino que, su participación en los hechos que son objeto de investigación fue a título de coautor. En concreto concluyó:

   “En suma, considera el despacho que el proceso debe ventilarse ante la Jurisdicción Penal Militar en contra del señor A.R.L. como coautor de la conducta punible de peculado por apropiación, pues su participación en la comisión de los hechos lo fue en virtud de sus funciones.” [6]

   En orden a lo expuesto, aceptó el conflicto de competencia propuesto por la Fiscalía Tercera ante el Tribunal Superior Militar de Bogotá y ordenó remitir las respectivas diligencias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura con sede en Bogotá. Posteriormente, esta autoridad remitió el asunto a la Corte Constitucional, en virtud de lo señalado en el artículo 241.11 superior.

Competencia

1. A la Sala Plena de la Corte Constitucional corresponde “dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones”, de conformidad con el artículo 241, numeral 11, de la Constitución Política.

   Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

2. La Corte Constitucional ha señalado que los conflictos de jurisdicciones se presentan cuando “dos autoridades que administran justicia y que pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna corresponde (negativo) o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[7].

3. En relación con los conflictos de jurisdicción, en el Auto 155 de 2019, esta Corporación precisó que su configuración requiere la concurrencia de los siguientes tres presupuestos: (i) el presupuesto subjetivo exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones[8]; (ii) el presupuesto objetivo, el cual exige la existencia una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia. En otras palabras, debe estar acreditado el desarrollo de un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional[9]; y, (iii) el presupuesto normativo que consiste en que las autoridades judiciales en colisión deben manifestar expresamente las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran o no competentes para conocer la controversia[10].

   Alcance del presupuesto subjetivo frente a la legitimación de la Fiscalía General de la Nación para ser parte de conflictos de jurisdicción ante la Jurisdicción Penal Militar[11]

4. Frente al presupuesto subjetivo, la Corte Constitucional se ha pronunciado específicamente sobre la posibilidad de que la Fiscalía General de la Nación pueda promover conflictos interjurisdiccionales. En concreto, en la Sentencia SU-190 de 2021[12], precisó que aun cuando desde una perspectiva orgánica la Fiscalía pertenece a la Rama Judicial, desde el punto de vista funcional cumple tanto con funciones jurisdiccionales como no jurisdiccionales. Respecto de la primera hipótesis (cumple funciones jurisdiccionales), se ha advertido que en ese tipo de escenario, resulta claro que tiene la facultad de provocar y ser parte de conflictos de competencias entre jurisdicciones.

5. En torno al segundo escenario (no cumple funciones jurisdiccionales) la Corte ha admitido la facultad excepcional de esta autoridad para promover o aceptar directamente conflictos frente a la Jurisdicción Penal Militar y, por lo tanto, para ser parte de estos. Lo anterior tiene sustento en que el órgano de persecución penal: (i) ostenta la naturaleza de una entidad que administra justicia de acuerdo con la Constitución Política; (ii) el ejercicio de la acción penal que constitucionalmente le fue encomendado se encuentra ligado necesariamente a la Jurisdicción Ordinaria; y (iii) el reconocimiento de dicha facultad, en el contexto referido, propende por la satisfacción de importantes principios inmanentes a nuestro ordenamiento jurídico-constitucional, tales como los de celeridad, economía procesal, eficacia y acceso a la administración de justicia.

6. Sin embargo, de acuerdo con lo precisado en el Auto 704 de 2021, la legitimación de la Fiscalía para proponer conflictos de competencia en el marco de la Ley 906 de 2004[13] se ha circunscrito a casos en que los conflictos de competencia suscitados entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar versen sobre posibles graves violaciones a los derechos humanos. De no ser el caso, entonces, no se entendería configurado el conflicto por ausencia del factor subjetivo. Con todo, frente a tal escenario el delegado del órgano de persecución penal bien podría acudir ante un Juez Penal con Función de Control de Garantías con el fin de solicitar que, a través de audiencia innominada, dicha autoridad reclame o niegue la competencia de la Jurisdicción Ordinaria para conocer del asunto.

   La noción de graves violaciones a Derechos Humanos[14]

7. Los derechos humanos tienen un carácter interdependiente e indivisible entre sí, al punto de que cada violación o menoscabo a un derecho humano es igualmente importante en términos de su garantía y protección. Sin embargo, la comunidad internacional de derechos humanos ha advertido que algunas violaciones a derechos humanos requieren un tratamiento especial y diferenciado, en razón de la gravedad de su menoscabo. Estas han sido catalogadas bajo el estándar de “graves violaciones a derechos humanos”[15].

8. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha precisado que “toda violación a los derechos humanos supone una cierta gravedad por su propia naturaleza, porque implica el incumplimiento de determinados deberes de respeto y garantía de los derechos y libertades a cargo del Estado a favor de las personas. Sin embargo, ello no debe confundirse con lo que el Tribunal a lo largo de su jurisprudencia ha considerado como ‘violaciones graves a los derechos humanos’, las cuales, tienen una connotación y consecuencias propias”[16].

9. Ahora bien, no existe una definición unívoca del concepto de graves violaciones de derechos humanos en la jurisprudencia nacional ni en los diferentes instrumentos y fuentes del derecho internacional. Así se ha reconocido por la jurisprudencia constitucional[17] y por sectores de la doctrina especializada[18]. Sin embargo, en aras de dotar de contenido dicho estándar, la Corte Constitucional, con apoyo en la jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales sobre la materia y los documentos de órganos oficiales de derechos humanos, se ha ocupado (i) de las conductas susceptibles de predicarse dentro de esta categoría, mediante la enunciación del “listado” de aquellas actuaciones consideradas tradicionalmente como graves violaciones de derechos humanos y (ii) de los delitos que tipifican graves violaciones a los derechos humanos y que pueden implicar, a su vez, graves infracciones al derecho internacional humanitario[19].

10. Así pues, primero, la jurisprudencia de esta Corporación[20] ha destacado que en la actualidad las graves violaciones a los derechos humanos reconocidas por la comunidad internacional son, por lo menos, las ejecuciones extrajudiciales[21], la desaparición forzada[22], la tortura[23], el establecimiento o mantenimiento de personas en estado de esclavitud, la servidumbre o trabajo forzoso[24], las masacres[25], la detención arbitraria y prolongada[26], el desplazamiento forzado[27], la violencia sexual contra las mujeres[28] y el reclutamiento forzado de menores de edad[29].

11. En segundo término, a partir de la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y las violaciones a los derechos humanos, se ha establecido que los delitos de lesa humanidad[30], algunos crímenes de guerra[31] y el genocidio[32] implican conductas constitutivas de graves violaciones a los derechos humanos. Dentro de la enunciación de las actuaciones que configuran la tipificación de cada una de las conductas referidas, existen igualmente algunos elementos característicos que, en el marco de su contexto, permiten predicar la existencia de una grave violación, a saber: (i) la sistematicidad o generalidad en el caso de los crímenes de lesa humanidad; (ii) la intención de destruir a un grupo en lo referente al genocidio y (iii) el nexo con el conflicto armado, internacional o no, de los crímenes de guerra[33].

12. Ahora bien, aunque no de manera exclusiva, definitiva o necesariamente concurrente entre sí, se han considerado como algunas características que prima facie permiten establecer la existencia de graves violaciones de derechos humanos, las siguientes: (i) la naturaleza del derecho afectado[34], (ii) la magnitud y/o sistematicidad de la lesividad ocasionada por la violación[35]; (iii) el grado de vulnerabilidad de la víctima[36]; (iv) el impacto social del menoscabo[37]; (v) si los derechos humanos conculcados se encuentran internacionalmente protegidos y, a su vez, si las conductas constituyen delitos conforme al derecho internacional[38].

13. Frente a las consecuencias de calificar una conducta como grave violación de derechos humanos, en concreto, en casos en los cuales se ha discutido la responsabilidad de los Estados por la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de delitos, la jurisprudencia de la Corte IDH ha sido constante en afirmar que resultan inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir el cumplimiento de dichas obligaciones respecto de los perpetradores de violaciones graves de los derechos humanos[39]. Estas violaciones, a juicio de la Corte IDH, se siguen, por ejemplo, de actos como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos[40].

14. Por último, resulta pertinente reiterar[41] que las conductas y crímenes que fueron listados con anterioridad no constituyen un catálogo cerrado ni taxativo de actuaciones susceptibles de ser calificadas como posibles graves violaciones de derechos humanos. Ello, precisamente en razón del carácter y naturaleza dinámicas de las graves violaciones de derechos humanos, su contenido, características y alcances se hallan en permanente construcción, a partir de los pronunciamientos de los tribunales internacionales, los instrumentos y los documentos de órganos oficiales de derechos humanos. En consecuencia, las consideraciones que anteceden constituyen una aproximación a la noción de graves violaciones de derechos humanos, cuya comprensión, inicial y abierta a la dinámica propia del concepto, está encaminada al desarrollo de algunos parámetros de carácter enunciativo que permitan determinar la legitimidad de la Fiscalía General de la Nación para promover o participar en un conflicto de jurisdicción ante la Jurisdicción Penal Militar.

15. Con todo, no puede perderse de vista que, estando en el escenario de conflictos de jurisdicciones, si se advierte que el caso concreto puede ser considerado como una presunta grave violación de derechos humanos, ello no implica prejuzgamiento alguno. Lo anterior, pues la caracterización respectiva se efectúa únicamente con el fin de resolver la controversia asociada a la jurisdicción, sin lugar a afectar las facultades de las autoridades correspondientes y en aras de la protección de los derechos de los involucrados, entre otros, al juez natural.

Sobre la ausencia de configuración del conflicto de jurisdicciones en el presente asunto

1. La Sala Plena estima que, en el caso objeto de estudio, no se presentó un conflicto de jurisdicciones. En efecto, no se satisface el presupuesto subjetivo toda vez que, la Fiscalía 22 Seccional Delegada de la Unidad de Administración Pública de la ciudad de Manizales no tiene competencia para iniciar un conflicto negativo entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción penal militar en la medida que no media una posible grave violación de derechos humanos que habilite para este fin. En consecuencia, como se ha indicado jurisprudencialmente, en este asunto solo una autoridad judicial, ya sea un juez unipersonal o un juez colegiado, tiene la facultad para provocar el conflicto.

2. Al respecto, la Sala destaca que la Fiscal 22 delegada, a través de un acto que no tiene la entidad de ser una manifestación jurisdiccional, considera que provoca el conflicto negativo de jurisdicciones. Sin embargo, en esta ocasión, y en atención al delito investigado (peculado por apropiación) no es dable calificar su supuesta comisión como una presunta “grave” violación de los derechos humanos, en los términos precisados con anterioridad (supra, ff.jj. 7-15).

3. Lo anterior, debido a que formalmente la conducta investigada, esto es el peculado por apropiación: (i) no se encuentra enunciado entre aquellas constitutivas de graves violaciones de derechos humanos (ejecuciones extrajudiciales, masacres o tortura); (ii) tampoco constituye un delito grave para el derecho internacional (genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra); (iii) las circunstancias particulares del caso concreto no permiten advertir, en principio, algunas de las características que usualmente han sido atribuidas a dicho tipo de menoscabos en orden de calificar su comisión como grave (la magnitud o generalidad en la ejecución, así como tampoco un presunto estado de vulnerabilidad de la víctima).

4. En ese orden de ideas, debe ser la judicatura, ya sea el juez de control de garantías o el juez de conocimiento la autoridad competente a quien le corresponde provocar el conflicto con la jurisdicción penal militar. En efecto, como se indicó en la parte considerativa de la providencia, la Fiscalía General de la Nación sólo tiene competencia para provocar conflictos de jurisdicciones relacionados con conductas punibles que impliquen eventuales graves violaciones a los derechos humanos.

5. Por lo tanto, esta Corporación concluye que en el asunto bajo definición no se encuentra configurado un conflicto interjurisdiccional, por incumplimiento del factor subjetivo. En consecuencia, la Sala se inhibirá de pronunciarse de fondo y remitirá el expediente a la autoridad de origen para lo de su competencia y, además, a fin de que comunique esta decisión a los interesados.

En mérito de los fundamentos expuestos, la Sala Plena de la Corte Constitucional,