Auto nº 914/22 de Corte Constitucional, 30 de Junio de 2022
| Número de sentencia | 914/22 |
| Fecha | 30 Junio 2022 |
| Número de expediente | CJU-1386 |
| Materia | Derecho Constitucional |
Auto 914/22
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL-Procesos ejecutivos en los que se pretende el pago de acreencias laborales reconocidas mediante actos administrativos
Referencia: expediente CJU-1386
Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tunja (Boyacá) y el Tribunal Administrativo de Boyacá.
Magistrada ponente:
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Bogotá D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente
AUTO
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N.G.P., a través de apoderado, presentó demanda ejecutiva contra el departamento de Boyacá –Secretaría de Educación, solicitando se libre mandamiento de pago por las sumas correspondientes a la bonificación del 15% sobre la asignación básica mensual establecida a los docentes y directivos que laboren en áreas rurales de difícil acceso, fundamentado en la Ley 715 de 2001, artículo 24, inciso 6°, el Decreto Nacional 1171 de 2004 y en los decretos departamentales 0181 de 2010 y 01399 de 2008. El mandamiento de pago se solicitó en relación con “la prestación del servicio [docente] en la Institución Educativa Sede Boquerón del municipio de M. y con escalafón salarial 2ª, de enero a diciembre de 2005”[1].
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En la demanda, la actora manifestó que en casos similares la Secretaría de Educación de Boyacá ha informado que ha cancelado el pago de la bonificación del 15% por laborar en zonas de difícil acceso “únicamente” a través de fallos judiciales, en atención a procesos ejecutivos[2]. El apoderado concluyó que “es evidente, que con base en los decretos y el reconocimiento de la Gobernación de Boyacá -Secretar[í]a de Educación, aceptan expresamente la obligación y confirman que dicho Departamento tiene con los docentes que demuestren los requisitos para el pago del sobresueldo del 15% en cumplimiento a la Ley, el deber de su respectiva remuneración”[3].
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El proceso fue asignado al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Tunja (Boyacá). Mediante auto del 3 de diciembre de 2020, el juez explicó que ninguno de los documentos aportados por la demandante hace parte de los enunciados expresamente en el artículo 297 del CPACA[4]. Además, argumentó que “los documentos aducidos como título ejecutivo complejo por el apoderado del ejecutante no contienen una obligación clara, expresa, y exigible a cargo del Departamento de Boyacá, en los términos referidos con antelación”[5], y, en consecuencia, se abstuvo de librar mandamiento de pago. En contra de dicha decisión, la demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación; este último fue concedido ante el Tribunal Administrativo de Boyacá.
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En providencia del 21 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la falta de jurisdicción para conocer del asunto y, dispuso su remisión a la jurisdicción ordinaria laboral. Determinó que “los procesos ejecutivos provenientes de actos administrativos que versen sobre una acreencia laboral reconocida no se encuentran en el ámbito de esta jurisdicción, sino de la ordinaria laboral, pues en el caso concreto, el título ejecutivo allegado por la actora está conformado por actos administrativos que, a su juicio, reconocen una acreencia laboral a su favor”[6]. Adicionalmente, el tribunal manifestó que interponía conflicto negativo de competencias si la jurisdicción ordinaria laboral rechazaba el conocimiento.
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El proceso fue asignado al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tunja (Boyacá), el cual declaró su falta de competencia mediante auto del 15 de julio de 2021. El juez laboral consideró que la competencia para conocer de asunto es de la jurisdicción de lo contencioso administrativo porque el título base del recaudo son actos administrativos, así como en atención a la naturaleza de la entidad demandada; esto según lo establecido en los artículos 104 y 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Además, señaló que si bien puede interpretarse que el título ejecutivo no es idóneo, eso no despoja al juez administrativo de su competencia, tal como lo determinó acertadamente el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Tunja. En consecuencia, propuso conflicto negativo de competencia ante la Corte Constitucional[7].
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El 28 de enero de 2022, la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió el expediente al despacho de la magistrada sustanciadora.
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Competencia
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La Corte Constitucional es competente para resolver el presente conflicto de jurisdicciones, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política.
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Delimitación del asunto objeto de decisión y metodología
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La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tunja (Boyacá) y el Tribunal Administrativo de Boyacá. A dichos efectos, la Sala, en primer lugar, verificará si la controversia entre estas autoridades judiciales cumple con los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo de los conflictos de jurisdicciones (3 infra). En segundo lugar, de verificarse el cumplimiento de tales presupuestos, reiterará su jurisprudencia sobre la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer procesos ejecutivos en los que se reclama el pago de acreencias laborales reconocidas mediante actos administrativos (4 infra). Por último, resolverá el conflicto sub examine y determinará cuál es la autoridad judicial que debe asumir o continuar con el conocimiento del proceso (5 infra).
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Verificación de los presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones
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Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[8]. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que para que este tipo de conflictos se configuren es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo[9], los cuales se explican en el siguiente cuadro:
Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones
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Presupuesto subjetivo
Exige que la controversia se presente entre por lo menos dos autoridades que administren justicia y formen parte de distintas jurisdicciones. De este modo, «el conflicto de jurisdicción no puede provocarse autónomamente por las partes del respectivo proceso»[10].
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Presupuesto objetivo
Implica que la disputa debe recaer sobre el conocimiento de una causa de naturaleza judicial, no política o administrativa[11].
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Presupuesto normativo
Exige constatar que las autoridades judiciales en colisión hayan manifestado expresamente las razones de índole constitucional o legal, por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto[12].
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La acreditación de estos presupuestos es una condición para que la Corte pueda emitir un pronunciamiento de fondo. Por lo tanto, la Sala Plena debe declararse inhibida cuando la controversia entre las autoridades judiciales no cumple con alguna de estas exigencias.
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La controversia sub examine configura un conflicto negativo de jurisdicciones, puesto que satisface:
(i). El presupuesto subjetivo, porque enfrenta a dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones: (a) el Tribunal Administrativo de Boyacá, que forma parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y (b) el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tunja (Boyacá), que integra la jurisdicción ordinaria.
(ii). El presupuesto objetivo, puesto que se trata de una controversia respecto del conocimiento de la demanda ejecutiva formulada por N.G.P. contra el Departamento de Boyacá –Secretaría de Educación, solicitando se libre mandamiento de pago por las sumas de dinero correspondes al 15% sobre la asignación básica mensual establecida a los docentes y directivos que laboren en áreas rurales de difícil acceso, lo cual es un asunto de naturaleza judicial.
(iii). El presupuesto normativo, debido a que las autoridades judiciales enfrentadas expusieron las razones constitucionales, legales y jurisprudenciales por las cuales consideran que carecen de competencia para conocer del asunto (párr. 4 y 5).
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Competencia de la jurisdicción ordinaria laboral para conocer procesos ejecutivos en los que se reclama el pago de acreencias laborales reconocidas mediante actos administrativos. Reiteración del auto 1033 de 2021
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Regla de la decisión. Conforme al Auto 1033 de 2021[13] de la Corte Constitucional, la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, es competente para conocer los procesos ejecutivos en los que se reclama el pago de acreencias laborales reconocidas mediante actos administrativos. Esto, por dos razones. Primero, en virtud de la cláusula general de competencia de esta jurisdicción, prevista en los artículos 2 de la Ley 270 de 1996 y 2.5 del Código Procesal del Trabajo, los jueces laborales son competentes para la ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral. Segundo, conforme al numeral 6º del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, la competencia de jurisdicción de lo contencioso administrativo se limita a aquellos que se deriven de: (i) condenas impuestas a la administración, (ii) conciliaciones aprobadas, (iii) laudos arbitrales y (iv) contratos celebrados con entidades estatales. La ejecución de actos administrativos que reconozcan acreencias laborales no se enmarca en ninguno de tales supuestos.
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La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, es la competente para conocer el caso que suscita el conflicto sub examine. La demandante en el caso bajo estudio presentó demanda ejecutiva en contra del Departamento de Boyacá – Secretaría de Educación. La pretensión está dirigida a que se libre mandamiento de pago por las sumas de dinero correspondientes al 15% sobre la asignación básica mensual establecida a los docentes y directivos que laboren en áreas rurales de difícil acceso, fundamentado en la Ley 715 de 2001 artículo 24 inciso 6°, Decreto Nacional 1171 de 2004 y en los Decretos Departamentales 0181 de 2010 y 01399 de 2008. Este supuesto activa la competencia de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, debido a que el presupuesto fáctico no se enmarca en lo previsto por el numeral 6º del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011.
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En todo caso, la Sala Plena reitera que, en materia de conflicto de jurisdicciones, la Corte Constitucional solamente es competente para definir la jurisdicción que debe conocer de determinado asunto. Por consiguiente, no puede pronunciarse sobre las afirmaciones de la demandante en relación con la presunta existencia de un título valor para los efectos del proceso ejecutivo, cuestión que le corresponderá definir al juez competente para conocer del asunto. En estos términos, la Corte concluye que el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tunja (Boyacá), es la autoridad competente para conocer del presente asunto, a la luz de lo dispuesto por el numeral 5º del artículo 2 y el artículo 100 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
Primero.- DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicciones entre el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tunja (Boyacá), respecto del proceso promovido por N.G.P. contra el Departamento de Boyacá –Secretaría de Educación, en el sentido de DECLARAR que corresponde al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tunja (Boyacá), asumir la competencia del referido proceso.
Segundo.- REMITIR el expediente CJU-1386 al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tunja (Boyacá), para que continúe con el trámite del proceso, y para que comunique la presente decisión al Tribunal Administrativo de Boyacá y además interesados.
N., comuníquese y cúmplase,
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Presidenta
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Archivo Digital 15001310500120210021500, 03Demanda.pdf, págs. 2, 3 y 4.
[2] Archivo Digital 15001310500120210021500, 03Demanda.pdf, pág. 79.
[3] Ibidem.
[4] Archivo Digital 15001310500120210021500, 07AutoAbstieneLibrarMandamiento.pdf, pág. 4
[5] Ibidem.
[6]Archivo Digital 15001310500120210021500, 16AutoDeclaraFaltaJurisdiccion_RemitirJuzgadosLaborales.pdf, pág. 4
[7]Archivo Digital 15001310500120210021500, 22AutoDejaSinValorNiEfectoProvocaConflictoDeCompetencia.pdf, pág. 3
[8] Corte Constitucional. Autos 345 de 2018; 328 de 2019; 233 de 2020: 041 de 2021 y 452 de 2019.
[9] Corte Constitucional, auto 155 de 2019 reiterado, entre otros, por los autos 452 y 503 de 2019 y 129 y 415 de 2020.
[10] Corte Constitucional, auto 452 de 2019, a través del cual también se reitera el auto 155 de 2019. En similar sentido, ver el auto 556 de 2018, reiterado por los autos 691 y 716 de 2018.
[11] Este requisito exige a la Corte Constitucional verificar que “está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional. En este sentido, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional (Artículo 116 de la CP”. Corte Constitucional, auto 041 de 2021.
[12] Id.
[13] CJU-425. Mediante el cual se reiteró la regla prevista en el auto 613 de 2021: “Corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, el conocimiento de los procesos ejecutivos en los que se pretende el pago de acreencias derivadas de una relación de trabajo, reconocidas en actos administrativos. Lo anterior, de conformidad con los artículos 12 de la Ley 270 de 1996 y 2.5 y 100 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”. El auto 613 de 2021, al tener diferencias fácticas importantes, no puede ser tomado como precedente en estricto sentido para el caso sub examine. Esto, por cuanto, en dicha oportunidad, la Sala Plena estudió una reliquidación pensional y, tanto en el auto 1033 de 2022 como en el presente asunto, la controversia versa respecto de la ejecución de acreencias laborales reconocidas mediante acto administrativo. La regla de decisión del auto 613 ha sido reiterada en, entre otros, los autos 259 de 2022, 070 de 2022, 1086 de 2021, 1047 de 2021 y 846 de 2021.
