Auto nº 950/22 de Corte Constitucional, 7 de Julio de 2022

1. Mediante oficio del 17 de enero de 2019, el comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 16 remitió para conocimiento de los juzgados de instrucción penal militar de Ipiales, N., el informe de fecha 10 de noviembre de 2018, “con el fin de establecer si existe comisión de algún delito”[1]. En este documento se reportan “novedades” respecto de dos miembros activos del Ejército Nacional pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación “HERCULES”, en tanto de forma anónima se les asoció “con presuntos actos de corrupción”[2]. De acuerdo con el referido informe, los uniformados “al parecer ha[n] venido realizando actos de corrupción al permitir el paso de clorhidrato de cocaína, no destruir lugares para el procesamiento de alcaloides y venta de armamento de uso privativo de las Fuerzas Militares”[3]. Al mismo, se anexó un documento contentivo de la denuncia anónima, en el que se relacionan los nombres de los “DENUNCIANTES” y “DENUNCIADOS”, todos miembros del Ejército Nacional con diferentes rangos. Además, copia de la cédula de ciudadanía de uno de los presuntos implicados en las conductas delictivas.

2. Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar de Ipiales, N.. El 21 de enero de 2019, el asunto fue asignado a esta autoridad judicial, la cual, mediante auto del 29 de enero del mismo año, abrió indagación preliminar por considerar que se cumplían los presupuestos procesales para ello, según lo establecido en el artículo 451 y subsiguientes del Código Penal Militar[4]. En consecuencia, decretó pruebas con el fin de determinar si los denunciados miembros del Ejército Nacional transgredieron o no la ley penal militar. Así, (i) ordenó escuchar en declaración a los denunciantes; (ii) llamó a rendir versión libre a uno de los denunciados; y (iii) ofició con el fin de obtener información acerca de su calidad de militar, hoja de vida, estudio de seguridad y procesos disciplinarios, si los hay.

   Recaudado el material probatorio, el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar de Ipiales profirió auto el 16 de octubre de 2019, a través del cual decidió remitir el asunto a la Fiscalía Seccional de Tumaco, por considerar que la competente para conocerlo era la jurisdicción ordinaria en su especialidad penal. Además, advirtió que, en caso de trabarse conflicto negativo de jurisdicción, el proceso fuera remitido al Consejo Superior de la Judicatura.

   El referido juzgado llegó a la anterior conclusión tras exponer las siguientes razones:

   (i) La Ley 1407 de 2010 regula el ámbito de aplicación de la ley penal militar, de la cual se extrae que los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública, en servicio activo, “y en relación con el mismo servicio”, son conocidos por la justicia penal militar. Esto, en concordancia con el artículo 221 superior[5]. En concreto, conoce de “los asuntos en los cuales el nexo con el servicio no deja lugar a duda que deben ser adelantados por la justicia castrense”[6]. Por el contrario, cuando no exista ese nexo con el servicio, conocerá la justicia ordinaria.

   (ii) Para el caso concreto, se acredita la calidad de miembros de la Fuerza Pública de quienes intervinieron en las conductas que se investigan, pero estas no tienen relación con el servicio. Lo anterior dado que se trata de “recepción de dineros y/o dádivas por parte de dos militares por permitir el paso de clorhidrato de cocaína, no destruir laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca y la venta de armamento de uso privativo de las FFMM a grupos al margen de la ley”[7]. En otras palabras, “si bien es cierto se estaba en una jurisdicción de control militar, y en desarrollo de operaciones militares, los actos que desarrollaron no hace parte (sic) del servicio ni son el complemento del mismo”[8].

   (iii) En este sentido se han pronunciado la Corte Constitucional[9], la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal[10] y el Consejo Superior de la Judicatura. Esta última corporación judicial ha sostenido que “[l]as prerrogativas y la investidura que ostenten los miembros de la fuerza pública pierden toda relación con el servicio cuando deliberadamente son utilizados para cometer delitos comunes, los cuales no dejan de serlo porque el agente se haya aprovechado de las mencionadas prerrogativas e investidura, ya que ellas no equivalen al servicio, ni de otro lado, tienen la virtud de mutar el delito común en acto relacionado con el mismo”[11]. Es decir, “la relación delito servicio debe ser directa y próxima”, de modo tal que no exista duda “acerca de que el delito sobrevino como resultado del cumplimiento y ejecución de una función eminentemente castrense”[12]. Por tanto, “la extralimitación debe tener lugar durante la realización de una tarea que en SI (sic) misma constituya un desarrollo legítimo de los cometidos de la Fuerza Pública”[13].

3. Fiscal Once Especializado de Tumaco, N.. Mediante oficio fechado el 26 de marzo de 2020, este funcionario judicial se opuso a los argumentos planteados por el juzgado penal militar. Esto al considerar “que hace falta realizar más investigaciones para determinar de manera concreta cuál es la conducta penal a investigar y así establecer con claridad si efectivamente es o no de su competencia o de la Justicia Penal Ordinaria”[14]. Por esta razón, el referido fiscal decidió “no aceptar el Conflicto de Competencia planteado y devolver”[15] las diligencias al juzgado de origen.

   El Fiscal Once Especializado de Tumaco revisó los elementos probatorios recaudados hasta ese momento, especialmente las declaraciones rendidas por varios soldados que pertenecían al mismo batallón de los investigados. Al respecto, indicó que de las mismas no era posible establecer los lugares donde ocurrieron los presuntos delitos, ni las fuentes de información, por lo que no se contaba con ningún tipo de evidencia para atribuir responsabilidad a los presuntos implicados.

   Por tal razón, el referido fiscal consideró que ante la incipiente indagación efectuada “[n]o se puede concluir de manera tan apresurada que se trata de manera cierta de la comisión de la conducta penal es decir todavía no se puede hablar ni siquiera de una inferencia razonable de autoría (…)”, por la ausencia de detalles sobre el tipo de armamento supuestamente vendido o su comprador, etc.

   En cuanto a la falta de jurisdicción alegada por la justicia penal militar, el fiscal expuso su desacuerdo al sostener que los hechos bajo investigación sí tienen relación con la prestación del servicio, dado que las Fuerzas Militares, en el caso concreto, ejercen control “en lugares o zonas donde existe proliferación de narcotráfico y de producción estupefaciente”[16]. Lo cual está relacionado con su función de defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional[17].

4. Por auto del 29 de abril de 2021, el Juzgado Setenta de Instrucción Penal Militar remitió el asunto a la Corte Constitucional, cuya Sala Plena, el 22 de noviembre de 2021, lo repartió al despacho de la magistrada C.P.S. para su sustanciación.

1. Competencia de la Corte Constitucional para resolver conflictos de competencia que ocurran entre jurisdicciones

5. Este Tribunal es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[18].

2. Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

6. En criterio de la corporación, los conflictos de jurisdicciones tienen lugar cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[19].

7. A efectos de que se configure un conflicto de jurisdicciones, la jurisprudencia constitucional ha sostenido reiteradamente que es necesario cumplir con los siguientes presupuestos: (i) presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones[20]; (ii) presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en curso un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional[21] y; (iii) presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, mediante un pronunciamiento expreso, las razones de índoles constitucional o legal por las cuales se consideran o no competentes para conocer de la causa[22].

8. Legitimidad de la Fiscalía General de la Nación para proponer conflictos de competencias entre jurisdicciones. En la Sentencia SU-190 de 2021[23] esta corporación aclaró que bajo el actual diseño constitucional y legal la Fiscalía General de la Nación ejerce funciones mixtas de carácter jurisdiccional[24] y no jurisdiccional[25].

   A partir de tal distinción, la Corte indicó que es en el marco de las funciones jurisdiccionales, y en relación con estas, que el ente investigador puede promover conflictos con otras jurisdicciones y provocar su resolución. Posibilidad que no se encuentra habilitada cuando, por ejemplo, actúa como parte en el proceso penal, dado que por regla general allí desempeña funciones no jurisdiccionales.

   No obstante, para la Sala Plena de esta corporación, en el marco de las funciones no jurisdiccionales, la Fiscalía General de la Nación estaría facultada excepcionalmente para promover conflictos de jurisdicción respecto de la justicia penal militar. Esto por dos razones de orden constitucional: (i) garantiza los principios de celeridad y economía procesal al permitir que el debate sobre la jurisdicción competente sea planteado y definido desde la etapa de la investigación, evitando así que se traslade a la etapa del juicio; (ii) lo cual, a su vez, ayuda a materializar los principios de eficacia y de acceso a la administración de justicia.

   La anterior regla fue condicionada por esta misma Corte al verificar el presupuesto subjetivo exigido para declarar la existencia o no de un conflicto jurisdiccional. Así, mediante Auto 704 de 2021[26], concluyó que “tratándose de conflictos de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción penal militar, la Fiscalía General de la Nación está facultada para suscitar el conflicto, cuando medien eventuales graves violaciones de Derechos Humanos”[27] (negrillas propias).

   El referido condicionamiento ha sido reiterado por la Corte Constitucional en la solución de conflictos jurisdiccionales que involucran a la Fiscalía General de la Nación y la justicia penal militar. Por ejemplo, en el Auto 958 de 2021[28] consideró que sí se cumplía el presupuesto subjetivo dado que el caso bajo investigación penal que ambas jurisdicciones reclamaban involucraba una posible grave violación de Derechos Humanos, en tanto se trató de un homicidio presuntamente cometido por miembros activos del Ejército Nacional.

9. Igual decisión adoptó la Corte Constitucional en el Auto 176 de 2022[29], al verificar la acreditación del presupuesto subjetivo. Allí la jurisdicción ordinaria y la penal militar reclamaban para sí la investigación sobre la posible responsabilidad penal de miembros del Ejército Nacional que, en un aparente cruce de disparos, dejaron sin vida a un presunto miembro de una organización armada al margen de la ley. Por las características de los hechos, esta Corporación reiteró que la Fiscalía General de la Nación sí podía promover el conflicto respecto de la justicia penal militar, por involucrar posibles graves violaciones de Derechos Humanos.

10. En sentido contrario, atendiendo las reglas de la lógica, la Fiscalía General de la Nación no está habilitada para promover conflictos jurisdiccionales respecto de la justicia penal militar si el caso no involucra una posible grave violación de Derechos Humanos. A tal conclusión ha llegado esta corporación cuando advierte que no está presente el referido condicionamiento y, por tanto, no encuentra acreditado el presupuesto subjetivo en estos casos, dando lugar a una decisión inhibitoria.

11. Ejemplo de lo anterior se refleja en el Auto 117 de 2022[30], en el que la Fiscalía General de la Nación y la justicia penal militar afirmaban ser competentes para conocer de un asunto con las siguientes características fácticas: en medio de un operativo, dos uniformados de la Policía Nacional ordenaron detener la marcha a dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta similar a una que había sido hurtada horas antes. Sin embargo, el llamado no fue atendido, ante lo cual uno de los uniformados accionó su arma dos veces, ocasionando la muerte de uno de los motorizados.

    Para la Sala Plena de la Corte Constitucional no se configuró un conflicto de jurisdicciones por ausencia del presupuesto subjetivo. Esto por cuanto los hechos objeto de investigación no constituyen, prima facie, una posible grave violación a los Derechos Humanos, “tal y como la que comportan, por ejemplo, los crímenes de genocidio, los de lesa humanidad, los crímenes de guerra, entre otros”[31]. Por tanto, la Fiscalía General de la Nación, en ese caso concreto, no estaba “facultada para proponer directamente el conflicto de competencia entre jurisdicciones en los términos previstos por la jurisprudencia vigente”[32].

    Esta conclusión requirió, como paso previo, que esta corporación estableciera la noción de graves violaciones de Derechos Humanos. Así, en el análisis respectivo, recordó que, conforme a la jurisprudencia constitucional, tal concepto ha sido entendido “como crímenes especialmente lesivos, debido a su carácter masivo, a su impacto social o al dolo intenso con el que se ejecutan”[33]. Además, se caracterizan porque “(i) no tienen que ser masivas o sistemáticas, (ii) pueden presentarse en todo tiempo y lugar y (iii) no necesariamente deben estar relacionadas con el conflicto armado”[34].

    En cuanto a las conductas consideradas como graves violaciones de Derechos Humanos, la Corte reconoció “que la definición más extendida, aunque no unívoca, aceptada por el Comité de las Naciones Unidas, así como por la Corte IDH incluye la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas”[35]. Asimismo, el genocidio, el establecimiento o mantenimiento de personas en estado de esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso, la detención arbitraria y prolongada, el desplazamiento forzado, la violencia sexual contra las mujeres y el reclutamiento forzado de menores de edad.

    Finalmente, la Sala Plena advirtió que no existe un catálogo cerrado de conductas consideradas como graves violaciones de Derechos Humanos, sino que su carácter es dinámico y obedece a la construcción jurisprudencial de los tribunales internacionales de Derechos Humanos, los instrumentos internacionales que desarrollen la materia y los documentos de los órganos oficinales de Derechos Humanos[36].

12. Verificación de los presupuestos para la configuración del conflicto en el presente caso. Lo expuesto resulta suficiente para verificar, de acuerdo con el material probatorio que obra en el expediente, si se cumplen los presupuestos anteriormente descritos.

13. Del presupuesto subjetivo: la Sala Plena advierte que no se cumple el presupuesto subjetivo y, por tanto, en el presente caso no se configuró un conflicto entre jurisdicciones.

14. Los hechos que dieron origen a la indagación preliminar en la justicia penal militar están relacionados con la presunta (i) venta de armamento y uniformes de uso privativo de la Fuerza Pública, (ii) omisión de destrucción de laboratorios de fabricación de clorhidrato de cocaína y (iii) permitir el paso de esta sustancia. Conductas que han sido atribuidas a dos miembros del Ejército Nacional. Más allá de esto, la indagación preliminar adelantada por esa jurisdicción no ha arrojado mayores detalles acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se llevaron a cabo.

15. La Sala considera que los hechos descritos no encajan en las conductas que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se caracterizan por constituir posibles graves violaciones de los Derechos Humanos. En consecuencia, si la Fiscalía General de la Nación considera que la jurisdicción penal militar debe conocer del proceso, esta podrá solicitar la realización de una audiencia innominada y, ante el juez penal ordinario, solicitar que declare la falta de competencia para entenderse trabado el conflicto. Es esta la forma en que debe proceder el ente investigador en un caso como el presente, razón por la cual resulta desacertado que devuelva el expediente a la justicia penal militar.

16. Así, es preciso recordar, tal como lo hizo la Sala en el Auto 117 de 2022, que la legitimación que tiene la Fiscalía General de la Nación para promover directamente conflictos (negativos o positivos) jurisdiccionales respecto de la justicia penal militar, “está circunscrita únicamente a aquellos eventos en que la conducta que se investiga pueda constituir una grave violación a los Derechos Humanos”. En el asunto bajo análisis no puede afirmarse bajo ninguna circunstancia que se están investigando hechos que puedan estar relacionados con crímenes especialmente lesivos como el genocidio, los de lesa humanidad, los crímenes de guerra, trabajos forzados, etc.

17. En efecto, a juicio de la Sala Plena, la descripción de las conductas presuntamente delictivas[37], así como la poca información recaudada por la justicia penal militar acerca de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron, permiten concluir a primera vista que su comisión no implica el establecimiento o mantenimiento de personas en estado de esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso, la detención arbitraria y prolongada, el desplazamiento forzado, la violencia sexual contra las mujeres y el reclutamiento forzado de menores de edad. En suma, no involucra ningún hecho que pueda considerarse una grave violación a los Derechos Humanos.

18. Finalmente, la Sala considera pertinente advertir que el análisis sobre la posible comisión de una grave violación a los Derechos Humanos es de carácter preliminar y no constituye de ningún modo un prejuzgamiento de las conductas investigadas como delitos, ya que ello es del resorte exclusivo del juez de conocimiento.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,