Auto nº 1157/22 de Corte Constitucional, 12 de Agosto de 2022
| Ponente | Diana Constanza Fajardo Rivera |
| Fecha de Resolución | 12 de Agosto de 2022 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | CJU-1813 |
Auto 1157/22
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Acción de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo propio
Referencia: expediente CJU-1813
Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de B. y el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de la misma ciudad.
Magistrada ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintidós (2022)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente
AUTO
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El 8 de mayo de 2019,[1] la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante, C.) presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el señor J.O.C.M..[2] Solicitó la declaratoria de nulidad de la Resolución SUB-307280 del 26 de noviembre de 2018, mediante la cual se reconoció una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a favor del demandado.[3]
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A través de providencia del 21 de septiembre de 2021,[4] el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de B. declaró su falta de jurisdicción para conocer el asunto y ordenó la remisión del expediente a los Jueces Laborales del Circuito de B.. Argumentó que, de conformidad con los anexos obrantes en el expediente, el asunto bajo estudio es una controversia entre un trabajador del sector privado y un administrador público del régimen de seguridad social, cuyo conocimiento se encuentra excluido de esta jurisdicción, a partir de lo dispuesto en el artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, CPACA),[5] y en su lugar, ha sido asignado a la Jurisdicción Ordinaria Laboral según lo previsto en el numeral 4 del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (en adelante, CPTSS).[6] Como fundamento de su decisión citó además jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado.[7] Esta decisión fue objeto de recurso de reposición por la parte demandante.[8] En consecuencia, el 12 de octubre de 2021,[9] la misma autoridad judicial emitió un auto mediante el cual resolvió no reponer la decisión recurrida y reiteró los argumentos expuestos en aquella.
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Por su parte, mediante auto del 14 de diciembre de 2021,[10] el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de B. propuso conflicto negativo de jurisdicción y remitió el expediente a la Corte Constitucional para su resolución. Señaló que, debido a que lo pretendido es la declaratoria de nulidad de un acto administrativo, independientemente de la relación laboral que hubiese ostentado el pensionado, su conocimiento es propio de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, según lo ha establecido jurisprudencialmente la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura[11] y la Corte Constitucional.[12] Citó además los artículos 16 del Código General del Proceso y 145 del CPTSS.[13]
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La Corte Constitucional es competente para conocer de los conflictos de competencia que se susciten entre las distintas jurisdicciones de acuerdo con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.
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Este Tribunal ha señalado que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones:[14] (i) presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones;[15] (ii) presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional;[16] y (iii) presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa.[17]
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La Sala constata que en el presente caso se cumplen tales presupuestos, puesto que (i) el conflicto se suscita entre dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones, en esta oportunidad, de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de la Jurisdicción Ordinaria (presupuesto subjetivo). (ii) El conflicto versa sobre el conocimiento de la demanda de C. contra su propio acto (presupuesto objetivo). (iii) Ambas autoridades jurisdiccionales enunciaron razonablemente fundamentos de índole constitucional y legal, en los que soportan cada una de sus posiciones dirigidas a negar su competencia. Específicamente, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de B. invocó los artículos 2.4 del CPTSS y 105 del CPACA y jurisprudencia del Consejo de Estado. Por su parte, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de B. citó los artículos 16 del Código General del Proceso y 145 del CPTSS y jurisprudencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional (presupuesto normativo).
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La Sala Plena ha establecido que, cuando una entidad pública demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, un acto administrativo propio tras no obtener la autorización del titular para revocarlo directamente, el asunto es competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, incluso si el acto se pronuncia sobre derechos pensionales.[19] La Corte Constitucional ha llegado a esta conclusión con base en los artículos 97 y 104 del CPACA. Según el primero de ellos, si el titular no autoriza a la administración de manera previa, expresa y escrita para revocar directamente un acto administrativo de carácter particular que lo afecta, “deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”[20] A su vez, según el artículo 104 del mismo código, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo resuelve los conflictos jurídicos relacionados con “actos (…) sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas (…)”. Según la Corte, tal competencia de los jueces administrativos cubre actos administrativos relativos a derechos pensionales, en la medida que la habilitación para que la administración demande un acto propio tiene como objetivo, entre otros, proteger el interés y el patrimonio público.[21]
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Así las cosas, en la medida que en el presente caso C. demandó un acto administrativo propio en el que se pronunciaba sobre derechos pensionales, el asunto es competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Por lo tanto, esta Corporación resolverá el conflicto en el sentido de declarar que corresponde al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de B. conocer de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por C.. La Sala ordenará remitirle el expediente de la referencia a dicha autoridad judicial para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados.
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De conformidad con lo establecido en el Auto 316 de 2021, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer de una demanda presentada por una entidad pública, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra un acto administrativo propio tras no obtener la autorización del titular para revocarlo directamente, incluso si el acto se pronuncia sobre derechos pensionales.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de B. y el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de la misma ciudad y DECLARAR que el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de B. es la autoridad competente para conocer la demanda presentada por C. contra el señor J.O.C.M..
Segundo. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-1813 al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de B. para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados y al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de B..
N., comuníquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Presidenta
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
HERNÁN CORREA CARDOZO
Magistrado (E)
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Acta de reparto. Documento digital “001ExpedienteDigital”, P. 42.
[2] La demanda consta en el documento digital “001ExpedienteDigital”, Pp. 2-24.
[3] En concepto de C., el acto administrativo no se ajustó a derecho por cuanto se logró comprobar que existió un doble giro en el pago de la indemnización sustitutiva.
[4] Documento digital “008AutoDeclaraFaltaJurisdiccion”.
[6] Modificado por el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012).
[7] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, subsección A. Magistrado: W.H.G.. Auto del 28 de marzo de 2019, dentro del proceso R.. 11001-03-25-000-2017-00910-00 (4857).
[8] Archivo digital “011RecursoReposicion”.
[9] Archivo digital “012AutoResuelveReposiciónFaltaJurisdiccion”.
[10] Documento digital “017AutoResuelveColisionNegativaAccionLesividad”.
[11] Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en proveído del 28 de noviembre de 2017, rad. 110010102000201702640 00 con ponencia del Dr. JULIO C.V.H. y providencia del 27 de agosto de 2012, R.. 11001010200020120176 00 con ponencia del Dr. A.L.R..
[12] Sentencias SU- 189 de 2019 y T-136 de 2019
[13] El expediente fue remitido a la Corte Constitucional mediante correo electrónico el 18 de enero de 2022. El 15 de julio de 2022 la Sala Plena de la Corte Constitucional repartió el asunto de la referencia para su sustanciación al Despacho de la magistrada D.F.R.. El expediente digital respectivo fue enviado al despacho sustanciador a través de acta secretarial del 19 de julio de 2022.
[14] Auto 155 de 2019. M.L.G.G.P..
[15] En consecuencia, no habrá conflicto cuando: (a) sólo sea parte una autoridad o (b) una de las partes en colisión no ejerza funciones jurisdiccionales.
[16] En este sentido, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional (Artículo 116 de la Constitución).
[17] Así pues, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que, a pesar de concurrir formalmente dos autoridades judiciales, alguna de ellas no ha rechazado su competencia o manifestado su intención de asumirla; o (b) la exposición sobre la competencia desplegada por las autoridades en conflicto no tiene, al menos aparentemente, fundamento normativo alguno al sustentarse únicamente en argumentos de mera conveniencia.
[18] M.C.P.S..
[19] Esta postura de la Corte fue establecida por primera vez en el Auto 316 de 2021. M.C.P.S.. SV. D.F.R.. Tal posición ha sido reiterada, entre muchos otros, en los autos 377 de 2021. M.J.F.R.C.; 384. M.J.F.R.C.; 385 de 2021. M.P.A.M.M.; 391 de 2021. M.A.L.C.; 402 de 2021. M.A.J.L.O.; 412 de 2021. M.G.S.O.D.; 432 de 2021. M.A.L.C.; 434 de 2021. M.C.P.S. y 437 de 2021. M.A.L.C.. Esta es la hipótesis que doctrinaria y jurisprudencialmente se ha descrito con el concepto de acción de lesividad, que se refiere al escenario en el que la administración demanda un acto propio con el objetivo de defender los intereses de la Nación y proteger los recursos públicos, entre otros fines.
[20] Ley 1437 de 2011, artículo 97.
[21] La Corte Constitucional ha sostenido que “donde se evidencia el ejercicio de la denominada acción de lesividad, prevalece la competencia de la jurisdicción especial sobre la ordinaria y por tanto, la competencia corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativa.” Auto 316 de 2021. M.C.P.S.. SV. D.F.R..
