Auto nº 1220/22 de Corte Constitucional, 24 de Agosto de 2022
| Ponente | Jorge Enrique Ibáñez Najar |
| Fecha de Resolución | 24 de Agosto de 2022 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | CJU-1170 |
Auto 1220/22
COMPETENCIA DE LA JURISDICCION ORDINARIA LABORAL-Conflictos que se originen en el contrato de trabajo
Referencia: Expediente CJU-1170
Conflicto de jurisdicción suscitado por el Juzgado 3º Laboral del Circuito de Sincelejo y el Juzgado 3º Administrativo del Circuito de Sincelejo
Magistrado Ponente: JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintidós (2022)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, en particular, de la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente
AUTO
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El 26 de julio de 2013, la señora D.L.M., por medio de apoderado legal, presentó demanda Ordinaria Laboral en contra de la Cooperativa Integral de Trabajadores de Sucre “COINTERSUC”, y solidariamente a la E.S.E. Centro de Salud San José de San Marcos, con el objeto de que, entre otras: (i) se declare que entre la demandante y COINTERSUC existió una relación laboral la cual comenzó el 1 de marzo de 2009 y terminó el 31 de agosto de 2011; (ii) se declare solidariamente responsable a la E.S.E. Centro de Salud San José de San Marcos por ser beneficiaria directa de los servicios prestados; (iii) se declare que el contrato de trabajo terminó por decisión verbal, injusta y unilateral del empleador el 31 de agosto de 2011; y iv) se condene a la empresa demandada al pago de prestaciones sociales, aportes pensionales y de salud, sanciones moratorias y la indemnización de despido sin justa causa.[1] Lo anterior, basado en que la señora D.L.M. fue vinculada por medio de COINTERSUC a la E.S.E. Centro de Salud San José de San Marcos, para desempeñar funciones como Auxiliar de Enfermería, entre el 1º de marzo de 2009 y el 31 de agosto de 2011. Según afirmaciones de la demandante, laboró de manera personal y subordinada, cumpliendo un horario de trabajo y efectuando las órdenes generadas desde la Gerencia de la E.S.E. Centro de Salud San José de San Marcos.[2]
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La demanda fue repartida al Juzgado 2º Laboral del Circuito de Sincelejo, Sucre, el cual, mediante Auto del 8 de agosto de 2013, admitió la misma y ordenó su traslado a las demandadas.[3] Posteriormente, mediante Auto del 27 de enero de 2016, se remitió el expediente al Juzgado 3º Laboral del Circuito de Sincelejo. Lo anterior, dado que el Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura No. PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 creó el Juzgado 3º Laboral del Circuito de Sincelejo y el Acuerdo No. PSAA16-PSA No. 064 del 26 de enero de 2016, de esta misma Corporación, ordenó redistribuir la carga de los Juzgados 1º y 2º Laborales del Circuito de Sincelejo con el nuevo juzgado laboral.[4]
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El 3 de agosto de 2016, el Juzgado 3º Laboral del Circuito de Sincelejo asumió el conocimiento del asunto, continuando con el trámite del proceso ordinario laboral. El 8 de julio de 2020, mediante Auto, este despacho judicial declaró la falta de jurisdicción para conocer del asunto y ordenó remitir el expediente a los juzgados administrativos. Determinó que la demanda va dirigida contra una empresa social del Estado, por lo que tiene una categoría de entidad pública descentralizada cuyo objeto es la prestación de servicios de salud, basado en los artículos 194 de la Ley 100 de 1993 y 2º del Decreto 1750 de 2003. Afirmó que las empresas sociales del Estado se sujetan al régimen de la Ley 100 de 1993 y la Ley 344 de 1996, en razón a su naturaleza jurídica, según lo previsto en el artículo 83 de la Ley 489 de 1998. De esa manera, afirmó este despacho, el literal i) del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, señala que las personas vinculadas a una empresa social del Estado tienen carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales, de acuerdo con las reglas del Capítulo iv de la Ley 10 de 1990. La regla general de este Capítulo señala que los empleos son de libre nombramiento y remoción o de carrera y, por excepción, trabajadores oficiales, los cuales están destinados al mantenimiento físico de la planta hospitalaria o los servicios generales en las mismas instituciones. De esa manera, puntualizó que las funciones de Auxiliar de Enfermería tienen relación con las desempeñadas por un empleado público, siendo, entonces, competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 104.4 de la Ley 1437 de 2011.[5]
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El 22 de octubre de 2020, el asunto fue repartido al Juzgado 3º Administrativo del Circuito de Sincelejo.[6] Este juzgado, mediante Auto del 19 de febrero de 2021, declaró su falta de jurisdicción y competencia para conocer del asunto, promovió conflicto negativo entre jurisdicciones y ordenó remitir el expediente al Consejo Superior de la Judicatura para dirimir el conflicto. Sustentó su decisión citando el artículo 104.4 de la Ley 1437 de 2011, el cual dispone que la jurisdicción de lo contencioso administrativo solo conocerá, en asuntos laborales, sobre los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado. Seguidamente, anotó el artículo 2.1. de la Ley 712 de 2001, resaltando que los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo son de competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral. De lo anterior, infirió que “la Jurisdicción Contencioso Administrativo, conoce aquellos asuntos laborales surgidos entre los servidores públicos y el Estado, y que la jurisdicción ordinaria conocerá de aquellos asuntos laborales en que se encuentren involucrados particulares.”[7] En consecuencia, afirmó que la cuestión litigiosa deriva en un conflicto netamente entre particulares. Sostuvo que se le pide declarar responsable solidariamente a una empresa social del Estado, pero en contra de ella no se solicita reconocer un vínculo laboral con la demandante. Así las cosas, se solicita es reconocer un vínculo laboral entre la señora D.L.M. y COINTERSUC, asunto que debe ser de conocimiento de los jueces laborales.[8]
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El 18 de marzo de 2021, el Consejo Superior de la Judicatura devolvió el expediente al juzgado de origen, señalando que la Corte Constitucional es la competente para dirimir los conflictos entre jurisdicciones, de acuerdo con el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015. Finalmente, el expediente fue enviado por el Juzgado 3º Administrativo del Circuito de Sincelejo el 13 de julio de 2021 a la Corte Constitucional para dirimir el conflicto entre jurisdicciones. El 28 de enero de 2022, la Sala Plena repartió el expediente de la referencia al despacho del Magistrado sustanciador, y el 2 de febrero de 2022 se hizo entrega del expediente.
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Competencia
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De conformidad con lo previsto en los artículos 241.11 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015,[9] la Sala Plena de la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de competencia entre jurisdicciones.
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Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones
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Esta Corporación ha señalado que los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”.[10]
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En ese sentido, en el Auto 155 de 2019, la Sala Plena precisó que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de competencia entre jurisdicciones. Exigencias que en el presente caso se acreditan tal y como se demuestra a continuación:
Presupuesto
Contenido
Constatación
Subjetivo
La controversia debe ser suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones.[11]
El conflicto se suscitó entre una autoridad de la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral y otra perteneciente a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Objetivo
Existencia de una causa judicial sobre la cual se desarrolle la controversia, lo que requiere constatar que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional.[12]
Existe una controversia entre el Juzgado 3º Laboral del Circuito de Sincelejo y el Juzgado 3º Administrativo del Circuito de Sincelejo, para resolver la demanda laboral presentada por la señora D.L.M. contra COINTERSUC, y, en solidaridad, contra la E.S.E. Centro de Salud San José de San Marcos.
Normativo
Las autoridades involucradas en el conflicto de jurisdicciones deben haber manifestado expresamente las razones por las cuales se consideran competentes -o no- para conocer de dicha causa judicial.[13]
Tanto el Juzgado 3º Laboral del Circuito de Sincelejo como el Juzgado 3º Administrativo del Circuito de Sincelejo, acudieron a fundamentos legales para defender sus posturas sobre la falta de competencia. La primera autoridad judicial señaló que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, 2º del Decreto 1750 de 2003, la Ley 344 de 1996, el artículo 83 de la Ley 489 de 1998 y el título IV de la Ley 10 de 1990, los funcionarios de las empresas sociales del Estado son empleados públicos o trabajadores oficiales. Determinó que la categoría común de las personas que trabajan para estas empresas es de empleado público y, excepcionalmente, de trabajador oficial; siendo el trabajador oficial una persona que se encarga del mantenimiento físico de la planta hospitalaria o los servicios generales en las mismas instituciones. Así las cosas, cuando se trata de una Auxiliar de Enfermería, por las funciones realizadas, es una empleada pública por lo que su demanda debe ser de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por su parte, la segunda autoridad manifestó que, basado en los artículos 104.4 y el artículo 2.1. de la Ley 712 de 2001, este asunto no corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, al tratarse de un asunto que proviene de un conflicto entre particulares, puesto que la demandante pretende que se declare un vínculo laboral con COINTERSUC, sin que esto implique una solicitud de reconocimiento laboral por parte de la E.S.E. Centro de Salud San José de San Marcos.
C.A. objeto de decisión y metodología
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Con base en lo anterior, la Corte dirimirá el conflicto entre el Juzgado 3º Laboral del Circuito de Sincelejo y el Juzgado 3º Administrativo del Circuito de Sincelejo. En primer lugar, reiterará lo dicho por esta Corporación sobre la competencia judicial para conocer de los conflictos relacionados directa o indirectamente en una relación de trabajo con cooperativas de trabajo asociado. En segundo lugar, resolverá el caso concreto.
Competencia para conocer de los conflictos relacionados directa o indirectamente en una relación de trabajo con empresas de servicios temporales
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La Sala Plena ha establecido que los jueces laborales y de la seguridad social son los competentes para conocer de demandas contra cooperativas de trabajo asociado, en las que la parte demandante solicita que se declare la existencia de una relación laboral con la demandada y se establezca que la entidad pública en la que prestó sus servicios personales es solidariamente responsable por el pago de los derechos y prestaciones derivadas del correspondiente contrato de trabajo.[14] La Corte ha llegado a esta conclusión con fundamento en el Artículo 2 de la Ley 712 de 2001, que dispone que la mencionada jurisdicción resuelve los conflictos jurídicos que se generen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. Así, si las pretensiones de la demanda se desprenden de un contrato de trabajo alegado, es el juez ordinario laboral la autoridad competente para conocer del asunto.[15]
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Finalmente, en los Autos 264 de 2021 y 739 de 2021, esta corporación recalcó que a la jurisdicción ordinaria laboral le corresponde el conocimiento de los conflictos originados directa o indirectamente en el contrato de trabajo, con independencia de que el empleador sea un particular o una entidad pública. Lo anterior, teniendo en cuenta que, “la sola mención de una entidad pública en el extremo pasivo del proceso no implica que la Jurisdicción Ordinaria Laboral no tenga competencia para asumir el conocimiento del asunto, por el contrario, la competencia de esta jurisdicción viene dada desde que el demandante afirma que tiene una relación laboral regida por un contrato de trabajo, ya sea presunto o expreso”.[16]
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La Sala Plena advierte que en el caso sub judice se presentó un conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 3º Laboral del Circuito de Sincelejo y el Juzgado 3º Administrativo del Circuito de Sincelejo.
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Con fundamento en las consideraciones planteadas, la Sala dirime el presente conflicto a favor del Juzgado 3º Laboral del Circuito de Sincelejo, pues es la autoridad competente para conocer del presente asunto.
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Lo anterior, dado que la señora D.L.M. solicita, en su escrito de demanda, se declare la existencia de una relación laboral entre ella y la cooperativa de trabajo COINTERSUC, conllevando la condena del pago de los derechos y prestaciones sociales respectivas. En consecuencia, el asunto es de competencia de la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, de conformidad con la regla fijada en el Auto 521 de 2021. Ahora bien, la posible responsabilidad solidaria de la E.S.E. Centro de Salud San José, según se solicita en la demanda, no desplaza la competencia de la Jurisdicción Ordinaria, de conformidad con lo mencionado en los Autos 264 de 2021 y 739 de 2021.
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Conforme a los anterior, la Corte, con fundamento en lo previsto en el artículo 2 de la Ley 712 de 2001, ordenará remitir el expediente al Juzgado 3º Laboral del Circuito de Sincelejo, para lo de su competencia, y para que comunique la presente decisión a los interesados.
Regla de decisión: La Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, es la competente para conocer de demandas contra cooperativas de trabajo asociado, en las que la parte demandante solicita que se declare la existencia de una relación laboral con la demandada y se establezca que la entidad pública en la que prestó sus servicios personales es solidariamente responsable por el pago de los derechos y prestaciones derivadas del correspondiente contrato de trabajo.
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
Primero.- DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 3º Laboral del Circuito de Sincelejo y el Juzgado 3º Administrativo del Circuito Sincelejo, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 3º Laboral del Circuito de Sincelejo es la autoridad competente para conocer del proceso promovido por la señora D.L.M..
Segundo.- Por Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-1170 al Juzgado 3º Laboral del Circuito de Sincelejo para que adelante las funciones de su competencia, y para que comunique esta decisión al Juzgado 3º Administrativo del Circuito de Sincelejo y a los sujetos procesales e interesados dentro del trámite judicial correspondiente.
N., comuníquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Presidenta
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
HERNÁN CORREA CARDOZO
Magistrado (E)
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Expediente Digital “01Demanda.pdf”, folio 3.
[2] Expediente Digital “01Demanda.pdf”, folio 2.
[3] Expediente Digital “01Demanda.pdf”, folio 22.
[4] Expediente Digital “01Demanda.pdf”, folio 708.
[5] Expediente Digital “02Anexos.pdf”, folios 57 y ss.
[6] Expediente Digital “03ActaReparto.pdf”, folio 1.
[7] Expediente Digital “04AutoDeclaraFaltaJurisdiccion20210219.pdf”, folio 3.
[8] Expediente Digital “04AutoDeclaraFaltaJurisdiccion20210219.pdf”, folios 2 y ss.
[9] “Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: (…) 11. Numeral adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015: Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones”.
[10] Cfr. Autos 345 de 2018, 328 de 2019, 452 de 2019 y 608 de 2019.
[11] En consecuencia, no habrá conflicto cuando: (a) sólo sea parte una autoridad; o (b) una de las partes en colisión no ejerza funciones jurisdiccionales (Cfr. Artículos 17, 18, 37 y 41 de la Ley 270 de 1996, así como 97 de la Ley 1957 de 2019).
[12] En este sentido, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional (Cfr. Artículo 116 de la Constitución Política).
[13] Así pues, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que, a pesar de concurrir formalmente dos autoridades judiciales, alguna de ellas no ha rechazado su competencia o manifestado su intención de asumirla, o (b) la exposición sobre la competencia desplegada por las autoridades en conflicto no tiene, al menos aparentemente, fundamento normativo alguno al sustentarse únicamente en argumentos de mera conveniencia.
[14] Corte Constitucional, Autos 264, 378 y 380 de 2021.
[15] Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Auto del 9 de octubre de 2019. Citado por la Corte Constitucional en el Auto 264 de 2021.
[16] Corte Constitucional, Auto 264.
