Auto nº 1311/22 de Corte Constitucional, 7 de Septiembre de 2022

1. Síntesis de los hechos que dieron lugar a la sentencia T-168 de 2022

1. En la sentencia T-168 de 2022, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional[2] se pronunció sobre la acción de tutela presentada por el señor JH en representación de su hija menor de edad SSHR. El accionante alegó la vulneración de los derechos a la vida, la salud, la dignidad, al buen nombre y honra, el debido proceso, la presunción de inocencia y a la educación de la menor de edad.

2. Para sustentar dicha vulneración, argumentó que, el 06 de septiembre de 2019, SSHR – de 11 años para el momento de los hechos – fue citada por el coordinador de convivencia debido al “extravío” de treinta siete mil pesos ($37.000), hechos que le fueron atribuidos. Según el accionante, se le dio un “manejo indebido a la situación” y, en consecuencia, vulneró lo dispuesto en la Constitución y los lineamientos dispuestos en el Manual de Convivencia de la institución (en adelante MC), generando graves afectaciones en la salud mental de su hija[3]. Debido a estas situaciones, el mismo día en que tuvieron lugar los hechos[4], la menor llegó a su casa “afectada, deprimida y desesperada por las posibles reacciones de sus padres [por] lo que la obligaron a escribir y los señalamientos de sus compañeros”[5]. Razón por la que “tom[ó] la mala decisión de ingerir solvente (clorox) con la intención de quitarse la vida”[6], desencadenándole con ello severos dolores por la sustancia ingerida, por lo que fue trasladada a un centro de salud donde fue atendida y hospitalizada.

3. Por estas razones, el actor refirió que su hija decidió no continuar el ciclo académico. Así, la familia inició los trámites para concretar el cambio de institución educativa, por lo que le requirió a la accionada para que les entregara los resultados académicos del tercer trimestre escolar. No obstante, el Colegio negó la petición debido a las inconsistencias en el pago de las pensiones del año escolar 2019, a pesar de que el señor JH propuso un acuerdo para solventar las deudas y manifestó su impago en su falta de trabajo estable. De manera que alegó que la negación a entregar el boletín académico para el tercer trimestre del 2019, por mora en el pago de la pensión, vulneró el derecho a la educación de su hija dado que no pudo continuar con el proceso de matriculación en otra institución educativa.

4. En relación con las afirmaciones del actor, la accionada aseguró haber actuado conforme a los procesos establecidos en el MC y en la Constitución, por lo que argumentó que no había prueba suficiente que demostrara que la agresión de la menor de edad contra sí misma respondiera a los hechos ocurridos el 5 y 6 septiembre de 2019. Respecto a la retención de los documentos académicos, amparó su negativa de entregar el boletín del tercer trimestre en la mora en el pago de la pensión y el artículo 14 de la Resolución No. 016289 del 28 de septiembre de 2018 del Ministerio de Educación.

5. El juez que conoció en primera instancia[7], en sentencia del 15 de noviembre de 2019, declaró la improcedencia del amparo solicitado, tras considerar que el actor contaba con otros mecanismos en la jurisdicción ordinaria para proteger sus derechos. No obstante, resaltó que la accionada no vulneró ningún derecho. Esta decisión fue impugnada por el accionante.

6. Posteriormente, el juez de segunda instancia[8], mediante fallo del 27 de enero de 2020, confirmó lo dicho por el a quo. Precisó, primero, que no había prueba fehaciente que indicara la falta de cuidado por parte del colegio al manejar el proceso disciplinario. Segundo, resaltó que los accionantes no cumplieron con los requisitos establecidos por la sentencia SU-624 de 1999, pues no probó: (i) si existía una efectiva imposibilidad para el no pago de los cánones pensionales, (ii) si era una justa causa, y (iii) si había la clara voluntad de pago por parte del acudiente. Por último, remitió el proceso a la Corte Constitucional.

7. Este expediente, con el radicado T- 8.514.831, fue seleccionado por la Sala de Selección Número Uno[9] de la Corte Constitucional para efectos de su revisión y repartido a la magistrada C.P.S.[10].

2. La sentencia T-168 de 2022

8. Mediante sentencia T-168 de 2022, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, luego de verificar la procedencia de la acción de tutela, se propuso resolver los siguientes problemas jurídicos. De una parte, establecer si ¿El Colegio Nuestra Señora de las Nieves vulneró los derechos a la dignidad, el debido proceso, la honra y el buen nombre con ocasión del proceso disciplinario adelantado en contra de la menor SSHR por el extravío de treinta y siete mil pesos ($37.000), al obligar a la menor escribir la citación a sus padres en la agenda, no escucharla a lo largo del proceso y permitir que compañeros vieran los vídeos de seguridad de la institución? ¿En el presente caso se configuró una carencia actual de objeto por daño consumado ya que la menor SSHR no hace parte de la institución educativa?

   Por otra parte, si ¿El Colegio Nuestra Señora de las Nieves vulneró el derecho a la educación de la menor SSHR al negarse a entregar el boletín del tercer trimestre del año 2019 por la mora en el pago de la pensión?

   Para resolver dichos problemas, reiteró la jurisprudencia constitucional en relación a los siguientes temas: (i) el debido proceso en el marco de procesos disciplinarios adelantados por instituciones educativas[11]; (ii) los derechos la honra y el buen nombre en el desarrollo de procesos disciplinarios realizados por instituciones educativas[12]; (iii) el manejo del acoso o matoneo (“bullying”) en instituciones académicas[13] y (iv) la retención de boletines de notas y/u otras certificaciones académicas por la mora en el pago de la pensión[14].

   Ahora, para el caso concreto, la Sala Séptima de Revisión encontró que la accionada vulneró los derechos al debido proceso, la dignidad, al buen nombre, la honra y a la educación de SSHR. Respecto del derecho al debido proceso y la dignidad, declaró su vulneración en la medida en que la accionada (i) citó de forma irregular a los padres de familia al indicarle a la niña que escribiera la nota en la agenda, lo cual generó que se le inculpara de un hecho sin haber surtido todo el proceso disciplinario correspondiente; (ii) no escuchó la versión de la menor de edad ya que no hay ningún registro de qué manifestó la niña o en qué medida se la escuchó y (iii) no probó quiénes efectivamente tuvieron acceso a los vídeos de seguridad, es más, el colegio se contradijo porque, en la contestación de la tutela, hizo referencia a que la directora de grupo fue la única que vio las cámaras pero, en sede de revisión, afirmó que habían sido revisadas por otra funcionaria. Como en el caso se estaba en presencia de una carencia actual de objeto por daño consumado y no había posibilidades de repetir el proceso disciplinario, se dieron órdenes a la accionada para que, en el futuro, respete todas las garantías del debido proceso.

   Con relación a la vulneración a los derechos del buen nombre y honra, la Sala ordenó a la accionada coordinar un acto de disculpas para rectificar públicamente la imagen de SSHR, en donde deben participar las directivas, sus excompañeros y su familia.

   Sobre el escenario del matoneo escolar, la Corte reconoció que:

   “aunque este caso no se trata de insultos sistemáticos ya que los hechos ocurrieron entre el 5 y 6 de septiembre de 2019, sí se configuraron el resto de las características para considerar que existía un escenario de matoneo o acoso escolar. A saber, se trató de agresiones: (i) intencionales, (ii) representaron un desequilibrio de poder entre el agresor (individual o grupal) y la víctima, (iii) afectaron la dignidad de la menor, (iv) produjeron efectos en el tiempo hasta el punto de evitar a la niña regresar a la institución, y (v) se produjo a través de comentarios de forma presencial por parte de sus compañeros”[15].

   Por esta razón, ordenó a la accionada mejorar sus procesos de detección de posibles casos de acoso escolar.

   Por último, respecto del derecho a la educación, esta Corporación determinó que:

   “primero, el servicio público de educación prestado por la accionada no se interrumpió y se prestó de manera integral, a pesar de la mora en el pago. Segundo, la institución educativa ofreció herramientas como acompañamiento psicológico y opciones de atender a las clases de manera virtual[16] con el fin de mantener la continuidad en la prestación del servicio. Tercero, si bien el Colegio Nuestra Señora de las Nieves no entregó el boletín de notas del tercer período, sí entregó una certificación de estudios que demostró la aprobación del grado sexto[17]. No obstante estas observaciones, para el caso en concreto, también se evidenciaron límites injustificados al derecho a la educación de la menor SSHR, que demostraron la vulneración al derecho a la educación por parte de la accionada. Esto se debe, principalmente, a la obstaculización del proceso de matriculación en otra institución educativa”[18].

   Con base en estas consideraciones, resolvió:

   “PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de Bogotá el 20 de enero de 2020, que negó por improcedente la acción de tutela interpuesta por JH en representación de su hija menor de edad SSHR. En su lugar, DECLARAR que existió una vulneración de los derechos fundamentales de la menor SSHR a la dignidad y el debido proceso, a pesar de que en la actualidad se estructuró una carencia actual de objeto por daño consumado, conforme a lo expuesta en la parte motiva de esta providencia.

   SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR al Colegio Nuestra Señora de las Nieves que, en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la presente providencia, modifique sus protocolos de atención en casos de matoneo o acoso escolar, incluyendo la capacitación de los docentes y directivas, para así detectar de manera temprana los posibles casos. Para esto, deberá (i) incluir dentro del protocolo la capacitación a los docentes y directivas sobre la identificación de los posibles casos y (ii) mejorar la definición de qué se entiende por acoso escolar, con el fin de que el colegio pueda actuar inmediatamente ante signos de alerta y así prevenir los posibles casos[19]. Además, ORDENAR al Colegio Nuestra Señoras de las Nieves que, en futuras ocasiones, respete las garantías del debido proceso en los procesos disciplinarios contra sus estudiantes. Para esto, deberá modificar el Manual de Convivencia para consagrar la obligación de (i) citar de forma correcta a los padres y/o acudientes; (ii) permitir el derecho a la defensa dentro del proceso escuchando a los estudiantes involucrados; (iii) procurar que el material probatorio no sea divulgado entre los estudiantes no involucrados y (iv) respetar las demás garantías procesales señaladas en el numeral 4 de las consideraciones.

   TERCERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintitrés Civil del Circuito del Circuito de Bogotá el 20 de enero de 2020, que negó por improcedente la acción de tutela interpuesta por JH en representación de su hija menor de edad SSHR. En su lugar, DECLARAR que existió una vulneración de los derechos fundamentales de la menor SSHR al buen nombre y la honra.

   CUARTO. En consecuencia, ORDENAR al Colegio Nuestra Señoras de las Nieves que coordine un acto de disculpas y así retractar públicamente el buen nombre e imagen de la menor SSHR ante sus excompañeros de clase. Dicho acto debe coordinarse con los padres de la menor, donde además participen las directivas del colegio, y se logre el restablecimiento de sus derechos.

   QUINTO. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintitrés Civil del Circuito del Circuito de Bogotá el 20 de enero de 2020, que negó por improcedente la acción de tutela interpuesta por JH en representación de su hija menor de edad SSHR. En su lugar, DECLARAR que existió una vulneración del derecho fundamental de la menor SSHR a la educación.

   SEXTO. ORDENAR al Colegio Nuestra Señoras de las Nieves que entregue los boletines de notas del tercer período del año 2019 y el respectivo consolidado del año 2019 de la menor SSHR. Además, ADVERTIR al Colegio que, en futuras ocasiones, acceda a la entrega de los boletines académicos luego de la firma de acuerdos de pago, a efectos de garantizar el derecho a la educación”.

3. La solicitud de nulidad

9. Mediante oficio enviado por la Secretaría General de la Corte Constitucional al despacho de la magistrada ponente el 28 de junio de 2022[20], se informó sobre la solicitud de nulidad presentada por el representante legal del Colegio Nuestra Señora de las Nieves, el señor J.A.S.S., en contra de la sentencia de la referencia[21].

   Dicha solicitud requirió dejar sin efecto “la sentencia T 168 del 23 de mayo del año curso, toda vez que es evidente, notorio y flagrante la vulneración del debido proceso y, por ende, el de defensa y acceso a la administración de justicia”[22]. Para sustentar esta afirmación argumentó que cumplía con los requisitos de procedencia excepcional de las nulidades. De esta manera, respecto de la oportunidad, relató que la sentencia fue notificada el 16 de junio de 2022, por lo que se encontraba dentro de los tres (3) días siguientes para radicar la solicitud de nulidad. En relación a legitimación de la causa por activa sustentó que, al ser el representante legal de la accionada, estaba habilitado para solicitar la nulidad de la sentencia por cuanto que “el amparo concedido por el órgano de control va direccionado al Colegio Nuestra Señora de las Nieves”[23].

   Ahora, para cumplir con el deber de argumentación, el señor S. afirmó que la sentencia T-168 de 2022 vulneró “los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la imparcialidad y las garantías convencionales, constitucionales y legales”[24]. Al respecto, presentó los siguientes argumentos.

   Primero, en relación a la declaratoria de la vulneración al buen nombre de SSHR, la accionada reclamó que, para que procediera dicha declaratoria, el accionante debió demostrar la conducta cuestionada, lo cual no hizo. Por esta razón, “atendiendo el principio de la sana critica (sic), la lógica y las máximas de la experiencia [el fallador de instancia] negó la acción de tutela incoada en el presente asunto”[25]. Así, concluyó que el suscrito de la petición, como representante legal de la accionada, no incurrió en ninguna de las conductas endilgadas. Además, afirmó que “se evidenci[ó] que el actor utiliz[ó] la acción de tutela para que se le “repare” unos daños y perjuicios que presuntamente se le causaron a su menor hija”[26], siendo del resorte de la jurisdicción ordinaria.

   Segundo, argumentó que la sentencia de la referencia declaró que existió una situación “bullying” a SSHR, sin embargo, afirmó que “no existió tal evento en los términos señalados en el artículo segundo de la ley 1620 de 2013”[27]. De manera que, según la accionada, “lo aquí se suscit[ó] fue una situación de convivencia, la cual fue atendida dentro del debido proceso, como las que ocurren en la cotidianidad estudiantil, sin que aflore el concepto de bullying”[28].

   Tercero, de acuerdo al solicitante “el órgano de cierre constitucional – Sala Séptima de Revisión de Tutelas – no avizor[ó] las pruebas fehacientes que indicaban el cuidado por parte del Colegio al tratar el asunto en comento en lo que respecta a la menor”[29]. En este sentido, alegó que no se valoró “el proceso de acompañamiento desarrollado por el plantel educativo, en pro del rendimiento y superación del percance para con la menor en comento”[30]. Además, manifestó que “se entregó al finalizar el año escolar la correspondiente certificación de estudios, donde se registra que curso ya aprobó el grado sexto”[31].

   Cuarto, respecto a la notificación realizada por medio de la agenda escolar, la accionada argumentó que es:

   “la vía de comunicación entre los docentes (colegio) y los padres de familia (…) elemento este, que es de connotación estudiantil y de los mismos padres como el instrumento a fin de informar hechos y/o como en el caso en estudio, de citación a los padres, sin que por este aspecto o medio de comunicación, se quebrante derecho alguno”[32].

   Así, explicó es el medio más expedito para la comunicación con los familiares. Igualmente, afirmó que el “coordinador realiz[ó] la citación a la familia, a través de este medio, para comunicarle lo ocurrido”[33].

   Por último, respecto de los vídeos registrados en las cámaras de seguridad, el solicitante reclamó que el accionante no probó que los compañeros hubiesen observado los vídeos. En este sentido, alegó que era el accionante quien debía probar ya que “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen y para el caso en estudio, el actor no prob[ó] ni siquiera sumariamente el precitado dicho”[34]. Por estas razones, consideró que no vulneró ninguno de los derechos del accionante y la Corte debía decretar la nulidad de la sentencia T-168 de 2022.

4. Auto de traslado de la solicitud de nulidad y respuestas de los implicados.

10. Por auto del 05 de julio de 2022[35], la magistrada ponente ordenó el traslado de la solicitud de nulidad a todas las partes interesadas en el proceso[36].

11. Respuesta del accionante. Mediante correo electrónico del 14 de julio de 2022[37], el accionante requirió declarar improcedente la solicitud de nulidad. Para sustentar dicha petición, primero, argumentó que, según el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, no procede ningún recurso contra las sentencias de la Corte Constitucional. Además, resaltó que, de acuerdo con el mismo artículo, la nulidad de los procesos solo puede ser alegada antes de proferido el fallo, por lo que la solicitud presentada por el representante legal del Colegio Nuestra Señora de las Nieves es extemporánea.

    Segundo, se pronunció sobre el fondo del asunto, en el sentido de demostrar que la solicitud de nulidad pretendió ser utilizada como un recurso más por parte de la accionada, siendo que a lo largo del proceso no hubo vulneración al debido proceso. Esto se debe a que la institución educativa participó activamente en todas las etapas procesales, ejerció su derecho de defensa, y donde fueron valoradas, conforme la sana crítica y ajustados al debido proceso, la totalidad de las pruebas aportadas.

    Tercero, respecto a las apreciaciones del “bullying” realizadas por la accionada, afirmó que la solicitud de nulidad se refiere a situaciones fácticas ya debatidas y no a las razones para considerar vulnerado su derecho al debido proceso. Asimismo, resaltó que, referirse a los hechos acontecidos como “una situación de convivencia”, genera preocupación en tanto que está normalizando este tipo de conductas y no tomando una postura reflexiva frente a lo ocurrido. Para sustentar esta afirmación explicó que si el colegio solo le da importancia a un acto de “bullying” cuando este suceda de manera permanente en el tiempo, “es inminente la ocurrencia de nuevos acontecimientos similares en los cuales los derechos de los menores se puedan ver vulnerados y la institución actúe únicamente cuando las consecuencias ya estén presentes”[38].

    Cuarto, hizo referencia al artículo 167 del Código General del Proceso, para defender que la carga de la prueba puede recaer en la parte demandada cuando tenga una mayor cercanía y un fácil acceso a los elementos probatorios. En este sentido, la accionada era quien “tenía la posibilidad de acceder a los videos (sic) registrados por la cámara de seguridad en las instalaciones de la institución educativa y quien podía demostrar fuera de duda las afirmaciones”[39]. Además, relató que, en repetidas ocasiones, se le solicitó acceso a la accionada a los vídeos de seguridad, sin que obtuvieran una respuesta una respuesta positiva ni allegaran estos vídeos en el momento procesal oportuno.

    Por estas razones, el señor JH afirmó que “la solicitud de la demandada recae exclusivamente en elementos facticos y jurídicos que ya fueron debatidos en tres instancias distintas y que tuvieron como resultado una condena en [su] contra”[40].

1. Competencia

12. La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para conocer de la solicitud de nulidad formulada en el presente asunto, según se deduce de lo previsto en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 y la jurisprudencia constitucional[41].

2. Procedencia excepcional de la solicitud de nulidad en sede de revisión de tutela. Reiteración de jurisprudencia

13. En principio, según el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991[42], en concordancia con el artículo 243 de la Constitución[43], no procede ningún recurso contra las sentencias proferidas por la Corte Constitucional[44]. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha admitido que, en ciertas situaciones excepcionales, se pueda solicitar la nulidad de una sentencia dictada por esta Corte. Dichas situaciones, deben conllevar una grave afectación al debido proceso, por lo que, quien alega la existencia de una nulidad, debe cumplir con una exigente carga argumentativa[45].

De manera que la inconformidad frente (i) al sentido del fallo[46]; (ii) sus fundamentos teóricos, probatorios o procesales[47]; (iii) su redacción o estilo argumentativo, no son motivos para anular una providencia. Es por esto por lo que se vuelve indispensable ceñir el análisis a la vulneración del derecho al debido proceso[48].

Este carácter excepcional encuentra sustento en las siguientes razones. Primero, el principio de seguridad jurídica y el carácter de órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, que exigen la protección y defensa de la cosa juzgada constitucional contenida en las sentencias proferidas por esta Corporación[49]. Segundo, la solicitud de nulidad de una sentencia de tutela no es un recurso contra ella, por prohibición expresa de la ley. En realidad, se trata de una petición que genera un incidente especial que no se rige por las reglas del procedimiento ordinario ni contencioso administrativo, sino que es una figura propia del procedimiento constitucional, que busca subsanar irregularidades contenidas en la sentencia proferida por la Corte Constitucional[50]. Lo anterior, con el fin de evitar la reapertura de un debate en asuntos concluidos.

Sin embargo, como se señaló anteriormente, cuando la vulneración del derecho al debido proceso es evidente y se presenta dentro de un proceso en concreto, la Corte ha reconocido que las partes y los terceros con interés tienen la posibilidad de proponer la nulidad de las sentencias expedidas, luego de la emisión del fallo[51], siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos de carácter formal y material[52], como se explica a continuación.

1. Requisitos formales o de procedencia

   La jurisprudencia ha señalado que deben concurrir tres requisitos formales en toda solicitud de nulidad ya que, en caso de incumplir con alguno, habría rechazo de plano:

   (i) Oportunidad: se refiere al término dentro del cual debe presentarse el incidente de nulidad, es decir, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la sentencia[53].

   (ii) Legitimación: supone que el trámite incidental sea presentado por aquellos que hayan sido parte en el trámite de la acción de tutela, o por un tercero que resulte afectado por las órdenes proferidas en sede de revisión[54]. En este último caso, debe demostrar la certeza de la afectación de sus intereses como tercero para que proceda la legitimación para actuar en el incidente de nulidad[55].

   (iii) Carga argumentativa: quien pretenda la nulidad de una sentencia de revisión debe argumentar los preceptos constitucionales transgredidos y su incidencia en la decisión proferida, con el fin demostrar que la sentencia contiene irregularidades que vulneran el debido proceso. Así, esta argumentación debe ser: (i) clara, es decir que debe realizar “una exposición lógica de las razones en las que se sustenta la violación del debido proceso”[56]; (ii) cierta, por lo que debe estar dirigida a contenidos objetivos y reales de la providencia cuestionada y no interpretaciones o suposiciones sobre la decisión o la jurisprudencia constitucional[57]; (iii) precisa, en el entendido que deben ser fundamentos concretos para no acudir a simples juicios generales e indeterminados acerca de la presunta irregularidad[58]; (iv) pertinente, en el sentido en que los cuestionamientos tienen que estar referidos al grave desconocimiento del derecho al debido proceso y no a reabrir el debate jurídico o probatorio concluido[59] y (v) suficiente, ya que debe aportar los elementos necesarios para evidenciar la presunta irregularidad violatoria del debido proceso de manera ostensible, probada, significativa y trascendental[60]. De manera que no basta con expresar razones o interpretaciones diferentes a las de la Sala que obedezcan al disgusto o inconformismo del solicitante con la decisión adoptada[61].

2. Requisitos materiales

   En relación con este aspecto, como se indicó, según el segundo inciso del artículo 49 del Decreto 2067 de 1991[62] consagra la violación al debido proceso como la única hipótesis para anular una sentencia proferida por esta Corporación. De esta forma, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que el desconocimiento del debido proceso en estos casos debe ser notorio y flagrante[63] y repercutir de manera sustancial en la decisión adoptada o sus efectos[64] para que la Corte esté habilitada para anular alguna de sus providencias.

   Bajo este contexto, la Corte ha resaltado las siguientes situaciones que ejemplifican una violación al debido proceso: (i) se modifique de modo irregular la jurisprudencia[65]; (ii) exista desconocimiento de la mayoría exigida en el ordenamiento jurídico para tomar la decisión[66]; (iii) exista incongruencia entre la parte motiva y la parte resolutiva de la sentencia[67]; (iv) se den órdenes a particulares o autoridades que no fueron vinculados o informados del proceso[68]; (v) la sentencia cuestionada desconozca la cosa juzgada constitucional[69] y (vi) la sentencia evada arbitrariamente el análisis de asuntos de relevancia constitucional[70]. Estos escenarios ilustrativos tienen fundamento en el respeto del derecho fundamental consagrado en el artículo 29 superior[71]. De manera que solo están llamadas a prosperar aquellas solicitudes que, además de superar los requisitos formales, demuestren la ocurrencia de alguna situación que afecte de manera grave el debido proceso, como, por ejemplo, las señaladas anteriormente. De lo contrario, por la naturaleza excepcional de esta clase de incidentes, obliga a negar la solicitud.

   La Sala Plena pasará, entonces, a decidir si los argumentos en que se apoya el solicitante generan o no una afectación manifiesta, clara y evidente del debido proceso.

1. Presupuestos formales o de procedencia de la solicitud de nulidad contra la sentencia T-168 de 2022

14. Esta Sala Plena verificará el cumplimiento de los requisitos formales de procedencia de la solicitud de nulidad, a saber: (i) legitimación; (ii) oportunidad en la presentación de la solicitud y (iii) carga de argumentación. Solo en el evento de acreditarse el cumplimiento de estos presupuestos, la Corte procederá al análisis material de la solicitud de nulidad.

    1. Oportunidad

15. Como se explicó anteriormente, la jurisprudencia constitucional ha determinado que el incidente de nulidad debe interponerse dentro de los tres (3) días siguientes, contados a partir de la notificación de la sentencia, pues vencido el término de ejecutoria cualquier eventual nulidad queda automáticamente saneada.

    En este caso se cumple con tal exigencia, pues, tal como se advirtió en la respuesta a la solicitud efectuada por la Secretaría General de la Corte Constitucional[72], el Juzgado Cuarenta de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, certificó que la sentencia fue notificada el 16 de junio de 2022. Además, este mismo día, el representante legal del colegio presentó una solicitud de modificación la sentencia T-168 de 2022 ante la Corte Constitucional[73]. Razón por la que se configuró una notificación por conducta concluyente[74], y que, además, coincide con la fecha manifestada por el Juzgado Cuarenta de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá[75].

    De manera que, según lo explicado anteriormente, en el presente caso, el término de ejecutoria transcurrió los días 17, 21 y 22 de junio de 2022[76]. En vista de que la Secretaría General de la Corte Constitucional recibió, vía correo electrónico, el 22 de junio de 2022 la solicitud de nulidad presentada por el señor S. se concluye que se encontraba dentro del término para ello.

    2. Legitimación por activa

15. La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el incidente de nulidad debe ser propuesto por una persona que cuente con legitimación activa por haber sido parte en el trámite del amparo constitucional o por ser un con interés directo en lo resuelto en el proceso, porque los efectos de las sentencias producen consecuencias jurídicas particulares respecto de su situación[77].

    Para el caso concreto también se cumple con este requisito, toda vez que fue presentada por el representante legal del Colegio Nuestra Señora de las Nieves, el señor J.A.S.S.[78], como parte accionada del proceso de tutela que concluyó con la sentencia T-168 de 2022.

    3. Carga argumentativa

16. Como ya se explicó, la nulidad tiene un carácter absolutamente excepcional que demanda que el solicitante demuestre la presunta violación al debido proceso mediante argumentos que den cuenta de una trasgresión ostensible, probada, significativa y trascendental, en los términos que lo exige la jurisprudencia de esta Corporación. No obstante, los argumentos presentados por el solicitante no cumplen con tales exigencias.

    En esta ocasión, los cargos que el señor S. invocó como fundamento de su solicitud de nulidad pretenden que la Corte Constitucional reabra un debate que ya fue concluido con la sentencia T-168 de 2022, razón por la que carecen de pertenencia. Muestra de ello es que los argumentos relacionados con los derechos al buen nombre[79], la educación[80] y el debido proceso[81] de SSHR, la situación de “bullying”[82] y los registros fílmicos de las cámaras de seguridad[83] no evidenciaron un grave desconocimiento del derecho al debido proceso, sino que cuestionaron la argumentación jurídica y probatoria de la sentencia. Es decir, estaban todos encaminados a reabrir un debate jurídico y probatorio ya concluido, donde, además, el accionado tuvo las oportunidades procesales de intervenir.

    A su vez, ninguno de los cuestionamientos observó la suficiencia requerida porque el solicitante no explicó la incidencia que tenían las situaciones que, en su criterio, no fueron tenidas en cuenta o se dieron por probadas por esta Corporación en el caso concreto. Por lo que son argumentos que pretenden demostrar su inconformidad con la decisión y no subsanar irregularidades ostensibles, probadas, significativas del proceso.

    Como se expuso, el incidente de nulidad no constituye una nueva instancia que permita impugnar o controvertir las decisiones anteriores y, por lo tanto, este tipo de discusiones son improcedentes. Es decir, las inconformidades con la interpretación realizada por este Tribunal, con la valoración probatoria o con los criterios argumentativos que apoyan la sentencia, no constituye fundamento suficiente para declarar la nulidad de una de sus providencias, pues esta clase de situaciones constituyen apreciaciones propias del desacuerdo del solicitante con la decisión[84]. Por lo que es esencial que el peticionario demuestre que la sentencia contiene irregularidades que vulneraron el debido proceso, requisitos que, como se demostró previamente, no cumplió la solicitud presentada por el señor S..

    En este orden de ideas, la inconformidad del solicitante con el estudio realizado por la Sala Séptima de Revisión, contrario a fundamentar una vulneración al debido proceso, pretende reabrir un debate ya concluido. Razón por la cual no se cumplió con la carga argumentativa y la solicitud de nulidad será rechazada.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,