Auto nº 1899/22 de Corte Constitucional, 7 de Diciembre de 2022
| Ponente | Natalia Ángel Cabo |
| Fecha de Resolución | 7 de Diciembre de 2022 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | CJU-2117 |
Auto 1899/22
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Acción de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo propio
Referencia: expediente CJU-2117.
Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado Laboral del Circuito de Duitama.
Magistrada ponente:
Natalia Ángel Cabo
Bogotá D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente
AUTO
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La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante, C.) presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho[1] con el objeto de que (i) se declare la nulidad parcial de la Resolución 013916 del 26 de abril de 2011, a través de la cual Instituto de Seguros Sociales (en adelante, ISS), reconoció pensión de vejez de alto riesgo a favor del señor J.P.G.H., pues alegó que la mesada pensional fue liquidada irregularmente; (ii) se ordene al señor Justo P.G.H. el reintegro de las sumas de dinero canceladas con ocasión de la reliquidación de la pensión de vejez por alto riesgo a partir de la fecha de inclusión en nómina de pensionados hasta que cese el pago o se declare la suspensión provisional y las que se sigan causando; (iii) que sean indexadas las sumas de dineros reconocidas a favor de la C., (iv) que se ordene el pago de intereses a los que hubiere lugar, y (iv) que se condene en costas al señor G..
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El asunto correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Boyacá, el cual, mediante auto del 1 de octubre de 2021[2], inadmitió la demanda. Posteriormente, mediante auto del 19 de noviembre de 2021[3], el Tribunal declaró su falta de jurisdicción para conocer del asunto con base en los artículos 104.5 y 105.4 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), y el artículo 2 de la Ley 712 de 2014. Contra dicho auto, C. interpuso recurso de reposición[4], el cual fue resuelto desfavorablemente por el Tribunal, mediante auto del 30 de abril de 2021[5].
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Es así como el caso fue remitido al Juzgado Laboral del Circuito de Duitama, el cual, mediante auto del 17 de noviembre de 2021[6], promovió conflicto negativo de competencias. Esta autoridad basó su decisión en jurisprudencia del Consejo de Estado[7], del Consejo Superior de la Judicatura[8] y de la Corte Constitucional[9], y el artículo 97 del CPACA. En lo sustancial, la autoridad judicial señaló que la acción de lesividad, de acuerdo con la jurisprudencia reseñada, es de competencia de los jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
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El asunto fue repartido al despacho de la magistrada ponente el 19 de octubre de 2022[10], y el expediente fue allegado a este despacho el 21 de octubre del mismo año[11].
Competencia
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La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos entre jurisdicciones, de acuerdo con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[12].
Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones
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Este Tribunal ha establecido que los conflictos de jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)[13].
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Adicionalmente, en el Auto 155 de 2019, la Corte Constitucional precisó los tres presupuestos que se requieren para que se configure un conflicto de jurisdicciones, a saber:
i) Presupuesto subjetivo, que se refiere a que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y que pertenezcan a diferentes jurisdicciones[14].
ii) Presupuesto objetivo, que implica que exista una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia. Por ejemplo, que efectivamente esté en desarrollo un proceso, incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional[15].
iii) Presupuesto normativo, el cual requiere que las autoridades involucradas en el conflicto hayan manifestado expresamente los motivos constitucionales o legales por los cuales se consideran competentes o no para conocer la causa[16].
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La Corte encuentra que este caso se trata efectivamente de un conflicto de jurisdicciones, ya que se cumplen los tres presupuestos para su configuración. En primer lugar, la controversia fue suscitada entre dos autoridades que administran justicia y pertenecen a diferentes jurisdicciones: la ordinaria, representada por el Juzgado Laboral del Circuito de Duitama, y la contenciosa administrativa, representada por el Tribunal Administrativo de Boyacá. En segundo lugar, la controversia se suscitó sobre una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por C. en contra de una resolución del Instituto de Seguros Sociales. Finalmente, las dos autoridades en conflicto argumentaron, mediante sustento jurisprudencial y/o legal, su falta de competencia para conocer del asunto: por un lado, el Juzgado Laboral del Circuito de Duitama se basó en el artículo 97 del CPACA y en jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. Por el otro lado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sustentó su decisión en los artículos 104.5 y 105.4 del CPACA, el artículo 2 de la Ley 712 de 2014.
Jurisdicción competente para asumir el conocimiento de una demanda presentada por C., en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra un acto administrativo del ISS. Reiteración de los autos 840 de 2021 y 906 de 2022
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La Corte Constitucional ha manifestado que el conocimiento del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho mediante el cual la administración pretende que se declare la nulidad de un acto propio, que creó o modificó una situación particular y concreta, corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, aunque el acto administrativo verse sobre un tema relacionado con asuntos laborales o de la seguridad social[17]. Esto, conforme con los artículos 97 y 104 del CPACA[18].
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Con el Auto 840 de 2021, la Corte estableció que dicha regla es también aplicable a las demandas en contra de los actos administrativos proferidos por una entidad pública liquidada, que sean interpuestos por la entidad que la subrogó en sus derechos y obligaciones[19]. Esto es así ya que la suspensión o liquidación de una entidad pública, según se disponga, supone la subrogación de las obligaciones y derechos por parte de la otra entidad[20]. Aquello implica el traslado de las obligaciones derivadas de los derechos reconocidos por la entidad reemplazada. En consecuencia, la entidad reemplazante que enfrenta los efectos perjudiciales de los actos administrativos expedidos por la entidad que subrogó puede demandar dichos actos por medio de la denominada acción de lesividad[21].
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Con base en la anterior argumentación, se profirió el Auto 906 de 2022, en el que se estableció la jurisdicción competente para conocer de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por C. contra una resolución del ISS. En dicha providencia se estableció que conforme a los autos 316 y 840 de 2021, y debido a que C. subrogó los derechos y obligaciones del ISS, correspondía a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer del asunto.
En esta oportunidad el conflicto de jurisdicción dos autoridades judiciales, de la jurisdicción ordinaria y contencioso-administrativa señalaron que no tienen competencia para conocer una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que C. presentó contra un acto proferido por Instituto de Seguros Sociales en el que reconoció una pensión de vejez de alto riesgo. Como esta acción se puede caracterizar como de lesividad, su conocimiento corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo de acuerdo con las razones previamente expuestas, particularmente las señaladas con el precedente establecido en los autos 840 de 2021 y 906 de 2022. En ese orden de ideas, se ordenará la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Boyacá para lo de su competencia y para que comunique esta decisión a los interesados.
Regla de decisión
Los artículos 97 y 104 del CPACA prevén una cláusula especial de competencia, por virtud de la cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene la competencia exclusiva para conocer las demandas que la administración interpone contra actos administrativos propios, incluidos los que versan sobre asuntos laborales o de la seguridad social. Esta cláusula especial de competencia comprende las demandas en contra de los actos administrativos proferidos por una entidad pública liquidada, que sean interpuestas por la entidad que la subrogó en sus derechos y obligaciones[22].
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Laboral del Circuito de Duitama y el Tribunal Administrativo de Boyacá, y DECLARAR que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer de la demanda presentada por la Administradora Colombiana de Pensiones en contra de la Resolución 013916 del 26 de abril de 2011 del Instituto de Seguros Sociales.
Segundo. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-2117 al Tribunal Administrativo de Boyacá para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados y al Juzgado Laboral del Circuito de Duitama.
N., comuníquese y cúmplase,
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Presidenta
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Expediente digital, documento 01. Demanda.
[2] Expediente digital, documento 03. InadmiteDemanda.pdf.
[3] Expediente digital, documento 05. AutoDeclaraFafaltaCompetencia.pdf.
[4] Expediente digital, documento 06. RecursoReposicion.pdf.
[5] Expediente digital, documento 09. AutoDecideRecursoReposicion.pdf.
[6] Expediente digital, documento 12AutoDeclaraIncompetente.pdf.
[7] La autoridad citó la Sentencia del 15 de agosto de 2019, proferida dentro del proceso 11001-03-24-000-2018-00485-00; la Sentencia del 22 de febrero de 2018 de radicado 680012315000200603403-02, entre otras.
[8] La autoridad citó la Sentencia del 17 de agosto de 2012, de radicado 20120172600, la Sentencia del 12 de febrero de 2018 de radicado 110010200020170328300, entre otras.
[9] La autoridad citó el Auto 264 de 2021.
[10] Expediente digital, documento 03CJU-2117 Constancia de Reparto.
[11] Ibídem.
[12] ARTICULO 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: [ ] || 11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
[13] Autos 041 de 2021, 328 de 2019, 452 de 2019 y 608 de 2019, entre otros
[14] Auto 155 de 2019.
[15] Ibídem.
[16] Ibídem.
[17] Auto 316 de 2021.
[18] Auto 316 de 2021.
[19] Auto 840 de 2021.
[20] Auto 840 de 2021.
[21] Ibídem.
[22] Auto 840 de 2021.
