Auto nº 035/23 de Corte Constitucional, 26 de Enero de 2023
| Ponente | José Fernando Reyes Cuartas |
| Fecha de Resolución | 26 de Enero de 2023 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | CJU-2046 |
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Acción de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo propio
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Plena
AUTO 035 DE 2023
Referencia: Expediente CJU-2046.
Conflicto de jurisdicciones entre el Tribunal Administrativo del C. y el Juzgado 2º Laboral del Circuito de Valledupar.
Magistrado Ponente:
J.F.R.C..
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente:
AUTO
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El 4 de mayo de 2021, la Administradora Colombiana de Pensiones -en adelante, C.- presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución No. SUB-47075 del 26 de abril de 2017[1]. Mediante este acto administrativo, dicha entidad reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez a favor del señor F.O.L.M., con efectividad a partir del 22 de febrero de 2014[2].
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C. expresó que, el reconocimiento otorgado mediante el acto administrativo enunciado no se ajustó a derecho, puesto que, con posterioridad a su adopción, la entidad accionante constató a partir de la investigación administrativa No. 089-19 que el demandado presentó documentación inconsistente ante C. con el fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos legales[3].
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Por consiguiente, la entidad demandante solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución No. SUB-47075 del 26 de abril de 2017, y que, a título de restablecimiento del derecho, se ordenara al señor F.O.L.M. a realizar la devolución de lo pagado por concepto de mesadas, retroactivo y aportes a salud[4].
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El asunto correspondió al Tribunal Administrativo del C.. Mediante auto del 4 de noviembre de 2021, esta autoridad judicial declaró su falta de jurisdicción. Argumentó que, de acuerdo con la Ley 1437 de 2011, la jurisdicción contencioso administrativa no tiene competencia para conocer de aquellos conflictos que deriven de una relación laboral entre entidades públicas y trabajadores oficiales. Por el contrario, señaló que la jurisdicción ordinaria laboral conoce de los procesos adelantados contra entidades del sistema de seguridad social integral, de conformidad con el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y el auto del 28 de marzo de 2019 proferido por el Consejo de Estado. En consecuencia, ordenó la remisión del expediente para reparto entre los juzgados laborales del circuito de Valledupar[5].
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En cumplimiento de la decisión, el asunto fue repartido al Juzgado 2º Laboral del Circuito de Valledupar. A través del auto del 3 de febrero de 2022, el despacho propuso conflicto de jurisdicción. Como fundamento de dicha decisión, indicó que la jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer de aquellas controversias en las que se pretenda la nulidad de actos administrativos propios, a través de la acción de lesividad. Lo anterior, de conformidad con los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011 y algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional[6]. Por tanto, la autoridad judicial ordenó la remisión del expediente a esta corporación para que dirimiera el conflicto suscitado[7].
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Mediante oficio del 16 de marzo de 2022, el Juzgado 2º Laboral del Circuito de Valledupar remitió el expediente a esta corporación para lo de su competencia[8]. El expediente fue repartido al magistrado sustanciador en sesión de Sala Plena del 11 de octubre de 2022 y remitido al despacho el 14 de octubre siguiente[9].
Competencia
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La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[10].
Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones
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Esta Corporación ha señalado que los conflictos de jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)[11].
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La Corte Constitucional, de forma reiterada, ha considerado que, para que se configure un conflicto de jurisdicciones, es necesario que se den los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo[12], a saber: i) Presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones[13]. ii) Presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional[14]. iii) Presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa[15].
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La Sala Plena evidencia que se configura un conflicto negativo de jurisdicciones entre el Tribunal Administrativo del C. y el Juzgado 2º Laboral del Circuito de Valledupar, como se procederá a exponer.
Se cumple el presupuesto subjetivo: el conflicto se suscita entre una autoridad que hace parte de la jurisdicción ordinaria laboral (Juzgado 2º Laboral del Circuito de Valledupar), y otra que hace parte de la jurisdicción contencioso administrativa (Tribunal Administrativo del C.).
Se cumple el presupuesto objetivo: la controversia se enmarca en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicado 200013105002-2022-00013-00, a través del cual se pretende la declaratoria de nulidad de la Resolución No. SUB-47075 del 26 de abril de 2017, proferida por C., mediante la cual, esta entidad reconoció una pensión de vejez a favor del señor F.O.L.M..
Se cumple el presupuesto normativo: conforme a lo reseñado en el acápite de antecedentes, ambas autoridades enunciaron razonablemente fundamentos legales y jurisprudenciales dirigidos a negar su competencia en el asunto. De acuerdo con el Tribunal Administrativo del C., el asunto compete a la jurisdicción ordinaria laboral, según lo dispuesto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y el auto del 28 de marzo de 2019 proferido por el Consejo de Estado, puesto que, la controversia se origina en un acto administrativo que proviene de una relación laboral de carácter privado.
A su vez, el Juzgado 2º Laboral del Circuito de Valledupar argumentó que, con base en los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011 y el Auto 316 de 2021 proferido por este tribunal, la competencia corresponde en este caso a la jurisdicción contencioso administrativa, por tratarse de una acción de lesividad.
La competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en materia de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto propio
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Mediante el Auto 316 de 2021[16] la Sala Plena de la Corte Constitucional sostuvo que en los eventos en que una institución pública de seguridad social o un fondo de naturaleza pública a cargo del reconocimiento y/o pago de pensiones presenta una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto propio, el conocimiento del asunto corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
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La Sala advierte que, de acuerdo con la regla jurisprudencial fijada en el Auto 316 de 2021, en este tipo de controversias se excluye la competencia del juez laboral y de la seguridad social, pues, a pesar de tratarse de un acto administrativo que definió una garantía prestacional de seguridad social, se encontró legislación expresa que determina la competencia de los jueces administrativos en este tipo de situaciones fácticas, siendo aplicables los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011 para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de C. contra uno de sus propios actos administrativos. En esa medida, en cumplimiento del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, en este caso es aplicable la cláusula general de competencia -art. 104 ejusdem- según la cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá las controversias suscitadas por actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.
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Como se indicó en los antecedentes de esta providencia, las autoridades judiciales involucradas plantearon su falta de jurisdicción para conocer de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por C. contra la Resolución No. SUB-47075 del 26 de abril de 2017, a través de la cual, reconoció pensión de vejez a favor del señor F.O.L.M..
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La Sala Plena advierte que, de acuerdo con la regla jurisprudencial fijada en el Auto 316 de 2021, en este tipo de controversias se excluye la competencia del juez laboral y de la seguridad social, pues, a pesar de tratarse de un acto administrativo relacionado con la seguridad social, existe legislación expresa que determina la competencia de los jueces administrativos, por lo que resultan aplicables los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011, para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de C. contra uno de sus actos administrativos.
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Así las cosas, en aquellos casos en los cuales (i) una entidad de naturaleza pública, (ii) demande un acto administrativo propio, (iii) será competencia de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, conocer y dar trámite al asunto, de conformidad a los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011.
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En consecuencia, la Sala Plena ordenará la remisión del expediente CJU-2046 al Tribunal Administrativo del C. para que inicie el trámite respectivo y profiera la decisión que considere pertinente.
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Regla de decisión: ( ) cuando la administración demanda un acto de su propia autoría, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el estudio del asunto será competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011[17].
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
Primero: DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Tribunal Administrativo del C. y el Juzgado 2º Laboral del Circuito de Valledupar en el sentido de DECLARAR que el conocimiento del proceso que pretende la nulidad de la Resolución No. SUB-47075 del 26 de abril de 2017 proferida por C., corresponde al Tribunal Administrativo del C..
Segundo: REMITIR el expediente CJU-2046 al Tribunal Administrativo del C. para que tramite el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y comunique la presente decisión al Juzgado 2º Laboral del Circuito de Valledupar y a los sujetos procesales dentro del asunto con radicado número 200013105002-2022-00013-00.
N., comuníquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Presidenta
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Ausente con excusa
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Expediente digital. Archivo 02CC_77009526_Freddy_Lopez_Dema. Folios 1-30.
[2] Ibid., Archivo GEN-DOA-DA-2020_11848743-20201123110055. Folios 1-9. Correspondiente a una mesada mensual de $2.350.859, con efectividad a partir del 22 de febrero de 2014.
[3] Expediente digital. Archivo 02CC_77009526_Freddy_Lopez_Dema. Folio 3.
[4] Expediente digital. Archivo 02CC_77009526_Freddy_Lopez_Dema. Folio 2.
[5] Ibid., Archivo 08AutoRemiteAJurisdicciónOrdinariaL. Folios 1-2.
[6] Sentencia SU 182-2019 y Auto 316 de 2021.
[7] Expediente digital. Archivo 04AutoConflictoporCompetencia. Folios 1-2.
[8] Ibid., archivo 05EnvioConflictoCompetencia. Folio 1.
[9] Ibid., archivo 01CJU-2046 Constancia de Reparto. Folio 1.
[10] ARTICULO 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: [...] || 11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
[11] Autos 345 de 2018 y 328 de 2019.
[12] Auto 155 de 2019, reiterado, entre otros, por los autos 452 y 503 de 2019 y 129 y 415 de 2020.
[13] En consecuencia, no habrá conflicto cuando: (a) sólo sea parte una autoridad o (b) una de las partes en colisión no ejerza funciones jurisdiccionales.
[14] En este sentido, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional (cfr. Artículo 116 de la Constitución).
[15] Así pues, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que, a pesar de concurrir formalmente dos autoridades judiciales, alguna de ellas no ha rechazado su competencia o manifestado su intención de asumirla; o (b) la exposición sobre la competencia desplegada por las autoridades en conflicto no tiene, al menos aparentemente, fundamento normativo alguno al sustentarse únicamente en argumentos de mera conveniencia.
[16] Tal posición ha sido reiterada, entre muchos otros, en los autos 377 de 2021; 382 de 2021; 384 de 2021; 385 de 2021; 391 de 2021; 393 de 2021; 394 de 2021; 396 de 2021; 397 de 2021; 399 de 2021; 400 de 2021; 402 de 2021; 410 de 2021; 411 de 2021; 412 de 2021; 431 de 2021 y 432 de 2021. También en los Autos 433, 435, 436, 448, 451, 457 y 458 de 2022.
[17] Auto 316 de 2021.
