Auto nº 550/23 de Corte Constitucional, 19 de Abril de 2023

1. Según constancia de la Fiscalía General de la Nación[1], el 18 de junio de 2015 el señor L.A.R.J. y otros uniformados se desplazaron a la Vereda San Luis del municipio de El Águila (Valle del Cauca) con el fin de llevar a cabo la captura del señor J.D.J.B. quien era supuestamente requerido por la Fiscalía 38 de Cali (Valle del Cauca).

2. El informe indicó que al llegar al sitio los funcionarios encontraron al señor J.B. guadañando con otra persona. No obstante, al ver a los uniformados, estos emprendieron la huida lo cual originó una persecución y “un intercambio de disparos”[2]. En ese momento el soldado R.J., quien se encontraba al cuidado de los vehículos en la carretera, fue advertido de la situación y recibió la orden de estar atento a la aparición de los fugitivos.

3. Posteriormente, salieron dos sujetos a la carretera, uno de ellos corrió “… por un cafetal”[3]. El otro se tiró al piso por el requerimiento del soldado y según su narración este “estaba aproximadamente a unos cuatro o cinco metros me dispara desde el piso en dos ocasiones con un arma que tenia (sic) en la mano y envuelta en un trapo verde, el (sic) se para a venírseme encima, ahí es donde yo por defenderme le disparo en tres ocasiones (sic), la persona cae al suelo herido y yo de inmediato lo recojo para salvarle la vida”[4]. Acto seguido, el soldado trasladó al señor J.B. al hospital, donde falleció.

4. El 18 de junio de 2015 un técnico investigador del C.T.I. recaudó algunas entrevistas a residentes de la vereda[5] y familiares del fallecido[6], quienes dieron cuenta de que este trabajaba en la zona hace siete años, que nunca le vieron armas de fuego y que no tenía problemas legales. Además, que tenía cinco hijos[7]. También se entrevistó a funcionarios del Batallón San Mateo quienes dieron cuenta de los supuestos fácticos en los que falleció J.D.[8].

5. El 19 de junio de 2015 se llevó a cabo informe pericial de necropsia[9]. Señaló que el señor J.D. tenía en su cuerpo “heridas causadas por proyectil de arma de fuego en cuello, tórax y dorso, con restos macroscópicos de polvora (sic) (Tatuaje), además se encuentran múltiples lesiones traumáticas en la espalda y las extremidades, sin un patrón definido que ayuden a establecer su origen”.

6. El 19 de junio de 2015 el Subdirector Seccional de Fiscalías y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca designó a la Fiscalía 19 Seccional de Cartago como apoyo para que asumiera a prevención el conocimiento del asunto analizado[10].

7. El 27 de julio de 2015 se recibieron nuevas entrevistas a personas de la zona, quienes dieron a conocer que J.D. solía trabajar solo como guadañador, que no tenía armas[11] y tampoco problemas con la policía[12].

8. El 13 de septiembre de 2016 el Juzgado 56 de Instrucción Penal Militar de Pereira (Risaralda) llevó a cabo inspección judicial a las diligencias preliminares adelantadas por la Fiscalía 22 Seccional de Cartago (Valle) en contra de L.A.R.J..

9. Adicionalmente, solicitó se remitieran las diligencias por competencia a ese despacho con fundamento en la sentencia C-358 de 1997 y los artículos 1 y 2 de la Ley 1407 de 2010. En su concepto, la Justicia Penal Militar es la competente para juzgar penalmente al soldado L.A., pues el hecho se relacionó (i) directamente con el servicio, (ii) se ejecutó por un miembro de la fuerza pública y (iii) con los deberes constitucionales y legales que competían a las tropas[13]. Esta solicitud fue reiterada el 21 de octubre de 2016, el 25 de enero, 21 de abril, 18 de mayo y 20 de junio de 2017, 30 de marzo y 30 de junio de 2021[14].

10. El 18 de agosto de 2017, la Fiscalía 22 Seccional de Cartago (Valle del Cauca) informó al Juzgado 56 de Instrucción Penal Militar que, a la fecha no había recaudado el total de los elementos de prueba solicitados a la policía judicial y que eran necesarios para determinar, fuera de toda duda, si el conocimiento de la investigación correspondía a la Justicia Penal Militar (JPM) o a la Fiscalía General de la Nación (FGN)[15].

11. El 14 de febrero de 2022, el Juzgado 56 de Instrucción Penal Militar presentó petición ante la Fiscalía 20 Seccional[16] de Cartago (Valle del Cauca). En el escrito (i) solicitó información sobre el estado del proceso adelantado contra L.A.R.J.; (ii) informó que en dicho juzgado también se adelanta indagación preliminar sobre el mismo asunto, etapa en la cual se vinculó mediante versión libre al señor R.J.[17]; y (iii) manifestó que el 13 de septiembre de 2016 solicitó a la fiscalía remitir el expediente a la JPM por ser la competente para conocer el asunto y, en caso de no estar de acuerdo con tal solicitud, tramitar el conflicto positivo de competencia. No obstante, la fiscalía respondió un año después (18/08/17) sin pronunciarse sobre la competencia solicitada. En consecuencia, pidió la remisión del expediente y reiteró que, de no estar de acuerdo, se tramitara el conflicto de competencia.

12. El 17 de marzo de 2022, la Fiscalía 20 Seccional de Cartago (Valle del Cauca) respondió la petición del Juzgado 56 de Instrucción Penal Militar. Indicó que el proceso se encontraba en etapa de indagación y que el expediente sería remitido al Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) para que dirimiera el conflicto de jurisdicciones[18]. La fiscalía consideró que la competencia debía asumirla la justicia ordinaria en tanto, acorde con las pruebas allegadas al proceso, existe la posibilidad de que se trate de una ejecución extrajudicial que escapa de la órbita de conocimiento de la jurisdicción penal militar.

13. En primer lugar, aseguró tener dudas respecto de la manera en la que se originó el procedimiento que causó la muerte del ciudadano J.B.. Precisó que no existía una orden de captura en su contra, hecho que debió ser verificado por el personal de la Sijín que cumplía funciones de policía judicial. En segundo lugar, se refirió a las dudas que surgen de las versiones de los uniformados. En tercer lugar, resaltó la ausencia del arma que presuntamente utilizó el fallecido y otras circunstancias[19] que no permitían determinar con certeza la concurrencia de una “… legítima defensa por parte del soldado profesional R.J. al repeler al presunto ataque del hoy occiso hacia él”.

14. Por último, el ente acusador dio cuenta de que el único requisito que se cumple para que sea la JPM quien conozca del asunto es que el indiciado para la época de los hechos (18/06/15) era miembro activo de las fuerzas armadas. Sin embargo, ello no es suficiente ya que los hechos narrados no tienen relación con la prestación del servicio (T-806 de 2000). Por lo tanto, las dudas existentes dan como resultado que la competencia radica en la justicia ordinaria quien debe seguir con el conocimiento del asunto y por ello ordenó remitir el expediente al CSJ para que dirimiera el conflicto[20], no obstante, el mismo fue recibido en esta corporación[21].

15. El expediente fue repartido al magistrado sustanciador en sesión de Sala Plena del 9 de mayo de 2022 y allegado al despacho el 11 de mayo siguiente[22].

Competencia

1. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[23].

   Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones – Reiteración A-504 de 2022

2. Este tribunal ha señalado que los conflictos de jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo). De forma reiterada, la Corte Constitucional ha considerado que, para que exista un conflicto de este tipo, es necesario que se cumplan los presupuestos: (i) subjetivo, (ii) objetivo y, (iii) normativo, definidos en el Auto 155 de 2019. En el asunto bajo examen se acreditan tales requisitos.

3. La Fiscalía 20 Seccional de Cartago (Valle) es una de las autoridades que reclamó la competencia para conocer de la investigación, por lo que resulta pertinente que la Sala Plena reitere el alcance de la legitimación de dicha entidad para proponer conflictos de jurisdicción. La Corte en decisiones recientes[24] ha sostenido que (i) la FGN es un órgano encargado de administrar justicia y pertenece a la Rama Judicial[25]; y (ii) el artículo 250 constitucional y previo a la reforma incorporada en el AL 03 de 2002, la FGN tenía asignadas funciones jurisdiccionales, dentro de las que está proponer conflicto de jurisdicciones[26]. Aun así, y como regla general, en los casos donde el ente acusador actúe como sujeto procesal -funciones no jurisdiccionales- en el marco del proceso penal (Ley 906 de 2004)[27], la Fiscalía no está facultada para proponer conflictos de competencia entre jurisdicciones[28].

4. No obstante, en la sentencia SU-190 de 2021[29] esta Corporación encontró que en la etapa de investigación la FGN cuenta con la facultad de promover conflictos de jurisdicción con la JPM[30]. Para la Corte, habilitar la competencia de la Fiscalía, en estos casos, (i) garantiza los principios de celeridad y de economía procesal porque permite que el debate sobre la autoridad competente para examinar el caso sea planteado y resuelto desde la investigación. En adición a ello (ii) materializa el acceso y la eficacia de la administración de justicia en tanto “permite que los medios de convicción sean empleados en el juicio, efectivamente, a partir de la investigación en el marco de la cual fueron concebidos y recaudados”[31].

5. La regla relativa a la habilitación de la Fiscalía para proponer conflictos de jurisdicción fue objeto de precisión mediante Auto 704 de 2021, al indicar que se requería, además de que se tratara de un asunto en etapa de investigación en la justicia penal militar, que pudiera estarse frente a graves violaciones de derechos humanos. Así, en el Auto 1113 de 2021 se reiteró que la competencia excepcional de la FGN para proponer un conflicto de jurisdicciones y se destacó, entre otras cosas, (i) que no existe un “catálogo cerrado” de graves violaciones de derechos humanos en atención al carácter dinámico de su construcción[32]; y (ii) que las graves violaciones a los derechos humanos no exigen ser masivas ni sistemáticas, por lo que un delito aislado o que no sea “producto de un plan o política, puede constituir una grave violación a los derechos humanos”[33]. Además, esas graves violaciones se “pueden presentar en todo tiempo y lugar, aún sin relación con el conflicto armado”[34].

6. En ese sentido, precisó algunas de las características -no exclusivas o necesariamente concurrentes- que permiten establecer la existencia de graves violaciones de Derechos Humanos: (a) la naturaleza del derecho afectado; (b) la magnitud y sistematicidad de la lesividad ocasionada por la violación; (c) el grado de vulnerabilidad de la víctima; (d) el impacto social del menoscabo; (e) si los Derechos Humanos conculcados se encuentran internacionalmente protegidos y constituyen delitos conforme al derecho internacional; y (f) si el menoscabo implica el deber para el Estado de investigar, juzgar y sancionar a sus responsables.

7. En síntesis, por regla general, la FGN solamente está facultada para proponer conflictos entre jurisdicciones cuando actúa en ejercicio de la función jurisdiccional[35] que la Constitución o la ley le atribuyen. No obstante, excepcionalmente, la jurisprudencia de esta Corte ha reconocido la posibilidad de que la Fiscalía suscite este tipo de controversias jurisdiccionales, siempre y cuando se cumplan dos condiciones: (i) que la disputa se predique respecto de la jurisdicción penal militar en etapa de investigación, y (ii) que se advierta una posible grave violación de Derechos Humanos.

   En el caso concreto se cumplen los presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

   Presupuestos

   Subjetivo

   Se cumple. El conflicto se suscita entre la Fiscalía 20 Seccional de Cartago (Valle) y el Juzgado 56 de Instrucción Penal Militar de Pereira (Risaralda), autoridades habilitadas para reclamar la competencia del asunto. Toda vez que el supuesto fáctico podría involucrar una grave violación a los Derechos Humanos, pues podría tratarse de una ejecución extrajudicial[36].

   Objetivo

   Se cumple. El Juzgado 56 de Instrucción Penal Militar informó estar adelantando la investigación penal militar contra el soldado L.A.R.J. por hechos ocurridos el 18 de junio de 2015 donde falleció J.D.J.B.. Por su parte, la Fiscalía 20 Seccional de Cartago (Valle del Cauca) lleva a cabo la investigación penal radicada con el número de noticia criminal 761476000170201501051, con ocasión de los mismos hechos.

   Normativo

   Se cumple. La Sala encuentra que las autoridades argumentaron su competencia invocando razones constitucionales y legales, en tanto: 1. La Fiscalía 20 Seccional de Cartago argumentó que la competencia recae en la jurisdicción ordinaria conforme a lo establecido en la sentencia T-806 de 2000. Además, que el homicidio que se investiga podría involucrar “una ejecución extrajudicial” por las dudas que existen en torno a que se haya presentado una legítima defensa en favor del señor L.A. “al repeler el presunto ataque del hoy occiso hacía él”.

2. El Juzgado 56 de Instrucción Penal Militar manifestó tener competencia para investigar y juzgar penalmente al soldado R.J. conforme a la sentencia C-358 de 1997 y los artículos 1 y 2 del Código Penal Militar por tratarse de un miembro de la Fuerza Pública. Asimismo, por que los hechos ocurridos el 18 de junio de 2015 en el municipio de El Águila (Valle del Cauca) guardan estrecha relación entre el presunto comportamiento constitutivo de infracción a la ley penal y los deberes que constitucional y legalmente debían cumplir las tropas.

   El fuero penal militar y la competencia de la Justicia Penal Militar y Policial. Reiteración de jurisprudencia A-504 de 2022

8. El artículo 221 de la Constitución dispone que los delitos perpetrados por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y que se relacionen con este, serán conocidos por las cortes marciales o tribunales militares conforme al Código Penal Militar. La Corte ha reconocido la constitucionalidad del fuero penal militar, aunque su configuración y campo de acción son absolutamente excepcionales y restringidos[37]. Por lo tanto, esta corporación ha insistido en la necesidad de conceptualizar los elementos indispensables de su configuración para diferenciar entre los actos que ejecuta el miembro de la fuerza pública en ejercicio de las actividades propias de su cargo y aquellos que son llevados a cabo como cualquier persona dotada de capacidad de actuar delictivamente[38].

9. En tal sentido, la Corte ha sostenido que ante la JPM solo son justiciables los miembros de las fuerzas militares y de policía en servicio activo, cuando cometan delitos que tengan relación con el servicio. Es decir, su configuración requiere de un elemento (i) subjetivo, ser miembro de la fuerza pública en servicio activo y; (ii) funcional, que el delito cometido tenga relación con el mismo servicio[39].

10. Así las cosas, el elemento funcional hace que el fuero penal militar esté circunscrito exclusivamente a misiones institucionales de las fuerzas militares y de policía establecidas legal y constitucionalmente, así como a las órdenes “dictadas con estricta sujeción” [40] a los propósitos previstos en el ordenamiento jurídico, siempre que “respondan precisamente al cumplimiento de los fines superiores asignados a esas instituciones armadas”[41]. Por tal razón, aun cuando en la comisión del ilícito los agentes de la fuerza pública utilicen elementos usados en tareas institucionales[42], si la actividad se encuentra desarticulada de una función legítimamente considerada, el resultado punible, producto de esa conducta, no será un delito de competencia de la jurisdicción penal militar, sino que tendrá carácter común y será conocida por las autoridades ordinarias[43].

11. La Sala ha reiterado que cuando deba resolverse un conflicto de jurisdicción entre la justicia ordinaria y la penal militar, debe (i) analizarse el contexto fáctico en el que se cometió el acto delictivo y; (ii) contrastar la conducta efectivamente desplegada y la operación o el acto propio del servicio. Si el material probatorio no se generan dudas acerca de la concurrencia de los elementos subjetivo y funcional (fuero penal militar), el proceso deberá ser asignado a la JPMP[44]. Contrario a ello, cuando se advierta que el agente se apartó o rompió con el servicio que le correspondía prestar y adoptó un tipo de comportamiento radicalmente distinto al jurídicamente esperado, el conocimiento de la causa penal tendrá que estar en cabeza de la justicia ordinaria[45].

12. En esa misma línea, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha expuesto que el nexo entre el delito y la actividad propia del servicio debe darse dentro de la realización de una tarea íntimamente relacionada con las funciones de la fuerza pública y si tal vínculo estrecho no existe o persisten dudas sobre su configuración, el juzgamiento corresponderá a la justicia ordinaria[46]. Por ende, para que el asunto sea de conocimiento de la JPMP es imprescindible que el agente de la fuerza pública haya iniciado una actuación legítima, propia de sus funciones que no puede ser reprochable, pero que en el curso de la actuación se cuestiona por desviarla o extralimitarse, constituyéndose en objeto de investigación penal, pero siempre en el entendido de que estos procederes tenían un vínculo, con la tarea propia del servicio[47].

13. Finalmente, cabe indicar que la jurisprudencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del CSJ reconoció que la configuración del fuero penal militar era indispensable constatar que las conductas delictivas cometidas por los miembros de la fuerza pública tuviesen una estrecha y próxima relación con el servicio, análisis que no podía perder de vista el carácter excepcional y restringido de esta institución[48].

14. El presente conflicto de jurisdicción se suscitó con ocasión de los hechos ocurridos el 18 de junio de 2015 en el municipio de El Águila (Valle del Cauca) y que produjeron el deceso del señor J.D.J.B..

15. Como se indicó en los antecedentes de esta providencia, las autoridades involucradas -la Fiscalía 20 Seccional de Cartago (Valle del Cauca) y el Juzgado 56 de Instrucción Penal Militar de Pereira (Risaralda)- plantearon su decisión de conocer del proceso penal seguido en contra del soldado L.A.R.J.. Para definir la autoridad que debe continuar con el trámite y juzgamiento del caso, procede la Sala a examinar los factores requeridos para la configuración del fuero penal militar.

16. Elemento subjetivo. De conformidad con lo aportado en el expediente, se encuentra demostrado que, para la fecha de los hechos -18 de junio de 2015- el soldado profesional L.A.R.J. ostentaba la calidad de servidor público[49], en servicio activo, adscrito al Batallón San Mateo de Pereira (Risaralda)[50]. Por lo tanto, se acredita el elemento subjetivo.

17. Elemento funcional. Este requisito se refiere a la existencia de un nexo próximo y directo entre la conducta punible y el servicio prestado por la Fuerza Pública. La Sala encuentra necesario precisar que el análisis efectuado en este acápite tiene como única finalidad la determinación del cumplimiento de este presupuesto de cara a establecer la procedencia del fuero penal militar, sin que de ninguna manera se pretenda adelantar algún juicio de valor sobre la responsabilidad del procesado, lo cual corresponde, exclusivamente, a la jurisdicción a la que se asigne el conocimiento de este asunto.

18. En atención al material probatorio recaudado, la Corte concluye que no existe evidencia concluyente sobre el vínculo entre la actividad del servicio y el delito investigado. Esa conclusión se funda en la existencia de dudas significativas sobre (las circunstancias que terminaron con el fallecimiento del señor J.B.. En consecuencia, en aplicación del precedente (SU-190 de 2021), el asunto debe ser conocido por la justicia ordinaria, asignando así la competencia para su conocimiento a la Fiscalía General de la Nación, que es la entidad titular de la acción penal, con la función de investigar y acusar ante los jueces ordinarios. A continuación, se sustenta esta conclusión.

    Primero. Sobre la necesidad de la intervención

19. Según la FGN el 18 de junio de 2015 el soldado profesional L.A.R.J., con otros uniformados y funcionarios de la Sijín se desplazaron a la Vereda San Luis del municipio de El Águila (Valle del Cauca) con el fin de llevar a cabo la captura del señor J.D.J.B. quien era supuestamente requerido por la Fiscalía 38 de Cali (Valle del Cauca).

20. Conforme a lo establecido en el artículo 297[51] de la Ley 906 de 2004[52] para llevar a cabo una captura se requiere una orden escrita proferida por un juez de control de garantías con las formalidades legales que establece la norma. Lo que supuestamente había sido verificado por los funcionarios de la Sijín[53] y por lo que procedieron a ubicar al señor J.D..

21. No obstante, se conocen dos versiones sobre este asunto. Por un lado (i) la FGN afirmó que “en ningún momento existía una orden de captura vigente contra el fenecido”[54]; y por el otro (ii) el informe ejecutivo -FPJ3- indica que el CTI de manera verbal señaló que el occiso tenía (a) una medida de aseguramiento vigente por hechos del 23 de mayo de 2003, (b) una sentencia condenatoria vigente por hechos del 23 de mayo de 2003 y, (c) una medida de aseguramiento vigente por hechos del 16 de septiembre de 2001[55]. Pese a ello, no existe evidencia de lo dicho.

22. Esta situación pone en duda el vínculo entre la actividad del servicio y el delito investigado pues la ausencia de orden de captura, en principio, impedía que los funcionarios involucrados en estos hechos intentaran llevar a cabo una restricción de la libertad de quien no era requerido por el Estado colombiano.

    Segundo. Las circunstancias que terminaron con el fallecimiento del señor J.D.J.B.

23. Según el testimonio del soldado profesional L.A., el señor J.B. se tiró al piso por el requerimiento del soldado, “estaba aproximadamente a unos cuatro o cinco metros me dispara desde el piso en dos ocasiones con un arma que tenia (sic) en la mano y envuelta en un trapo verde, el (sic) se para a venírseme encima, ahí es donde yo por defenderme le disparo en tres ocasiones (sic), la persona cae al suelo herido y yo de inmediato lo recojo para salvarle la vida”[56].

24. Por su parte, el informe de necropsia dio cuenta de que el señor J.D. tenía en su cuerpo “heridas causadas por proyectil de arma de fuego en cuello, tórax y dorso, con restos macroscópicos de polvora (sic) (Tatuaje), además se encuentran múltiples lesiones traumáticas en la espalda y las extremidades, sin un patrón definido que ayuden a establecer su origen”[57].

25. Además, dentro de los elementos de prueba que reposan en el expediente se informó que el señor J.D. no contaba con armas de fuego, de ello dan cuenta las entrevistas de E.M.L., agricultor de la zona y C.L.R.G., compañera permanente del occiso, quienes indicaron que este no tenía armas de este tipo[58]. No obstante, J.A.M.G. afirmó lo contrario[59] y pese a que encontraron partículas de residuos de disparo de las muestras recaudadas en sus manos y prendas de vestir[60], nunca se halló el arma que aquel –J.D.- pudo haber accionado.

26. De igual forma, los uniformados afirmaron que la víctima estaba guadañando con otra persona que usaba una camisa blanca, pero otros entrevistados, entre ellos E.M.L., N.A.S.R. (propietario de la finca) y J.A.M.G. indicaron lo contrario, esto es, que J.D. guadañaba solo[61]. Afirmaciones que contrarían el dicho de los funcionarios y generan duda en torno al supuesto fáctico que rodeó la situación analizada.

27. Finalmente, la FGN ha catalogado que el homicidio que se investiga podría tratarse de “una ejecución extrajudicial”[62] por las dudas que existen en torno a que se halla presentado una legítima defensa en favor del señor L.A. “al repeler el presunto ataque del hoy occiso hacía él”[63].

28. La Corte Constitucional en la SU-060 de 2021 enfrentó una cuestión similar y recordó lo reconocido por la jurisprudencia en torno a la necesidad “de que el juez ordinario flexibilice los estándares probatorios frente a la demostración de la acción u omisión del Estado, otorgando mayor protagonismo a la prueba indiciaria, en atención a las dificultades probatorias que comportan los casos que comprometen graves afectaciones a los derechos humanos, como los denominados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales”.

29. Debido a lo anterior, la Sala Plena considera, en torno al conflicto de jurisdicciones, que es menester dar aplicación a la flexibilización de los estándares probatorios. En ese sentido, es necesario tener en cuenta todos los indicios que puedan existir y que permitan avanzar en la definición de la competencia cuando se trate de graves violaciones a los derechos humanos.

30. En consecuencia, esta corporación dará aplicación a la sentencia SU-060 de 2021, así como a los autos 704 de 2021 y 504 de 2022 y ordenará la remisión del CJU-2138 a la Fiscalía 20 Seccional de Cartago (Valle del Cauca) para que dé trámite al proceso de la referencia, pues no existe certeza respecto del elemento a partir del cual se justificaría el uso de la fuerza en la conducta desplegada y su conexidad con el acto del servicio.

    Regla de decisión: cuando exista una duda acerca de si la actuación de un agente se desarrolló en cumplimiento del servicio, se entiende que no se cumple el elemento funcional del fuero penal militar, esto es, que su conducta tenga relación directa con el servicio. En consecuencia, es la jurisdicción ordinaria la competente para asumir el conocimiento del caso.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mando de la Constitución,