Auto nº 577/23 de Corte Constitucional, 19 de Abril de 2023
| Ponente | Antonio José Lizarazo Ocampo |
| Fecha de Resolución | 19 de Abril de 2023 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | CJU-2656 |
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
SALA PLENA
AUTO 577 DE 2023
Referencia: Expediente CJU-2656
Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín y el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de la misma ciudad.
Magistrado sustanciador:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá D. C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintitrés (2023).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista en el numeral 11 del Artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente
AUTO
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La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante C.), a través de apoderado judicial, inició acción de lesividad en contra de la Resolución GNR 313515 del 13 de octubre de 2015, por medio de la cual se ordenó la reliquidación de la pensión de vejez de la señora J. de Las M.G.G.[1].
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C. manifestó que la reliquidación realizada en la Resolución GNR 313515 del 13 de octubre de 2015 se encuentra viciada de un error en la determinación de la naturaleza jurídica de los tiempos cotizados por la pensionada, lo cual desencadenó en el renacimiento equivocado de un régimen al que no tiene derecho[2].
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Por esta razón, la entidad demandante solicitó que se declare la nulidad de la Resolución GNR 313515 del 13 de octubre de 2015 y como medida de restablecimiento del derecho pide, entre otras, que se ordene a la señora J. de Las M.G.G. reintegrar el valor económico que resulte por concepto de las mesadas pensionales que fueron pagadas sin tener derecho, además el valor del retroactivo que haya recibido en virtud de dicho reconocimiento desde la fecha del mismo y hasta que se conceda la revocatoria solicitada y, finalmente, aquellas diferencias que se hayan reconocido por concepto de retroactivo indebidamente[3].
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La demanda fue repartida al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad. Este despacho judicial, la inadmitió mediante Auto del 25 de octubre de 2017[4]. Posteriormente, en providencia del 24 de enero de 2018 declaró (i) su falta de competencia para el conocimiento del proceso en razón de la cuantía y (ii) remitió el expediente al Centro de Servicios de los juzgados administrativos de Medellín. Para llegar a esta conclusión, el despacho analizó los artículos 152, 155 y 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)[5].
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Reasignado el asunto, le correspondió al Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín. Ese despacho, a través del Auto del 22 de febrero de 2018 admitió la demanda[6]. Posteriormente, la parte demandada formuló demanda de reconvención[7] la cual fue inadmitida en providencia del 13 de septiembre del citado año[8]. Luego, al ser subsanada esta demanda fue admitida en proveído del 4 de octubre de la misma anualidad[9]. Mediante Auto del 14 de febrero de 2019 se fijó como fecha para celebrar la audiencia inicial el 27 de febrero siguiente[10], la cual fue efectivamente realizada[11].
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Finalmente, el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín en proveído del 20 de junio de 2019 (i) declaró su falta de jurisdicción para el conocimiento del proceso y (ii) remitió el expediente a la oficina judicial de reparto para que fuera asignado entre los juzgados laborales del circuito de Medellín[12]. Indicó que en el presente caso se discute en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en lesividad, la nulidad de un acto que resolvió favorablemente la tasa de reemplazo al considerar los tiempos servidos por la señora G. en el Instituto Colombiano de Salud Mental (ISAM) como pasibles de ser acumulados. Al ser esta entidad de carácter privado, el asunto versa sobre una relación laboral -tiempo de servicios- que se logró en el sector privado, sobre lo cual el juez administrativo no podrá emitir juicio alguno conforme al artículo 104 del CPACA y un pronunciamiento del Consejo de Estado sobre la materia[13].
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Se efectuó un nuevo reparto y el asunto le correspondió al Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín. Este despacho, mediante Auto del 13 de julio de 2022, rechazó la demanda por falta de jurisdicción y planteó un conflicto negativo de jurisdicción[14].
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Fundamentó su decisión en los Autos 316 y 437 de 2021 de la Corte Constitucional en los que se concluyó que cuando la administración demanda un acto de su propia autoría, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la jurisdicción contencioso administrativa tiene competencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011[15].
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El 11 de agosto de 2022, el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, remitió el expediente a la Corte Constitucional[16] y finalmente fue repartido al despacho del magistrado sustanciador el 28 de marzo de 2023.
Competencia de la Corte Constitucional para resolver conflictos de competencia que ocurran entre jurisdicciones
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La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[17].
En el presente caso se configuró un conflicto de jurisdicción que la Corte Constitucional debe resolver
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Este Tribunal ha señalado que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones[18]: (i) presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones[19]; (ii) presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional[20]; y (iii) presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa.
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En el asunto objeto de estudio, el Pleno de esta Corporación encuentra acreditados los presupuestos antes referidos: (i) la controversia se suscita entre una autoridad que hace parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín) y otra que hace parte de la Jurisdicción Ordinaria (Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín) -presupuesto subjetivo- (ii) el objeto de litigio está relacionado con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en su modalidad de lesividad, presentada por C. en contra de la Resolución GNR 313515 del 13 de octubre de 2015, por medio de la cual se ordenó la reliquidación de la pensión de vejez de la señora J. de Las M.G.G. -presupuesto objetivo- y; (iii) el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín y el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de la misma ciudad, expusieron las razones por las cuales consideran que carecen de competencia para conocer del asunto (ver párrs. 6 y 8 supra) -presupuesto normativo-.
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Superado el anterior análisis para verificar la materialización de un conflicto de jurisdicciones procederá la Corte a dirimir la colisión expuesta en líneas anteriores. Para ello, primero, se hará referencia a la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto propio -acción de lesividad- y, a continuación, se resolverá el caso concreto.
Competencia para conocer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la propia administración - acción de lesividad.
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Conforme con los artículos 97[21] y 104[22] del CPACA, el juez administrativo es el competente para conocer del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por la administración en contra de sus propios actos administrativos (acción de lesividad)[23], de contenido particular y concreto, en el que el titular del derecho no haya dado su consentimiento para revocarlo.
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Sobre el particular, esta corporación ya se pronunció en Auto 316 de 2021[24], en el que indicó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene competencia exclusiva para conocer de las acciones de lesividad, incluyendo los casos en que se demandan actos que versan sobre asuntos laborales o de la seguridad social.
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Como se indicó en los antecedentes de esta providencia, las autoridades en conflicto manifestaron la falta de jurisdicción para conocer de la acción promovida por C. con el fin de solicitar la nulidad de la Resolución GNR 313515 del 13 de octubre de 2015, por medio de la cual se ordenó la reliquidación de la pensión de vejez de la señora J. de Las M.G.G..
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La Sala Plena advierte que, de acuerdo con la regla jurisprudencial fijada en el Auto 316 de 2021, en este tipo de controversias se excluye la competencia del juez laboral y de la seguridad social, pues a pesar de tratarse de un acto administrativo relacionado con la seguridad social, existe legislación expresa que determina la competencia de los jueces administrativos, por lo que resulta aplicable la cláusula de competencia del artículo 104 del CPACA para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de C. contra un acto propio.
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En ese orden de ideas, en los casos en que (i) una entidad pública (ii) promueva un proceso en contra de un acto administrativo propio (iii) aun cuando el contenido del mismo sea de la seguridad social, (iv) la competencia será de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
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Por consiguiente, la Sala Plena remitirá el expediente al Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín, para que continúe el trámite en el caso sub judice y resuelva el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en su modalidad de lesividad, instaurado por C. en contra de la Resolución GNR 313515 del 13 de octubre de 2015, por medio de la cual se ordenó la reliquidación de la pensión de vejez de la señora J. de Las M.G.G.
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Regla de decisión. Cuando la administración demanda un acto de su propia autoría, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el estudio del asunto será competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011.
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional
Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín y el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín, es la autoridad competente para tramitar el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en su modalidad de lesividad, instaurado por la Administradora Colombiana de Pensiones en contra de la Resolución GNR 313515 del 13 de octubre de 2015, por medio de la cual se ordenó la reliquidación de la pensión de vejez de la señora J. de Las M.G.G..
Segundo. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-2656 al Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín, para lo de su competencia y para que COMUNIQUE la presente decisión al Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, y a las partes interesadas.
N., comuníquese y cúmplase,
DIANA FAJARDO RIVERA
Presidenta
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
Ausente con excusa
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Expediente digital CJU 2656. Carpeta PRIMERA INSTANCIA. Archivo denominado 001.Demanda_P1-P20.pdf.
[2] Ibidem.
[3] Ibidem.
[4] Expediente digital CJU 2656. Carpeta PRIMERA INSTANCIA. Archivo denominado 007AutoInadmiteDemanda.pdf.
[5] Expediente digital CJU 2656. Carpeta PRIMERA INSTANCIA. Archivo denominado 009AutoDeclaraFaltaDe Competencia.pdf.
[6] Expediente digital CJU 2656. Carpeta PRIMERA INSTANCIA. Archivo denominado 012AutoAdmiteDemanda_p493-p494.pdf.
[7] Expediente digital CJU 2656. Carpeta PRIMERA INSTANCIA. Archivo denominado 016DemandaDeReconvención__p529-p538-p494.pdf.
[8] Expediente digital CJU 2656. Carpeta PRIMERA INSTANCIA. Archivo denominado 023AutoInadmiteDemandaDeReconvención__p552-p555.pdf.
[9] Expediente digital CJU 2656. Carpeta PRIMERA INSTANCIA. Archivo denominado 026AutoAdmiteDemanda__p632-p635.pdf.
[10] Expediente digital CJU 2656. Carpeta PRIMERA INSTANCIA. Archivo denominado 026Auto AutoFijaFechaAudiencia__p639-p638.pdf.
[11] Expediente digital CJU 2656. Carpeta PRIMERA INSTANCIA. Archivo denominado 030.ActaAudiencia _p643-p650.pdf.
[12]. Expediente digital CJU 2656. Carpeta PRIMERA INSTANCIA. Archivo denominado 040AutoDeclaraFaltaDeJurisdiccióny OrdenaRemitir _p701-p706.pdf.
[13] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, S.A.M.W.H.G., 28 de marzo de 2019, radicado 11001-03-25-000-2017-00910-00 (4857).
[14] Expediente digital CJU 2656. Carpeta PRIMERA INSTANCIA. Archivo denominado 053Conflicto Competencia.pdf.
[15] Ibidem.
[16] Expediente digital CJU 2656. Carpeta CJU0002656 CC. Archivo denominado Correo Remisori.pdf.
[17] Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: [ ] || 11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
[18] Autos 345 de 2018. M.L.G.G.P.; 328 de 2019. M.G.S.O.D.; 452 de 2019. M.G.S.O.D.; 041 de 2021. M.D.F..
[19] En consecuencia, no habrá conflicto cuando: (a) sólo sea parte una autoridad; o (b) una de las partes en colisión no ejerza funciones jurisdiccionales.
[20] En este sentido, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional (Artículo 116 de la Constitución).
[21] Artículo 97. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. //. Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. ( ) Énfasis por fuera del texto original.
[22] El artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 otorgó a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la función de conocer de las las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas ( ). Énfasis por fuera del texto original.
[23] En el ordenamiento jurídico colombiano esta demanda es conocida como la acción de lesividad y fue definida en la sentencia T-136 de 2019, en la que se expresó que: [l]a acción de lesividad se entiende ejercida cuando la administración funge como demandante contra uno de los actos que ella misma profirió y contra la persona a la que van dirigidos los efectos jurídicos del acto atacado.
[24] Auto en el que la Corte resolvió el CJU-489. En esta providencia se analizó la cláusula especial de competencia para conocer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la propia administración, resaltando que la acción de lesividad es una fórmula garantística que le permite a las entidades públicas someter sus actos al escrutinio judicial, en aras de (i) proteger los intereses propios de la administración en aquellos eventos en los que los efectos del acto administrativo le resultan perjudiciales, (ii) salvaguardar el ordenamiento jurídico superior; y (iii) evitar que las situaciones irregulares motivadas por los actos de la administración puedan causar perjuicio al patrimonio público, a los derechos subjetivos públicos o a los derechos e intereses colectivos ( ).
