Auto nº 655/23 de Corte Constitucional, 4 de Mayo de 2023

1. El 7 de febrero de 2022, la ciudadana L.M.D.S. formuló demanda de inconstitucionalidad en contra de los numerales 49 y 50 del artículo 119 de la Ley 2200 de 2022, “Por medio de la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los Departamentos”, por la presunta vulneración de los artículos 300 numeral 5[2], 305 numeral 1[3] y 345[4] de la Constitución, y 80 del Decreto 111 de 1996. A continuación, se cita la norma demandada:

   “LEY 2200 de 2022

   (febrero 8)

   Diario Oficial No. 51.942 del 8 de febrero de 2022

   PODER PÚBLICO- RAMA LEGISLATIVA

   Por medio de la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los Departamentos.

   EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

   DECRETA:

   ARTÍCULO 119. Atribuciones de los Gobernadores: Además de las funciones constitucionales y legales previstas, los Gobernadores tendrán las siguientes funciones:

   […]

49. Incorporar al presupuesto departamental mediante decreto, los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), del Sistema General de Regalías (SGR) y los celebrados mediante convenio con entidades del Estado y/o de cooperación internacional.

50. En el marco de las facultades pro tempore para incorporar, adicionar, modificar, efectuar traslados presupuestales y crear rubros presupuestales en las diferentes secciones del Presupuesto General del Departamento, servicio de la deuda pública e inversión; en ejecución de sus políticas, programas, subprogramas y proyectos establecidas en el Presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia”.

2. En criterio de la demandante, “las normas trascritas vulneran los artículos 300 numeral 5, 305 numeral 1, y 345 de la Constitución”[5], los cuales a su juicio señalan que la asamblea departamental es la única entidad que puede expedir normas orgánicas relacionadas con estas materias, así como con el presupuesto anual de rentas y gastos, y que no “podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto”[6]. Según la accionante, la Constitución establece que el presupuesto departamental debe ser aprobado por las asambleas departamentales, en desarrollo de la separación de poderes y la racionalización de la actividad estatal. Por ello, la ley no puede facultar a los gobernadores para modificar, vía decreto, el presupuesto de rentas y gastos de los departamentos. En sus términos:

   “(…) la Constitución Política de Colombia establece sus propios mecanismos de reforma en los cuales no se contempla a una Ley orgánica como uno de ellos. Pese a ser “leyes especiales”, mediante las cuales se reglamenta la adopción de otras leyes que versan sobre temas específicos, pero que no comparten su naturaleza jurídica, y, por ende, no pueden ser modificadas ni derogadas por las leyes ordinarias que se sujetan a ellas”[7].

3. Para reformar lo que dispone la Constitución, el Congreso no podía recurrir –como ocurrió en este caso—a una ley orgánica, sino que debía implementar alguno de los mecanismos de reforma constitucional previstos por los artículos 374 y 379 superiores. De conformidad con el artículo 151 Superior y la Sentencia C-421 de 2012, las leyes orgánicas regulan lo relativo a: (i) el reglamento del Congreso de la República y de cada una de las Cámaras, (ii) las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y, finalmente, (iii) el Plan General de Desarrollo y la asignación de competencias a las entidades territoriales.

4. Con base en las anteriores premisas, la demandante acusó de inconstitucionales los numerales 49 y 50 de la Ley 2200 de 2022, por quebrantar los artículos 300 numeral 5, 305 numeral 1 y 345 de la Carta, así como el Decreto 111 de 1996, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional[8] y del Consejo de Estado[9]. La accionante manifestó que, conforme a la Constitución, si los gobernadores pretenden modificar el presupuesto decretado por la asamblea departamental, o realizar adiciones y traslados del presupuesto aprobados por la asamblea departamental, esas decisiones deben necesariamente adoptarse mediante ordenanza, para que puedan discutirse en las respectivas asambleas departamentales, pues esta clase de medidas no pueden ser adoptadas vía decreto.

5. Finalmente, la señora L.M.D.S. expuso que la demanda presentada cumple con los requisitos de admisión fijados por la jurisprudencia constitucional, a saber: (i) claridad, dado que las ideas expuestas evitan algún tipo de ambigüedad o confusión, presentándose una argumentación lógica, coherente y congruente, (ii) certeza, dado que recae sobre una norma real y existente como lo son los numerales 49 y 50 del artículo 119 de la Ley 2200 de 2022, (iii) pertinencia y especificidad, “bajo el entendido que los argumentos aquí esbozados son de índole Constitucional por cuanto se presentan las razones que explican y justifican el eventual quebrantamiento de las normas Constitucionales”[10]. Por último, (iv) sus argumentos son específicos pues no son vagos ni genéricos sino, por el contrario, identifican la “omisión legislativa relativa alegada”. Literalmente, indicó:

   “En primer lugar, en cuanto al requisito de claridad, la demanda lo satisface a cabalidad, las ideas aquí expuestas se han planteado tratando de evitar a toda costa algún tipo de ambigüedad o confusión terminológica. De modo tal que la argumentación se ha desenvuelto bajo un hilo conductor lógico, coherente, y congruente. De esta forma en la demanda se plantea con nitidez que el ingrediente normativo omitido por el legislador es asimilable al que prevé la norma, es decir, que la solicitud de la declaratoria de inexequibilidad de los Numerales 49 y 50 del Art. 119 de la Ley 2200 de 2022, es clara al ser contraria a la Constitución Política Colombiana. En segundo lugar, los cargos formulados gozan del atributo de ser pertinentes y específicos, esto bajo el entendido que los argumentos aquí esbozados son de índole Constitucional por cuanto se presentan las razones que explican y justifican el eventual quebrantamiento de las normas Constitucionales enunciadas en el acápite (III) de ésta demanda, y se basan en una presunta extralimitación de funciones expresadas en la emisión de los Numerales 49 y 50 del Art. 119 de la Ley 2200 de 2022, hoy censurados. Son específicos en cuanto los argumentos utilizados no son vagos, genéricos, indirectos o globales, antes, por el contrario, son puntuales y concretos. en la demanda se especifica que la omisión legislativa relativa alegada transgrede varios mandatos Constitucionales por tal motivo, el legislador se encuentra incumpliendo una exigencia derivada de la Carta, cuya falta de previsión genera una norma implícita de exclusión que desconoce un deber predeterminado por el Texto superior. En tercer lugar, la demanda goza del atributo de certeza. Por cuanto se cuestiona la Constitucionalidad de los Numerales 49 y 50 del Art. 119 de la Ley 2200 de 2022. Por último, la demanda cumple con el requisito de suficiencia, en tanto se aportan y desarrollan algunos elementos argumentativos para demostrar como la extralimitación legislativa relativa trae aparejada perjuicios en derechos que, de acuerdo a la Carta Política, se consideran fundamentales, tales como el artículo 2, 29, 83, 228 y 229 del Texto fundamental”[11]

   Inadmisión de la demanda

   El 4 de octubre de 2022, el Magistrado J.F.R.C. inadmitió la demanda correspondiente al expediente D-14969. En su criterio, el escrito no cumplió con los requisitos de admisibilidad exigidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Al respecto, sostuvo lo siguiente.

6. Frente a la exigencia de claridad, el magistrado sustanciador señaló que, a pesar de haber relacionado algunos argumentos sobre la presunta infracción de los artículos 300, 305 y 345, la accionante, al mismo tiempo, hizo afirmaciones aisladas sobre una posible omisión legislativa relativa. Según el auto de inadmisión, la demanda concluyó que los artículos 49 y 50 de la Ley 2200 de 2022 incurrieron en una “extralimitación legislativa relativa”, lo cual evidencia la confusión sobre los cargos formulados por la demandante. Estas dificultades impidieron que el magistrado sustanciador lograra identificar si la inconstitucionalidad alegada “se basa en una vulneración de derechos constitucionales, en el desconocimiento de una reserva de Ley (orgánica), en la usurpación de funciones de las Asambleas o en la supuesta reforma de la Constitución mediante una norma no habilitada para ese propósito”[12]. En sus términos:

   “En efecto, a través de argumentos circulares, en la demanda se cuestiona la habilitación a los gobernadores para que modifiquen y adicionen los presupuestos, que a su juicio se incorpora en la disposición acusada. No obstante, de su escrito no se sigue un hilo conductor que permita identificar exactamente el alcance o sentido de lo pretendido, ni las razones por las cuales tal autorización podría ser contraria a los múltiples mandatos constitucionales invocados” [13].

7. En relación con el requisito de certeza, el magistrado sostuvo que la demanda parte de una lectura aislada y desarticulada del régimen orgánico departamental. Al respecto, el auto inadmisorio adujo que la inconformidad de la accionante se fundamenta en dos premisas diferentes. Por una parte, “que los numerales acusados del artículo 119 de la Ley 2200 de 2022 indican que el gobernador puede incorporar algunos recursos al presupuesto, (…)”[14], así como, por otra, que “esas disposiciones autorizan a que cree rubros y efectúe traslados presupuestales en virtud de potestades pro tempore (numeral 50)”[15]. No obstante, indicó el magistrado sustanciador, la demanda “no hace ninguna alusión a las normas que sobre el particular contiene la Ley 2200 de 2022. Por ejemplo, el artículo 19.5 que avala que la propia Asamblea le conceda facultades pro tempore a los gobernadores para los efectos de la competencia consagrada en el artículo 119.50 demandado”[16].

8. Por su parte, respecto de la exigencia de especificidad, el magistrado J.F.R.C. observó que, si bien inicialmente se hizo referencia a los artículos 300.5, 305 y 345 de la Constitución, más adelante se alegó una posible “omisión legislativa relativa” sin desarrollo alguno. Así mismo, se invocó la presunta vulneración de los artículos 2, 29, 83, 228 y 229, sin efectuar ningún tipo de análisis frente a cada una de las normas aparentemente infringidas. En sus términos,

   “[L]a acusación carece de una oposición objetiva y verificable de los numerales 49 y 50 del artículo 119 de la Ley 2200 de 2022 frente a cada uno de los preceptos superiores que aquellos presuntamente infringen. Tampoco se desarrolla ningún concepto de violación. La actora se limita a realizar afirmaciones frente a la reserva legal de las normas de presupuesto y enfatiza en que la ley orgánica en la que se encuentran incluidos los apartados demandados no está contemplada como un mecanismo de reforma constitucional”[17].

9. Ahora bien, sobre la posible omisión legislativa relativa, en el auto de inadmisión se indicó que la demanda no desarrolló argumentos para sustentar sus acusaciones. La actora tan solo se limitó a enunciar dicha figura sin exponer razones que respaldaran la inconstitucionalidad de la misma.

10. Finalmente, para el Magistrado J.F.R.C., la demanda no cumplió con el requisito de suficiencia, al no contener todos los elementos de juicio necesarios para por lo menos despertar una duda mínima sobre la constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas. Los yerros de los requisitos anteriores, insistió, demuestran el incumplimiento de estas mínimas cargas exigidas por esta Corporación.

11. Con base en lo anterior, el magistrado R.C. concedió al actor el término de tres días a partir de la notificación del auto de inadmisión para subsanar las deficiencias observadas, so pena de rechazo de la demanda. Según informe de la Secretaría de la Corte Constitucional, el término de ejecutoria para corregir la demanda transcurrió durante los días 10 y 11 de octubre de 2022.

    Corrección de la demanda

12. El 10 de octubre de 2022, la demandante allegó un escrito con el fin de subsanar las deficiencias identificadas en el auto de inadmisión. En dicho documento, la actora en esencia transcribió las mismas consideraciones realizadas en la demanda original, relativas a la competencia de la Corte para conocer de este tipo de asuntos y a los motivos por los que su escrito cumple con los requisitos de admisibilidad previstos para este tipo acciones. Así mismo, la accionante reiteró integralmente los párrafos que soportaban, en su escrito inicial, su concepto de violación de las normas constitucionales. En este sentido, nuevamente promueve la misma sustentación:

    “En primer lugar, en cuanto al requisito de claridad, la demanda lo satisface a cabalidad, las ideas aquí expuestas se han planteado tratando de evitar a toda costa algún tipo de ambigüedad o confusión terminológica. De modo tal que la argumentación se ha desenvuelto bajo un hilo conductor lógico, coherente, y congruente. De esta forma en la demanda se plantea con nitidez que el ingrediente normativo omitido por el legislador es asimilable al que prevé la norma, es decir, que la solicitud de la declaratoria de inexequibilidad de los Numerales 49 y 50 del Art. 119 de la Ley 2200 de 2022, es clara al ser contraria a la Constitución Política Colombiana. En segundo lugar, los cargos formulados gozan del atributo de ser pertinentes y específicos, esto bajo el entendido que los argumentos aquí esbozados son de índole Constitucional por cuanto se presentan las razones que explican y justifican el eventual quebrantamiento de las normas Constitucionales enunciadas en el acápite (III) de ésta demanda, y se basan en una presunta extralimitación de funciones expresadas en la emisión de los Numerales 49 y 50 del Art. 119 de la Ley 2200 de 2022, hoy censurados. Son específicos en cuanto los argumentos utilizados no son vagos, genéricos, indirectos o globales, antes, por el contrario, son puntuales y concretos. en la demanda se especifica que la omisión legislativa relativa alegada transgrede varios mandatos Constitucionales por tal motivo, el legislador se encuentra incumpliendo una exigencia derivada de la Carta, cuya falta de previsión genera una norma implícita de exclusión que desconoce un deber predeterminado por el Texto superior. En tercer lugar, la demanda goza del atributo de certeza. Por cuanto se cuestiona la Constitucionalidad de los Numerales 49 y 50 del Art. 119 de la Ley 2200 de 2022. Por último, la demanda cumple con el requisito de suficiencia, en tanto se aportan y desarrollan algunos elementos argumentativos para demostrar como la extralimitación legislativa relativa trae aparejada perjuicios en derechos que, de acuerdo a la Carta Política, se consideran fundamentales, tales como el artículo 2, 29, 83, 228 y 229 del Texto fundamental”[18]

    Auto de Rechazo

13. El 26 de octubre de 2022, el magistrado J.F.R.C. rechazó la demanda correspondiente al expediente D-14969, tras considerar que en el escrito de corrección aún persistían las deficiencias señaladas en la providencia de inadmisión proferida el 4 de octubre de 2022. Después de revisar los argumentos expuestos en el escrito de corrección, el mencionado magistrado observó que la actora mantuvo fundamentalmente la misma argumentación que se había encontrado inadmisible en la providencia del 4 de octubre de 2022. En concreto, el despacho sustanciador precisó que las acusaciones mantenían los problemas de falta de certeza, especificidad y suficiencia.

14. Respecto al requisito de claridad, el magistrado R.C. consideró que “la accionante no esclareció la confusión primigenia sobre los cargos a formular”[19]. La actora inicialmente acusó como inconstitucionales los artículos 49 y 50 de la Ley 2200 de 2022, por presentar una posible omisión legislativa relativa. Mediante auto de inadmisión del 4 de octubre de 2022, se requirió a la demandante para que aclarara los cuestionamientos relacionados sobre este asunto, pero en el escrito de subsanación no superó tales deficiencias.

15. Adicionalmente, el auto de rechazo insistió en la ausencia de un hilo conductor que permitiera a la Corte identificar algún argumento que diera cuenta sobre la inconstitucionalidad de la referida norma. En sus palabras,

    “Pese a lo manifestado, ni la demanda, ni el escrito de subsanación –que se restringió a transcribir el contenido del libelo inicial- cuentan con un hilo conductos a partir del cual se evidencie el despliegue argumentativo requerido para habilitar el juicio de control abstracto que adelanta este Tribunal. La demandante solo presentó afirmaciones circulares. En la demanda se cuestiona la habilitación a los gobernadores para que modifiquen y adicionen los presupuestos. A su juicio, tal autorización se incorpora en la disposición acusada. No obstante, de ello no se pueden identificar con claridad el alcance o sentido de lo pretendido, ni las razones por las cuales tal autorización podría ser contraria a los múltiples mandatos constitucionales (…)”[20].

16. En segundo lugar, el magistrado R.C. señaló que la actora tampoco subsanó la falta de certeza. El auto de rechazo puntualizó que el auto inadmisorio de la demanda se pronunció expresamente sobre la importancia de integrar en el análisis de constitucionalidad todo el articulado de la Ley 2200 de 2022. En dicha providencia, el magistrado sustanciador recordó a la demandante que los numerales 49 y 50 del artículo 119 de la Ley 2200 de 2022 no pueden entenderse de manera aislada, pues eso llevaría a interpretaciones limitadas sobre el alcance y contenido de la norma. No obstante, en el memorial de subsanación, la accionante de nuevo “desconoció el contexto normativo en el que fueron consignadas las potestades acusadas”[21], en la medida en que dichas normas no fueron contrastadas con otras presentes en el articulado de la Ley 2200 de 2022, y que dan lugar a una lectura diferente a la sostenida por la demandante. El magistrado R. consideró que las precisiones reseñadas eran determinantes para realizar un análisis integral de las normas acusadas.

17. En tercer lugar, el magistrado sustanciador encontró que tampoco fueron corregidas las falencias relativas al requisito de especificidad. En efecto, el magistrado R.C. sostuvo que el escrito de corrección relacionó de manera aislada las normas que posiblemente podrían verse quebrantadas por las disposiciones que se discuten en el presente trámite. Así, expresó que, tanto en la demanda como en su corrección, la actora se limitó a señalar, dispersa y aisladamente, la posible infracción de los artículos 2, 29, 83, 288, 229, 300.5, 305 y 345 Superiores, sin justificar sus posibles transgresiones. Así,

    “Aun cuando desde la demanda se hizo referencia a varias sentencias de la Corte Constitucional y estas se repitieron en la subsanación, no se adelantó ningún análisis por parte de la actora que permitiere estructurar las razones de inconstitucionalidad de la norma. Frente a este tipo de situaciones, la jurisprudencia ha determinado que no es suficiente con la citación de pronunciamientos de este Tribunal, sino que es preciso construir un andamiaje argumentativo en torno a sus consideraciones”[22].

18. En consecuencia, el magistrado R.C. rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada por la señora L.M.D.S. en contra del artículo 119 (parcial) de la Ley 2200 de 2022.

    Recurso de súplica

19. El 2 de noviembre de 2022[23], la demandante presentó recurso de súplica en contra del auto proferido el 26 de octubre de 2022 que rechazó la demanda del expediente D-14969. En su recurso, la accionante solicitó modificar dicha decisión y, en su lugar, admitir la acción pública de inconstitucionalidad objeto del presente trámite[24]. Para sustentar su impugnación, la señora L.M.D.S. volvió a transcribir los argumentos presentados en el escrito inicial de demanda y en su respectiva subsanación. En consecuencia, la actora indicó que los gobernadores no pueden modificar, mediante decreto, el presupuesto de rentas y gastos que han aprobado las asambleas departamentales, sino que esa decisión presupone la intervención de la respectiva asamblea. Las normas demandadas, en cambio, en concepto de la actora, facultan a los gobernadores para introducir modificaciones al presupuesto departamental mediante decreto. Así, mencionó:

    “(…) la Constitución Política de Colombia establece sus propios mecanismos de reforma en los cuales no se contempla a una Ley orgánica como uno de ellos. Pese a ser “leyes especiales”, mediante las cuales se reglamenta la adopción de otras leyes que versan sobre temas específicos, pero que no comparten su naturaleza jurídica, y, por ende, no pueden ser modificadas ni derogadas por las leyes ordinarias que se sujetan a ellas”[25].

20. La accionante agregó que una ley orgánica –como, en su concepto, es la Ley 2200 de 2022—no puede modificar las normas constitucionales que les atribuyen a las asambleas departamentales la facultad de expedir el presupuesto del departamento. La recurrente reiteró que los artículos 374 y 379 de la Constitución establecieron cuáles eran sus mecanismos de reforma, sin que el Congreso, a través de leyes orgánicas, estuviera autorizado para contrariar lo dispuesto por esos artículos. Finalmente, en los mismos términos que la demanda y su respectiva corrección, la accionante sostuvo que la presente acción cumple con los presupuestos argumentativos de claridad, pertinencia, especificidad, certeza y suficiencia exigidos por la jurisprudencia constitucional, como se evidencia a continuación:

    “considero que la presente demanda cumple a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos que hacen viable un pronunciamiento de fondo por parte de la Honorable Corte Constitucional. En primer lugar, en cuanto al requisito de claridad, la demanda lo satisface a cabalidad, las ideas aquí expuestas se han planteado tratando de evitar a toda costa algún tipo de ambigüedad o confusión terminológica. De modo tal que la argumentación se ha desenvuelto bajo un hilo conductor lógico, coherente, y congruente. De esta forma en la demanda se plantea con nitidez que el ingrediente normativo omitido por el legislador es asimilable al que prevé la norma, es decir, que la solicitud de la declaratoria de inexequibilidad de los Numerales 49 y 50 del Art. 119 de la Ley 2200 de 2022, es clara al ser contraria a la Constitución Política Colombiana. En segundo lugar, los cargos formulados gozan del atributo de ser pertinentes y específicos, esto bajo el entendido que los argumentos aquí esbozados son de índole Constitucional por cuanto se presentan las razones que explican y justifican el eventual quebrantamiento de las normas Constitucionales enunciadas en el acápite (III) de ésta demanda, y se basan en una presunta extralimitación de funciones expresadas en la emisión de los Numerales 49 y 50 del Art. 119 de la Ley 2200 de 2022, hoy censurados. Son específicos en cuanto los argumentos utilizados no son vagos, genéricos, indirectos o globales, antes, por el contrario, son puntuales y concretos. en la demanda se especifica que la omisión legislativa relativa alegada transgrede varios mandatos Constitucionales por tal motivo, el legislador se encuentra incumpliendo una exigencia derivada de la Carta, cuya falta de previsión genera una norma implícita de exclusión que desconoce un deber predeterminado por el Texto superior. En tercer lugar, la demanda goza del atributo de certeza. Por cuanto se cuestiona la Constitucionalidad de los Numerales 49 y 50 del Art. 119 de la Ley 2200 de 2022. Por último, la demanda cumple con el requisito de suficiencia, en tanto se aportan y desarrollan algunos elementos argumentativos para demostrar como la extralimitación legislativa relativa trae aparejada perjuicios en derechos que, de acuerdo a la Carta Política, se consideran fundamentales, tales como el artículo 2, 29, 83, 228 y 229 del Texto fundamental”[26]

Competencia

1. La Corte Constitucional es competente para conocer del presente recurso de súplica, de conformidad con lo establecido en el artículo 6º del Decreto Ley 2067 de 1991 y el artículo 50 del reglamento interno de la Corte Constitucional (Acuerdo 02 de 2015).

   Requisitos de procedencia del recurso de súplica en el presente caso. Incumplimiento de la carga argumentativa

2. El artículo 6º del Decreto Ley 2067 de 1991 establece que contra el auto que rechaza una acción de inconstitucionalidad procede el recurso de súplica ante la Sala Plena de la Corporación. Este mecanismo procesal tiene por objeto permitirle al accionante que la decisión de rechazo sea revisada[27], por motivos formales y materiales. Para que proceda el recurso de súplica, debe probarse que se reúnen los siguientes requisitos: (i) legitimidad por activa, que busca determinar si la solicitud proviene de quien presentó la demanda; (ii) oportunidad, que evalúa si el interesado promovió el recurso dentro del término de ejecutoria del auto de rechazo; y (iii) carga argumentativa, que persigue establecer si el recurrente ofreció una fundamentación clara, suficiente y concreta dirigida a cuestionar los razones jurídicas y fácticas del auto de rechazo[28].

3. En esta ocasión, en primer lugar, el recurso de súplica lo interpuso la ciudadana L.M.D.S., quien presentó la demanda de inconstitucionalidad. Por ende, se encuentra legitimada para controvertir el auto de rechazo a través del recurso referido. En segundo lugar, el auto de rechazo se expidió el 26 de octubre de 2022, y se notificó por estado el 28 de octubre de ese año, por lo que el término de ejecutoria correspondió a los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre del año 2022. Esta Sala constata que la recurrente interpuso el recurso de súplica el 2 de noviembre de 2022, es decir, dentro del término de ejecutoria del auto de rechazo. Por tanto, la Sala evidencia que el recurso se presentó oportunamente, dentro del término de ejecutoria. En consecuencia, resta examinar si la recurrente satisfizo la carga argumentativa.

4. La Corte ha precisado que el recurso de súplica no constituye una nueva oportunidad o una tercera instancia de calificación de la aptitud de la demanda por parte de la Sala Plena. Por el contrario, el objetivo específico de este recurso es establecer si la decisión de rechazo incurrió en un error. Si este es el objetivo de la súplica, la recurrente tiene la carga de identificar los errores particulares en el examen de rechazo. En general, entonces, la Corte debe abstenerse de decidir el fondo de los recursos de súplica que no desvirtúan específicamente el auto de rechazo, sino que se limitan a subrayar sus acusaciones anteriores, porque de ese modo preserva la distribución legislativa de funciones dentro de la Corporación entre el magistrado sustanciador –que examina la aptitud de la demanda—y la Sala Plena –que decide si en el auto recurrido existió “un yerro, olvido o arbitrariedad”—.[29] Limitar la tarea de la Sala Plena de la Corte a examinar la contradicción que propone el recurrente frente al auto de rechazo mantiene esa división de funciones, honra el principio de legalidad del proceso y contribuye a la seguridad jurídica, mientras que permitir que el demandante simplemente plantee de nuevo los cuestionamientos iniciales, y estudiar de fondo un recurso de esta índole, tiende a afectar esos principios.

5. Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado que:

   “(…) es necesario que en esta oportunidad procesal [del recurso de súplica] se indique, a partir de una base cierta, cuáles fueron las falencias o deficiencias que se presentaron al momento de emitir el auto que rechazó la demanda. La súplica no constituye una segunda oportunidad para subsanar la demanda o los yerros anunciados en el auto de rechazo, ni para presentar argumentos adicionales. Así mismo, no basta con señalar en el encabezado del documento “recurso de súplica”, cuando en el contenido del documento no se exponen argumentos de inconformidad concretos respecto del auto de rechazo[30].

6. El recurso de súplica que se estudia en esta oportunidad simplemente reitera los argumentos que la accionante había planteado en su demanda inicial y, luego, en el escrito de corrección. La recurrente no identifica de manera específica una equivocación o error en la decisión recurrida. El recurso insiste en los argumentos que se presentaron para justificar la supuesta inconstitucionalidad de las normas acusadas y en las razones por las cuales, en opinión de la accionante, su demanda cumple con todos los requisitos de aptitud, a saber, claridad, especificidad, pertinencia, suficiencia y certeza. Es decir, la ciudadana L.M.D.S. no cumplió la carga argumentativa del recurso de súplica.

7. En todo caso, después de la inadmisión de su demanda, pese a que tuvo la oportunidad para enmendarla, la accionante no hizo ninguna modificación relevante a sus acusaciones para subsanar los problemas de aptitud que le señaló el magistrado sustanciador. Antes bien, la demandante se limitó a reproducir, en cada ocasión, las alegaciones de inconstitucionalidad iniciales, tal como se observa en las transcripciones expuestas en los antecedentes de la presente providencia. En la demanda, en el memorial con pretensiones de corrección, y luego en el recurso de súplica, la ciudadana trascribió segmentos enteros, que reproducían los problemas que le había destacado el magistrado R.C.. En consecuencia, la peticionaria no solo no cumplió la carga argumentativa propia del recurso de súplica, sino que tampoco subsanó las deficiencias que se le habían indicado en los autos de inadmisión y de rechazo.

8. Con fundamento en estas razones, la Corte Constitucional confirmará el auto de rechazo de la acción pública de inconstitucionalidad. Sin embargo, esta Corporación le aclara a la demandante que “la inadmisión o rechazo de una demanda de inconstitucionalidad no hace tránsito a cosa juzgada ni cercena el derecho de acción de los ciudadanos, de manera que bien puede presentar una nueva demanda, por supuesto bajo las exigencias de los artículos 40-6 y 241 de la Carta Política, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 2067 de 1991”[31].

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,