Auto nº 838/23 de Corte Constitucional, 17 de Mayo de 2023

1. El 10 de abril de 2023, se recibieron tres correos electrónicos de la ciudadana N.B.C. en los que referenció los expedientes D-14865 y D-15226[2]. El primero lo dirigió al magistrado A.J.L.O., a través del cual le pidió apartarse “inmediatamente de [sus] documentos”. Los otros dos los dirigió a todos los magistrados de la Corte, y en estos solicitó “retirar al Magistrado A.L. de [sus] documentos y expedientes”[3]. Argumentó que la información contenida en el comunicado de prensa correspondiente al expediente D-14865, cuya redacción, según la ciudadana, estuvo a cargo del magistrado L., no contenía la información que ella “escribi[ó] y radi[có] en este nuevo expediente”[4].

2. Mediante correo electrónico de 10 de abril de 2023[5], la ciudadana N.B.C. solicitó “la recusación del Magistrado A.L. en caso de que este funcionario no se declare impedido para examinar [los] expedientes 14865 y 15226”[6]. Como fundamento de su petición, la ciudadana expuso las siguientes circunstancias:

   (i) Que la sentencia por medio de la cual se decidió la demanda estudiada en el expediente D-14865, “no corresponde en absoluto al contenido original de los documentos que [la peticionaria radicó] en [el] expediente 14865”.

   (ii) Que el comunicado de prensa redactado por el magistrado L. “no menciona en absoluto el contenido original o auténtico de [los] documentos originales de [autoría de la peticionaria] ni mucho menos presenta la información original” que anexó y citó en la demanda. Por el contrario, “presentó en dicho comunicado un trabajo de muy mala calidad”. Además, el contenido del expediente D-14865 “fue encubierto y alterado en su totalidad en el comunicado de prensa”.

   (iii) Que el magistrado A.J.L. fue denunciado por la peticionaria “ante la Procuraduría, ante la oficina de transparencia de la Presidencia de la República, ante la Comisión de Acusaciones, ante los medios de comunicación, por el delito de falsedad ideológica en documento público y violación de [sus] derechos morales de autor”. Agregó que este también fue denunciado por la ciudadana “por haber atentado contra la autenticidad de investigaciones cient[í]ficas m[é]dicas originales”.

   (iv) Que la misma documentación referida fue entregada por la peticionaria al magistrado en el proceso 13255, pero, en la Sentencia C-088 de 2020 el magistrado “manifestó que en lugar de lo anterior, recibió de [su] parte otra cosa distinta”. En la citada sentencia, el magistrado se encargó de “modificar intencionalmente [la] demanda, cambiándole intencionalmente su contenido original para denigrarla”.

   (v) Que el magistrado L.O. “despenaliz[ó] los procedimientos IVE en sentencia C-055 de 2022, cometiendo abusos con el empleo de la documentación” suministrada por la peticionaria y “expuso a la población infantil a la muerte, a la prematurez [sic] , a la enfermedad y a la discapacidad física permanente”.

   (vi) En suma, fundamenta la recusación en que el magistrado A.J.L. ha tenido “un proceder irregular en el análisis de esta controversia tan delicada” en cuanto a la documentación aportada en los distintos trámites. Y, en esta ocasión, “nuevamente el funcionario present[ó] en comunicado de prensa, un contenido que no tiene [los] documentos originales y nuevamente omitió dar a conocer toda la información médica científica original” que entregó la peticionaria[7].

3. El 11 de abril de 2023, N.B.C. remitió a la Corte Constitucional correo electrónico que denominó “Anexo explicativo de mi solicitud de recusación dirigido a todos los magistrados”[8]. En este expuso por qué, en su criterio, en la decisión que se anunció a través del comunicado de prensa del expediente D-14865 se hizo referencia a documentación que “no existe ni fue la original que [escribió] y entreg[ó]”[9]. Asimismo, se refirió a los delitos “de infanticidio”, “[a]borto inducido, feticidio, y parto inducido”. Por lo demás, reiteró los argumentos expuestos en la demanda acerca de los artículos 122, 123 y 125 del Código Penal. Con base en lo anterior, insistió en que el magistrado L.O. redactó el referido comunicado de prensa “apartándose totalmente” de la información proporcionada y, agregó, que por ello también solicitaría “la nulidad de este proceso”[10].

4. El 13 de abril de 2023, la señora B.C. envió cuatro correos electrónicos a la Corte[11]. Los dos primeros fueron dirigidos a la magistrada sustanciadora y se referenciaron como “Anexos Adicionales Solicitud de Recusación M.L.” y “Pruebas documentales de mi solicitud de recusación”, respectivamente. Por medio de estos, la ciudadana remitió los “documentos de [su] autoría y anexos que [ella] misma radi[có] en [el] expediente 14865”[12]; expuso lo que, en su criterio, se demuestra a través de esta documentación, y solicitó que la misma fuera examinada. En el tercer correo allegó un oficio de la procuradora Primera Delegada para la Investigación y el Juzgamiento Penal relacionado con una solicitud de impulso y vigilancia especial en la investigación que al parecer adelanta la Comisión de Investigación y Acusaciones en contra del magistrado L.O.. Por último, a través del cuarto correo envió un oficio de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en el que se le informa acerca del trámite dado a una queja interpuesta por ella.

5. El 21 de abril de 2023, N.B.C. remitió a la Corte correo electrónico que referenció “Solicitud de nulidad del auto del 18 de Abril. Exp. 15226”[13]. En este solicitó “apartar al Magistrado A.L. de [sus] documentos y declarar la nulidad del trámite 15226”[14]. Reiteró que el magistrado “cometió abusos con la documentación original de salud que [ella] misma [entregó] y abusos con [sus] propias palabras escritas”. La peticionaria agregó que el magistrado A.J.L. se pronunció acerca de su demanda en el expediente D-15226 sin que antes se decidiera acerca de la recusación formulada en contra del magistrado.

1. Competencia

1. La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para decidir acerca de la pertinencia de la recusación formulada contra el magistrado A.J.L.O., de conformidad con lo previsto en los artículos 28[15] y 29[16] del Decreto Ley 2067 de 1991 y el literal j) del artículo 5º del Acuerdo 02 de 2015[17].

2. Delimitación del asunto objeto de decisión y metodología

2. A través de siete correos electrónicos, N.B.C. recusó al magistrado A.J.L.O. para que fuera apartado del conocimiento de los expedientes D-14865 y D-15226, actualmente a cargo del magistrado. En ese sentido, le corresponde a la Sala Plena decidir si la recusación formulada en contra del magistrado L.O. en estos expedientes es o no pertinente. Para estos efectos, la Sala, en primer lugar, hará alusión a los criterios desarrollados por la jurisprudencia de la Corte para determinar la pertinencia de las recusaciones en los procesos de control abstracto de constitucionalidad (II.3 infra). Y, en segundo lugar, estudiará la recusación formulada por la ciudadana N.B.C. en contra del magistrado A.J.L.O. en los expedientes D-14865 y D-15226 (II.4 infra).

3. Criterios para determinar la pertinencia de las recusaciones

3. La Corte ha expuesto de forma reiterada que en los procesos que se adelantan con ocasión de una demanda de acción pública de inconstitucionalidad, el trámite de las recusaciones está sujeto a una “regulación específica, autónoma e integral”[18], establecida en los artículos 25 a 31 del Decreto Ley 2067 de 1991. Según estas normas, antes de estudiar si un magistrado se encuentra incurso o no en una causal de impedimento o recusación, es necesario determinar si la recusación es o no pertinente, “a fin de que, en el primer evento, el magistrado acusado rinda informe y se abra a pruebas por un término de ocho días y en el segundo, sean rechazadas por impertinentes”[19]. De esta manera, se trata de una etapa previa que tiene por objeto “evaluar si la solicitud reúne las condiciones mínimas para que se dé inicio al trámite incidental y posteriormente pronunciarse de fondo sobre las situaciones fácticas aducidas por el recusante”[20].

4. Una recusación presentada en un juicio de constitucionalidad es pertinente cuando cumple las siguientes condiciones: (i) legitimación en la causa por activa; (ii) oportunidad en la presentación de la recusación y (iii) cumplimiento de la carga de argumentación. A continuación, se explica en qué consiste cada una de estas condiciones o presupuestos.

5. Legitimación en la causa por activa. De conformidad con el artículo 28 del Decreto Ley 2067 de 1991, las recusaciones pueden ser presentadas por la Procuraduría General de la Nación o por la parte demandante. Esta norma fue declarada exequible mediante la sentencia C-323 de 2006, bajo el entendido de que las recusaciones también pueden ser promovidas por los ciudadanos que hayan intervenido de forma oportuna en el proceso, bien sea impugnando o defendiendo la norma. Lo anterior, por cuanto el ciudadano interesado en que se asegure la imparcialidad del juez constitucional debió “concretar su interés dentro del proceso de constitucionalidad, en defensa de la Constitución”[21], lo cual ocurre cuando ha intervenido de forma oportuna como impugnador o defensor de la norma cuestionada.

6. Oportunidad para presentar la recusación. Las recusaciones se pueden presentar en cualquier momento del proceso, antes de que se adopte la decisión respecto de la cual se cuestiona la parcialidad, habida cuenta de que estas tienen por objeto impedir la participación de uno o varios magistrados en la adopción de una decisión de fondo[22]. Con todo, la Corte ha reconocido que la referida regla debe responder a las particularidades propias de los procesos de control abstracto de constitucionalidad[23], según lo establecido en el Decreto Ley 2067 de 1991. En ese sentido, la solicitud puede ser catalogada como extemporánea si, a pesar de no haberse proferido la decisión, “se formula con posterioridad a la intervención en el proceso y los hechos en los que se funda, ya existían al momento de participar en el proceso”[24]. Al respecto, en el Auto 498 de 2017[25], la Corte precisó que “surge la necesidad de unificar la regla de presentación oportuna de la petición de recusación –temporalidad-, por lo cual, […] en el momento de la intervención deberá formularse la recusación fundada en hechos anteriores en que haya podido incurrir determinado Magistrado, solo siendo posible recusarlo con posterioridad, bajo la condición de que se trate de una situación fáctica distinta y posterior a la intervención ciudadana”.

7. Deber de argumentación. La Corte tiene establecido[26] que el recusante tiene el deber de (i) identificar la causal de recusación que alega; (ii) exponer los hechos que configurarían la referida causal; (iii) explicar la relación entre los hechos y la causal invocada. Los últimos dos aspectos, además, deben ser expuestos (iv) con claridad y (v) especificidad, a partir de argumentos pertinentes y suficientes[27], habida cuenta de que los argumentos del recusante son los que darían lugar al inicio del trámite del incidente y, luego, a un pronunciamiento de fondo. En este contexto es necesario distinguir entre las causales de recusación objetivas y subjetivas[28]. Esto, porque en el caso de las llamadas causales subjetivas la carga de argumentación es cualificada, pues al interesado le corresponde mostrar cómo está afectada la imparcialidad del magistrado al que recusa. En el caso de las denominadas causales objetivas, la carga de argumentación se hace más flexible, toda vez que el “ejercicio del recusante se circunscribe a exaltar y evidenciar el supuesto fáctico referido por la norma que contempla la causal de recusación (…)”[29]. Tratándose de la causal de “tener interés en la decisión”, que es una causal subjetiva de recusación, la Corte ha señalado que se debe acreditar que el interés es actual y directo.

   Es actual, si el vicio que se atribuye a la capacidad interna del juzgador es latente o concomitante al momento de tomar la decisión, lo que quiere decir que los hechos pasados, futuros o simplemente eventuales no tienen la entidad suficiente para deslegitimar la competencia subjetiva del juez constitucional. || Es directo, si el juzgador obtiene una ventaja o provecho, ya sea de tipo patrimonial –cuando con la decisión pueden producirse resultados positivos o negativos en el patrimonio del magistrado o de su núcleo familiar– o de carácter moral –cuando la afectación del magistrado obedece a los resultados no económicos que se desprenden de la determinación acogida–. Esto implica demostrar que existe una coincidencia entre el objeto de la decisión y el interés real –que no basado en simples supuestos o generalidades– del magistrado potencialmente afectado, pues “cuando el interés es indirecto, marginal o accesorio, y no coincide con el objeto de la decisión judicial, no se configura la causal”[30].

4. Análisis de la recusación formulada por la ciudadana N.B.C. contra el magistrado A.J.L.O.

8. Se cumple el requisito de legitimación en la causa por activa en los expedientes D-14865 y D-15226. N.B.C. fue quien presentó las demandas públicas de inconstitucionalidad a las que se les asignó los expedientes D-14865 y D-15226. Por ende, de conformidad con el artículo 28 del Decreto Ley 2067 de 1991, la ciudadana goza de legitimación para formular recusaciones en los referidos expedientes.

9. Se cumple el requisito de oportunidad en relación con el expediente D-15226, pero no frente al expediente D-14865. De un lado, en el expediente D-15226, N.B.C. presentó de forma oportuna la recusación en contra del magistrado A.J.L.O.. En efecto, esta se radicó al cabo de cuatro días desde que la señora B.C. tuvo la oportunidad de conocer que el magistrado L.O., respecto de quien invoca las posibles circunstancias recusables, estaría a cargo de estudiar la demanda de inconstitucionalidad presentada por ella y a la que se le asignó el expediente número D-15226[31]. De conformidad con los artículos 3, 6 y s.s. del Decreto Ley 2067 de 1991 y 46 a 49 del Acuerdo 02 de 2015[32], el estudio de admisibilidad de una demanda pública de inconstitucionalidad corresponde realizarlo a un magistrado sustanciador, a menos que la Corte asigne “a más de un magistrado la sustanciación de un mismo asunto”[33]. Dicho magistrado es determinado por sorteo por la Sala Plena días después de radicado el escrito de demanda.

10. En el caso sub examine, N.B. radicó la demanda de inconstitucionalidad el 15 de marzo de 2023. Para ese momento aún no se conocía a qué magistrado le sería asignado el estudio de esta demanda y, por ende, es factible reconocer que para entonces no se habían dado las circunstancias que motivarían la presente recusación. Luego, el 23 de marzo de 2023, la Sala Plena repartió el expediente D-15226 al magistrado A.J.L.O., pero, fue hasta el 27 de marzo siguiente que la Secretaría General de la Corte rindió y publicó el informe a través del cual daba cuenta del referido reparto y la entrega del expediente al despacho sustanciador[34]. Para la Sala, en esta última fecha se dio a conocer el evento que daría lugar a la recusación formulada por la señora B.C. en contra del magistrado L.O., esto es, que este último, respecto de quien se alega que se configuran circunstancias recusables, sería el magistrado sustanciador a cargo de estudiar la demanda de inconstitucionalidad presentada por ella.

11. Cuatro días hábiles después, es decir, el 10 de abril de 2023[35], N.B.C. formuló la recusación en contra del magistrado L.O. para ser separado, entre otros, del conocimiento del expediente D-15226. A juicio de la Sala, cuatro días es un tiempo razonable y, por ende, oportuno para formular una recusación cuyas circunstancias fácticas se conocieron después de presentada la respectiva demanda. Se trata de un término razonable si se tiene en cuenta que, por una parte, el informe en que consta el reparto del expediente no se comunica al demandante y se puede conocer mediante la consulta del proceso en el sistema público de la Secretaría General. Y, por otra parte, la redacción de un escrito de recusación supone un trabajo intelectual que requiere de un tiempo para su elaboración. Por estas razones, la Sala considera que la recusación formulada por N.B.C. en contra del magistrado A.J.L.O. en el expediente D-15226 cumple con el requisito de oportunidad.

12. De otro lado, en el expediente D-14865 la recusación formulada en contra del mismo magistrado no cumple con el requisito de oportunidad. Esto es así, por las siguientes dos razones. Por una parte, porque la decisión de la que se pide apartar al magistrado A.J.L. se adoptó antes de que la ciudadana presentara la recusación[36]. Y, por otra parte, porque la circunstancia en la que la ciudadana fundamenta la recusación era conocida por ella desde hace meses e incluso años y, de haberla querido alegar, debió haberlo hecho mucho antes de que la Sala Plena, integrada entre otros por el magistrado L.O., decidiera el expediente D-14865.

13. En efecto, el 10 de abril de 2022[37], N.B. solicitó a la Corte que el magistrado A.J.L.O. fuera apartado de examinar, entre otros, el expediente D-14865[38]. Sin embargo, para esa fecha la Sala Plena ya había adoptado la Sentencia C-066 del 15 de marzo de 2023, a través de la cual se decidió el referido expediente. Por ende, la ciudadana B.C. presentó la recusación después de haberse proferido la decisión de la que eventualmente era susceptible apartar al magistrado, lo que deriva en que la recusación fue inoportuna.

14. Sumado a lo anterior, la peticionaria soporta su recusación en la supuesta tergiversación que según ella perpetró el magistrado sobre los documentos y escritos que ella presentó en procesos decididos en 2020 y 2022 –D-13.255[39] y D-13.956[40]–. Es decir, que las circunstancias que motivan la recusación eran conocidas por la recusante desde hace bastante tiempo, al punto que en atención a dichas circunstancias ella ha acudido ante distintas autoridades[41]. En la medida en que el magistrado A.J.L.O. participaría junto con el resto de los magistrados en el fallo que decidiría el expediente D-14865, la ciudadana B.C. debió formular su recusación antes de que se adoptara la referida decisión. El hecho de que la ponencia inicialmente presentada por quien era el magistrado sustanciador –J.E.I.– hubiese sido derrotada y la sustanciación de la decisión colegiada hubiese pasado al magistrado recusado, por ser quien ese día le seguía en lista al sustanciador[42], no incide o modifica en modo alguno que el fallo fue adoptado antes de formulada la recusación y que la circunstancia que da fundamento a esta última existía de tiempo atrás.

15. Ahora, atendiendo que la recusación presentada en el expediente D-14865 es impertinente por no cumplir el requisito de oportunidad, la Sala continuará con el estudio de pertinencia únicamente en relación con la recusación formulada en el expediente D-15226.

16. La recusación presentada en el expediente D-15226 no cumple el requisito de carga argumentativa. La recusante no invocó o identificó alguna de las causales de recusación previstas en los artículos 25 y 26 del Decreto Ley 2067 de 1991, lo cual supone una primera dificultad para comprender la razón normativa por la que considera que el magistrado A.L. debe ser apartado del conocimiento del expediente D-15226. Esta circunstancia, por sí sola, daría lugar a que se declare la impertinencia por falta de carga argumentativa.

17. No obstante lo anterior, con el fin de garantizar al máximo el acceso a la administración de justicia y en gracia de discusión, la Sala podría inferir que las consideraciones expuestas por N.B.C. en sus escritos, en principio, se enmarcan en la causal de un supuesto “interés en la decisión” por parte del magistrado L.O.. De ser así, la Sala considera que, en todo caso, la ciudadana no cumplió con la carga argumentativa para que su recusación supere el estudio de pertinencia, especialmente, si para esa causal en concreto se exige una carga argumentativa cualificada.

18. Esto es así, porque, de un lado, la señora B.C. no indicó, ni de sus escritos se puede inferir, cuál podría ser el interés que tendría el magistrado al decidir sobre la admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad asignada al magistrado bajo el expediente D-15226. La recusante se circunscribe a expresar de forma reiterada que, en su criterio, el magistrado ha tergiversado en anteriores oportunidades los documentos y escritos que ella ha presentado en otros expedientes en los que este ha fungido como sustanciador. Para la Sala, de esta circunstancia no se extrae que el magistrado vaya a recibir algún tipo de beneficio al decidir el expediente D-15226, como para pensar que su imparcialidad de algún modo se podrá ver afectada. El que la ciudadana insista en que el magistrado ha variado el contenido de sus documentos no lleva a la conclusión de que dicho magistrado tiene algún tipo de interés para estudiar y decidir su demanda.

19. De otro lado, el que la recusante haya acudido a la Procuraduría General de la Nación, la Comisión de Investigación Acusaciones y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República para expresar su inconformismo con el que a su juicio fue el actuar del magistrado no tiene la entidad suficiente para inferir que este tiene algún interés en la decisión del expediente D-15226. La Corte tiene establecido que “[a]unque podría argumentarse que la vinculación de un miembro de la Corte a un proceso penal en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, torna actual el interés, tal situación no tiene lugar cuando la actuación se encuentra en una fase preliminar, en la que no se ha vinculado formalmente al magistrado al proceso mediante citación a indagatoria”; pensarlo de otra manera “conduciría a concluir que bastaría con cuestionar cualquier decisión o actuación de un magistrado ante este organismo para desplazarlo en todos aquellos casos en que deba pronunciarse sobre la validez de las normas que fijan su responsabilidad, sobre la base de que tiene un interés en la decisión judicial”[43]. En ese sentido, el que eventualmente se esté conociendo por parte de otras autoridades las circunstancias expuestas por N.B.C. no conduce a que se acredite algún tipo de interés por parte del magistrado L.O. en las resueltas del expediente D-15226.

20. Por lo demás, las razones expuestas por la recusante no expresan una relación entre los hechos invocados y una causal de recusación, no son específicas de cara a fundamentar una circunstancia recusante y, por último, no son suficientes para cuestionar la imparcialidad del magistrado A.J.L.O. para decidir la demanda estudiada en el expediente D-15226. Por ende, la recusación formulada en el expediente citado es impertinente por no colmar el requisito de carga argumentativa.

21. Conclusión. En suma, la Sala Plena de la Corte encuentra impertinentes las recusaciones formuladas por N.B.C. frente al magistrado A.J.L.O. para participar en los expedientes D-14865 y D-15226.

22. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, la Sala reitera el llamado a la ciudadana N.B.C. para utilizar correctamente el lenguaje cuando se refiere a los magistrados. Pues, la ciudadana en sus escritos utiliza un lenguaje carente de respeto con este Tribunal que es, por esa misma circunstancia, incompatible con la majestad de la Justicia.

    En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,

PRIMERO. RECHAZAR por falta de pertinencia la recusación presentada por la ciudadana N.B.C. dentro de los procesos D-14865 y D-15226, en contra del magistrado A.J.L.O., dado que no se cumplen los requisitos de oportunidad y carga argumentativa por parte de la recusante, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

SEGUNDO. Contra esta providencia no procede recurso alguno.

N., comuníquese y cúmplase,

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

Ausente con comisión

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

Con impedimento aceptado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

No participa

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

[1] Por medio cual se unifica y actualiza el Reglamento Interno de la Corte Constitucional.

[2] Mediante informe del 11 de abril de 2023, la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió estos correos a los despachos. Los correos se recibieron el 6 de abril de 2023, pero, dado que ese día era día festivo –jueves santo–, se entienden como recibidos el siguiente día hábil, que fue el lunes 10 de abril de 2023 (cfr. Informe de la Secretaría General de la Corte de 11 de abril de 2023).

[3] Correos electrónicos del 6 de abril de 2022 recibidos a las 11:40 y 11:50.

[4] Ib. Además, pidió a la Sala “meditar” acerca de lo que, en criterio de la peticionaria, “está haciendo en perjuicio de los niños, en perjuicio [de ella], en perjuicio de Colombia”.

[5] A través de informe de 11 de abril de 2023, la Secretaría General de la Corte Constitucional informó a los despachos acerca de la recepción de este correo electrónico.

[6] Correo del 10 de abril de 2023 a las 17:32 remitido por N.B.C..

[7] Ib.

[8] Correo electrónico de 11 de abril de 2023 recibido a las 18:42. Este fue remitido a los despachos mediante informe de 12 de abril de 2023 de la Secretaría General de la Corte Constitucional.

[9] Ib. Según la peticionaria, ella entregó información que daba cuenta de que “los procedimientos IVE son daños antijurídicos físicos, fisiológicos, emocionales y morales impuestos por ls [sic] Rama judicial”; “estos daños son imputables al Estado”; “el art 122 autoriza e impone estos daños antijurídicos”; hay una “situación de notoria debilidad de los bebes hospitalizados en UCI neonatales”.

[10] Ib.

[11] Mediante informe de 14 de abril de 2023, la Secretaría General de la Corte Constitucional informó a los despachos acerca de estos correos electrónicos

[12] Correos electrónicos del 13 de abril de 2023 de 9:34 y 9:59.

[13] A través de informe del 21 de abril de 2023, la Secretaría General de la Corte Constitucional informó a los despachos acerca de este correo.

[14] Correo electrónico de 21 de abril de 2021 de 6:03.

[15] “Cuando existiendo un motivo de impedimento en un magistrado o conjuez, no fuera manifestado por él, podrá ser recusado o por el Procurador General de la Nación o por el demandante. La recusación debe proponerse ante el resto de los magistrados con base en alguna de las causales señaladas en el presente decreto. || Cuando la recusación fuere planteada respecto de todos los magistrados, el pleno de la Corte decidirá sobre su pertinencia”. La expresión subrayada fue declarada exequible de manera condicionada en la Sentencia C-323 de 2006, “en el entendido de que la facultad mencionada en cabeza del Procurador General de la Nación o del demandante no es exclusiva ni excluyente, sino que cuando la norma utiliza el verbo ‘podrᒠdebe entenderse que tanto el Procurador General como el demandante pueden solicitar la recusación de un Magistrado, pero igualmente lo pueden hacer aquellas personas que ostenten la calidad de ciudadano y hayan intervenido oportunamente como impugnado [sic] o defensor de las normas sometidas a control constitucional y a partir de ese momento”.

[16] “Si la recusación fuere pertinente, el magistrado o conjuez recusado deberá rendir informe al día siguiente. En caso de aceptar los hechos aducidos por el recusante, se le declarará separado del conocimiento del negocio. De lo contrario, se abrirá a prueba el incidente por un término de ocho días, tres para que el recusante las pida y cinco para practicarlas, vencido el cual, la Corte decidirá dentro de los dos días siguientes. En dicho incidente actuará como sustanciador el magistrado que siga en orden alfabético al recusado. Si prospera la recusación, la Corte procederá al sorteo de conjuez” (énfasis propio).

[17] Por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional. “Compete a la Sala Plena de la Corte Constitucional: […] j. Tramitar y resolver sobre los impedimentos y recusaciones de los Magistrados, Conjueces, según lo previsto en los artículos 25 a 31 del Decreto 2067 de 1991 y los artículos 98 y 99 de este Reglamento”.

[18] Corte Constitucional. Auto 306 de 2017, reiterado, entre otros, en el auto 547A de 2017. Ver también el auto 036 de 2020.

[19] Corte Constitucional. Auto 547A de 2017. También confrontar el artículo 29 del Decreto Ley 2067 de 1991.

[20] Corte Constitucional. Auto 547A de 2017.

[21] Corte Constitucional. Sentencia C-323 de 2006.

[22] Cfr. Auto 156A de 2003.

[23] Cfr. Corte Constitucional. Autos 260 de 2019 y 191 de 2020.

[24] Corte Constitucional. Auto 260 de 2019.

[25] Ver también la Sentencia C-323 de 2006.

[26] Cfr. Corte Constitucional. Autos 1920 de 2022, 1862 de 2022, 1495 de 2022, entre otros.

[27] Cfr. Auto 1920 de 2022.

[28] Cfr. Corte Constitucional. Auto 515 de 2015. La Corte ha explicado que “las causales de impedimento pueden ser de dos clases: (i) objetivas, en las que basta acreditar la ocurrencia del hecho contenido en el supuesto fáctico de la norma; y (ii) subjetivas, en las que no basta la demostración de los hechos que la sustentan, por lo que la manifestación de impedimento debe acompañarse de una valoración subjetiva de los hechos, estructurada en argumentos lógicos correlativos y demostrativos que la fundamenten”.

[29] Ib.

[30] Corte Constitucional. Auto A178A de 2022, que a su turno cita el Auto 120 de 2016.

[31] Por una parte, de conformidad con el informe secretarial de 27 de marzo de 2023, obrante en el expediente D-15.266, este último fue repartido al magistrado L.O. por sorteo de 23 de marzo de 2023 y, luego, el 27 de marzo siguiente fue entregado al despacho. Por su parte, el 10 de abril de 2023 –día hábil siguiente al envío del escrito que fue el 6 de abril de 2023– se recibió el escrito de recusación presentado por N.B.C..

[32] Por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional.

[33] Decreto Ley 2067 de 1991, art. 3.

[34] Cfr. Informe de la Secretaría General de la Corte de 27 de marzo de 2023, obrante en el expediente y disponible en el sistema público de consulta de procesos.

[35] La Sala precisa que del lunes 3 de abril de 2023 al miércoles 5 de abril de 2023 hubo vacancia judicial y los días jueves y viernes 6 y 7 abril fueron días feriados –jueves y viernes santo–.

[36] El expediente D-14865 se decidió el 15 de marzo de 2023 a través de la Sentencia C-066 de 2023, mientras que la recusación se presentó el 10 de abril de 2023.

[37] Los correos se recibieron el 6 de abril de 2023, pero, dado que ese día era día festivo –jueves santo–, se entienden como recibidos el siguiente día hábil, que fue el lunes 10 de abril de 2023 (cfr. Informe de la Secretaría General de la Corte de 11 de abril de 2023).

[38] Mediante la Sentencia C-066 de 2023, la mayoría de la Sala Plena decidió “INHIBIRSE de adoptar una decisión de fondo en relación con los cargos formulados en contra de los artículos 108, 118, 122, 123 y 125 de la Ley 599 de 2000, ‘por la cual se expide el Código Penal”, por ineptitud sustantiva de la demanda’”.

[39] Este expediente se decidió a través de la Sentencia C-088 de 2 de marzo de 2020.

[40] Por su parte, este se decidió a través de la Sentencia C-055 de 21 de febrero de 2022.

[41] De conformidad con los correos de 13 de abril de 2023 a las 10:26 y 11:22, la ciudadana N.B.C. ha acudido a la Procuraduría General de la Nación, la Comisión de Investigación y Acusaciones y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República para poner en conocimiento supuestas irregularidades por parte del magistrado A.J.L.O..

[42] Si bien el magistrado A.L.C. sigue por orden alfabético al magistrado I.N., el 15 de marzo el magistrado L.C. estuvo ausente de la Sala Plena, razón por la cual el siguiente al doctor J.E.I. era el magistrado A.J.L..

[43] Corte Constitucional. Auto 447A de 2015, reiterado en el Auto 075 de 2020. Énfasis propio.