Auto nº 849/23 de Corte Constitucional, 17 de Mayo de 2023
| Ponente | José Fernando Reyes Cuartas |
| Fecha de Resolución | 17 de Mayo de 2023 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | CJU-2394 |
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Plena
AUTO 849 de 2023
Referencia: expediente CJU-2394
Conflicto de jurisdicciones suscitado por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá.
Magistrado ponente:
José Fernando Reyes Cuartas
Bogotá D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitrés (2023).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente:
AUTO
-
El 25 de agosto de 2021[1], la sociedad Fast Collecting Colombia SAS, mediante apoderado judicial, instauró demanda ordinaria laboral en contra de Riesgos Laborales C. Seguros de Vida, Coomeva EPS y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá. Lo anterior, con el propósito de obtener el recobro derivado del pago de incapacidades médicas a la señora D.S.C.S. quien sufrió un accidente laboral que le generó una lesión en la rodilla derecha[2]. Explicó que asumió durante 6 meses las incapacidades de la trabajadora C.S.[3] y que al momento de solicitar el reintegro de dicha prestación, las entidades demandadas negaron su reconocimiento[4]. En consecuencia, pretendió de forma principal que se declare que C. le adeuda el valor de las incapacidades reconocidas a C.S. en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 05 de febrero de 2021[5].
-
El conocimiento de la demanda se asignó al Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá[6], que mediante providencia del 9 de febrero de 2022[7], declaró no tener competencia para conocer el asunto y propuso conflicto negativo entre jurisdicciones. Argumentó que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia[8] el proceso debe tramitarse ante la jurisdicción contencioso administrativa en virtud del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011. De otro lado, citó el Auto 389 de 2021 de la Corte Constitucional, según el cual este tipo de controversias no corresponde a las previstas en el numeral 4 del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, en la medida en que no se relacionan en estricto sentido con la seguridad social, se trata de litigios entre entidades administradoras y relativos a la financiación de servicios ya prestados que no implican a afiliados, beneficiarios, usuarios ni empleados. En consecuencia, ordenó el envío del expediente a la Corte Constitucional para dirimir el conflicto[9].
-
El conflicto de jurisdicciones fue remitido por la autoridad judicial en mención a la Corte Constitucional mediante oficio del 9 de marzo de 2022[10]. En sesión virtual del 20 de febrero de 2023, se repartió el presente asunto al Despacho del Magistrado ponente[11].
Competencia
-
La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[12].
Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones
-
Esta Corporación ha advertido que para que se configure un conflicto de jurisdicciones, es necesario que se den los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo; tal y como han sido definidos de manera reiterada por este tribunal[13].
-
Específicamente sobre el primer presupuesto (subjetivo), la Corte ha sostenido que, cuando no ocurre esa contradicción, no es posible concluir la existencia de un conflicto de competencia entre jurisdicciones. De este modo, este tipo de conflictos no se puede provocar autónomamente por las partes del respectivo proceso. De manera que, necesariamente, se debe comprobar que: i) dos autoridades judiciales que administran justicia, ii) de distintas jurisdicciones, iii) reclaman o niegan ser competentes para asumir el conocimiento del asunto correspondiente[14].
-
La Sala observa que en el asunto de la referencia no se satisface el presupuesto subjetivo, por lo tanto, no se configura el conflicto de jurisdicciones propuesto, debido a que no se encontró que la controversia se haya suscitado por al menos dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones. La Corte observó que en el presente caso solo se cuenta con la manifestación expresa de jurisdicción realizada por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá. En el expediente no se advierte ninguna manifestación de competencia por parte de la jurisdicción contencioso administrativa. En consecuencia, la Sala Plena declarará la inhibición respectiva y devolverá el expediente al despacho de origen para lo de su competencia y para que comunique esta decisión a los interesados.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
Primero. Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre el asunto de la referencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Segundo. REMITIR el expediente CJU-2394 al Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados.
N., comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Presidenta
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
Ausente con comisión
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Expediente digital, archivo Secuencia 13632.pdf
[2] Diagnosticada con un esguince de rodilla. Expediente digital, archivo 857cd16b-508b-4f98-aad1-abdaf98cbb71.pdf.
[3] Relación de pagos efectuado por la sociedad Fast Collecting Colombia SAS. Expediente digital, archivo 857cd16b-508b-4f98-aad1-abdaf98cbb71.pdf.
[4] Agregó que la señora C.S. debió ser valorada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, sin embargo, por no efectuarse la cancelación de honorarios por parte de las entidades demandadas, no se obtuvo el dictamen correspondiente.
[5] Expediente digital, archivo Secuencia 13632.pdf , folio 2.
[6] Expediente digital, archivo Secuencia 13632.pdf.
[7] Expediente digital, archivo 2024-499 oficio y autos enviar corte.
[8] Radicado 11001023000201700200-01 del 12 de abril de 2018.
[9] Expediente digital, archivo 2024-499 oficio y autos enviar corte. Folio 1. En el oficio que remitió el expediente a la Corte, se adjuntaron los siguientes documentos i) auto del 9 de febrero de 2022, ii) auto del 25 de febrero de 2022 y, iii) demanda y anexos.
[10] Expediente digital archivo 2024-499 oficio y autos enviar corte.
[11] Expediente digital archivo 03 CJU-2394 Constancia de Reparto.pdf .
[12] ARTICULO 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: [ ] || 11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
[13] Auto 155 de 2019. Respecto al factor subjetivo, no habrá conflicto cuando: (a) sólo sea parte una autoridad; (b) una de las partes en colisión no ejerza funciones jurisdiccionales. De otra parte, en lo referente al factor objetivo, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional (Artículo 116 de la Constitución). Finalmente, sobre el factor normativo, se entiende que no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que, a pesar de concurrir formalmente dos autoridades judiciales, alguna de ellas no ha rechazado su competencia o manifestado su intención de asumirla; o (b) la exposición sobre la competencia desplegada por las autoridades en conflicto no tiene, al menos aparentemente, fundamento normativo alguno al sustentarse únicamente en argumentos de mera conveniencia.
[14] Auto 155 de 2019.
