‘Paz total’: negociación con bandas y disidencias, en vilo por ponencia en Corte - 28 de Junio de 2023 - El Tiempo - Noticias - VLEX 936178645
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‘Paz total’: negociación con bandas y disidencias, en vilo por ponencia en Corte

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Vincent

"Esperamos que la ponencia sea suficientemente estudiada y que se reconozcan los argumentos del Gobierno que no nos tumben ese marco".Luis F. Velasco MINISTRO DEL INTERIORREDACCIÓN JUSTICIA Y POLITICA@JusticiaET - @PoliticaET justicia@eltiempo.comLa Sala Plena de la Corte Constitucional debe definir uno de los ejes centrales de la política de paz del gobierno de Gustavo Petro: los parámetros para la llamada ‘paz total’, que incluye tanto la negociación de paz con el Eln como los acercamientos con las disidencias o grupos narcotraficantes como el ‘clan del Golfo’. El alto tribunal estudia varias demandas en contra de la Ley 2272 de 2022, que reformó la ley de orden público, una ley que el Congreso actualiza cada año según su plan de gobierno. Y la primera de ellas ya tiene una ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez que pide tumbar por vicios de forma y de fondo esa ley. Ahora, ¿qué es lo que realmente está en riesgo? ¿Qué elementos tiene esta ley que no tenía la renovada reiteradamente por el Estado colombiano desde 1997? La negociación con grandes bandas de delincuentes comunes, principalmente dedicados al narcotráfico, fue, precisamente, el cambio central frente a previos procesos. Esa modificación es la que le ha permitido al gobierno de Gustavo Petro acordar ceses de fuego con el ‘clan del Golfo’ (hoy suspendido), los ‘Pachenca’ y también con las disidencias de las Farc, que en virtud del Acuerdo del 2016 no tendrían derecho a nuevas gabelas tras hacerle conejo a la paz. Ibáñez estudia una demanda de Jorge Enrique Pava Quiceno dirigida únicamente contra un apartado del artículo segundo y contra los artículos 12 y 18 de esa ley, y no en contra de la totalidad de la norma. Pero la ponencia, según lo que se conoce, apunta a que habría vicios en el trámite en el Congreso que afectarían la totalidad de la ley como, por ejemplo, la falta de concepto del Consejo de Política Criminal, algo que apoya la Procuraduría General pero que, para algunas universidades, no es suficiente para considerar una ley contraria a la Constitución. "Es cierto que no llegó el concepto, pero también es verdad que no es obligatorio para el Congreso. Es una opinión que se puede o no acoger", dijo el ponente en la Cámara, el representante por el Pacto Histórico Alirio Uribe. Si la Corte acoge este reparo y tumba la ley, automáticamente quedarían sin piso jurídico las negociaciones que el Gobierno ha iniciado con las que llama estructuras del crimen de alto impacto...

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