Auto nº 1507/23 de Corte Constitucional, 13 de Julio de 2023
| Ponente | Alejandro Linares Cantillo |
| Fecha de Resolución | 13 de Julio de 2023 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | CJU-2831 |
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
SALA PLENA
AUTO 1507 DE 2023
Referencia: Expediente CJU-2831
Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 1° Promiscuo Municipal de Montelíbano (Córdoba) y el Juzgado 8° Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería (Córdoba)
Magistrado ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá DC, trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente
AUTO
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El día 26 de octubre de 2021[1], la representante legal de la empresa FIGURACERO M&J (en adelante, la demandante), actuando a través de apoderado judicial, interpuso una demanda ejecutiva singular en contra de JAGUAZUL S.A. E.S.P (en adelante, la ESP)[2], por medio de la cual solicitó (i) librar mandamiento de pago en su contra por la suma de $ 56.057.198, más los respectivos intereses corrientes y moratorios, que ascienden a $ 73.341.927, según la tasa máxima legalmente permitida por la Superintendencia Financiera de Colombia; (ii) reconocer los intereses bancarios moratorios desde el día en que se hicieron exigibles las obligaciones y hasta que se satisfagan las mismas; (iii) condenar a la ESP por las costas procesales y las agencias de derecho; y (iv) por cualquier otro asunto que el juez de conocimiento de oficio determine.
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Como fundamento fáctico, la apoderada de la demandante indicó que la obligación que se pretende ejecutar se deriva de 15 facturas cambiarias[3] que suman un valor de ( ) 56.057.198.00, a favor de mi poderdante por concepto de una negociación civil, consistente en servicio de venta y suministro de materiales para la entidad JAGUAZUL S.A E.S.P. ( ), los cuales se comprometieron en pagarlos, una vez recibidas las facturas, más los intereses que suma el valor de ( ) $ 73.341.927.00[4].
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En auto del 16 de diciembre de 2021, el Juzgado 1° Promiscuo Municipal de Montelíbano declaró su falta de jurisdicción para conocer del asunto[5]. Al respecto, argumentó que la ESP demandada es una entidad pública, dado que el municipio de Montelíbano tiene una participación accionaria superior al 50%, motivo por el cual, a su juicio, la resolución de este caso le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104.6 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, CPACA).
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Repartido el asunto a los jueces administrativos del circuito de Montería[6], en auto del 24 de mayo de 2022, el Juzgado 8° Administrativo Oral del Circuito Judicial de dicha ciudad declaró su falta de competencia para conocer de la controversia, propuso un conflicto negativo entre jurisdicciones y remitió el asunto a esta corporación[7]. A su juicio, que el Juzgado 1° Promiscuo Municipal de Montelíbano erró en su argumentación, en la medida en que las facturas cuya ejecución se pretende no se derivan de un contrato que hayan suscrito las partes, por lo que no se acredita la condición prevista en el artículo 104.6 del CPACA.
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De acuerdo con el reparto efectuado por Sala Plena en sesión del 18 de abril de 2023, el expediente de la referencia fue remitido para estudio al despacho del magistrado sustanciador el día 21 del mes y año en cita[8].
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Competencia. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos entre jurisdicciones de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.
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Presupuestos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones. Esta corporación ha señalado que los conflictos entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)[9].
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Esta Corte ha considerado, de manera reiterada, que para que se configure un conflicto de jurisdicciones es preciso que se den los presupuestos de carácter subjetivo, objetivo y normativo[10]. De esta manera, ha explicado que (i) el presupuesto subjetivo exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones[11]; (ii) el presupuesto objetivo se refiere a la existencia de una causa judicial sobre la cual se suscite la disputa, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional[12]; y (iii) el presupuesto normativo que implica la necesidad de que las autoridades en colisión hayan manifestado, expresamente, las razones de índole constitucional o legal por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto[13].
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Competencia de la Jurisdicción Ordinaria para conocer los procesos ejecutivos adelantados contra una empresa de servicios públicos domiciliarios, cuando se pretende la ejecución de facturas que no se derivan de un contrato. Sobre la resolución de las controversias en las que se encuentre involucrado un prestador de servicios públicos domiciliarios se pronunció esta corporación en el auto 283 de 2021, providencia en la que se realizó un análisis de las normas jurídicas existentes, así como de las reglas jurisprudenciales relativas a las acciones jurídicas que se adelantan en contra de las empresas de servicios públicos domiciliarios.
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En la citada providencia, se afirmó que (i) la Ley 142 de 1994 estableció un régimen jurídico mixto que, en principio, prioriza el derecho privado, como quiera que los artículos 31[14] y 32[15] de esa normatividad disponen que, salvo que la ley o la Constitución dispongan lo contrario, todos los actos y contratos de estas empresas se regirán por el derecho privado. En materia de controversias contractuales y extracontractuales, (ii) el Consejo de Estado ha señalado que en el ordenamiento jurídico no existe claridad de cuál es el juez competente para juzgar las disputas de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, con excepción de aquellas relativas a las cláusulas excepcionales incorporadas forzosamente en contratos celebrados por prestadores públicos domiciliarios[16] y cuando se produce el ejercicio de prerrogativas propias de la administración[17]. La postura vigente del Consejo de Estado sostiene que (iii) en las situaciones en las que la ley no sea clara sobre los asuntos que le competen a cada jurisdicción (ordinaria y contencioso administrativa), debe aplicarse la cláusula general de competencia dispuesta en el artículo 104 del CPACA[18], pues la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones que (a) estén sujetos al derecho administrativo y (b) en los que se encuentren involucradas las entidades públicas.
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En lo que tiene que ver con procesos ejecutivos adelantados contra las entidades públicas, en el auto 403 de 2021, se estableció que corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer del asunto cuando (i) una entidad estatal, (ii) incorpore derechos en títulos-valores, (iii) en el marco de sus relaciones contractuales, y (iv) quien fue parte en ese contrato, (v) la demanda para hacer efectivo el pago del derecho incorporado, (vi) la jurisdicción competente será la de lo contencioso-administrativo, (vii) por tratarse de controversias derivadas del contrato estatal.
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Finalmente, en el auto 886 de 2021, la Sala Plena estudió un conflicto que se suscitó entre dos autoridades pertenecientes a las Jurisdicciones de lo Contencioso Administrativo y Ordinaria, en relación con el conocimiento de un proceso ejecutivo adelantado en contra de una empresa de servicios públicos oficial por el cobro de seis facturas cambiarias. En dicha oportunidad, la Corte reiteró la regla dispuesta en el auto 403 de 2021 y, por ende, concluyó que le correspondía a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo resolver el asunto propuesto, en la medida en que los títulos materia de ejecución estaban relacionados con un contrato suscrito entre las partes.
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Examen del caso concreto. En el asunto objeto de decisión, se cumplen con los tres presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones, por las siguientes razones: (i) el mismo se suscitó entre el Juzgado 1° Promiscuo Municipal de Montelíbano y el Juzgado 8° Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, como autoridades que integran distintas jurisdicciones (presupuesto subjetivo); (ii) se acreditó una causa respecto de la cual se alegó la falta de jurisdicción para dirimirla, específicamente, se trata de la interposición de una demanda ejecutiva en contra de JAGUAZUL S.A. E.S.P. (presupuesto objetivo); y (iii) se verificó que las dos autoridades en conflicto citaron y justificaron su falta de jurisdicción en la aplicación de las reglas contenidas en el artículo 104.6 del CPACA (presupuesto normativo).
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Superado el anterior estudio, es necesario aplicar la regla jurisprudencial antes citada, por virtud de la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 104.6 del CPACA[19], a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo le corresponde el conocimiento de los procesos ejecutivos que se adelanten en contra de las empresas de servicios públicos en los que se pretenda el pago de títulos relacionados con un contrato estatal suscrito por la entidad. En contraste, cuando existe certeza de que los títulos que se pretenden ejecutar no tienen relación con la actividad contractual de la entidad, el conocimiento del asunto se deberá asignar a la Jurisdicción Ordinaria Civil, con fundamento en la cláusula de competencia residual dispuesta en el artículo 15 del CGP[20].
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Así las cosas, se advierte que en este asunto es aplicable la regla antes descrita, como quiera que (i) pese a que la demanda se dirige en contra de JAGUAZUL S.A. E.S.P que es una prestadora de servicios públicos domiciliarios de carácter mixta, en cuyo capital la entidad territorial tiene una participación igual o superior al 50%[21] y, por ello, es una entidad pública en los términos de parágrafo del artículo 104 del CPACA; (ii) la finalidad del proceso es la ejecución de las obligaciones contenidas en 15 facturas cambiarias, las cuales no se derivan de un contrato estatal suscrito entre la demandante y la ESP demandada, pues tal y como se desprende de la lectura de la demanda, se trata de títulos ejecutivos simples[22], en los que tampoco se advierte relación alguna con una actividad contractual de la ESP[23].
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Por consiguiente, el asunto planteado ante los jueces de la República se remitirá al Juzgado 1° Promiscuo Municipal de Montelíbano para su trámite, pues en aplicación de la clausula residual de competencia dispuesta en el artículo 15 del CGP, a la jurisdicción ordinaria le corresponde el conocimiento de todo asunto no esté atribuido expresamente por la ley a otra jurisdicción.
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Regla de la decisión. En aplicación del artículo 15 del CGP, la jurisdicción Ordinaria Civil es la competente para conocer de los procesos ejecutivos que se adelanten en contra de las empresas de servicios públicos domiciliarios, cuando se pretenda el pago de obligaciones contenidas en títulos valores que no se encuentran relacionados con un contrato suscrito por esa entidad.
Con base en lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
Primero. - DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 1° Promiscuo Municipal de Montelíbano y el Juzgado 8° Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, y DECLARAR que el Juzgado 1° Promiscuo Municipal de Montelíbano es la autoridad competente para conocer de la demanda ejecutiva interpuesta por la representante legal de la empresa FIGURACERO M&J en contra de JAGUAZUL S.A. E.S.P.
Segundo. - REMITIR el expediente CJU-2831 al Juzgado 1° Promiscuo Municipal de Montelíbano, para que continúe con el trámite del proceso y comunique la presente decisión a los interesados, incluyendo al Juzgado 8° Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería.
N., comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Presidenta
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[1] Expediente digital. Archivo 02Pruebas.pdf Acta de reparto. F. único.
[2] Expediente digital. Archivo 01Demanda.pdf. Demanda. F.s 1-6.
[3] Expediente digital. Archivo 27DocumentosComprimidoFacturas.zip. Facturas. 15 archivos comprimidos.
[4] Expediente digital. Archivo 01Demanda.pdf. Demanda. F.s 1-6.
[5] Expediente digital. Archivo 16Pruebas.pdf. Auto. F.s 1-2.
[6] Expediente digital. Archivo 17Pruebas.pdf. Oficio remisorio. F. único.
[7] Expediente digital. Archivo 28AutoDeclaraFaltadeJurisdicción.pdf. Auto. F.s 1-3.
[8] Expediente digital. Carpeta CJU0002831-23001333300820220001500. S. CJU0002831 CC. Archivo 03CJU-2831 Constancia de Reparto.pdf. Constancia de reparto. F. único.
[9] Corte Constitucional, autos 345 de 2018, 328 y 452 de 2019.
[10] Corte Constitucional, auto 155 de 2019, reiterado, entre otros, por los autos 452 y 503 de 2019 y 129 y 415 de 2020.
[11] En consecuencia, no habrá conflicto cuando: (i) solo sea parte una autoridad; o (ii) una de las partes en colisión no ejerza funciones jurisdiccionales.
[12] En este sentido, no existirá conflicto cuando: (i) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (i) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional (artículo 116 de la Constitución).
[13] Así pues, no existirá conflicto cuando: (i) se evidencie que, a pesar de concurrir formalmente dos autoridades judiciales, una de ellas no ha rechazado su competencia o manifestado su intención de asumirla; o (ii) la exposición sobre la competencia desplegada por las autoridades en conflicto no tiene, al menos, aparentemente, fundamento normativo alguno, al sustentarse únicamente en argumentos de mera conveniencia.
[14] Ley 142 de 1994. Artículo 31. Régimen de la contratación.
[15] Ley 142 de 1994. Artículo 32. Régimen de derecho privado para los actos de las empresas. salvo en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado.
[16] Ley 142 de 1994. Artículo 31.
[17] Ley 142 de 1994. Artículo 33. Facultades especiales por la prestación de servicios públicos. Quienes presten servicios públicos tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta Ley u otras anteriores, confieren para el uso del espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles, y para promover la constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que se requiera para la prestación del servicio; pero estarán sujetos al control de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de sus actos, y a responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos.
[18] Ley 1437 de 2011. Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa ( ).
[19] Ley 1437 de 2011. Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. // 6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades // ( ).
[20] Ley 1564 de 2012. Artículo 15. Cláusula general o residual de competencia. Corresponde a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra jurisdicción. // Corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra especialidad jurisdiccional ordinaria. // Corresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otro juez civil.
[21] Ley 142 de 1994. Artículo 14 Definiciones. Para interpretar y aplicar esta Ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: (..) // 14.6. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MIXTA. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes iguales o superiores al 50%..
[22] Expediente digital. Archivo 01Demanda.pdf. Demanda. F. 2.
[23] Expediente digital. Archivo 27DocumentosComprimidoFacturas.zip. Facturas. 15 archivos comprimidos.
