Auto nº 1430/23 de Corte Constitucional, 12 de Julio de 2023

1. De acuerdo con la información consignada en los formatos FPJ-1 y FPJ-2 del 11 de julio de 2021, correspondientes a la noticia criminal 05-615-60-00364-2021-00396, en la misma fecha, mediante llamada telefónica, el Coordinador del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación informó que en el Municipio de Guarne, Antioquia, cerca de las 23:50 horas “fallece una persona mientras era custodiado por la policía nacional dentro de la estación de policía del mismo municipio.”[1] Luego de llevar a cabo los actos urgentes, el servidor con funciones de policía judicial asignado al caso rindió el informe ejecutivo de rigor sobre las diligencias realizadas, al cual anexó, entre otros documentos, el formato FJP-4 sobre la actuación del primer responsable en el lugar de los hechos y varias entrevistas realizadas a los familiares del occiso.

2. Según lo que se relata en el citado formato de policía judicial, el cual fue suscrito por el Intendente O.J.Ó.P., quien se desempeñaba como S. de la estación, el 10 de julio de 2021 dos patrulleros adscritos a la Policía Nacional, que se encontraban en el parque principal de la municipalidad, solicitaron apoyo a través de los radios de comunicación, “ya que alrededor de unos veinte (20) ciudadanos venezolanos los están agrediendo.”[2] En desarrollo de esta situación, el informe sobre la actuación del primer responsable señala que W.A.T.P. y Y.J.T.S., quienes se identificaron con documentos de identidad falsos como mayores de edad,[3] fueron trasladados a la estación de policía para ser objeto de una orden de comparendo. Durante dicho procedimiento, Y.J.T.S. habría forcejeado con el Intendente Ómbita Peñuela e intentó despojarlo de su arma de dotación, por lo cual fue reducido, esposado y trasladado a una silla ubicada en el patio de la estación.[4] Asimismo, describe el informe que, mientras se encontraba en dicho lugar, Y.J.T.S. cayó “de la silla, en la que estaba sentado, manifestando que le dolía y empieza a convulsionar […] este joven estaba votando (sic) espuma por la boca.”[5] Pese a ser traslado al hospital del Municipio de Guarne, en donde recibió atención médica de urgencia, el joven falleció en el centro médico minutos más tarde.

3. En contraposición, las entrevistas rendidas por W.A.T.P.[6] y S.A.P.M.,[7] familiares de Y.J.T.S., sostienen que luego de ser ingresado por la fuerza a la estación de policía, debido a que estaba registrando con su celular el procedimiento policial al cual era sometido su primo, T.S. fue encerrado en un cuarto y recibió fuertes agresiones físicas por parte de varios policías, lo cual ocasionó su deceso. Particularmente, T.P. relató que los uniformados le propinaban golpes a su familiar en el estómago, la espalda y la cabeza, “hasta que lo entraron en la otra habitación, le dieron palo como cinco minutos hasta que todos salieron como asustados y solo se quedó el teniente en el cuarto con Y. y vi que lo estaba reanimando, haciéndole presión en el pecho y el teniente me preguntaba sin (sic) Y. sufría de alguna enfermedad […] vi que Y. estaba morado y botando espuma por la boca y ya no hablaba yo creo que […] le echaron gas lacrimógeno.”[8]

4. Una vez realizado el cotejo decadactilar al cadáver, se determinó que Y.J.T.S. tenía quince años de edad al momento de su muerte.[9] Adicionalmente, la médico forense indicó en el informe pericial de necropsia que “los hallazgos encontrados hasta el momento no permiten concluir una causa de muerte, ni el mecanismo fisiopatológico que conlleva a esta; […] una vez se obtengan resultados, se realizará la respectiva ampliación [del informe] según el curso de la investigación.”[10] Luego de emitir diversas órdenes a policía judicial y recibir los correspondientes informes, el 13 de diciembre de 2021 y el 14 de enero de 2022, la Fiscal 159 Seccional de la Unidad de Vida de Rionegro Antioquia requirió al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que se ampliara el informe pericial de necropsia con el propósito de conocer la causa de la muerte del adolescente T.S..[11] En respuesta, el 17 de enero de 2022, la entidad informó que aún no podía complementar dicho informe, pues no contaba con la respuesta de los laboratorios de toxicología e histología.[12]

5. El 15 de marzo de 2022, el expediente fue remitido por competencia a la Fiscalía Ciento veintisiete Seccional de Guarne,[13] cuyo titular también impartió algunas órdenes a policía judicial con el fin de esclarecer lo sucedido y solicitó a la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Antioquia la asignación de un investigador para dar cumplimiento a las mismas.[14]

6. Mediante Auto del 10 de octubre de 2022, el Juzgado 163 de Instrucción Penal Militar decidió solicitar a la Fiscalía 127 Seccional de Guarne la remisión por competencia de la investigación adelantada por la muerte de Y.J.T.S..[15] En la citada providencia destacó que el 11 de julio de 2021 ese juzgado inició la indagación preliminar N°1312 y, mediante auto del 16 de marzo de 2022, dispuso iniciar investigación formal N°2593, a la cual fueron vinculados como investigados el Teniente J.G.C. y el Intendente O.J.Ó.P..[16]

7. Como fundamento de su decisión señaló que (i) los indiciados eran miembros activos de la Policía Nacional asignados al servicio en la estación de policía de Guarne, como C. y S., respectivamente; (ii) para la fecha y hora de los hechos, se encontraban desarrollando labores propias del servicio policial que desencadenaron en el fallecimiento de Y.J.T.S. en medio de un procedimiento policial; y, (iii) existe un nexo de causalidad entre la función desempeñada por los investigados y el hecho delictivo endilgado, por lo que corresponde a la Jurisdicción Penal Militar determinar si les asiste alguna responsabilidad penal en el deceso del adolescente.[17] Adicionalmente, sustentó su determinación en el contenido del artículo 221 de la Constitución y en la Sentencia C-358 de 1997.[18]

8. La anterior solicitud fue comunicada a la Fiscalía 127 Seccional de Guarne, a través del oficio N°2-2022-0706, del 10 de octubre de 2022.[19] En la citada comunicación, el juzgado también requirió al ente acusador para que “en caso de no acceder a mi pedimento […] exponga sus argumentos jurídicos en los que fundamente su decisión y de inicio al trámite de colisión de competencia ante la Honorable Corte Constitucional (sic.).”[20]

9. El 21 de octubre de 2022, la Fiscalía 127 Seccional de Guarne propuso un “conflicto positivo de competencia” y solicitó a la Corte Constitucional que, en virtud del numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, se asignara la competencia a la “justicia ordinaria.”[21] Señaló que existe duda sobre el hecho de que los miembros de la Policía Nacional se encontraran en servicio activo y el hecho investigado tenga relación con el mismo, pues como la víctima era un menor de edad estos no eran competentes para adelantar el procedimiento policial en tanto dicha responsabilidad recae en la Policía de Infancia y Adolescencia.[22]

10. Adicionalmente, planteó que no existe certeza sobre la forma en la cual ingresó el menor a la estación de policía y sobre las causas de su muerte, esto es, si fue ingresado por la fuerza y golpeado como lo denuncian sus familiares o si irrumpió en contra de los policías y sufrió un quebranto de salud, como lo planteó el juzgado penal militar.[23] Por lo anterior, a su juicio, “le corresponde a la justicia ordinaria dilucidar todas estas dudas de si trató especial (sic) de una ejecución extrajudicial u homicidio doloso […] o si por el contrario se trató de un delito culposo o un homicidio preterintencional al excederse en el uso de la fuerza.”[24] Finalmente, luego de citar en extenso el Auto 115 de 2022, concluyó que ante la existencia de duda sobre la conducta supuestamente ejecutada por el policía Ó.P., ésta “no tiene una relación directa, próxima y evidente con la función policial encomendada.”[25]

11. El expediente fue remitido a esta Corporación por parte de la Fiscalía 127 Seccional de Guarne.[26] La Presidencia de esta Corporación repartió el expediente al magistrado sustanciador el 1 de noviembre de 2022,[27] siendo remitido al despacho el 3 de noviembre siguiente por la Secretaría de esta Corte.[28]

1. Competencia

   12. La Corte es formalmente competente para resolver los conflictos de competencia entre diferentes jurisdicciones[29] de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241.11 de la Carta.[30]

2. Presupuestos para la configuración de un conflicto de competencia entre autoridades de distintas jurisdicciones[31]

   13. Esta Corporación ha señalado que los conflictos de competencia entre autoridades de distintas jurisdicciones son controversias de tipo procesal en las que “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo).”[32]

   14. En ese sentido, mediante el Auto 155 de 2019[33] esta Corporación precisó que su configuración requiere la concurrencia de los siguientes tres presupuestos: (i) Subjetivo. Reclama que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones;[34] (ii) Objetivo. Requiere que exista una causa judicial sobre la cual se genere la controversia. En otras palabras, debe estar acreditado el desarrollo de un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional, sobre el cual deba definirse la competencia; y (iii) Normativo. Exige que las autoridades judiciales en colisión manifiesten expresamente las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran o no, competentes para conocer la controversia.[35]

3. Sobre la legitimidad de la Fiscalía General de la Nación para hacer parte de un conflicto de jurisdicción[36]

   15. En cuanto a la configuración del elemento subjetivo, esta Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la posibilidad de que la fiscalía promueva conflictos de competencia interjurisdiccionales. En concreto, en la Sentencia SU-190 de 2021[37] precisó que, desde una perspectiva orgánica, la fiscalía pertenece a la Rama Judicial. Sin embargo, desde el punto de vista funcional, cumple con funciones tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales.

   16. Frente a la primera hipótesis, la jurisprudencia ha advertido que una función es jurisdiccional cuando: (i) “la Constitución o la ley la han calificado como tal” expresamente; y, (ii) la materia sobre la cual ha de decidir el órgano goza de reserva judicial explícita o implícita, por mandato constitucional o legal.[38] De ese modo, con posterioridad a la expedición del Acto Legislativo 03 de 2002 y, específicamente en el marco de la Ley 906 de 2004, se ha considerado que la fiscalía ejerce dicha clase de funciones cuando desarrolla actos (i) calificados como tal en la Constitución o la Ley; o (ii) que “impliquen restricción de los derechos fundamentales de las personas.”[39] Esto es, por ejemplo, cuando “[a]delanta registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones.”[40] En ese tipo de escenarios, resulta claro que tiene la facultad de suscitar y ser parte de conflictos entre jurisdicciones.

   17. En cuanto a las funciones no jurisdiccionales, la Corte ha precisado que tienen lugar cuando la fiscalía desarrolla actuaciones consistentes en “solicitar decisiones a un juez penal y aquellas en las que no hay reserva judicial.” A manera de ejemplo, ha resaltado los deberes de velar por la protección de las víctimas e intervinientes o de presentar escrito de acusación.[41] En este escenario, la jurisprudencia ha admitido la facultad excepcional de esta autoridad para promover o aceptar directamente conflictos entre jurisdicciones, incluso, desde la fase de investigación.[42] En concreto, ha señalado que el ente acusador puede hacer parte de conflictos de jurisdicción frente a la Jurisdicción Penal Militar, siempre que estén involucradas posibles graves violaciones de derechos humanos.[43]

   18. Efectivamente, de forma reiterada, la jurisprudencia ha señalado que la fiscalía puede promover conflictos entre jurisdicciones en procesos que estén en etapa de investigación, cuando el delegado del caso considere que la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Penal puede tener competencia para conocer de un asunto tramitado por la Jurisdicción Penal Militar. En ese sentido, la Sentencia SU-190 de 2021 estableció que “la Fiscalía, en tanto parte del proceso, no cumple funciones jurisdiccionales como regla general, el ejercicio de la acción penal está ligado de forma necesaria a la activación de la jurisdicción ordinaria. Esa estrecha e inescindible relación entre la investigación que desarrolla el fiscal y la determinación de la competencia de los jueces ordinarios para adelantar la fase del juicio, en criterio de la Corte, comporta que el debate sobre las autoridades a quienes corresponde conocer del asunto puede ser planteada desde la investigación, por parte de la Fiscalía General.”

   19. Dicha conclusión tiene fundamento en los principios de celeridad y economía procesal. Lo expuesto, porque permite que desde un comienzo la entidad competente conduzca la investigación sin dilaciones que interrumpan sus etapas o procedimientos que deban repetirse.[44] También, garantiza el acceso y eficacia de la administración de justicia en la medida en que el indiciado conoce cuál es la autoridad responsable para conocer del proceso, sin ser sometido a incertidumbre. Finalmente, fortalece la justicia y evita que haya escenarios de impunidad.

   20. En desarrollo de lo anterior, mediante el Auto 704 de 2021, esta Sala estudió un conflicto de competencia suscitado entre la Jurisdicción Ordinaria Penal y la Jurisdicción Penal Militar. Allí estableció que la Fiscalía se encuentra facultada excepcionalmente para suscitar conflictos de competencia entre autoridades de distintas jurisdicciones cuando se “involucren hechos en los que pueden existir graves violaciones de Derechos Humanos, tales como masacres o ejecuciones extrajudiciales.”[45] (Énfasis añadido).

   21. Si bien es cierto que no existe una decisión única e inequívoca encaminada a determinar a ciencia cierta qué se entiende por grave violación de los Derechos Humanos, esta Corte ha señalado algunos criterios que podrían dar lugar a identificar ese tipo de conductas, de conformidad con los tratados, decisiones judiciales y demás mecanismos propios del Derecho Internacional. Concretamente, el acercamiento a este concepto se ha realizado a través de dos herramientas: (i) un listado enunciativo y no taxativo de aquellas actuaciones consideradas tradicionalmente en el Derecho Internacional como graves violaciones a los Derechos Humanos, y (ii) un análisis dentro de la normatividad nacional en aras de especificar los delitos que podrían comportar una violación del Derecho Internacional Humanitario.[46]

   22. Esta posición fue reiterada en los Autos 1163 de 2021 y 196 de 2022, entre otros. En esas providencias, la Sala estudió casos en los que la Fiscalía y la Justicia Penal Militar reclamaron la competencia para conocer de investigaciones relacionadas con riñas entre militares. En esa oportunidad la S.P. señaló que, según la comunidad internacional, pueden considerarse graves violaciones de los derechos humanos “las ejecuciones extrajudiciales,[47] la desaparición forzada,[48] la tortura,[49] el establecimiento o mantenimiento de personas en estado de esclavitud, la servidumbre o trabajo forzoso,[50] las masacres,[51] la detención arbitraria y prolongada,[52] el desplazamiento forzado,[53] la violencia sexual contra las mujeres[54] y el reclutamiento forzado de menores de edad.[55]”[56]

   23. A partir de lo anterior, la Corte estableció que “si el conflicto de jurisdicciones se plantea entre la Fiscalía General de la Nación y un Juzgado Penal Militar respecto de la investigación de un delito contra la vida, pero que prima facie no constituye una grave violación a los derechos humanos, no se encuentra configurado un conflicto entre jurisdicciones que deba ser resuelto por la Corte Constitucional.”[57] Sobre esa base, en los citados casos se profirieron decisiones inhibitorias, por falta de configuración del presupuesto subjetivo. No obstante, la Sala también precisó que frente a tal escenario el delegado del órgano de persecución penal cuenta con la posibilidad de acudir ante un juez penal con función de control de garantías para solicitar que, a través de una audiencia preliminar innominada, dicha autoridad reclame o niegue la competencia de la Jurisdicción Ordinaria para conocer del asunto.

   24. En conclusión, según la jurisprudencia de la Sala, cuando la fiscalía no actúa en ejercicio de funciones jurisdiccionales, solo está facultada para promover conflictos de competencia de manera excepcional. Lo expuesto, siempre que el conflicto se suscite frente a la Justicia Penal Militar y los hechos objeto del proceso, prima facie, involucren una grave violación a los derechos humanos.

4. Caso concreto

   25. En el caso de referencia no se configuró un conflicto de competencia entre autoridades de distintas jurisdicciones. La Sala considera que no hay lugar a resolver de fondo el asunto bajo estudio, en la medida en que este no configura un verdadero conflicto de competencia entre autoridades de distintas jurisdicciones. En este caso no se acredita el presupuesto subjetivo, porque no existe una controversia efectiva entre dos autoridades judiciales que reclamen para sí o nieguen la competencia frente al caso en cuestión.

   26. La Sala advierte que la Fiscalía 127 Seccional de Guarne no estaba facultada para proponer el conflicto entre jurisdicciones referido. Por un lado, su actuación ocurrió en ejercicio de competencias no jurisdiccionales. En efecto, la fiscalía planteó el aparente conflicto en el marco de la labor de investigación frente a conductas que pueden revestir las características de un delito, lo cual no constituye una actuación jurisdiccional de su parte. Por tanto, en principio, la fiscalía no estaba facultada para plantear la controversia.

   27. Por el otro, la actuación de la entidad no encuadra en las excepciones admitidas por esta Corporación. Lo expuesto, porque prima facie no concurren circunstancias que permitan inferir que la conducta investigada constituyó una grave violación a los derechos humanos. En efecto, mediante Auto 1163 de 2021, la Corte reconoció que no toda afectación o atentado contra la vida constituye una grave violación a los derechos humanos. De manera que, sólo pueden ser catalogadas como tal aquellas que superen el umbral de gravedad establecido por la jurisprudencia.[58]

   28. En este caso, la Sala no desconoce la gravedad de los hechos objeto de investigación por parte de las autoridades de la referencia, los cuales están relacionados con el posible homicidio de un menor de edad en medio de un procedimiento policial. Sin embargo, desde el punto de vista formal, la indagación adelantada tiene por objeto determinar la eventual ocurrencia del delito de homicidio y, como lo puso de presente la propia fiscalía, hasta el momento no se tiene certeza científica sobre la causa de la muerte del adolescente Y.J.T.S..

   29. Aunque la Sala no pierde de vista que todo atentado en contra de la vida e integridad de las personas supone una vulneración a sus derechos humanos, y con mayor razón cuando se trata de un menor de edad, lo cierto es que los contornos fácticos del caso analizado no brindan elementos suficientes para catalogar la conducta investigada como una eventual grave violación a los derechos humanos. Esto, en contraste con lo que ocurre con otras conductas, tales como las ejecuciones extrajudiciales. Además, a partir de una perspectiva material, es posible señalar que los hechos investigados no reúnen las características generalmente atribuidas a las graves violaciones de los derechos humanos, como, por ejemplo, la magnitud, generalidad o la especial condición de vulnerabilidad de la víctima.

   30. Los elementos recaudados en el proceso, hasta el momento, permiten advertir que en los hechos investigados estaría involucrado un grupo de miembros de la Policía Nacional, pues el adolescente se encontraba bajo custodia de los uniformados al interior de la Estación de Policía. Sin embargo, no se ha establecido que hayan ocurrido en un contexto de violencia generalizada, en un ataque contra la población civil, ni en contra de personas en condiciones de especial vulnerabilidad, pues aunque se determinó que el adolescente que falleció era menor de edad, al parecer, éste se habría presentado ante las autoridades de policía con un documento de identidad falso, que indicaba su mayoría de edad; lo anterior descartaría el conocimiento previo de los uniformados investigados sobre su minoría de edad.

   31. De esta manera, la Sala advierte que, desde una valoración preliminar de las circunstancias que rodean el caso, no es posible identificar la presunta ocurrencia de una ejecución extrajudicial, ni de otras graves violaciones a los derechos humanos. En este punto, la Corte aclara que este pronunciamiento de ninguna manera constituye un prejuzgamiento sobre el fondo del trámite judicial, porque la valoración de los hechos es exclusiva del juez de conocimiento. En tal sentido, el estándar exigido para la configuración del presupuesto subjetivo, como se ha indicado, es que concurran hechos indicativos de que, al menos prima facie, se está ante una grave vulneración de derechos humanos con ocasión del ilícito investigado. Ese requisito no está acreditado en el asunto de la referencia por las razones anotadas.

   32. Dado que no se presentó una verdadera controversia entre dos autoridades con funciones jurisdiccionales, en el presente caso no se acreditó la configuración del presupuesto subjetivo. En consecuencia, la Sala Plena se declarará inhibida para decidir el presente asunto y, en tal virtud, ordenará la devolución del expediente a la Fiscalía 127 Seccional de Guarne para que continúe el trámite procesal y comunique la presente decisión a los interesados.

   33. Sin perjuicio de lo anterior, es oportuno precisar que el delegado del ente acusador puede plantear el caso ante un juez penal municipal con función de control de garantías, a través de una audiencia preliminar innominada, con el propósito de que dicha autoridad determine si debe reclamar o negar la competencia de la Jurisdicción Ordinaria para conocer del asunto. Lo señalado no obsta, además, para que posteriormente la Fiscalía 127 Seccional de Guarne pueda plantear directamente el conflicto interjurisdiccional, en caso de considerar que, con fundamento en los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, pueda inferirse que los hechos investigados constituyen una grave violación a los derechos humanos.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,