Auto nº 1598/23 de Corte Constitucional, 19 de Julio de 2023
| Ponente | Natalia Ãngel Cabo |
| Fecha de Resolución | 19 de Julio de 2023 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | CJU-3693 |
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Plena
AUTO 1598 DE 2023
Referencia: expediente CJU-3693.
Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Medellín y el Juzgado Dieciséis Administrativo de Medellín.
Magistrada ponente:
N.Á.C..
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente
AUTO.
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El 10 de agosto de 2022[1] el Ministerio de Educación Nacional Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG), a través de apoderado judicial, presentó una solicitud de ejecución de una providencia judicial ante el Juzgado Dieciséis Administrativo de Medellín en contra del señor A. De Jesús Ramírez Gómez[2]. Según indicó dicho ministerio, en sentencia previa, el Juzgado Dieciséis Administrativo de Medellín absolvió a la entidad de las pretensiones del señor R.G. y condenó en costas a este último. A pesar de que el juzgado emitió la liquidación de las costas y la providencia se encuentra en firme, el señor R.G. no ha cumplido la obligación establecida en la sentencia[3].
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El FOMAG solicitó que se libre mandamiento de pago por el valor de las costas, así como por los intereses moratorios[4]. Así mismo, pidió al Juzgado Dieciséis Administrativo de Medellín practicar una serie de medidas cautelares[5].
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En Auto del 17 de enero de 2023[6], el Juzgado Dieciséis Administrativo de Medellín declaró su falta de jurisdicción para conocer el asunto. El juez consideró que, de conformidad con el numeral 1 del artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de la ejecución de sentencias judiciales cuando estas son proferidas por esa misma jurisdicción y la condenada es una entidad pública[7]. Así mismo, manifestó que la competencia de los jueces administrativos en materia de procesos ejecutivos, se limita a las obligaciones derivadas de las condenas impuestas en los procesos ordinarios a cargo de entidades públicas. Con fundamento en lo anterior y teniendo en cuenta que en este caso no se trata de una condena contra una entidad estatal, sino de una obligación correspondiente al pago de costas procesales a cargo de un particular, concluyó que la jurisdicción competente para conocer del asunto es la ordinaria en la especialidad civil, en cabeza de los juzgados civiles municipales, de acuerdo a la cuantía determinada en el proceso ejecutivo y conforme a lo dispuesto en el artículo 422 del Código General del Proceso (en adelante CGP)[8]. En consecuencia, ordenó la remisión del expediente a los juzgados civiles municipales de Medellín[9].
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El 8 de febrero de 2023 el expediente fue repartido al Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Medellín[10]. En auto del 14 de febrero siguiente, el mencionado juzgado declaró su falta de jurisdicción para tramitarlo y propuso conflicto negativo de jurisdicción respecto del Juzgado Dieciséis Administrativo de Medellín[11]. El juez indicó que el caso particular se encuentra cubierto por la cláusula de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo prevista en el numeral 6 del artículo 104 del CPACA. Igualmente, señaló que en virtud del artículo 306 del CGP, el juez de conocimiento es competente para conocer de la ejecución de condenas impuestas en la sentencia[12].
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El 17 de febrero de 2023 el proceso fue remitido a la Corte Constitucional[13]. En la sesión del 6 de junio de 2023 el asunto fue asignado a la magistrada ponente[14] y, el 9 de junio siguiente, la Secretaría General de la Corte remitió el expediente al despacho[15].
Competencia
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La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[16].
Presupuestos para la configuración de los conflictos entre jurisdicciones
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Los conflictos entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)[17].
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La Sala Plena de esta corporación ha precisado que deben concurrir tres elementos para que se configure un conflicto entre jurisdicciones[18]: (i) el presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada entre, por lo menos, dos autoridades que administren justicia, que pertenezcan a diferentes jurisdicciones y que rechacen o reclamen la competencia para conocer el asunto[19]; (ii) el presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la que se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional[20]; y (iii) el presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa[21].
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En el presente caso se reúnen los tres presupuestos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones, como pasa a exponerse. En primer lugar, se acredita el cumplimiento del presupuesto subjetivo por cuanto la controversia se presentó entre dos autoridades judiciales que pertenecen a distintas jurisdicciones y rechazaron su competencia para conocer el asunto. Por un lado, el Juzgado Dieciséis Administrativo de Medellín que hace parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por otro lado, el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Medellín que integra la jurisdicción ordinaria.
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En segundo lugar, se encuentra acreditado el presupuesto objetivo toda vez que la controversia que enfrenta a ambas autoridades judiciales está relacionada con el conocimiento de la solicitud de ejecución de providencia judicial presentada por el FOMAG contra el señor A. De Jesús R.G..
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Finalmente, se cumple el presupuesto normativo ya que las autoridades judiciales en conflicto expusieron las razones constitucionales o legales por las que consideran que carecen de jurisdicción para asumir el conocimiento del asunto. El Juzgado Dieciséis Administrativo de Medellín argumentó que el artículo 297 del CPACA dispone que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de la ejecución de sentencias judiciales cuando estas son proferidas por esa misma jurisdicción y la condenada es una entidad pública. Por su parte, el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Medellín indicó que, de acuerdo con el artículo 306 del CGP, el juez de conocimiento es competente para conocer de la ejecución de las obligaciones impuestas en la sentencia. Adicionalmente, señaló que el asunto se encuentra cubierto por la regla de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo prevista en el numeral 6 del artículo 104 del CPACA.
Competencia para conocer de las solicitudes de ejecución de providencia judicial en las que se reclama el pago de condenas impuestas por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo a particulares. Reiteración del Auto 008 de 2022
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En el Auto 008 de 2022, esta Sala sostuvo que las solicitudes de ejecución presentadas dentro del mismo proceso deben ser conocidas por el juez que dictó la providencia que se pretende ejecutar. Esa regla se fundamenta en el artículo 306 del CGP que permite realizar una solicitud de cumplimiento de la sentencia dentro del mismo proceso que la originó y en el artículo 298 del CPACA[22], que establece la obligación del juez de conocimiento de ordenar el cumplimiento del fallo condenatorio que profirió, si transcurrido un año, no se ha pagado la condena. Al respecto, en el citado auto se estableció que:
es procedente la ejecución a continuación del proceso de conocimiento declarativo y condenatorio, en el que no existe demanda ejecutiva separada o independiente. Por el contrario, se trata de una solicitud que hace quien pretende el cobro de la condena, para que la providencia se cumpla dentro del mismo proceso. Por esta razón, es el mismo juez de conocimiento, esto es, aquel que profirió la sentencia condenatoria, el competente para conocer de esa solicitud de ejecución sin que se prevean restricciones fundadas en la naturaleza del demandado, el cual tuvo la condición de parte dentro del proceso en el que se emitió la condena[23].
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Con fundamento en lo expuesto, el Auto 008 de 2022 fijó la siguiente regla de decisión:
el conocimiento de las solicitudes de ejecución de condenas impuestas en sentencias judiciales proferidas por jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, formuladas a continuación del proceso en el que se emitieron las condenas cuya ejecución se reclama, corresponde a esa misma jurisdicción de acuerdo con los artículos 298 y 306 del CPACA y el artículo 306 del CGP[24].
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En conclusión, de acuerdo con el Auto 008 de 2022, cuando se presenta una solicitud de ejecución de una condena, impuesta por un juez de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dentro del mismo proceso en que se originó, es el juez de conocimiento el competente para conocer de la solicitud de ejecución.
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En este caso el FOMAG presentó una solicitud de ejecución de providencia judicial ante el Juzgado Dieciséis Administrativo de Medellín y en contra del señor A. De Jesús R.G.. A través de esta solicitud, la entidad demandante pretende la ejecución de una condena en costas proferida por el Juzgado Dieciséis Administrativo de Medellín. En ese sentido, de conformidad con las consideraciones expuestas, y en aplicación de la regla dispuesta en el Auto 008 de 2022, la Sala Plena dirime el presente conflicto en el sentido de determinar que corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, representada por el Juzgado Dieciséis Administrativo de Medellín, asumir el conocimiento de la solicitud de ejecución de providencia judicial objeto de estudio. Esto, en tanto la solicitud de ejecución fue presentada dentro del mismo proceso en el que se originó la condena y no en el marco de un proceso ejecutivo independiente.
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En consecuencia, se ordenará remitir el expediente CJU-3693 al Juzgado Dieciséis Administrativo de Medellín para que proceda con lo de su competencia y para que comunique la presente decisión al Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Medellín, a los sujetos procesales y a los demás interesados en el trámite.
Regla de decisión. El conocimiento de las solicitudes de ejecución de condenas impuestas en sentencias judiciales proferidas por jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, formuladas a continuación del proceso en el que se emitieron las condenas cuya ejecución se reclama, corresponde a esa misma jurisdicción de acuerdo con los artículos 298 y 306 del CPACA y el artículo 306 del CGP[25].
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Dieciséis Administrativo de Medellín y el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Medellín, en el sentido de DECLARAR que le corresponde al Juzgado Dieciséis Administrativo de Medellín conocer la solicitud de ejecución de providencia judicial presentada por el Ministerio de Educación Nacional Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en contra del señor A. De Jesús R.G..
Segundo. REMITIR el expediente CJU-3693 al Juzgado Dieciséis Administrativo de Medellín para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión al Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Medellín, a los sujetos procesales y a los demás interesados en el trámite.
N., comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Presidenta
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[1] Expediente digital. Archivo 02SolicitudEjecucion.pdf.
[2] I.. P.. 1.
[3] I..
[4] Ibid. P.. 2.
[5] I..
[6] Expediente Digital. Archivo 07DeclaraFaltaJurisdiccion.pdf.
[7] I.. P.. 2-4.
[8] Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley.
[9] Expediente Digital. Archivo 11EnvioJCMM.pdf.
[10] Expediente digital. Archivo 13ActaReparto2023000174.pdf.
[11] Expediente digital. Archivo 12DeclaraFaltaJurisdiccion2022_00383 .pdf.
[12] I.. P.. 1-4.
[13] Expediente digital. Archivo 02CJU-3693 Correo Remisorio.pdf.
[14] Expediente digital. Archivo 03CJU-3693 Constancia de Reparto.pdf.
[15] I..
[16] ARTICULO 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: [...] || 11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
[17] Autos 345 de 2018, 328 de 2019, 452 de 2019, 041 de 2021.
[18] Auto 155 de 2019.
[19] En consecuencia, no habrá conflicto cuando: (a) sólo sea parte una autoridad; y (b) una de las partes en colisión no ejerza funciones jurisdiccionales (Cfr. artículos 17, 18, 37, 41 y 112 de la Ley 270 de 1996, así como 97 de la Ley 1957 de 2019).
[20] En este sentido, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional (artículo 116 de la Constitución).
[21] Así pues, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que, a pesar de concurrir formalmente dos autoridades judiciales, alguna de ellas no ha rechazado su competencia o manifestado su intención de asumirla; o (b) la exposición sobre la competencia desplegada por las autoridades en conflicto no tiene, al menos aparentemente, fundamento normativo alguno al sustentarse únicamente en argumentos de mera conveniencia.
[22] Modificado por el artículo 80 de la Ley 2080 de 2021.
[23] Auto 008 de 2022.
[24] I..
[25] Auto 008 de 2022.
