Auto nº 1623/23 de Corte Constitucional, 26 de Julio de 2023
| Ponente | José Fernando Reyes Cuartas |
| Fecha de Resolución | 26 de Julio de 2023 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | CJU-2529 |
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
AUTO 1623 de 2023
Expediente: CJU-2529
Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá, Sección Segunda y el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de la misma ciudad.
Magistrado ponente:
J.F.R.C..
B.D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil veintitrés (2023).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente:
AUTO
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El 30 de julio de 2020[1], el señor J.C.O.M.[2] presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra el Ministerio del trabajo[3]. Lo anterior, para que se declare i) la nulidad de las Resoluciones 4286 del 1 de octubre de 2018, 442 del 27 de febrero de 2019 y 0648 del 8 de marzo de 2019 que negaron el reconocimiento de la prestación humanitaria periódica para víctimas de conflicto armado; ii) se declare la existencia del nexo causal entre la pérdida de capacidad laboral y los actos propios del conflicto armado, materializados por artefacto explosivo el 14 de julio de 2007; iv) que la demandada reconozca y pague la prestación humanitaria periódica prevista en el Decreto 600 de 2017 y, v) se pague de manera indexada hasta la fecha en que se profiera el fallo; así como la condena en costas y agencias en derecho[4].
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Mediante providencia del 31 de agosto de 2020, el Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá, Sección Segunda[5] declaró la falta de jurisdicción para conocer la demanda. Argumentó que el asunto se enmarca en una controversia de la seguridad social de conformidad con el artículo 4 de la Ley 712 de 2001, el inciso 2 del artículo 46 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 18 de la Ley 782 de 2002 y el Decreto 600 de 2017. De otro lado, consideró que el demandante no ha tenido un vínculo con el Estado, ni fue afectado por agentes del mismo y el origen no se deriva de una situación legal o reglamentaria , tampoco de un contrato de trabajo, por tanto la competencia radica en los jueces laborales. Dispuso la remisión del expediente a los juzgados laborales del circuito (reparto) de Bogotá[6].
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En Auto del 14 de junio de 2022[7], el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá declaró su falta de competencia para conocer de la demanda. Esto, con fundamento en las sentencias C-767 de 2014 y SU587 de 2006. Destacó que la solicitud pensional que reclama el demandante es excepcional y no debe confundirse con las contempladas en el sistema general de pensiones que están sujetas a la realización de cotización previa y el beneficio que se pretende es concebido por el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, por cuanto se sustenta en el cumplimiento de un deber constitucional. La solicitud de nulidad de las resoluciones demandadas escapan a la competencia del juez laboral y corresponden a la jurisdicción contencioso administrativo[8]. En ese sentido, ordenó el envío del proceso a esta Corporación para dirimir el conflicto[9].
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El expediente fue repartido al magistrado sustanciador en sesión de Sala Plena del 7 de marzo de 2023 y remitido al despacho el 10 del mismo mes y año[10].
Competencia
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De conformidad con el artículo 241.11 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones.
Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones
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Esta Corporación ha advertido que para que se configure un conflicto de jurisdicciones, es necesario que se estructuren los presupuestos subjetivos, objetivo y normativo, definidos de manera reiterada por este tribunal. En el asunto de la referencia se satisfacen los anteriores presupuestos porque:
Presupuesto subjetivo
El conflicto se suscitó entre una autoridad de la jurisdicción Laboral (Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá) y otra de la jurisdicción Contencioso Administrativo (Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá, Sección Segunda).
Presupuesto objetivo
Existe una controversia respecto del conocimiento de la demanda instaurada por el señor J.C.O.M. contra el Ministerio del trabajo.
Presupuesto normativo
Los juzgados enfrentados expusieron las razones de índole legal y jurisprudencial por las cuales consideran que carecen de competencia para conocer del asunto. Por un lado, el Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá, Sección Segunda argumentó que la controversia se enmarca en un asunto de la seguridad social y la misma compete a la jurisdicción ordinaria laboral de conformidad con el artículo 4 de la Ley 712 de 2001, el inciso 2 del artículo 46 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 18 de la Ley 782 de 2002 y el Decreto 600 de 2017.
A su turno el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, argumentó que la solicitud pensional que reclama el demandante es excepcional y no debe confundirse con las contempladas en el sistema general de pensiones que están sujetas a la realización de cotización previa y el beneficio que se pretende es concebido por el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, por cuanto se sustenta en el cumplimiento de un deber constitucional.
Competencia de la Jurisdicción Ordinaria para conocer de conflictos relacionados con el reconocimiento y pago de la prestación humanitaria periódica para las víctimas del conflicto armado. Reiteración de jurisprudencia[11].
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En el Auto 104 de 2022, la Sala Plena de la Corte Constitucional concluyó que la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, es competente para conocer las demandas en las que se pretenda el reconocimiento y pago de la prestación humanitaria para las víctimas del conflicto armado establecida en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997. La Sala consideró que esta prestación no tiene su fuente en el Régimen General de Pensiones. Sin embargo, encontró que está relacionada con la seguridad social, en tanto (i) tiene en cuenta el concepto de invalidez previsto en la Ley 100 de 1993; (ii) su monto mínimo se rige también por la ley mencionada; (iii) era cubierta por el Fondo de Solidaridad Pensional, cuenta especial de la Nación sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social creada por el artículo 25 de la Ley 100 de 1993 y, por último, (iv) inicialmente, su reconocimiento fue asignado a Colpensiones.
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Regla de decisión. Conforme a lo previsto por el numeral 4 del artículo 2 del CPTSS, la Sala concluye que en aquellos eventos en los que se pretenda el reconocimiento y pago de la prestación para víctimas del conflicto establecida en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, será la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, la llamada a conocer este tipo de controversias, toda vez que se trata de una prestación relacionada con la seguridad social. Esto, porque (i) tiene en cuenta el concepto de invalidez previsto en la Ley 100 de 1993; (ii) su monto mínimo se rige también por la Ley 100 de 1993; (iii) dicha prestación era cubierta por el Fondo de Solidaridad Pensional y (iv) su reconocimiento fue asignado a Colpensiones, en su momento[12].
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En virtud de lo anterior, la Sala Plena considera que la demanda presentada por J.C.O.M. en contra del Ministerio del Trabajo, por medio de la cual solicita el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez en calidad de víctima del conflicto armado, debe ser conocida por la jurisdicción ordinaria laboral, de conformidad con el numeral 4 del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por tratarse de una prestación relacionada con la seguridad social.
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En consecuencia, y en aplicación de la regla de decisión prevista en el Auto 104 de 2022, se ordenará remitir el expediente CJU 2529 al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado Treinta Administrativo, Sección Segunda de la misma Ciudad, y DECLARAR que corresponde al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá el conocimiento del proceso promovido por J.C.O.M. contra el Ministerio del trabajo.
Segundo- REMITIR por medio de la Secretaría General de esta Corporación, el expediente CJU-2529 al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión al Juzgado Treinta Administrativo, Sección Segunda de la misma ciudad y a los sujetos procesales e interesados.
N., comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Presidenta
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[1] Expediente digital 02Actareparto.pdf.
[2] El 14 de julio de 2017 en la verada Las Vegas del municipio de R., el señor O.M. y su padre (falleció) fueron víctimas de una mina antipersonal. Por esta situación, fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 59% con fecha de estructuración 21 de mayo de 2011.
[3] Expediente digital 01Demanday anexos.pdf.
[4] Ibidem, folio 10.
[5] Expediente digital 04Remitejuridicciónordinaria.pdf.
[6] Expediente digital, 06OficioRemiteJuzLaborales.pdf .
[7] Expediente digital, 04SuscitaConflicto2022121.pdf.
[8] Ibidem
[9] Expediente digital 05CorreoRemisionProceso121.pdf.
[10] Expediente digital 03CJU-2529 Constancia de Reparto.pdf .
[11] Auto 518 de 2022, 166 y 584 de 2023.
[12] Auto 104 de 2022.
