Auto nº 1755/23 de Corte Constitucional, 2 de Agosto de 2023
| Ponente | Natalia Ãngel Cabo |
| Fecha de Resolución | 2 de Agosto de 2023 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | CJU-3764 |
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Plena
AUTO 1755 DE 2023
Referencia: expediente CJU-3764.
Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de S.G. y el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de S. (Santander).
Magistrada ponente:
N.Á.C..
Bogotá, D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitrés (2023).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente
AUTO
-
El 11 de octubre de 2021, a través de apoderado, el municipio de Chima (Santander) presentó una solicitud de ejecución de providencia judicial ante el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de S.G., y en contra del señor E.P.A.[1]. Según precisó dicha entidad, mediante sentencia del 14 de diciembre de 2017, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de S.G. -en el marco del medio de control de repetición- declaró al señor P.A. patrimonialmente responsable por la indemnización que tuvo que asumir el municipio de S.G. en virtud de una sentencia condenatoria proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y el Cesar el 31 de enero de 2005[2].
-
En la sentencia del 14 de diciembre de 2017, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de S.G. condenó al señor P.A. a reintegrar la suma de $81.405.935 en favor del municipio de Chima (Santander). Para la ejecución de la orden concedió el término de seis meses[3]. La suma a pagar fue modificada en la sentencia de segunda instancia, proferida el 11 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo de Santander, en la que se condenó al señor P.A. al pago de $66.221.787.
-
De acuerdo con el municipio de Chima, el término concedido para el pago de la condena venció el 3 de septiembre de 2021. No obstante, para la fecha de presentación de la solicitud de ejecución, el señor P.A. no había cumplido con su obligación. En consecuencia, la entidad ejecutante solicitó al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de S.G. librar mandamiento de pago en contra del señor P.A. por el valor de la condena, los intereses moratorios y las costas a las que haya lugar[4].
-
El 1 de junio de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de S.G. libró mandamiento de pago en contra del señor P.A.. Sin embargo, en Auto del 1 de diciembre de 2022[5], dicha autoridad judicial declaró su falta de jurisdicción para continuar con el trámite del asunto y ordenó su remisión a los juzgados promiscuos municipales del S.. Como fundamento de esa determinación, el juez indicó que una lectura integral de los artículos 104 y 297 del CPACA[6], la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer procesos ejecutivos originados en decisiones judiciales se limita a aquellos procesos en los que se persigue la ejecución de condenas impuestas a una entidad pública[7]. En la misma línea, el juez hizo referencia al Auto 857 de 2021 en el que, según advirtió, la Corte Constitucional indicó que el conocimiento de las condenas impuestas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo que no recaigan sobre las entidades públicas escapan al conocimiento de dicha jurisdicción[8].
-
Una vez efectuado el nuevo reparto del asunto, su conocimiento correspondió al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de S. (Santander). En Auto del 21 de febrero de 2023, dicha autoridad judicial afirmó que comparte los planteamientos del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de S.G. y que, si bien es cierto no está a discusión la falta de jurisdicción, si lo es, el hecho de que no somos los Juzgados Promiscuos Municipales de S. (REPARTO), los competentes por el factor territorial[9]. En esta línea, el juez concluyó que, de acuerdo con el numeral 10 del artículo 28 del CGP[10], que establece el factor territorial, el competente para conocer el asunto es el Juzgado Promiscuo Municipal de Chima. Tras la exposición de estos argumentos, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de S. ordenó remitir a la Corte Constitucional el expediente con el propósito de que esta resuelva el conflicto negativo de competencia.
-
El 28 de febrero de 2023, el proceso fue remitido a la Corte Constitucional[11]. En la sesión del 6 de junio de 2023 el asunto fue asignado a la magistrada ponente[12] y, el 9 de junio siguiente, la Secretaría General de la Corte remitió el expediente al despacho[13].
Competencia
-
La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política[14].
-
En concreto, los conflictos entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)[15]. En consecuencia, dentro del ámbito de competencia de la Corte Constitucional no se encuentra la posibilidad de dirimir conflictos de competencia generados al interior de una misma jurisdicción, pues este tipo de conflictos deben ser resueltos por las autoridades designadas para ello de conformidad con las reglas previstas en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 19996), el CGP o el CPACA[16], según el caso.
En el caso concreto no existe un auténtico conflicto entre jurisdicciones
-
Como lo reconoció el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de S. (Santander), sus razones para negarse a asumir el trámite de la solicitud de ejecución de providencia judicial formulada por el municipio de Chima (Santander) en contra del señor P.A. no ponen en cuestión la falta de competencia de la jurisdicción que representa para conocer el asunto. De hecho, la mencionada autoridad judicial afirmó que comparte la conclusión del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de S.G., pero considera que, en virtud del factor territorial, el competente para dar trámite al asunto es el Juzgado Promiscuo Municipal de Chima, que también hace parte de la jurisdicción ordinaria. En conclusión, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de S. no argumentó la falta de competencia de la jurisdicción ordinaria sobre la controversia. Esta situación impide que se configure un auténtico conflicto entre jurisdicciones en tanto, en el estado actual del proceso, existe acuerdo entre las autoridades judiciales que se han pronunciado sobre el asunto respecto de que la jurisdicción ordinaria debe asumir el conocimiento del asunto.
-
En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del CGP, lo que debió hacer el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de S. fue ordenar la remisión del expediente al juez que considera competente, en virtud del factor territorial, para que este le dé trámite al asunto.
-
Así las cosas, tras evidenciar que en este caso no existe un auténtico conflicto de jurisdicciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional se declarará inhibida para emitir un pronunciamiento en el marco del asunto puesto en su conocimiento y dispondrá el envío del expediente CJU-3764 al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de S. para que proceda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del CGP.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
Primero. Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre el asunto de la referencia, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. REMITIR el expediente CJU-3764 al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de S. (Santander) para lo de su competencia.
N., comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Presidenta
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[1] Expediente digital. Archivo 01. CORREO-ACTA-PROCESO ORDINARIO REPETICION-MANDA.IENTO PAGO-AUTO RECHAZA DDA EJE.pdf, p.680-683.
[2] I.., p.680.
[3] I..
[4] I.., p.681.
[5] Expediente digital. Archivo 01. CORREO-ACTA-PROCESO ORDINARIO REPETICION-MANDA.IENTO PAGO-AUTO RECHAZA DDA EJE.pdf, p.744.
[6] Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
[7] Expediente digital. Archivo 01. CORREO-ACTA-PROCESO ORDINARIO REPETICION-MANDA.IENTO PAGO-AUTO RECHAZA DDA EJE.pdf, p.744.
[8] I..
[9] Expediente digital. Archivo 02 AUTO PROMUEVE CONFLICTO NEGATIVO COMPETENCIA.RAD.2023-00017-00.pdf, p.1-4.
[10] Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012).
[11] Expediente digital. Archivo 02CJU-3764 Correo Remisorio.pdf , p.1.
[12] Expediente digital. Archivo 03CJU-3764 Constancia de Reparto.pdf, p.1.
[13] I..
[14] ARTICULO 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: [...] || 11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
[15] Autos 345 de 2018, 328 de 2019, 452 de 2019, 041 de 2021.
[16] Auto A004 de 2022.
