Auto nº 1761/23 de Corte Constitucional, 2 de Agosto de 2023

Competencia

1. De conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de competencia entre las distintas jurisdicciones.

   Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

2. Este Tribunal ha señalado que los conflictos de jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo).”[24]

3. En ese sentido, se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones[25]. El primero es el presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia, que pertenezcan a diferentes jurisdicciones y que hayan rechazado o reclamado la competencia para conocer el asunto[26]. El segundo es el presupuesto objetivo según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional[27]. El tercero es el presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa.[28]

4. La acreditación de estos presupuestos es una condición necesaria para emitir un pronunciamiento de fondo. De lo contrario, la Corte debe declararse inhibida cuando la controversia entre las autoridades judiciales no cumple con algunas de estas exigencias. En el asunto de la referencia se encuentran acreditados los tres presupuestos. El subjetivo, porque la controversia se presenta, por una parte, entre el Juzgado Penal del Circuito con Función de Conocimiento del Guamo-T., perteneciente a la jurisdicción ordinaria penal, y la Justicia Especial Indígena – comunidad indígena Doyare- Recristo.

5. El elemento objetivo se encuentra acreditado pues el origen de la controversia es la investigación y juzgamiento que adelantan las autoridades de la Jurisdicción Ordinaria en contra del señor J.A.A.G., por la presunta comisión de los delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones.

6. Finalmente, el elemento normativo se encuentra acreditado pues ambas partes hicieron referencia al fundamento legal o jurisprudencial en el que recae su competencia. Por un lado, el Juzgado Penal del Circuito con Función de Conocimiento del Guamo-T., argumentó que, conforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no se cumplían los factores objetivo e institucional, y había dudas sobre el personal y el territorial. Por otro lado, el Gobernador del Cabildo Indígena Doyare-Recristo indicó que, en observancia de la Constitución y la Ley, se cumplían los factores para habilitar la competencia de la Jurisdicción Especial Indígena como juez natural de un miembro de su comunidad

   Asunto objeto de decisión y metodología

7. La Corte procederá a dirimir la controversia suscitada entre el Juzgado Penal del Circuito con Función de Conocimiento del Guamo-T. y la comunidad indígena Doraye-Recristo. Para ello, en primer lugar, reiterará la jurisprudencia sobre la jurisdicción especial indígena y los presupuestos para el reconocimiento del fuero, y en segundo lugar resolverá el conflicto de la referencia, de conformidad con los antecedentes y con las consideraciones expuestas.

   La jurisdicción especial indígena y los presupuestos para el reconocimiento del fuero

8. El artículo 246 de la Constitución se refiere a la jurisdicción especial indígena en los siguientes términos:

   “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.

9. De acuerdo con esa disposición, la Corte ha interpretado que la jurisdicción indígena comprende:

   “(i) la facultad de la[s] comunidades de establecer autoridades judiciales propias; (ii) la potestad de conservar o proferir normas y procedimientos propios; (iii) la sujeción de los elementos anteriores [(i) y (ii)] a la Constitución y la Ley; (iv) la competencia del Legislador para señalar la forma de coordinación ínter jurisdiccional, sin que, en todo caso, (v) el ejercicio de la jurisdicción indígena esté condicionado a la expedición de la ley mencionada”[29].

10. Asimismo, la Corte Constitucional ha reconocido que la jurisdicción indígena tiene dos dimensiones de aplicación: una colectiva y otra individual. La dimensión colectiva se refiere al derecho de las comunidades indígenas a establecer sus propios mecanismos de resolución de controversias y, en esa medida, se constituye en instrumento de protección de la diversidad cultural y en garantía de la autonomía e identidad de los pueblos indígenas. Por su parte, la dimensión individual se refiere al “derecho fundamental que le asiste a cada miembro de ser juzgado por sus autoridades, de acuerdo con sus normas y procedimientos”[30].

11. Con respecto a esta última dimensión, la Corte ha precisado que el análisis de la configuración del fuero indígena debe tomar en cuenta y ponderar, en primer lugar, los factores personal y territorial. El primero de ellos, el factor personal, “hace referencia a la pertenencia del acusado de un hecho punible o socialmente nocivo a una comunidad étnica”[31]. Por su parte, el factor territorial indaga por el lugar en el que ocurrieron los hechos que se investigan. La jurisprudencia constitucional ha entendido que este elemento puede ser abordado desde dos perspectivas: una estrecha y otra amplia. La primera se refiere a los límites geográficos en los que se sitúan los resguardos indígenas. En contraste, la perspectiva amplia comprende el territorio como un concepto expansivo, que se extiende “al ámbito donde la comunidad despliega su cultura, esto es, sus costumbres, ritos, creencias religiosas, modos de producción, entre otros”[32]. La Corte reconoce que, en estos supuestos, aunque el espacio vital de la comunidad no coincida con los límites geográficos del resguardo, el caso puede remitirse a las autoridades indígenas por razones culturales[33].

12. Ahora bien, para dirimir el conflicto entre jurisdicciones, la jurisprudencia constitucional requiere que, además de los elementos personal y territorial, en el análisis global y ponderado que debe hacer esta Corporación se valoren también los factores objetivo e institucional.

13. El elemento objetivo alude a la naturaleza del bien jurídico tutelado[34] para determinar si el interés de judicialización de la conducta recae sobre la comunidad indígena o sobre la cultura mayoritaria. Es importante precisar que, de acuerdo con la sentencia C-463 de 2014, cuando “el bien jurídico afectado concierne tanto a la comunidad a la que pertenece el actor o sujeto activo de la conducta, como a la cultura mayoritaria, el elemento objetivo no determina una solución específica”[35], y debe en todo caso realizarse el análisis ponderado de otros elementos. Por ello, cuando las autoridades indígenas reclamen la competencia para conocer de un asunto, deben mostrar ante el juez que resuelve el conflicto entre jurisdicciones, cuál es su entendimiento en relación con la nocividad de los hechos investigados y cuáles son los mecanismos de los que dispone la jurisdicción especial para resolver el caso en concreto.

14. En relación con esto último, el factor institucional u orgánico se refiere a la existencia de “un sistema de derecho propio conformado por los usos y costumbres tradicionales y los procedimientos conocidos y aceptados”[36]. En esa medida, este elemento constituye un medio para garantizar tanto el derecho al debido proceso de quien será investigado, como los derechos de las víctimas y la conservación de las costumbres e instituciones ancestrales. Por lo tanto, cuando una autoridad indígena reclame la activación del fuero de la jurisdicción especial indígena, el juez que resuelva el conflicto de competencia entre jurisdicciones deberá identificar: (i) las autoridades tradicionales y procedimientos establecidos para tramitar el caso ante la jurisdicción indígena, y (ii) las faltas y sanciones aplicables[37].

15. La jurisprudencia constitucional también es clara en establecer que la valoración del elemento institucional “debe ser especialmente cuidadosa con respecto del pluralismo jurídico y [d]el mandato de maximización de la autonomía indígena que se derivan de la diversidad étnica y cultural protegida constitucionalmente”[38]. Por consiguiente, el juez que dirime un conflicto entre jurisdicciones no puede exigirle a la autoridad indígena la existencia de un compendio escrito de normas y precedentes jurisdiccionales, en tanto las prácticas jurídicas pueden ser diversas y, además, las fuentes de derecho propio se encuentran en constante formación o reconstrucción de acuerdo con la cosmovisión de cada comunidad indígena[39]. En este sentido, el factor institucional deberá valorarse de acuerdo con “la manifestación positiva de la comunidad sobre su intención de conocer y aplicar sus procedimientos, normas y costumbres tradicionales al asunto en cuestión, previsión que se desprende, a la vez, del carácter dispositivo de la jurisdicción para las comunidades”[40]. Por lo tanto, cuando la autoridad indígena exprese su propósito de asumir el conocimiento de un caso, resulta coherente que ponga de presente las condiciones en las que se desarrollará el proceso respectivo.

16. Por último, y de acuerdo con lo previsto en la sentencia C-463 de 2014, los cuatro elementos a los que se ha hecho referencia en las consideraciones de este auto deben evaluarse bajo el principio interpretativo de maximización de la autonomía de las comunidades indígenas, razón por la cual deben aplicarse “de forma ponderada y razonable en las circunstancias de cada caso”[41]. En esta medida, si alguno de tales factores o elementos no se acredita en el caso concreto, eso no significa que el asunto se sustraiga de la jurisdicción indígena. Como lo dispuso la Corte expresamente, el hecho de que no concurra alguno de dichos elementos:

    “no implica que de manera automática el caso corresponda al sistema jurídico nacional. El juez deberá revisar cuál es la decisión que mejor defiende la autonomía indígena, el debido proceso del acusado y los derechos de las víctimas. En cuanto a los dos últimos, deberá estudiarlos bajo la perspectiva de la diversidad cultural”[42].

17. En síntesis, la configuración del fuero de la jurisdicción especial indígena se podrá dar, si así se deduce de un análisis global, ponderado y razonable de los factores: (i) personal, es decir, que el procesado pertenezca a la comunidad indígena; (ii) territorial, que analiza el lugar donde ocurrieron los hechos, desde una perspectiva estricta y amplia; (iii) objetivo, el cual verifica la naturaleza del bien jurídico tutelado e (iv) institucional, que estudia si las autoridades ancestrales cuentan con la capacidad para impartir justicia y garantizar los derechos del procesado y de las víctimas. Con fundamento en las consideraciones previas, la Sala Plena procederá a resolver el presente caso.

18. La Sala Plena comienza por constatar que en el presente caso se generó un conflicto positivo entre el gobernador del Cabildo Indígena de D.R. como autoridad de la jurisdicción especial indígena y el Juzgado Penal del Circuito con función de conocimiento del Guamo-T. como autoridad de la jurisdicción ordinaria en su especialidad penal. De acuerdo con las reglas expuestas en la parte considerativa de esta providencia, la Sala procederá a dirimir el presente conflicto de jurisdicción en el sentido de determinar que el Juzgado Penal del Circuito con Función de Conocimiento del Guamo-T., es la autoridad competente para conocer del proceso penal que se lleva en contra del señor J.A.A.G.. Lo anterior, en atención a la ponderación de los factores que dan lugar o no a la activación de la Jurisdicción Especial Indígena. En lo que sigue, la Sala adelantará el análisis respectivo.

19. Respecto del elemento personal, la Sala encuentra que el mismo se cumple pues en el expediente obra un certificado de la comunidad señalando que el señor J.A.A.G. se encuentra registrado en la base de datos censales de la comunidad indígena D.R. y que conserva su identidad social, cultural y étnica[43].

20. Respecto del elemento territorial, la Sala no lo puede dar por cumplido en el presente asunto, pues el mismo gobernador indicó en la respuesta a la Corte, que el cabildo está, por lo menos, a 14 kilómetros del punto en donde ocurrieron los hechos. Los mapas enviados por la Alcaldía de Coyaima tampoco evidencian que haya una coincidencia. Si bien el abogado defensor señaló que la jurisdicción del pueblo P. es de todo el T., el gobernador no explicó si, en efecto, ese punto hace parte de su espacio vital ni si existe una relación especial entre el lugar donde ocurrieron los hechos y los usos y costumbres de la comunidad. Adicionalmente, pese a la práctica probatoria y la búsqueda de información por diferentes fuentes desarrollada por el despacho ponente, no fue posible acreditar que la comunidad desenvuelva su cultura en el lugar en el que sucedieron los hechos objeto de investigación.

21. El elemento objetivo tampoco se encuentra acreditado, pues el gobernador no explicó cómo el delito investigado afecta la comunidad ni cuáles son los impactos de los hechos investigados. El Gobernador se limitó a hablar de cómo la politiquería y la cultura del dinero fácil ha impactado su cultura. Así, no puede concluirse que el bien protegido por los tipos penales investigados tengan algún tipo de relevancia o generen algún tipo de reproche para la comunidad indígena en el caso concreto. Si bien la Sala reconoce que este tipo de conductas puede afectar a la comunidad indígena, lo cierto es que para los estrictos efectos del caso en concreto no fue posible acreditar el cumplimiento de este elemento respecto de la comunidad indígena. Paralelamente, no fue posible probar que la víctima acreditada dentro del proceso, esto es el señor D.A.H., haga parte de la comunidad indígena. En ese orden de ideas, dado que no se pudo acreditar la forma en que las conductas investigadas afecta a la comunidad y que la víctima en el asunto pertenece a la sociedad mayoritaria la Sala encuentra -para estrictos efectos de este caso- que el elemento objetivo orienta la resolución del conflicto en favor de la jurisdicción ordinaria.

22. Ahora bien, la conducta investigada resulta de relevancia para la sociedad mayoritaria. En efecto, los hechos relacionados con el hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones, son reprochado en el ordenamiento jurídico nacional a través de su tipificación en los artículos 239 y 365 del Código Penal, respectivamente. En particular, el tipo penal de hurto busca proteger el patrimonio económico de las personas y es un desarrollo del artículo 2º de la Constitución Política que da a las autoridades el deber y la facultad de proteger los bienes de las personas para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares. El delito de porte y tenencia de armas de fuego, a su vez, protege el bien jurídico de la seguridad pública las autoridades tiene se trata de tipos penales que protegen los bienes jurídicos la seguridad pública. Al respecto, la Sala ha reconocido que la conducta de tráfico, fabricación, o porte de armas de fuego reviste una especial nocividad para la comunidad mayoritaria[44]. Dado lo anterior, esto es la especial nocividad de la conducta investigada, el análisis del elemento institucional en este caso se hará de forma más detallada, tal como ha definido la jurisprudencia de esta Sala.

23. Finalmente, tampoco se encuentra acreditado el elemento institucional. Al respecto, la Sala Plena, si bien reconoce que la comunidad cuenta con instituciones para la resolución de sus propios conflictos, no encontró acreditado que para el caso en concreto cuente con la capacidad institucional para tramitar los hechos objeto de investigación. En efecto, el gobernador señaló que la autoridad que conoce del caso es la asamblea, y que, en caso de reincidencia, el proceso pasa a la justicia ordinaria. Ahora bien, el ICANH trajo a colación el Tribunal Superior Indígena del T. y explicó su funcionamiento. Sin embargo, de las pruebas que obran en el expediente, no es claro cuál es el procedimiento que se sigue para investigar este tipo de delitos, cuáles son las sanciones que aplican y cómo se garantiza que se cumplan. Por último, pese a las prácticas probatorias realizadas por el despacho, no se pudo acreditar qué garantías existen para las víctimas de los delitos investigados, especialmente cuando estas no hacen parte de la comunidad indígena, así como las garantías mínimas del procesado.

24. Análisis ponderado de los elementos del fuero indígena y la competencia de la JEI. En síntesis, si bien se acreditó el elemento personal, no se cumplió con los elementos territorial, objetivo e institucional. En ese orden de ideas, dado que el elemento objetivo orienta la competencia en este caso concreto a la jurisdicción ordinaria y que, no fue posible constatar que la comunidad cuente con una institucionalidad suficiente para tramitar la conducta investigada, no es posible dar por acreditada la activación de la competencia de la jurisdicción especial indígena. Por lo tanto, la decisión que mejor satisface el derecho al debido proceso de las partes y que no genera una afectación al pluralismo jurídico ni a la diversidad étnica, es señalar que es la jurisdicción ordinaria, en su especialidad penal, quien debe conocer del proceso.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,