Auto nº 1903/23 de Corte Constitucional, 15 de Agosto de 2023

1. El 26 de julio de 2018, J.P.M. (en adelante, el demandante) presentó demanda ordinaria laboral en contra del Hospital Regional de Duitama E.S.E. (en adelante, el demandado). Entre otras cosas, solicitó: (i) se declare que entre el demandante y el hospital existió un contrato de trabajo y (ii) se condene al demandado al pago de la indemnización por despido sin justa causa, las prestaciones sociales y demás acreencias laborales.

2. El demandante expuso: (i) que el 1 de enero de 2014 ingresó a laborar al hospital a través de tercerización laboral; (ii) que celebró un contrato de obra o labor con I.S., sociedad intermediaria, para desempeñar la labor de conductor de ambulancias; (iii) que dicho contrato fue prorrogado por 34 meses, aproximadamente, y fue dado por terminado el 31 de octubre de 2016 de forma unilateral por parte del demandado; (iv) que el 19 de diciembre de 2016 presentó derecho de petición al hospital, a través del cual solicitó el pago de los salarios y prestaciones sociales que presuntamente le adeudaban, y (v) que el demandado, al responder la petición, indicó que el contrato había sido suscrito con I.S. y, por tanto, no se podía responder favorablemente la solicitud.

3. El 26 de julio de 2018, el Juzgado Laboral del Circuito de Duitama admitió la demanda. No obstante, el 5 de abril de 2022, en el trámite de la audiencia de trámite y juzgamiento, la referida autoridad judicial resolvió: (i) decretar la nulidad de todo lo actuado; (ii) rechazar el conocimiento del asunto por falta de jurisdicción y competencia, y (iii) remitir el expediente a los Juzgados Administrativos de Duitama (Reparto). Con fundamento en los artículos 125 de la Constitución Política y 104-2 de la Ley 1437 de 2011, la sentencia T-064 de 2016 de la Corte Constitucional y el Decreto 1335 de 1990, manifestó que “la labor ejecutada por el demandante […] a favor de la ESE, no estaba relacionada […] con las labores de mantenimiento de la planta física hospitalaria o servicios generales y por ello no puede ser catalogado como un trabajador oficial”[1]. Asimismo, indicó que “es la jurisdicción contencioso administrativa […] la que tiene competencia para conocer de los procesos relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el estado”[2].

4. La demanda le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Duitama. El 9 de febrero de 2022, la referida autoridad judicial resolvió: (i) no avocar el conocimiento del proceso; (ii) proponer conflicto negativo de competencia, y (iii) remitir el expediente a la Corte Constitucional. Citó el Auto 492 de 2021 de la Corte Constitucional y el numeral 4º del artículo 105 del CPACA, e indicó que “cuando existe certeza de la existencia de un vínculo laboral, siendo este el caso, resulta válido definir la jurisdicción competente para conocer de estos asuntos con base en las funciones que dice haber ejercido el empleado o trabajador”. Agregó que “se abstendrá el Despacho, de avocar conocimiento […] por estarse ante una controversia donde quien demanda, en su alegada condición de conductor de ambulancia al servicio de una Empresa Social del Estado, desarrolló actividades propias de un trabajador oficial en el marco de un contrato de trabajo”[3].

5. El 5 de julio de 2023, el expediente fue asignado al despacho de la magistrada sustanciadora. Luego, el 7 de julio de 2023, la Secretaría General de la Corte Constitucional lo remitió al referido despacho[4].

1. Competencia

6. La Corte Constitucional es competente para resolver el presente conflicto de jurisdicciones, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política.

2. Delimitación del asunto objeto de revisión y metodología

7. La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado Laboral del Circuito de Duitama y el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Duitama, la cual versa sobre la competencia para conocer la demanda ordinaria laboral presentada por J.P.M. en contra del Hospital Regional de Duitama E.S.E. A estos efectos, la Sala, en primer lugar, verificará si la controversia entre estas autoridades judiciales cumple con los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo de los conflictos de jurisdicciones (II.3 infra). En segundo lugar, de constatarse el cumplimiento de tales presupuestos, reiterará las reglas de competencia para conocer solicitudes de reconocimiento de derechos laborales a una E.S.E., (II.4 infra). Por último, resolverá el conflicto y determinará cuál es la autoridad judicial que debe asumir o continuar con el conocimiento del proceso (II.5 infra).

3. Verificación de los presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

8. Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguno le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[5]. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que para que este tipo de controversias se configuren es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo[6], los cuales se explican en el siguiente cuadro:

   Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones

1. Presupuesto subjetivo

   Exige que la controversia se presente entre por lo menos dos autoridades que administren justicia y formen parte de distintas jurisdicciones. De este modo, “el conflicto de jurisdicción no puede provocarse autónomamente por las partes del respectivo proceso” [7].

2. Presupuesto objetivo

   Implica que la disputa debe recaer sobre el conocimiento de una causa de naturaleza judicial, no política o administrativa[8].

3. Presupuesto normativo

   Exige constatar que las autoridades judiciales en colisión hayan manifestado expresamente las razones de índole constitucional o legal, por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto[9].

9. La controversia sub examine configura un conflicto de jurisdicciones. Esto es así por las siguientes razones:

   (i) Primero, satisface el presupuesto subjetivo, porque enfrenta a dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones, esto es, (i) el Juzgado Laboral del Circuito de Duitama, que forma parte de la jurisdicción ordinaria, y (ii) el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Duitama, que forma parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo[10].

   (ii) Segundo, el conflicto cumple con el presupuesto objetivo, puesto que las autoridades judiciales rechazan el conocimiento de la solicitud de reconocimiento de derechos laborales a una E.S.E., la cual debe resolverse por medio de un trámite de naturaleza judicial.

   (iii) Tercero, el presupuesto normativo se encuentra acreditado, debido a que las autoridades judiciales enfrentadas expusieron las razones de índole legal y jurisprudencial por las cuales consideran que carecen de competencia para conocer del asunto (ver párrs. 3 y 4 supra).

4. Competencia para conocer de las demandas en las que, en el marco de una relación laboral con una empresa temporal, se solicita el reconocimiento de derechos laborales a la entidad usuaria.

10. En el Auto 1159 de 2021 la Corte Constitucional fijó la siguiente regla de decisión: “[l]a Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las demandas en las que, en el marco de una relación laboral con una empresa temporal, se solicita el reconocimiento de derechos laborales -salariales y prestacionales- tanto a la empresa temporal como a la usuaria, cuando quiera que (i) esta última sea una entidad pública, cuya regla general de vinculación sea la de empleado público; y (ii) dentro del trámite no pueda desvirtuarse prima facie tal parámetro de vinculación”[11]. Como fundamento, la Sala expuso:

    (i) Si bien en un principio el contrato laboral existente entre el demandante y la empresa de servicios temporales es de naturaleza privada y corresponde a la jurisdicción ordinaria, en los “casos en los que puede estar de por medio la desnaturalización del vínculo -y, como consecuencia de ello, el pago de derechos laborales-, el conocimiento del asunto se funda en las reglas generales de competencia, esto es, si lo que puede estar detrás es la evasión de un vínculo contractual, la competencia será de la jurisdicción ordinaria, mientras que, si el ocultamiento de la relación involucra el haberse omitido la formalización de una relación legal y reglamentaria, será de la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

    (ii) La relación laboral entre las empresas de servicios temporales y los trabajadores en misión “está sujeta a un límite temporal, con el fin de proteger los derechos de los trabajadores e impedir que las empresas que ejecutan este tipo de contratación evadan las obligaciones derivadas de los contratos con trabajadores permanentes”[12]. En consecuencia, cuando la entidad usuaria se aparta o excede alguno de los supuestos de procedencia del contrato en misión “la empresa de servicios temporales se puede catalogar como un empleador aparente y un verdadero intermediario que oculta su calidad, y el usuario deberá tenerse entonces como el verdadero empleador”[13].

    (iii) Con base en los artículos 104 del CPACA y 2 del CPTSS, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer de los procesos “relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado”. A su vez, según el artículo 2 del CPTSS, la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral conoce, entre otros, de los “conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo”, independientemente de que el empleador sea de naturaleza privada o se trate de una entidad pública, como es el caso de los trabajadores oficiales.

11. La regla de decisión del Auto 1159 de 2021 está establecida para las demandas en las que, en el marco de una relación laboral con una empresa temporal, se solicita el reconocimiento de derechos laborales –salariales y prestacionales– tanto a la empresa temporal como a la usuaria. La Sala considera que los fundamentos en los que se soporta la referida regla de decisión son aplicables a aquellos casos en los que la demanda va dirigida solo contra la empresa usuaria. Esto, habida cuenta de que se pretende el reconocimiento de una relación laboral con esta última y este es criterio más relevante para establecer la regla en el Auto 1159 de 2021.

5. Jurisdicción competente para decidir demandas dirigidas contra empresas sociales del Estado en las que se solicita el reconocimiento de una relación laboral y los derechos que surgen de la misma.

12. En el Auto 796 de 2021[14], la Corte Constitucional estableció como regla de decisión que “[l]a jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer de una demanda laboral contra una Empresa Social del Estado promovida por un empleado público, situación jurídica que se constata con las funciones que desempeña en la entidad acorde con lo previsto en la Ley 10 de 1990”. Dicho auto se fundó en las siguientes premisas.

    (i) Conforme al artículo 83 de la Ley 498 de 1998, las ESE son creadas por la Nación o por las entidades territoriales para la prestación en forma directa de servicios de salud.

    (ii) Los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993 regulan dos asuntos, respectivamente. Primero, que “[l]a prestación de servicios de salud en forma directa por la nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado”. Segundo, que “[l]as personas vinculadas a la empresa tendrán el carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales, conforme a las reglas del Capítulo IV de la Ley 10 de 1990”[15].

    (iii) En tales términos, el artículo 26 del capítulo IV de la Ley 10 de 1990 prevé la clasificación de empleos “[e]n la estructura administrativa de la Nación, de las entidades territoriales o de sus entidades descentralizadas, para la organización y prestación de los servicios de salud”. Asimismo, establece que “[s]on trabajadores oficiales, quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales, en las mismas instituciones”. Por su parte, el artículo 30 de la misma ley instituye el régimen laboral para los empleados públicos y trabajadores oficiales cuando hacen parte de entidades públicas de cualquier nivel administrativo que presten servicios de salud.

    (iv) La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura[16], el Consejo de Estado[17] y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[18] han acudido al régimen general de vinculación de las ESE para determinar la autoridad judicial competente para conocer de las demandas en las que se pretende el reconocimiento de una relación laboral con este tipo de empresas, así como, para decidir este tipo de controversias.

13. Ahora, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado, respecto de quien se desempeñe como conductor de ambulancia, que:

    […] dicho cargo no está relacionado con labores de mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales, sino que encaja dentro las actividades de carácter asistencial, pues no se trata de una «simple acción de conducir», sino que implica el «traslado de pacientes en estado crítico, urgente o limitado, que exige tener un conocimiento mínimo de atención prioritaria, mediante la acreditación ineludible de un curso de primero auxilios acorde con la naturaleza asistencial de la prestación del servicio de salud»[19].

14. Regla de decisión. La jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer de las demandas en las que, en el marco de una relación laboral con una empresa de servicios temporales, se solicita el reconocimiento de derechos laborales –salariales y prestacionales– a la entidad usuaria, cuando quiera que (i) esta sea una empresa social del estado, (ii) la demanda sea promovida por quien detentaría la calidad de empleado público y (iii) dentro del trámite no pueda desvirtuarse prima facie tal eventual calidad.

15. La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer el caso que suscita el conflicto sub examine. La Sala Plena considera que la demanda ordinaria laboral presentada por J.P.M. en contra del Hospital Regional de Duitama E.S.E. debe ser conocida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto, porque, al extender la regla de decisión del Auto 1159 de 2021, se encuentra lo siguiente:

    (i) La solicitud se eleva en el marco de una relación laboral con una empresa temporal, ya que el demandante celebró un contrato de obra o labor con I.S., sociedad intermediaria.

    (ii) Si bien el contrato está suscrito con una empresa privada intermediaria, lo que alega el demandante es que dicho contrato presuntamente encubrió una verdadera relación laboral con una entidad pública, y es a esta a la que se le solicita el reconocimiento de derechos laborales salariales y prestacionales.

    (iii) El Hospital Regional de Duitama E.S.E. es una entidad pública.

    (iv) Se advierte que posiblemente el demandante estaría vinculado como empleado público, dado que fue contratado para desempeñar la labor de conductor de ambulancias, la cual, de conformidad con jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, corresponde a una labor asistencial y no a una de mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales.

    (v) Este caso no es una estricta reiteración del Auto 1159 de 2021. Esto, debido a que la regla establecida en ese auto aplica para las demandas en las que, en el marco de una relación laboral con una empresa temporal, se solicita el reconocimiento de derechos laborales a la empresa temporal y a la usuaria, mientras que en el asunto sub examine, la demanda solo va dirigida a la empresa usuaria. No obstante, como se indicó (supra. 11), es posible extender la regla fijada en el Auto 1159 de 2021.

16. Por las razones expuestas, la Sala ordenará remitir el expediente CJU-3814 al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Duitama, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,