Auto nº 2124/23 de Corte Constitucional, 7 de Septiembre de 2023
| Fecha | 07 Septiembre 2023 |
| Número de sentencia | 2124/23 |
| Número de expediente | CJU-4202 |
| Materia | Derecho Constitucional |
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
SALA PLENA
AUTO 2124 DE 2023
Referencia: Expediente CJU-4202
Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 9 Administrativo de Neiva y el Juzgado 4 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la misma ciudad
Magistrado ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Valledupar, siete (07) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente
AUTO
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El 12 de junio de 2021, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG) presentó solicitud de ejecución de providencia judicial en contra de la señora N.A. de Losada, con el fin de que se libre mandamiento de pago por concepto de costas procesales e intereses moratorios. anterior, en virtud de la condena impuesta dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en sentencia proferida por el Juzgado 9 Administrativo de Neiva[1].
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El 15 de octubre de 2021, el Juzgado 9 Administrativo de Neiva se abstuvo de librar mandamiento de pago al considerar que, en virtud del artículo 98 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, CPACA), las entidades públicas tienen la obligación legal de recaudar las acreencias que consten en documentos que presten mérito ejecutivo y que existan a su favor, a través del ejercicio de la facultad de cobro coactivo[2]. Contra esta decisión, el apoderado del FOMAG interpuso los recursos de reposición y apelación[3].
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El 3 de diciembre de 2021, el Juzgado 9 Administrativo de Neiva repuso el auto del 15 de octubre y, en su lugar, declaró su falta de jurisdicción para conocer del asunto y lo remitió a los jueces civiles de la misma ciudad. Al respecto, advirtió que, a partir del artículo 298 del CPACA y el artículo 15 del Código General del Proceso (en adelante, CGP), la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad civil es la competente para conocer de este tipo de demandas[4].
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El 16 de febrero de 2023, el Juzgado 1º Civil Municipal de Neiva rechazó la demanda y remitió el proceso a los juzgados de pequeñas causas y competencias múltiple en aplicación del factor cuantía del artículo 25 del CGP[5].
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El 11 de mayo de 2023, el Juzgado 4 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Neiva declaró su falta de jurisdicción para conocer del proceso, propuso un conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a esta corporación. Al respecto, consideró que, de acuerdo con el auto 008 de 2022, las costas causadas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo deben ser reclamadas ante los juzgados de esa jurisdicción[6].
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El 31 de mayo de 2023, la Secretaría General de la Corte radicó el presente expediente. Luego, el 16 de agosto siguiente, la Sala Plena asignó el asunto a este despacho para su sustanciación y lo remitió dos días después[7].
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Competencia. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos entre jurisdicciones de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.
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Presupuestos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones. Esta corporación ha señalado que los conflictos entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)[8].
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Esta Corte ha considerado, de manera reiterada, que para que se configure un conflicto de jurisdicciones es preciso que se den los presupuestos de carácter subjetivo, objetivo y normativo[9]. De esta manera, ha explicado que (i) el presupuesto subjetivo exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones[10]; (ii) el presupuesto objetivo se refiere a la existencia de una causa judicial sobre la cual se suscite la disputa, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional[11]; y (iii) el presupuesto normativo que implica la necesidad de que las autoridades en colisión hayan manifestado, expresamente, las razones de índole constitucional o legal por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto[12].
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Competencia para conocer de las solicitudes de ejecución promovidas a continuación del proceso, en los que se reclama el pago de condenas impuestas a particulares por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Reiteración del auto 008 de 2022. En auto 008 de 2022, la Corte se pronunció sobre un conflicto entre jurisdicciones que se originó con ocasión de una solicitud de ejecución de una condena proferida en una providencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En dicha oportunidad, la Sala Plena señaló que este tipo de solicitudes, presentadas en el mismo proceso, son de conocimiento del juez que profirió la providencia que se pretende ejecutar, acorde con los artículos 306 del CGP y 298 y 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Por el contrario, en aquellos eventos en los que se pretenda ejecutar de forma independiente, esto es, recurriendo a un proceso ejecutivo aparte, el pago de una condena impuesta a un particular en una sentencia proferida por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dicho asunto según lo previsto por la Sala Plena en el auto 857 de 2021 corresponderá a la Jurisdicción Ordinaria Civil, en desarrollo de lo previsto en los artículos 12 de la Ley 270 de 1996 y 422 del CGP.
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Examen del caso concreto. En el asunto objeto de decisión, se cumplen con los tres presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones, por las siguientes razones: (i) el mismo se suscitó entre el Juzgado 9 Administrativo de Neiva y el Juzgado 4 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la misma ciudad, los cuales integran distintas jurisdicciones (presupuesto subjetivo). De otro lado, (ii) se acreditó una causa judicial respecto de la cual se alegó la falta de competencia para dirimirla, específicamente, se trata del conocimiento de la solicitud de ejecución de providencia judicial, con ocasión de la sentencia proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó el FOMAG en contra de la señora N.A. de Losada (presupuesto objetivo); y (iii) se verificó que las dos autoridades judiciales en conflicto citaron y justificaron su falta de jurisdicción en el auto 008 de 2022 de la Corte Constitucional y los artículos 298 del CPACA y 15 del CGP (presupuesto normativo).
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Conforme con lo anterior, la Sala reiterará lo dispuesto en el auto 008 de 2022, según el cual, los artículos 298 y 306 del CPACA atribuyen a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la competencia para conocer de las solicitudes de ejecución a continuación de las sentencias proferidas por esa jurisdicción, como ocurre en este caso. En consecuencia, la Sala Plena concluye que el juez competente es el Juzgado 9 Administrativo de Neiva y remitirá el presente asunto para lo de su competencia.
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Regla de decisión. El conocimiento de las solicitudes de ejecución de condenas impuestas en sentencias judiciales proferidas por jueces de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, formuladas a continuación del proceso en el que se emitieron las condenas cuya ejecución se reclama, corresponde a esa misma jurisdicción, de acuerdo con los artículos 298 y 306 del CPACA y el artículo 306 del CGP[13].
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
Primero. - DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 9 Administrativo de Neiva y el Juzgado 4 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la misma ciudad, en el sentido de DECLARAR que le corresponde al el Juzgado 9 Administrativo de Neiva, el conocimiento de la solicitud de ejecución de providencia judicial promovida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en contra de la señora N.A. de Losada.
Segundo. - REMITIR el expediente CJU-4202 al Juzgado 9 Administrativo de Neiva para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión al Juzgado 4 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la misma ciudad.
N., comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Presidenta
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Ausente con permiso
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[1] Archivo 0007SolicitudEjecucionCostas.pdf.
[2] Archivo 0003JuezAdministrativoNiegaMandamiento.pdf.
[3] Archivo 0004RecursoReposicionEjecutante.pdf.
[4] Archivo 0005JuezAdministrativoDeclaraFaltaJurisdiccion.pdf.
[5] Archivo 0006TerceroMunicipalRechazaDemanda.pdf.
[6] Archivo 0008.AutoOrdenaDirimirCompetencia.doc.
[7] Archivo 03Constancia de Reparto CJU-4202.pdf.
[8] Corte Constitucional, autos 345 de 2018, 328 y 452 de 2019.
[9] Corte Constitucional, auto 155 de 2019, reiterado, entre otros, por los autos 452 y 503 de 2019 y 129 y 415 de 2020.
[10] En consecuencia, no habrá conflicto cuando solo sea parte una autoridad o una de las partes en colisión no ejerza funciones jurisdiccionales.
[11] En este sentido, no existirá conflicto cuando se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional (artículo 116 de la Constitución).
[12] Así pues, no existirá conflicto cuando se evidencie que, a pesar de concurrir formalmente dos autoridades judiciales, una de ellas no ha rechazado su competencia o manifestado su intención de asumirla; o la exposición sobre la competencia desplegada por las autoridades en conflicto no tiene, al menos, aparentemente, fundamento normativo alguno, al sustentarse únicamente en argumentos de mera conveniencia.
[13] Corte Constitucional, auto 008 de 2022, reiterado en auto 027 de 2023.
