Auto nº 2176/23 de Corte Constitucional, 13 de Septiembre de 2023
| Fecha | 13 Septiembre 2023 |
| Número de sentencia | 2176/23 |
| Número de expediente | CJU-3790 |
| Materia | Derecho Constitucional |
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Plena
AUTO 2176 DE 2023
Referencia: Expediente CJU-3790
Conflicto de jurisdicciones suscitado entre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander y la Procuraduría Provincial de Instrucción de B..
Magistrada ponente:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá D. C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente
AUTO
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El Juzgado Octavo de Familia de B., Santander, compulsó copias en contra de J.G.R.S., en su calidad de auxiliar de justicia, por presuntas irregularidades desplegadas en desarrollo de su función en el trámite del proceso de liquidación de sociedad conyugal No. 2008-00381[1], adelantado ante el mismo juzgado que compulsó copias en su contra.
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Mediante auto del 23 de mayo de 2022[2], la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander se declaró incompetente para conocer del asunto y ordenó la remisión del proceso a la Procuraduría Provincial de B.[3]. Al respecto, señaló que los auxiliares de la justicia son particulares que administran justicia de manera transitoria[4], por ende, argumentó que de acuerdo con el artículo 2 y 92 del Código General Disciplinario, serán disciplinables por la Procuraduría General de la Nación. Agregó que, el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 que otorgaba la competencia a esta colegiatura para investigar y juzgar a los auxiliares de la justicia, fue derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019[5]
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En consecuencia, el asunto fue repartido a la Procuraduría Provincial de Instrucción de B. que, a través de auto del 27 de febrero de 2023[6], propuso conflicto negativo de jurisdicción y ordenó el envío del expediente a la Corte Constitucional[7]. Argumentó que en el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 se precisó que la competencia para disciplinar a los auxiliares de justicia correspondía a las Salas Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales[8]. Sin embargo, este artículo fue derogado, no obstante, en el artículo 2, inciso 5, de la Ley 2094 de 2021, estableció que corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial ejercer la acción disciplinaria contra funcionarios y empleados judiciales, de la Fiscalía General de la Nación y también de los particulares disciplinables[9].
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El expediente fue radicado ante la Corte Constitucional el 13 de marzo de 2023. Posterior a ello, el 25 de julio de 2023, fue repartido al despacho de la magistrada sustanciadora.
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Competencia de la Corte Constitucional para resolver conflictos de competencia que ocurran entre jurisdicciones
1.1 La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[10]. Teniendo en cuenta que la competencia de esta Corporación se limita a la otorgada por las normas constitucionales y legales, la Sala Plena no podría pronunciarse en aquellos casos en que la controversia suscitada no corresponda a un conflicto entre dos autoridades en ejercicio de funciones jurisdiccionales.
1.2 En lo relacionado con las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, el artículo 111 de la Ley 270 de 1996[11] señala que las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, que reemplazaron las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, adelantan función jurisdiccional disciplinaria.
1.3 En lo referente a la Procuraduría General de la Nación, sus regionales y provinciales, la Sentencia C-030 de 2023 establece que las funciones disciplinarias que ejerce la PGN son de naturaleza administrativa y no jurisdiccional[12]. De lo anterior se deriva que, como estableció el Auto 742 de 2023[13], la Corte Constitucional no es competente para resolver el conflicto que llegue a suscitarse si una de las partes es la Procuraduría General de la Nación o sus regionales[14].
1.4. En consecuencia, resulta claro que escapa de las facultades de la Corte la resolución de una controversia en la que no están inmiscuidas dos autoridades en ejercicio de funciones jurisdiccionales. Sin embargo, incluso si un asunto no es competencia de la Corte, en aras de garantizar el efectivo acceso al poder público y salvaguardar el principio de celeridad, resulta importante remitirlo a la autoridad competente para resolver el [ ] conflicto de competencia[15].
1.5. Al respecto, esta Corporación, mediante el Auto 1044 de 2021[16], señaló que en los conflictos de competencia sobre actuaciones disciplinarias entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa que no tienen un superior común resulta aplicable lo dispuesto por los artículos 39[17] y 112.10[18] de la Ley 1437 de 2011, según los cuales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver los conflictos de competencia (i) entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, o en los que esté involucrada, por lo menos, una entidad de ese orden, siempre que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; (ii) se refieran a un asunto de naturaleza administrativa y (iii) versen sobre un asunto particular y concreto. Y reiteró la posición de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura según la cual, la aplicación de un criterio estrictamente orgánico permite considerar que, a falta de restricción constitucional explícita en el artículo 237 de la Carta Política para que el Consejo de Estado dirima conflictos de competencia de naturaleza administrativa, será su Sala de Consulta y Servicio Civil la autoridad llamada a dirimir este tipo de colisión de competencias donde hay, por lo menos, una autoridad administrativa que se declara incompetente para ejercer sus funciones administrativas[19].
La Sala Plena constata que, en el presente caso, no se presentó un conflicto entre jurisdicciones, puesto que la controversia se suscitó entre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, autoridad que hace parte de la jurisdicción disciplinaria, y la Procuraduría Provincial de Instrucción de B., autoridad administrativa.
Cabe resaltar que, como lo señala el Auto 1044 de 2021[20], en el presente caso se cumplen los supuestos necesarios para remitir el conflicto para su resolución a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado por cuanto: (i) el presente conflicto de competencia involucra a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, autoridad que pertenece a la Rama Judicial y ejerce sus funciones en todo el territorio nacional de manera desconcentrada[21], y a la Procuraduría Provincial de Instrucción de B. que también es una autoridad de orden nacional; (ii) sin que la Sala pretenda caracterizar el asunto sub examine, este podría ser, eventualmente, de naturaleza administrativa, en el supuesto en el que se determine que la competencia para adelantar la actuación disciplinaria corresponda a la Procuraduría General de la Nación; (iii) el conflicto versa sobre un asunto concreto, esto es, la investigación disciplinaria adelantada en contra de J.G.R.R..
En consecuencia, la Corte Constitucional remitirá el presente trámite de conflicto de competencia a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, por ser la autoridad competente para resolverlo.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
PRIMERO. Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre el asunto de la referencia debido a la falta de competencia, de conformidad con los argumentos esbozados en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-3790 a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados.
N., comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Presidenta
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[1] Documento denominado 2432605-1.pdf Pg. 1.
[2] Documento denominado 2020-000183.pdf Pg. 29.
[3] Í.. Pg. 32.
[4] Í.. Pg. 30.
[5] Documento denominado 2020-000183.pdf Pg. 29 y 30.
[6] Documento denominado 2432605-1.pdf Pg. 1.
[7] Í.. Pg. 8.
[8] Í.. Pg. 4.
[9] I..
[10] Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: [ ] || 11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
[11] Auto 345 de 2022 (CJU-148) M.J.F.R.C..
[12] Corte Constitucional. Sentencia C-030 de 2023. M.J.C.C.G. y J.F.R.C..
[13] CJU-3180. M.D.F.R.. Al respecto, ver también el Auto 1161 de 2023 (CJU-2868), el Auto 951 de 2023 (CJU-2995), el Auto 942 de 2023 (CJU-2927), el Auto 893 de 2023 (CJU-3149), el Auto 742 de 2023 (CJU-3180), entre otros.
[14] Auto 1161 de 2023 (CJU-2868) M.C.P.S..
[15] Auto 859 de 2021 (CJU-361) M.A.R.R..
[16] Correspondiente al CJU-609 sustanciado por la M.P.A.M.M.. Esta posición también ha sido defendida por la Corte en el Auto 859 de 2021, entre otros.
[17] Artículo 39. Ley 1437 de 2011. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional ( ). En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales ( ) conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
[18] Artículo 112. Inciso 3. Numeral 10. Ley 1437 de 2011. La Sala de Consulta y Servicio Civil tendrá las siguientes atribuciones: 10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo.
[19] Consejo Superior de la Judicatura. Auto del 28 de mayo de 2014. R.. 110010102000201302213-00, reiterado en el auto del 4 de febrero de 2016, rad. 110010306000201500176-00.
[20] CJU-609. M.P.A.M.M..
[21] El artículo 228 de la Constitución Política prevé: La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo (énfasis agregado).
