Auto nº 2455/23 de Corte Constitucional, 11 de Octubre de 2023
| Fecha | 11 Octubre 2023 |
| Número de sentencia | 2455/23 |
| Número de expediente | CJU-3654 |
| Materia | Derecho Constitucional |
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
SALA PLENA
AUTO 2455 DE 2023
Referencia: expediente CJU-3654
Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de P.
Magistrada ponente:
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Bogotá D. C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente
AUTO
-
El 16 de junio de 2022, F. de la R.B. y Geison Valencia de la Roche (en adelante, los demandantes) presentaron, por intermedio de apoderado, demanda verbal de responsabilidad civil contractual en contra de Cemex Colombia S.A, O.M.T.S., Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas (IDM) y J.C.G.T. (en adelante, los demandados). Esto, con el fin de que, entre otras cosas, (i) se declare la responsabilidad civil contractual de los demandados, quienes como parte vendedora incumplieron el contrato de promesa de compraventa suscrito el 22 marzo 2017, modificado el 12 junio 2018, y la escritura pública de compraventa 5121 del 25 de septiembre de 2018; (ii) se declare que el apartamento 101, torre 8, del Proyecto Residencial Multifamiliares San Marcos, ubicado en el municipio de Dosquebradas (Risaralda) es inhabitable producto de la humedad extrema y condiciones de insalubridad extrema[1]; (iii) se declare la condición resolutoria tácita y, en consecuencia, la rescisión del contrato y la restitución del dinero pagado y (iv) se condene a los demandados al reconocimiento y pago de los perjuicios causados.
-
Las pretensiones se fundamentan en los siguientes hechos. (i) El 11 de febrero de 2014 el Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas (IDM) y la Unión Temporal San Marcos conformaron la Unión Temporal Multifamiliares San Marcos, la cual tenía como objeto la formulación y construcción del proyecto Multifamiliares San Marcos en el municipio de Dosquebradas (Risaralda), de conformidad con el programa de vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores llevado a cabo por la Fiduciaria Bogotá[2]. (ii) El 29 de diciembre de 2015, la Unión Temporal Multifamiliares San Marcos y la Fiduciaria Bogotá S.A suscribieron un contrato de fiducia mercantil, con el objeto de constituir el patrimonio autónomo denominado F.M.S.M..
-
(iii) F. de la R.B. resultó beneficiaria del subsidio familiar de vivienda, de conformidad con la Resolución número 2460 del 23 de agosto de 2016, en el marco de un programa del cual la Unión Temporal Multifamiliares San Marcos fue oferente[3]. (vi) Una vez celebrado el contrato de promesa de compraventa, F. de la R.B. suscribió la escritura pública de compraventa 5121 del 25 de septiembre de 2018, en donde fungió como vendedora la Fiduciaria Bogotá S.A, vocera y administradora del F.M.S.M.. (v) En la escritura pública de compraventa se estableció que el apartamento contaba con tres habitaciones, no obstante, cuando se lo entregaron este solo contaba con dos habitaciones. Finalmente, (vi) en febrero de 2019, se empezaron a presentar problemas de humedad en el inmueble. Por lo anterior, el demandante manifestó que por el incumplimiento del contrato de compraventa deben responder la Unión Temporal Multifamiliares San Marcos y quienes la conforman, esto es, Cemex Colombia S.A, O.M.T.S., el Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas (IDM) y J.C.G.T..
-
El 7 de octubre de 2021, el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) admitió la demanda. No obstante, el 8 de junio de 2022, en el trámite de las excepciones previas, la referida autoridad resolvió (i) declarar la falta de jurisdicción para conocer del asunto y (ii) remitir el expediente a la Oficina Judicial de P. para que efectuara el reparto entre los juzgados administrativos. Argumentó que de conformidad con el numeral 5º del artículo 155 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), no está llamada la especialidad civil dentro de la jurisdicción ordinaria a conocer controversias jurídicas en cuyos extremos haga parte una autoridad pública; por el contrario, la Jurisdicción Contenciosa Administrativa cuenta con el fuero de atracción[4].
-
La demanda le correspondió por reparto al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de P.. El 20 de enero de 2023, la referida autoridad judicial resolvió (i) abstenerse de avocar conocimiento, (ii) proponer conflicto de jurisdicciones frente al Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) y (iii) remitir el expediente a la Corte Constitucional. Argumentó que de conformidad con el artículo 15 del Código General del Proceso y el numeral 2º del artículo 104 del CPACA, pese a estar vinculada en el extremo pasivo de la litis una entidad de carácter público y que frente a ella se formulan pretensiones de declaratoria de responsabilidad, el contrato cuya rescisión solicita, se trata de un negocio jurídico celebrado entre dos sujetos de naturaleza jurídica privada, F.B.S., sociedad que actúa como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo F.M.S.M. y la señora F. de la R.B., por lo que la competencia para conocer del presente proceso radica en el Juez Civil del Circuito[5].
-
El 5 de julio de 2023, el expediente fue asignado al despacho de la magistrada sustanciadora. Luego, el 7 de julio de 2023, la Secretaría General de la Corte Constitucional lo remitió al referido despacho[6].
-
Competencia
-
La Corte Constitucional es competente para resolver el presente conflicto de jurisdicciones, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política.
-
Delimitación del asunto objeto de revisión y metodología
-
La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de P., la cual versa sobre la competencia para conocer la demanda verbal de responsabilidad civil contractual formulada en contra de Cemex Colombia S.A, O.M.T.S., Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas (IDM) y J.C.G.T.. A estos efectos, la Sala, en primer lugar, verificará si la controversia entre estas autoridades judiciales cumple con los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo de los conflictos de jurisdicciones (II.3 infra). En segundo lugar, de constatarse el cumplimiento de tales presupuestos, se referirá a las reglas de competencia para conocer las controversias contractuales que involucran un patrimonio autónomo constituido por una unión temporal de la que hace parte una entidad pública. (II.4 infra). Por último, resolverá el conflicto y determinará cuál es la autoridad judicial que debe asumir o continuar con el conocimiento del proceso (II.5 infra).
-
Verificación de los presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones
-
Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades judiciales se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguno le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)[7]. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que para que este tipo de controversias se configuren es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo[8], los cuales se explican en el siguiente cuadro:
Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones
-
Presupuesto subjetivo
Exige que la controversia se presente entre por lo menos dos autoridades que administren justicia y formen parte de distintas jurisdicciones. De este modo, el conflicto de jurisdicción no puede provocarse autónomamente por las partes del respectivo proceso [9].
-
Presupuesto objetivo
Implica que la disputa debe recaer sobre el conocimiento de una causa de naturaleza judicial, no política o administrativa[10].
-
Presupuesto normativo
Exige constatar que las autoridades judiciales en colisión hayan manifestado expresamente las razones de índole constitucional o legal, por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto[11].
-
La controversia sub examine configura un conflicto de jurisdicciones. Esto es así por las siguientes razones:
(i) Primero, satisface el presupuesto subjetivo, porque enfrenta a dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones, esto es, (i) el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), que forma parte de la jurisdicción ordinaria, y (ii) el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de P., que forma parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo[12].
(ii) Segundo, el conflicto cumple con el presupuesto objetivo, puesto que las autoridades judiciales rechazan el conocimiento de una demanda verbal de responsabilidad civil contractual, la cual debe resolverse por medio de un trámite de naturaleza judicial.
(iii) Tercero, el presupuesto normativo se encuentra acreditado, debido a que las autoridades judiciales enfrentadas expusieron las razones de índole legal y jurisprudencial por las cuales consideran que carecen de competencia para conocer del asunto (ver párrs. 3 y 4 supra).
-
Competencia para conocer de controversias contractuales con una fiduciaria que es vocera de un patrimonio autónomo, constituido por una unión temporal de la que hace parte una entidad pública. Extensión del Auto 1029 de 2023.
-
En el Auto 1029 de 2023[13], la Corte Constitucional fijó la siguiente regla de decisión: de conformidad con el artículo 104.2 de la Ley 1437 de 2011, la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de los procesos relativos a los contratos en los que intervengan patrimonios autónomos constituidos por el Estado, a través de fiducias mercantiles orientadas a desarrollar programas y proyectos de interés público, independientemente de la naturaleza jurídica de la sociedad que ejerza su administración y vocería. Como fundamento, la Sala precisó lo siguiente:
(i) El numeral 2º del artículo 104 de la Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), establece que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de los procesos relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública [ ].
(ii) En relación con el patrimonio autónomo, el artículo 1233 del Código de Comercio dispone que [p]ara todos los efectos legales, los bienes fideicomitidos deberán mantenerse separados del resto del activo del fiduciario y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios, y forman un patrimonio autónomo afecto a la finalidad contemplada en el acto constitutivo.
(iii) De conformidad con el numeral 2º del artículo 53 del Código General del Proceso (CGP), los patrimonios autónomos pueden ser parte en un proceso judicial, sin que para el efecto se exija que la misma calidad concurra en la sociedad fiduciaria que hace las veces de vocera[14].
(iv) La aplicación de las reglas de competencia previstas en la Ley 1437 de 2011 no está sujeta a la naturaleza jurídica de la entidad que gestiona el respectivo patrimonio autónomo. Lo relevante, precisó la Sala, es determinar la manera en que este se encuentra integrado. Por lo tanto, se debe tener en cuenta el origen público de los recursos que constituyen la universalidad jurídica.
-
Por lo demás, el Consejo de Estado[15] ha indicado lo siguiente:
(i) No puede considerarse que la fiduciaria sea titular de los efectos jurídicos y de las responsabilidades que corresponden al patrimonio autónomo contratante. Su participación como administradora del mismo no es una condición relevante desde el punto de vista jurídico para determinar la naturaleza del contrato y la competencia del juez.
(ii) Los bienes que se transfieren en virtud de un contrato de fiducia mercantil salen del patrimonio del fideicomitente, pero no entran a formar parte del patrimonio del fiduciario, sino que se radican en el patrimonio autónomo, con el único objetivo de cumplir la finalidad asignada.
(iii) El centro de atribución de los derechos y obligaciones que surjan del negocio jurídico de que se trate lo es directamente el patrimonio autónomo, universalidad jurídica que resulta directamente vinculada por el acto negocial a través de la manifestación de voluntad que en nombre suyo y con efectos directos sobre la misma, efectúa quien actúa como su vocero y administrador.
(iv) El concepto de entidad estatal puede variar atendiendo al ámbito en el cual se analiza[16]. De conformidad con el artículo 104 del CPACA, una entidad estatal es todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%.
(v) En relación con la calidad de entidad estatal que podría tener un patrimonio autónomo, la jurisprudencia ha tenido, entre otras, la siguiente postura: que el patrimonio autónomo es una entidad estatal, teniendo en cuenta que: (a) es un centro de imputación de responsabilidad contractual; (b) sus recursos son públicos, tanto en su origen, como en su manejo y destinación; naturaleza que no se modifica por el hecho de celebrarse un contrato de fiducia mercantil; (c) los recursos del patrimonio autónomo tienen como propósito la satisfacción de fines estatales; (d) el constituyente del patrimonio autónomo es una entidad pública y (e) en el ámbito del artículo 104 del CPACA, el patrimonio público es una entidad pública cuando cuenta con aportes y participación estatal igual o superior al 50%[17].
-
Con base en lo anterior, la Sala Plena considera apropiado establecer la siguiente regla de decisión: la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para decidir los procesos relativos a los contratos en los que intervengan patrimonios autónomos constituidos por uniones temporales de los que haga parte una entidad pública que aporte más del 50% de recursos públicos para su constitución; patrimonios constituidos a través de fiducias mercantiles orientadas a desarrollar programas y proyectos de interés público, independientemente de la naturaleza jurídica de la sociedad que ejerza su administración y vocería.
-
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer el caso que suscita el conflicto sub examine. La Sala Plena considera que la demanda verbal de responsabilidad civil contractual en contra de la Unión Temporal Multifamiliares San Marcos debe ser conocida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto, por las razones que a continuación se exponen:
(i) El Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas (IDM) y la Unión Temporal San Marcos conformaron la Unión Temporal Multifamiliares San Marcos. Posteriormente, dicha unión temporal suscribió un contrato de fiducia mercantil con F.B.S., que es vocera y administradora del patrimonio autónomo conformado.
(ii) Al verificar la escritura pública de compraventa 5121 del 25 de septiembre de 2018[18], se advierte que, en efecto, la F.B.S. celebró contrato de promesa de compraventa con la demandante.
(iii) Al verificar el contrato de fiducia mercantil celebrado entre la Unión Temporal y Fiduciaria Bogotá S.A se advierte que el IDM funge en calidad de fideicomitente aportante quien aportará el lote de terreno[19]. Asimismo, se evidencia en el contrato que en relación con el fideicomiso o patrimonio autónomo se entenderá por éste el conjunto de activos afectos a la finalidad de este contrato, conformado por: (i) el inmueble en el que se desarrollará el PROYECTO de vivienda de interés prioritario denominado MULTIFAMILIARES SAN MARCOS, conformado por el lote de terreno [ ], el cual deberá transferirse a título de fiducia mercantil
(iv) El Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas (IDM) fue creado mediante el Decreto No 275 de 2001 del 26 de septiembre de 2001, como establecimiento público de carácter municipal, persona jurídica de derecho público, descentralizado, dotado de economía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente.[20].
(v) De conformidad con lo anterior, se evidencia que los recursos que conforman el patrimonio autónomo provienen del Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas (IDM). Por lo tanto, se evidencia que su constitución proviene de recursos públicos.
-
Por las razones expuestas, la Sala ordenará remitir el expediente CJU-3654 al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de P., para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de P., en el sentido de DECLARAR que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de P. es la autoridad competente para conocer la demanda verbal de responsabilidad civil contractual en contra de Cemex Colombia S.A, O.M.T.S., Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas (IDM) y J.C.G.T..
Segundo. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-3654 al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de P., para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y al el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas (Risaralda).
N., comuníquese y cúmplase,
DIANA FAJARDO RIVERA
Presidenta
Aclaración de voto
N. ÁNGEL CABO
Magistrada
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[1] Expediente digital. 1-660013333005202200202001EXOEDIENTEDIGI20220808103028_TCDescargaTotalItem133207794828955541.pdf, f.23.
[2] Ib., f.627.
[3] Ib., f.13. Programa de Vivienda de interés Prioritario para ahorradores VIPA al Proyecto Multifamiliares San Marcos, Ubicado en el Municipio de Dosquebradas en el Departamento de Risaralda.
[4] Ib., f.1345.
[5]Ib.,4_660013333005202200202001AUTODECLARACIO20230120104755_TCDescargaTotalItem133207794721060790.pdf, f.4.
[6] Ib., 03CJU-3654 Constancia de Reparto.pdf
[7] Corte Constitucional, Auto 345 de 2018 reiterado, entre otros, por los autos 328 y 452 de 2019, 233 de 2020 y 041 de 2021.
[8] Corte Constitucional, Auto 155 de 2019 reiterado, entre otros, por los autos 452 y 503 de 2019 y 129 y 415 de 2020.
[9] Corte Constitucional, Auto 452 de 2019, a través del cual también se reitera el Auto 155 de 2019. En similar sentido, ver el Auto 556 de 2018, reiterado por los autos 691 y 716 de 2018.
[10] Este requisito exige a la Corte Constitucional verificar que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional. En este sentido, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional (Artículo 116 de la CP. Corte Constitucional, Auto 041 de 2021.
[11] Id.
[12] Tales conclusiones encuentran fundamento normativo en los capítulos 2º y 3º del Título VIII de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley 270 de 1996, particularmente, los literales a y b de dicha norma estatutaria. Ley 270 de 1996, art. 11. La Rama Judicial del Poder Público está constituida por: // I. Los órganos que integran las distintas jurisdicciones: // a) De la Jurisdicción Ordinaria: [ ] // 3. Juzgados civiles [ ] // b) De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: [ ] 3. Juzgados Administrativos.
[13] CJU-2931.
[14] Ib.
[15] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de diciembre de 2020, exp. 64129, rad. n.º 11001032600020190009100.
[16] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, sentencia del 30 de junio de 2022, rad. n.º 110010306000202200066 00
[17] Ib.
[18] Expediente digital. 1-660013333005202200202001EXOEDIENTEDIGI20220808103028_TCDescargaTotalItem133207794828955541.pdf, f.77. En la cláusula tercer de la escritura pública se advierte lo siguiente: [q]ue mediante A.N. 111 de fecha 17 de Octubre de 2014, el comité Técnico [sic] del FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES [sic] PRIORITARIO, seleccionó dentro del Programa de Vivienda de Interés Prioritario Convocatoria 057, Esquema Público Risaralda, el proyecto denominado SAN MARCOS PH, presentado por la UNION [sic] TEMPORAL SAN MARCOS, conformada por el INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS I.D.M, CEMEX COLOMBIA S.A, OBRA MAYOR TECNOLOGICA S.A.S, J.C.G.T. [ ]. Por otro lado, en la cláusula quinta se observa lo siguiente [q]ue los FIDEICOMITENTES por su cuenta y riesgo, han desarrollado los estudios, diseños y demás actos necesarios para la construcción, desarrollo, comercialización y gerencia del PROYECTO denominado en adelante MUL TIFAMILIARESSAN MARCOS.
[19] Expediente digital. 1-660013333005202200202001EXOEDIENTEDIGI20220808103028_TCDescargaTotalItem133207794828955541.pdf, f.1073.
[20] Consultado el 15 de agosto de 2023, en el siguiente link: https://edos.gov.co/index.php/10-informacion-institucional?start=6#:~:text=El%20Instituto%20de%20Desarrollo%20Municipal,a%20las%20personas%20jur%C3%ADdicas%20de
