Auto nº 2432/23 de Corte Constitucional, 11 de Octubre de 2023

1. El 21 de junio de 2018[1], N.T.B. (la ejecutante) presentó demanda ejecutiva laboral en contra del Hospital Departamental de V.E.S.E.[2] (el ejecutado). A través de esta pretende que se libre mandamiento de pago por las acreencias laborales reconocidas por medio del laudo arbitral de 15 de diciembre de 2011, en el marco de un conflicto colectivo[3]. La ejecutante señaló que el ejecutado no pagó la totalidad de lo adeudado por concepto de nivelación e incremento salarial y aportes a seguridad social[4]. Asimismo, informó que, por medio de la Resolución 1263 de 20 de diciembre de 1978, la ejecutante fue nombrada “en el cargo de auxiliar de enfermería”[5], y tomó posesión del mismo el 23 de diciembre de 1978.

2. El conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Villavicencio[6]. Por medio de providencia de 5 de diciembre de 2018[7], la referida autoridad judicial rechazó la demanda por falta de competencia y jurisdicción y ordenó la remisión del expediente a los juzgados Administrativos de Villavicencio para su reparto. Al respecto, indicó que “quien debe conocer de esta demanda son los [j]ueces de la jurisdicción contenciosa administrativa, en razón a los factores objetivo y subjetivo de competencia”[8]. En particular, el juez advirtió que la “demanda pretende la ejecución de unos derechos laborales contenidos en [un] laudo arbitral”[9], en el cual una de las partes es una entidad pública, como lo es el Hospital Departamental de V.E.S.E.P. llegar a esta conclusión, el despacho analizó el artículo 104.6 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

3. Efectuado el nuevo reparto del proceso, su conocimiento le correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio[10]. Por medio del auto de 12 de marzo de 2019[11], ese despacho declaró su falta de jurisdicción y ordenó la remisión del expediente al agente especial interventor del Hospital Departamental de V.E.S.E.S. que, habida cuenta de la intervención forzosa de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) al hospital[12], ese juzgado “pierde competencia para adelantar procesos ejecutivos contra la ESE”[13]. Por su parte, mediante oficio del 23 de enero de 2020[14], el referido agente especial interventor informó al juzgado que, en virtud de la Resolución No. 000055 de 2020, la SNS ordenó el levantamiento de la medida de intervención forzosa. Por ende, indicó que el litigio “no puede tramitarse en esta entidad hospitalaria, por lo que se proced[ió] a realizar la devolución del expediente al despacho”[15].

4. Por medio del auto de 12 de marzo de 2020[16], el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio resolvió abstenerse de librar mandamiento de pago. Esto, por dos razones. Primero, el juez consideró que el título aportado por la ejecutante “no presta mérito ejecutivo”[17]. Lo anterior, porque la actora (i) remitió “copias simples”[18] del laudo de 15 de diciembre de 2011 y (ii) no “aportó constancia de ejecutoria del laudo arbitral”[19]. Segundo, entre la fecha en que el auto fue emitido y la presentación de la demanda, “han pasado más de cinco (5) años cuando el medio de control deprecado posiblemente se encontraba caducado”[20]. Por tanto, concluyó que la demandante “no aportó en forma completa los documentos que constituyen el título ejecutivo”[21].

5. Inconforme con la decisión, la ejecutante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación[22]. Por medio de providencia de 15 de enero de 2021, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio concedió el recurso de apelación. En consecuencia, remitió el expediente al Tribunal Administrativo del Meta para que resolviera el recurso, de conformidad con los artículos 321.4 y 438 del Código General del Proceso (CGP).

6. Por medio de providencia de 28 de septiembre del 2022, el Tribunal Administrativo del Meta (i) declaró “la falta de jurisdicción y competencia del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio”[23], (ii) propuso conflicto negativo de jurisdicción y (iii) ordenó enviar el asunto a la Corte Constitucional para que dirima el referido conflicto. El tribunal advirtió que la competencia para conocer del asunto sub examine está en cabeza de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral. Esto, por dos razones. Primero, el conflicto subyacente es de carácter laboral entre “los trabajadores oficiales del Hospital Departamental de Villavicencio afiliados a organizaciones sindicales”[24]. Por tanto, de conformidad con el artículo 105.4 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo “no conoce de los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales”[25].

7. Segundo, afirmó que el conocimiento del asunto le corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, “por ser aquella la que tiene la competencia para conocer de la anulación de laudos arbitrales de carácter laboral”[26]. Advirtió que el artículo 306 del CGP prevé que “la jurisdicción competente para conocer de la ejecución del laudo arbitral es la misma que conoce del recurso de anulación, de acuerdo con las normas generales de competencia y trámite de cada jurisdicción”[27]. En ese sentido, indicó que contra el laudo arbitral laboral “cualquiera de las partes o ambas podrán solicitar su anulación ante el Tribunal Supremo del Trabajo – actualmente Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia”[28]. Por tanto, las demandas que pretendan ejecutar un laudo arbitral laboral, derivado de un conflicto colectivo, corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral. El tribunal basó sus argumentos en los artículos 306 del CGP, 452, 458, 461 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), 141 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS), así como en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia[29].

8. En sesión de 2 de mayo de 2023, el expediente fue asignado al despacho de la magistrada sustanciadora[30]. El 5 de mayo del mismo año, este fue remitido a dicho despacho[31].

9. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política.

10. La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Villavicencio y Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio, la cual versa sobre la competencia para conocer de la demanda ejecutiva promovida por N.T.B. en contra del Hospital Departamental de Villavicencio E. S. E. A dichos efectos, la Sala, en primer lugar, verificará si la controversia entre estas autoridades judiciales cumple con los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo de los conflictos de jurisdicciones (II.3 infra). En segundo lugar, de constatarse el cumplimiento de tales presupuestos, la Corte analizará la jurisdicción competente para conocer de los procesos en los que un empleado público pretende ejecutar un laudo arbitral que dirime un conflicto de carácter colectivo laboral con una E.S.E.(..4 infra). Por último, resolverá el conflicto y determinará cuál es la autoridad judicial que debe asumir o continuar con el conocimiento del proceso (II.5 infra).

11. Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguno le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[32]. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que para que este tipo de conflictos se configuren es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo[33], los cuales se explican en el siguiente cuadro:

    Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones

    Presupuesto subjetivo

    Exige que la controversia se presente entre por lo menos dos autoridades que administren justicia y formen parte de distintas jurisdicciones. De este modo, “el conflicto de jurisdicción no puede provocarse autónomamente por las partes del respectivo proceso” [34].

    Presupuesto objetivo

    Implica que la disputa debe recaer sobre el conocimiento de una causa de naturaleza judicial, no política o administrativa[35].

    Presupuesto normativo

    Exige constatar que las autoridades judiciales en colisión hayan manifestado expresamente las razones de índole constitucional o legal, por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto[36].

12. La controversia sub examine configura un conflicto de jurisdicciones. La Sala Plena constata que la controversia sobre la competencia para conocer de la demanda ejecutiva de la señora N.T.B. en contra del Hospital Departamental de V.E.S.E. configura un conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones. Esto es así, porque:

    (i) Satisface el presupuesto subjetivo, toda vez que enfrenta a dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones, esto es, (i) el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Villavicencio, que integra la jurisdicción ordinaria, y (ii) el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, que forma parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo[37].

    La Corte advierte que, si bien el Tribunal Administrativo del Meta no declaró su falta de jurisdicción, sino la de una autoridad funcionalmente inferior –el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio–, esto no afecta el cumplimiento del presupuesto subjetivo por dos razones:

    Primero, conforme a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 270 de 1996, tanto los jueces administrativos como los tribunales administrativos hacen parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De conformidad con dicha norma, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta hacen parte de la misma jurisdicción.

    Segundo, el Tribunal Administrativo del Meta propuso conflicto de jurisdicción como superior funcional del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, al conocer de un recurso de apelación que tenía relación directa con el objeto del litigio. En ese contexto, el tribunal manifestó la falta de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en tanto ni siquiera el juez de primera instancia tendría competencia para conocer del asunto.

    En tales términos, la Corte considera que, en el caso sub examine es posible verificar el pronunciamiento de una autoridad judicial de la jurisdicción civil, que rechazó la competencia para conocer del asunto, y de una autoridad de lo contencioso administrativo, que propuso el conflicto negativo de jurisdicción. Por lo anterior, la Corte entiende cumplido el presupuesto subjetivo.

    (ii) El conflicto cumple con el presupuesto objetivo. Esto, puesto que las autoridades judiciales rechazan el conocimiento de una demanda ejecutiva que pretende el pago de acreencias laborales reconocidas por medio de un laudo arbitral. Este es un asunto que debe resolverse por medio de un trámite de naturaleza judicial.

    (iii) El presupuesto normativo se encuentra acreditado, debido a que las autoridades judiciales enfrentadas expusieron las razones de índole legal por las cuales consideran que carecen de jurisdicción para conocer del asunto (ver pár. 2, 6 y 7 supra).

4. Competencia para conocer de procesos en los que un empleado público pretende ejecutar un laudo arbitral que dirime un conflicto de carácter colectivo con una E. S. E.

13. Arbitraje para la solución de conflictos de carácter colectivo laboral. El CST establece reglas generales sobre los mecanismos dispuestos para resolver los conflictos colectivos de carácter laboral. En particular, el artículo 452 del referido código prevé que serán sometidos a arbitramento obligatorio los conflictos colectivos del trabajo (i) “que se presenten en los servicios públicos esenciales y que no hubieren podido resolverse mediante arreglo directo”, (ii) “en los que los trabajadores optaren por el arbitramento”, y (iii) “de sindicatos minoritarios, siempre y cuando la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa no hayan optado por la huelga cuando esta sea procedente”. De conformidad con el artículo 1 de la Ley 1563 de 2012 (Estatuto de Arbitraje), los laudos arbitrales son los documentos por medio de los cuales se adopta decisión de fondo sobre las controversias sometidas a arbitraje.

14. Reglas de competencia sobre procesos en los que se pretende la ejecución de un laudo arbitral. El Legislador ha previsto normas que asignan, de manera expresa, la competencia para conocer de los procesos ejecutivos en los que se aporta como título ejecutivo un laudo arbitral. En efecto, el artículo 306 del CGP prevé que “la jurisdicción competente para conocer de la ejecución del laudo arbitral es la misma que conoce del recurso de anulación, de acuerdo con las normas generales de competencia y trámite de cada jurisdicción”. Así, el artículo 46 del Estatuto de Arbitraje dispone que “la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial del lugar en donde hubiese funcionado el tribunal de arbitraje” es la autoridad competente para “conocer del recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales”. En todo caso, en otros estatutos procesales, el Legislador ha dispuesto normas que delimitan la competencia jurisdiccional en materia de ejecución de laudos arbitrales.

15. Reglas de competencia sobre la ejecución de laudos arbitrales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El artículo 104 del CPACA define la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En particular, en su numeral 6º, la referida norma prevé que esa jurisdicción conocerá de los procesos ejecutivos “provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública”, entre otros. Asimismo, el parágrafo del artículo 104 del CPACA dispone que “se entiende por entidad pública […] las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital”. En este sentido, la Corte Constitucional ha advertido que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de “los procesos ejecutivos derivados de laudos arbitrales que resuelvan conflictos colectivos de trabajo y en los que haya sido parte una o más entidades públicas”[38].

16. Excepciones a la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El artículo 105 del CPACA prevé cuatro excepciones a las reglas de competencia establecidas en el artículo 104 del mismo código. Entre ellas, el numeral 4º del artículo 105 del CPACA dispone que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no conocerá de “los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales”.

17. Reglas de competencia sobre las demandas ejecutivas promovidas por empleados públicos, en las que se aporte como título ejecutivo un laudo arbitral que dirime un conflicto colectivo laboral con una E. S. E. Por una parte, el artículo 104.6 del CPACA prevé que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos ejecutivos “provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública”. Por otra, en principio, los auxiliares de enfermería vinculados a una E. S. E. son empleados públicos, que no trabajadores oficiales[39]. Por tanto, en los casos en los que un empleado público pretende ejecutar un laudo arbitral que resuelve un conflicto colectivo, en el que participó una entidad pública, se configura la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en los términos del artículo 104.6 del CPACA.

18. Regla de decisión: la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer de los procesos en los que (i) un empleado público (ii) pretende ejecutar un laudo arbitral que resuelve un conflicto colectivo laboral, (iii) en el que participó una entidad pública. Esto, de conformidad con el artículo 104.6 del CPACA.

19. La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer el caso que suscita el conflicto sub examine. Esto, por las siguientes tres razones.

    (i) En principio, la ejecutante se desempeñó como empleada pública del Hospital Departamental de V.E.S.E. En efecto, la Sala constata, por una parte, que por medio de la Resolución 1263 de 20 de diciembre de 1978 la ejecutante fue nombrada “en el cargo de auxiliar de enfermería”, y tomó posesión del mismo el 23 de diciembre de 1978. Por otra, no obra prueba en el expediente que acredite que la demandante ejerciera funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria, ni de servicios generales. Por tanto, de conformidad con el artículo 195.5 de la Ley 100 de 1993 y el parágrafo del artículo 26 de la Ley 10 de 1990, la ejecutante podría ser considerada como una empleada pública.

    (ii) En su demanda, la ejecutante pretende que se libre mandamiento de pago por las acreencias laborales reconocidas por medio del laudo arbitral de 15 de diciembre de 2011, en el marco de un conflicto colectivo.

    (iii) El referido laudo arbitral dirimió el “conflicto colectivo surgido entre el Hospital Departamental de V.E.S.E.”[40], y tres sindicatos[41]. Por lo demás, la Corte Constitucional advierte que una entidad pública -el Hospital Departamental de V.E.S.E.- hizo parte del laudo que se pretende ejecutar en el asunto sub judice[42].

20. En tales términos, la Sala Plena concluye que la autoridad judicial competente para conocer la demanda sub examine es el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Villavicencio. Por lo tanto, ordenará remitirle a esa autoridad judicial el expediente CJU-3042, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión.

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,