‘A los medios los castigan por decir y por callar’ - 16 de Diciembre de 2014 - El Tiempo - Noticias - VLEX 548937110
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‘A los medios los castigan por decir y por callar’

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Quito (EL TIEMPO). A comienzos de noviembre el presidente de Ecuador, Rafael Correa, rompió un ejemplar del diario La Hora en público. Lo hizo porque a su parecer el periódico dio una información inexacta y “mentirosa” al titular ‘Ellos negaron la consulta popular’, un artículo que daba testimonio de la decisión de la Corte Constitucional de dejar en manos de la Asamblea Nacional la enmienda de la reelección indefinida, que se suponía debería haber pasado por un referendo popular. La imagen se ha repetido al menos seis veces desde que Correa asumió el poder, en el 2007. En años anteriores, el Presidente ya había roto ejemplares de medios como El Universo, El Comercio y Hoy. Pero lo grave es que a esta acción se han sumado los insultos y demandas contra periodistas, columnistas y opositores. “Constantemente se repite que el periodista es corrupto, mediocre, mentiroso, y que es el enemigo de la revolución”, dice en diálogo con EL TIEMPO César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. Con este panorama, Ecuador es hoy uno de los países de América Latina que tienen más restricciones cuando se trata de libertad de expresión y libertad de prensa. Expertos opinan que desde que llegó Correa, los medios se han visto limitados para informar y los ciudadanos y opositores difícilmente pueden expresar opiniones contrarias al Gobierno públicamente. “Se ha impuesto un ataque: un discurso estigmatizante, declaraciones ofensivas y hostigamiento cotidianos. Los insultos son contra los ciudadanos y contra los periodistas que emiten cualquier opinión”, le dice a este diario Diego Cornejo, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep). La ley ‘mordaza’ La situación empeoró desde que, en junio del 2013, entró en vigencia la Ley Orgánica de Comunicación –llamada ley ‘mordaza’ por organismos defensores de la libertad de expresión–. Analistas afirman que en dicha ley se entienden la comunicación y la información como un servicio público, lo que quiere decir que estas son reguladas por el Estado a través de instituciones administrativas como la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) –que tiene entre sus funciones monitorear a periódicos, emisoras radiales y canales de televisión, y sancionarlos en caso de que incumplan esta ley–. Pero el problema real –afirma Ricaurte– es que ahora “el Estado está en la capacidad de decir qué es lo que se dice, cómo se dice y bajo qué condiciones. A los medios los castigan...

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