Acta 09 del 25 de septiembre de 2004
ACTA 09 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2004
En Bogotá, D. C., a los veinticinco días del mes de septiembre de 2003, siendo las diez de la mañana (10:00 a. m.), se reunieron en el recinto de la Plenaria del honorable Senado de la República los honorables Senadores miembros de la Comisión Sexta con el fin de sesionar.
El Señor Presidente de la Comisión, honorable Senador Edgar Artunduaga Sánchez, declara abierta la sesión e informa que se trata de un Foro convocado para hablar de Libertad de Opinión, que se confunde con la Libertad de Expresión y la Libertad de Prensa también.
Secretaria General, doctora Sandra Ovalle García:
ORDEN DEL DIA
Para el Foro sobre la Libertad de Opinión en Colombia, del jueves 25 de septiembre de 2003, a las 9:00 a.m.
I
Apertura del Foro en cabeza del señor Presidente de la Comisión, honorable Senador Edgar Artunduaga Sánchez.
II
Intervención de los invitados
Presidente:
Iniciamos con el primer punto del día.
Secretaría:
Apertura del Foro en cabeza del señor Presidente de la Comisión, honorable Senador Edgar Artunduaga Sánchez.
Presidente:
En materia de libertad de expresión el artículo 20 de la Constitución del 91 es rotundo, claro y al mismo tiempo sencillo: En Colombia se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación.
Comprimido, bien logrado, que recoge lo pertinente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El mundo real sin embargo es otro. En la Colombia de hoy opinar se ha convertido en un suicidio, como lo evidencia la muerte de 32 periodistas, 5 de los cuales este año; otros han salido del país huyéndole a las amenazas, son 30 ó 50; algunos se van con escándalo y abundante publicidad; otros silenciosamente y en condiciones iguales o peores que las de miles de desplazados en el país; algunos optan por cambiar de ciudad y hasta de fisonomía. El miedo es el común denominador: El miedo a la muerte primero, el miedo a perder el empleo, a la asfixia económica, el miedo al ostracismo o al rechazo; presionan, intimidan y agreden los violentos de todas las calañas, especialmente en provincia, como se ha dado en llamar todo lo que no sea Bogotá. Allí se acorrala con mayor eficacia. La prensa regional es la gran víctima de todos los miedos posibles a la libertad de expresión y opinión. Pero no son solamente los violentos quienes amordazan a la prensa, son muchos Gobernadores y Alcaldes, con la pauta publicitaria y el favor oficial cuando se los elogia o el peso de la persecución cuando se les critica. El periodista de provincia es presa fácil de mandatarios abusivos, que pagan bien o utilizan el terror para doblegar periodistas en la información y en la opinión. El unanimismo hace carrera por todo el país, en pequeños y medianos municipios, por miedo, por comodidad personal o por simple supervivencia. Plegarse al poder, acomodarse a cualquier nivel resulta obviamente más fácil que ejercer la crítica.
Hemos llegado entonces a la autocensura, entendida como la decisión de un periodista o de un medio de no informar por miedo sobre ciertos temas. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, es la autocensura la principal violación a la Libertad de Prensa y al Derecho a la Información en Colombia. ¿Se puede opinar libremente en el país? En teoría sí. En la práctica no. O mejor, muy pocos lo hacen, muy pocos medios y escasos periodistas tienen el privilegio y el valor civil de encarar posiciones. Desde los medios de Bogotá se trabaja con algunas garantías; en provincia es casi imposible. Y, ¿qué decir de las limitaciones que tienen periodistas y columnistas al interior de sus propios medios? Este es otro tema profundo que algunos sugieren aclarar. El periodista-columnista tiene el derecho de publicar sus opiniones firmadas, sin censura en el medio en el cual trabaja. La Dirección podrá dejar a salvo su responsabilidad, haciendo constar su disenso. No siempre es así en los medios colombianos.
Queda abierto entonces el debate. La Comisión Sexta Constitucional del Senado, que me honro en presidir, por generosidad de mis colegas, quiere ofrecerse como escenario para la gran discusión nacional sobre Libertad de Prensa, Expresión y Opinión en Colombia.
Secretaría:
Segundo: Intervención de los invitados.
Presidente:
Vamos a presentar desde algunas ciudades algunos invitados e intercalamos con los invitados presentes aquí en el recinto. Iniciamos con Enrique Santos Calderón, Director del periódico El Tiempo y Directivo de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Director periódico El Tiempo, doctor Enrique Santos Calderón:
Salvo los parámetros legales que establece la Constitución, en Colombia no existe restricción alguna a la libertad de prensa y expresión. Al mismo tiempo, resultaría incongruente afirmar que en Colombia rige una plena libertad de opinión, cuando tenemos la triste reputación de ser el país más peligroso del mundo para el ejercicio del Periodismo, reputación sustentada en el elevado número de periodistas asesinados y exiliados en los últimos años. En los últimos 5 años, por ejemplo, 32 periodistas han muerto por razones de oficio y 35 han tenido que salir del país por amenazas contra sus vidas. En lo que va corrido del 2003, cinco colegas han sido asesinados por razones de su trabajo. En los años 80 el narcotráfico constituyó la principal fuente de violencia contra la prensa y los periodistas. Luego del desmantelamiento de los grandes carteles de la droga en los años 90, el conflicto armado en sus expresiones guerrilleras o paramilitares pasó a ser la principal amenaza contra la libertad de prensa y opinión. No son, sin embargo, los únicos factores de violencia e intimidación. Elementos del narcotráfico, de los cuerpos de seguridad estatales, de la corrupción política regional también aparecen vinculados, sobre todo este último a los crímenes y amenazas que hoy en día sufren las empresas y sobre todo los trabajadores de los medios de comunicación en Colombia.
Se trata de una violencia de origen diverso, guerrillero, mafioso, paramilitar, policial o político, que crea un clima de amedrantamiento contrario a la libertad de opinión y que socava a la prensa en el cumplimiento de su esencial función de interpretar a la comunidad y defender el interés público.
Las amenazas que ha afrontado la libertad de opinión en Colombia tienen un rasgo particular que las diferencia del resto del hemisferio, porque provienen en su inmensa mayoría de grupos al margen de la ley; no es una violencia de origen estatal u oficial y sin ignorar la cuota de responsabilidad que le puede caber a miembros de la Fuerza Pública en algunos de los crímenes cometidos, no se puede afirmar que el Estado colombiano haya perseguido la libertad de expresión. El Estado, los sucesivos Gobiernos, no han pecado por acción sino por omisión, por su incapacidad para garantizar condiciones mínimas de seguridad para el ejercicio de la profesión y sobre todo, por su escandalosa incapacidad para castigar a quienes matan, secuestran y amenazan periodistas. La larga y penosa lista de comunicadores muertos en el cumplimiento de su deber se vuelve más aberrante aún cuando se sabe que casi todos los casos de colegas muertos tienen el sello de la impunidad. Es esta flagrante impunidad la que alimenta la persistente violencia contra la prensa, la que pone de presente las profundas fallas de un sistema de justicia que no ha logrado condenar a un solo actor intelectual de la muerte de 32 periodistas en los últimos 5 años. En los últimos años la mayoría de agresiones contra comunicadores y medios provienen, como ya había mencionado, del conflicto armado, pero afectan sobre todo a periodistas de provincia, que viven y trabajan en las zonas calientes, en condiciones de total indefensión y en medio de fuego cruzado de guerrilleros, paramilitares y fuerza pública. Por lo general son dueños o directores de pequeños semanarios regionales o modestas emisoras comunitarias, muchas de las cuales se han visto obligadas a eliminar sus segmentos informativos y volverse totalmente musicales.
El que la prensa se esté convirtiendo en objetivo militar de los autores del conflicto armado es uno de los elementos más preocupantes de la situación actual. Otro factor que enturbia la libertad de prensa y de opinión en el país es la aguda crisis económica que afecta a los medios informativos en general y que ha conducido al cierre de docenas de noticieros y periódicos, al desempleo de centenares de comunicadores, a formas poco rigurosas de contratación laboral y a una tendencia a la concentración, que no favorece el pluralismo informativo y de opinión. Finalmente, deben mencionarse, sin entrar en detalles, las iniciativas legislativas de diversa índole que de manera sistemática produce el Congreso y que por lo general buscan reglamentar restrictiva la actividad de los medios de comunicación.
Presidente:
Los periodistas son apáticos, generalmente a participar en Foros o en discusiones distintos a los académicos, son apáticos a veces a venir al Congreso y veo que los estudiantes también, cuando esta es una gran oportunidad para discutir sobre los temas nacionales y este tan importante. Por eso agradezco inmensamente la presencia de ustedes aquí.
Tiene la palabra el señor Darío Fernando Patiño, de Caracol.
Director de Noticias Caracol Televisión, doctor Darío Fernando Patiño:
Me planteaba el Senador un interrogante como punto de partida para esta breve exposición: Si creo que es posible opinar en Colombia. La respuesta, sin que sea un descubrimiento, es que sí es posible, hasta dónde se pueda, claro, y en ese \"se pueda\" caben muchos...
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