Acta 19 del 18 de noviembre de 2003
ACTA 19 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2003
Legislatura 2003-2004
(Primer período)
En Bogotá, D. C., el día martes 18 de noviembre de 2003, siendo las 11:00 de la mañana, se reunieron los miembros de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes en el recinto de sesiones de la misma, previa citación, a fin de sesionar.
Por solicitud del señor Presidente, doctor Tony Jozame Amar, al señor Secretario de la Comisión Primera Constitucional Permanente, doctor Emiliano Rivera Bravo, procede con el llamado a lista y verificación del quórum (como primer punto del Orden del Día).
Contestaron los siguientes honorables Representantes:
Almendra Velasco Lorenzo
Arboleda Palacio Oscar
Avendaño Teodolindo Benedetti Villaneda Armando Alberto
Elejalde Arbeláez Ramón
Enríquez Maya Eduardo
Giraldo Jorge Homero
Jozame Amar Tony
Montes Alvarez Reginaldo Enrique
Navas Talero Carlos Germán
Parody de D¿echeona Gina María
Piedrahíta Cárdenas Carlos Arturo
Rodríguez Sarmiento Milton Arlex
Salamanca González Martha Lucía
Vives Pérez Joaquín José.
En el transcurso de la sesión se hicieron presentes los honorables Representantes:
Amín Hernández Jaime Alejandro
Caballero Caballero Jorge Luis
Camacho Weverberg Roberto
Claros Polanco José Ovidio
Devia Arias Javier Ramiro
García Valencia Jesús Ignacio
Gutiérrez Castañeda Nancy Patricia
Jaimes Ochoa Adalberto Enrique
Paredes Aguirre Myriam Alicia
Pinillos Abozaglo Clara Isabel
Rangel Rojas Jesús Manuel
Silva Amín Zamir Eduardo
Torres Barrera Hernando
Vargas Barragán Javier Enrique
Varón Cotrino Germán
Velasco Chávez Luis Fernando
Vélez Mesa William.
Con excusa dejaron de asistir los siguientes honorables Representantes:
Díaz Matéus Iván
Martínez Rosales Rosmery
Pedraza Ortega Telésforo.
El señor Presidente solicita al señor Subsecretario leer el Orden del Día de la fecha. ORDEN DEL DIA I
Llamado a lista y verificación del quórum II
Lectura y aprobación actas sesiones anteriores,
números 17 y 18, de noviembre 11 y 12. III
Invitación a funcionarios
Invitados:
Doctora Carolina Rentería Rodríguez, Directora Nacional del Presupuesto.
Doctor Carlos Enrique Marín Vélez, Presidente Sala Administrativa, Consejo Superior de la Judicatura.
Doctor Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo.
Tema: Proyecto de ley número 001 de 2003 Cámara, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal, Implicaciones de Orden Administrativo y Financiero. IV Lo que propongan los honorables Congresistas
El Presidente, Tony Jozame Amar.
El Vicepresidente, Oscar Arboleda Palacio.
El Secretario, Emiliano Rivera Bravo.
El Subsecretario, Hugo Jiménez Zuluaga.
Presidente:
En consideración el Orden del Día, cuando exista quórum decisorio pasarán a votarlo.
Secretario:
Señor Presidente, le ruego por favor me permita leer la excusa del doctor Volmar Pérez Ortiz. Doctor EMILIANO RIVERA BRAVO Secretario Comisión Primera Constitucional
Cámara de Representantes
Bogotá
Respetado doctor:
En atención a la Proposición suscrita por los honorables Representantes Milton Rodríguez, Jesús Ignacio García, Ovidio Claros, Luis Fernando Velasco y Reginaldo Montes, de manera atenta me permito comunicarle que para tal fecha me encontraré en ciudad de Panamá atendiendo una amable invitación de la Federación Iberoamericana de Ombudsman; compromiso para mí obligante. Por ello le ruego el favor de excusar mi inasistencia a la sesión del día martes 18 de noviembre. Por lo anterior, quiero informarle que he delegado a la doctora Julieta Margarita Franco Daza, Directora Nacional de Defensoría Pública, para que lleve la representación de la Defensoría del Pueblo.
Agradezco su amable atención.
Cordialmente, Volman Pérez Ortiz. El señor Presidente concede el uso de la palabra a la doctora Carolina Rentería Rodríguez, Directora Nacional del Presupuesto:
Buenos días, en primer lugar quiero agradecer la invitación que le hacen al Gobierno a través de la Dirección General de Presupuesto, para hablar sobre una reforma de tal importancia y en mi caso sobre las implicaciones financieras y fiscales de esta reforma y la manera de tratar de conseguir recursos para llevar adelante el proceso de la manera menos traumática posible.
Nosotros en la Dirección, el tema no lo hemos venido siguiendo de manera independiente y para esta citación y para lo que viene de aquí en adelante, tenemos un estudio que fue contratado por la Fiscalía General de la Nación, con la Universidad de los Andes y el Instituto SER para hacer una cuantificación de los costos que esta reforma implica. Este estudio, yo tuve acceso al mismo, es bastante completo, hace un análisis de cuánto serían los costos sobre todo en temas de inversión de la reforma tanto en la Fiscalía como en el Consejo Superior de la Judicatura, en la Defensoría del Pueblo y en el Instituto de Medicina Legal.
También hace un breve análisis sobre los costos que representaría para la Procuraduría, donde concluye que esta Entidad, pues realmente no se vería mayormente afectado el presupuesto por esta Reforma. El estudio que hace esta Universidad, lo que hace es analizar, a mi modo de ver, el sistema óptimo de desarrollo de esta reforma y por óptimo me refiero al número de salas que pretende crear y las especificaciones técnicas de las salas de audiencia que se crearían para llevar adelante este proceso.
El estudio enfatiza los temas de inversión y aunque hace un análisis de los costos de funcionamiento, a mi modo de ver en esta área falta profundizar, esto, el nuevo régimen penal con el cambio de funciones de la Fiscalía y con las nuevas funciones que adquiere la Defensoría del Pueblo y los Defensores Públicos, implicará unos cambios creo yo en la nómina de la Defensoría del Pueblo y el número de personas que ejercerán esta labor. La misma Defensoría considera, o en el estudio se pone que en la actualidad no hay funcionarios de planta, no hay defensores de planta y están todos por contrato, pero la misma Defensoría o el estudio que tengo acá, indica que es necesario empezar a contratar personal de planta para que entre a la Defensoría.
Esto implica un aumento en los costos de funcionamiento, adicionalmente el mismo estudio se refiere a la incapacidad de proyectar realmente cuántos van a ser los funcionarios necesarios; debido a que por un lado para estimar los costos que implica esta reforma se toma una proyección de los últimos años de los datos que tiene la Fiscalía, de cuántos juicios han pasado por la Fiscalía, cuántos se han abierto y con base en esta proyección, se calculan tanto los gastos de inversión como los gastos de funcionamiento que demanda esta reforma.
Pero en el tema de la Defensoría, como hay que estimar cuántas personas acudirían a Defensoría privada y cuántas irían a una Defensoría pública, financiada con recursos públicos, pues realmente es una variable, sobre la cual en este momento tanto el estudio como nosotros en la dirección, pues no tenemos unas bases sólidas para cuantificar; esto quiere decir que durante los meses que vienen habrá que hacer un estudio con todas las entidades que están detrás de la reforma para tratar de bajar a la mayor realidad posible, los costos que implica la reforma.
Es claro que en el largo plazo, la reforma al Sistema Penal implicará una reducción de costos, pero en el mediano plazo implica unos costos considerables, unos costos que en la actualidad no están incluidos en el plan nacional de desarrollo, que el presupuesto del año entrante tampoco considera y que implica un esfuerzo tanto por parte de las entidades que se verán involucradas en este proceso, básicamente por la Rama Judicial y la Fiscalía, de reasignación de recursos, más la necesidad en caso dado de conseguir nuevas fuentes de recursos, nuevas fuentes de financiación para este programa.
Yo pasaré a hablar en este momento, pues de los principales números, quiero enfatizar en que esto es un estudio contratado, nosotros procederemos de pronto a analizarlo en más detalle a ver que posibilidad hay de reducir costos, cuando aquí se habla de las Salas de Audiencia y de las Salas Minimalistas que llaman, que es como adecuar los Juzgados actuales, más crear las nuevas salas, pues estas son sobre unas condiciones óptimas.
Este proyecto se presenta como que si se fuera a desarrollar en cuatro años, arrancando la inversión en el 2004, para que el proceso pueda arrancar en el 2005 y de ahí en adelante hasta el 2008 y lo ponen con una distribución regional, bajo el entendido de que vale, sería como una manera más eficiente de hacerlo con una distribución regional enfocando el país, dividiendo el país en cinco zonas, arrancando una zona cada año, de tal manera que se vaya aprendiendo sobre la marcha. Todos estos son parámetros básicamente pues técnicos, técnicos y cuando yo me refiero a parámetros técnicos, son diseñados por gente que maneja el sector, que conoce el sector justicia, que sabe cuáles son las necesidades del mismo, pero yo creo que vale la pena entrar a hacer una revisión de los costos que hay detrás de cada una de estas Salas, a ver hasta qué medida estos costos se pueden rebajar y por ende el costo general del proyecto se puede disminuir.
En cuanto a los gastos de funcionamiento, se supone que el nuevo proceso va a significar una reducción de los costos de funcionamiento tanto de la Fiscalía como de la Rama Judicial y esta reducción de costos, podría abrir el espacio para los mayores costos que demandaría el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo; sin embargo acá hay un problema de periocidad en el tiempo, mientras la Fiscalía y la Rama reducirán sus costos, poco a poco en la medida en que se vaya implantando el sistema, la Defensoría tiene que arrancar de una, digamos uno no puede decir que va a tener unos defensores poco a poco, sino me imagino pues en que la medida en que arranca el sistema, pues hay que incluir los defensores.
Entonces el ahorro en el largo plazo de funcionamiento que tendrán la Fiscalía y la Rama Judicial, como lo acabo...
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