Los acuerdos: Una institución con identidad propia
| Autor | Aura Nubia Martínez Patiño |
| Cargo | Abogada, especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia y en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Bucaramanga |
| Páginas | 135-181 |
Los acuerdos: Una institución con identidad propia*
Aura Nubia Martínez Patiño**
Resumen: Dentro de las propuestas innovadoras implantadas con la puesta en
marcha de la Ley 906 de 2004 , mediante la cual se inició la aplicación del siste-
ma penal acusatorio en nuestro país, encontramos la institución de los acuer-
dos y las negociaciones encaminados a desarrollar uno de los objetivos traza-
dos desde la reforma constitucional , esto es, la descongestión de los asuntos
penales. Desde que comenzó su aplicación, en el año 2005, ha sido la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en armonía con las decisiones
de la Corte Constitucional, l a que les ha marcado los caminos a los funcionarios
judiciales para hacer efectiva la adaptación de esta herramienta procesal en
nuestra cultura jurídica. Este trabajo examina lo s alcances de esos desarrollos.
Palabras claves: Procedimiento penal, acuerdos , análisis de precedentes, prin-
cipio de legalidad.
Abstract: As part of the innovative proposals implemented with the entr y into
force of the Law 906/04 through which the application of the accusator y crimi-
nal system in our country began, th ere is the establishment of Agreements and
Negotiations, aimed at developing one of the objectives outlined as ear ly as the
constitutional reform, which is alleviating the congestion of criminal matters.
Throughout its implementation since 2005, it has been the Criminal Cassation
Chamber of the Supreme Court of Justice alongside the decisions of the Con-
stitutional Court that have marked the paths to be followed by judicial officials
in order to carry out an effective adaptation of this procedural tool in our legal
culture. This paper examines the scope of these develo pments.
* Artículo de reexión presentado para optar al título de maestro en Derecho de la Uni-
versidad Serg io Arboleda, Bogotá (Colombia); la dirección estuvo a ca rgo del Profesor
Ricardo Molina López.
** Abogada, especial ista en Derecho Público de la Universidad Exter nado de Colombia y
en Derecho Penal de la Univer sidad Autónoma de Bucarama nga. Correo de contacto:
aurubia@hotmail.com.
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ISSN: 2027-1743 / 2500-526x (en línea) julio-diciembre de 2019
Keywords: Legal procedure, plea bargaining, precedent analys is, principle of le-
gali ty.
Introducción
A través del presente estudio se examina el alcance de la jurisprudencia
nacional emitida en desarrollo de la institución de los acuerdos y las negocia-
ciones, a la luz del Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004), mediante
la cual se dijo adoptar el sistema penal acusatorio en Colombia. Teniendo
en cuenta la novedad que representó y representa en nuestra cultura dicha
consagración legal, aunada a las ambigüedades que se aprecian en las normas
procesales penales que los consagran, se precisa efectuar un análisis que res-
ponda al siguiente cuestionamiento: ¿cuál es el aporte de la jurisprudencia de
las altas cortes (Constitucional y Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia) para la implantación, fortalecimiento y consolidación de la ins-
titución de los acuerdos y las negociaciones en el ámbito del nuevo sistema
penal oral acusatorio en Colombia a partir del año 2005?
El objetivo general de este estudio es analizar los diferentes pronuncia-
mientos de esos organismos en relación con los acuerdos (que la ley procesal
penal llama como “preacuerdos”), para establecer en qué medida han con-
tribuido a diseñar y delimitar los ámbitos de aplicación de esta gura como
uno de los ejes de resolución de las causas penales. Y, como objetivos espe-
cícos, se plantean: Revisar teóricamente la institución reseñada; describir
y analizar la evolución de la temática a partir de la implantación escalonada
del sistema procesal acusatorio desde el año 2005; e identicar y describir las
etapas vividas durante estos quince años de puesta en marcha de este nuevo
esquema procesal penal. De acuerdo con lo anterior, la hipótesis planteada
busca establecer por qué la jurisprudencia incide en la aplicación de la gura
de los acuerdos y las negociaciones en la actividad de los administradores de
justicia penal y cuáles son las características que identican y denen esta
herramienta.
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Por tratarse de un análisis de naturaleza descriptivo analítica y conforme
a los objetivos planteados, se utilizan como herramientas metodológicas tan-
to la recolección y análisis documental de diversas fuentes legales como los
pronunciamientos de las cortes, Constitucional y Suprema de Justicia, y, asi-
mismo, trabajos académicos, libros, informes institucionales y documentos
consultados en internet. Este tratamiento documental fue el método para
identicar, localizar y extraer de una forma analítica la información que se
traduce en el diseño y alcance del objetivo general.
Para desarrollar el tema, se parte de las modicaciones que se hicieron a
la Constitución Política de 1991 y al Código de Procedimiento Penal (CPP);
para ello se analizan los objetivos base de las reformas y su desarrollo desde
2005. Posteriormente, se aborda el instituto de los acuerdos y negociaciones
inserto en el estatuto procedimental penal, a cuyo efecto se examinan las
posiciones sobre la justicia penal premial, las nalidades de los acuerdos, los
tipos de preacuerdos, las prohibiciones y las limitaciones que rigen esta clase
de negocios jurídicos.
Luego se abordan las tres etapas de control de los acuerdos que ha
desarrollado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y los
principales pronunciamientos de la Corte Constitucional, perlados de cara
a viabilizar un marco regulatorio adecuado tanto a los parámetros legales
como a los derechos y garantías fundamentales de partes e intervinientes, en
aras de propiciar una activa injerencia de los procesados en aquellos asuntos
que los afectan y de la prevalencia de un orden justo, que, además, involucre
a todos los actores del proceso penal.
El marco normativo
La Constitución Nacional.
Al cumplirse los quince años de la puesta en marcha del llamado sistema
penal acusatorio en Colombia, resulta necesario efectuar una revisión de los
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