El asesinato de excombatientes en Colombia
| Autor | Germán Darío Valencia Agudelo |
| Cargo | Director revista Estudios Políticos. Economista. Especialista en Gerencia Social. Magíster en Ciencia Política. Doctor en Estudios Políticos. Grupo Hegemonía, guerras y conflictos, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia UdeA. Calle 70 No. 52-21, Medellín, Colombia. |
Artista invitada
Maria José Londoño
Adentro
Acrílico sobre franela
2019
Medellín
Cortesía revista Ojo de Pez
(https://issuu.com/ojodepez6)
EDITORIAL
El asesinato de excombatientes en Colombia
Germán Darío Valencia Agudelo1 (Colombia)
1 Director revista Estudios Políticos. Economista. Especialista en Gerencia Social. Magíster en Ciencia Política. Doctor en Estudios Políticos. Grupo Hegemonía, guerras y conflictos, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia UdeA. Calle 70 No. 52–21, Medellín, Colombia. Correo electrónico: german.valencia@udea.edu.co – Orcid 0000–0002–6412–6986 – Google Scholar https://scholar.google.es/citations?user=7Sm8z3MAAAAJ&hl=es
Cómo citar este artículo: Valencia Agudelo, Germán Darío. (2021). El asesinato de excombatientes en Colombia. Estudios Políticos (Universidad de Antioquia), 60, pp. . DOI: 10.17533/udea.espo.n60a01
El 26 de noviembre de 2020 se cumplieron los primeros cuatro años de la firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera —en adelante Acuerdo Final— entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC–EP) (2016). La mayoría de los balances que se realizaron sobre este primer cuatrienio coinciden en afirmar que uno de los principales problemas de la implementación son las agresiones y homicidios de los exrebeldes. Así lo dejó claro la Misión de Verificación de la ONU en su informe trimestral del 21 de enero de 2021 ante el Consejo de Seguridad (Semana, 2021, febrero 3), y también el Instituto Kroc (2020) en su Cuarto Informe sobre el estado de la Implementación
del Acuerdo Final en Colombia, donde señala el asesinato de estas personas como la «principal cascada negativa» del proceso.
Hasta el momento del informe de la Misión de Verificación de la ONU, los excombatientes de las FARC–EP asesinados suman 253. El año 2019 fue el de mayor cantidad de casos confirmados (77), seguido de 2020 (73), cifras alarmantes, tanto por la tasa de muertes, 1,92% de los guerrilleros desmovilizados al 1.º de febrero de 2021 —13 196 integrantes de las FARC–EP dejaron las armas—, como por los daños que se está causando con este flajelo a toda la implementación del Acuerdo Final, en especial, el incremento de la desconfianza generalizada en el proceso.
Este fenómeno de violencia hace pensar que en Colombia tanto el Estado como la sociedad no están cumpliendo con su palabra: no han podido proteger la vida de los firmantes de la paz, ni alejarlos de las dinámicas de violencia en las que estaban. Una situación realmente lamentable, aunque no es inédita en el país. Una mirada retrospectiva del tema de seguridad de excombatientes muestra que las agresiones y homicidios contra indultados, amnistiados y firmantes de paz ha sido una constante en el país. Desde que comenzaron los procesos de reinserción de alzados en armas, tanto de manera individual como colectiva en la década de 1980, para el Estado ha sido muy difícil garantizar la seguridad de estas personas, sin olvidar a los exguerrilleros liberales que se acogieron a la amnistía del gobierno de Rojas Pinilla en 1953 y que posteriormente fueron asesinados.
Así, los asesinatos de excombatientes se han convertido en uno de los más duros golpes a la construcción de paz en el país en los últimos cuarenta años. Un ejemplo de esta dinámica de violencia homicida la sufre hoy el posconflicto con las FARC–EP: la dinámica de violencia contra los exintegrantes de esta organización desmovilizada continúa día a día, situación que amenaza por convertirse en el más sustancial detonador de una nueva ola de violencia en el país y en el gran problema de la implementación del Acuerdo Final (Gutiérrez, 2020).
El asesinato de excombatientes en retrospectiva
Desde principios de la década de 1980 Colombia ha vivido una considerable cantidad de procesos de dejación de armas y de tránsito a la vida civil. Los registros oficiales señalan que 73 617 personas salieron de grupos armados al margen de la ley en Colombia entre 2001 y 2018 (ARN, 2019, febrero). Y aunque todos tienen sus particularidades, pues depende de la modalidad de dejación de las armas y el contexto —tiempo y lugar— en que se dan los procesos de reinserción, los posconflictos vividos en el país se caracterizan por tener un alto nivel de riesgo de los excombatientes (Garzón, Prada, Silva y Zárate, 2019, p. 11). La mayoría de desmovilizados, además de la preocupación normal por enfrentar los temas económicos y judiciales, propios de un tránsito a la vida civil, han tenido que poner especial atención a la protección de su vida y la de sus familias.
Aunque la primera experiencia trágica de muerte de excombatientes en la historia reciente (1989–2020) se vivió en Colombia después de 1990, es necesario considerar los trágicos hechos que pasaron luego del Acuerdo de La Uribe en 1984 durante el gobierno de Belisario Betancur (1982–1986). Este, que fue un acuerdo de cese al fuego y de hostilidades firmado con las FARC–EP, posibilitó, entre los temas pactados, crear un partido político que sirviera como una especie de experimento para la participación de rebeldes en el sistema democrático. Fue así como se creó la Unión Patriótica (UP), advirtiendo que a partir de 1988 se dio una ruptura entre las FARC–EP y este partido.
A partir de 1985 un grupo amplio de integrantes y simpatizantes de esta organización política —muchos de ellos miembros de las FARC–EP— fueron amenazados y asesinados. En menos de dos años de conformada la UP se contabilizaron 1600 integrantes exterminados, entre ellos, 145 concejales, 15 alcaldes, 11 diputados y 3 senadores. Cifra que obligó, al cumplir 35 años de creado este partido, a realizar un estudio detallado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y que dio como resultado el informe Todo pasó frente a nuestros ojos, el genocidio de la Unión Patriótica 1984–2002 (CNMH, 2018), donde se presenta el escalofriante registro de 4153 asesinados.
De manera precisa, la primera oleada de violencia contra excombatientes se presentó en la década de 1990. A partir de su primer lustro se firmaron en Colombia al menos ocho acuerdos de paz. Estos fueron acuerdos de paz con final cerrado, es decir, pactos de dejación de armas colectivos que suponen el fin de las organizaciones rebeldes y el inicio de una etapa de posconflicto. Se firmaron acuerdos con el Movimiento 19 de abril (M–19), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), la Corriente de Renovación Socialista (CRS) y las Milicias Populares de Medellín (MPM), entre otros (Hincapié y Valencia, 2014; Valencia, 2019). Pero de nuevo, después de la firma de los acuerdos comenzó, en todos ellos, el asesinato de los excombatientes.
La primera organización en firmar fue el M–19, justo al final del gobierno de Virgilio Barco (1986–1990). En total se desmovilizaron 900 rebeldes, a los que les tocó vivir el primer momento trágico en medio de la alegría que da la firma de un acuerdo de paz. La cifra de muertes de esta agrupación fue de 25 personas (Garzón, Prada, Silva y Zárate, 2019, p. 15), contando el de Carlos Pizarro León–Gómez, su líder político y candidato a la Presidencia de la República, ocurrido el 26 de abril de 1990, cuando en un vuelo comercial fue baleado por sicarios.
Una situación aún más grave le tocó afrontar al EPL, cuya desmovilización colectiva ocurrió un año después de la del M–19 —el 15 de febrero de 1991—, durante el gobierno de César Gaviria (1990–1994). Esta agrupación fue la que mayor cantidad de muertos puso en los posconflictos vividos en Colombia durante ese momento. Las cifras hablan de 321 excombatientes muertos de cerca de 2200 firmantes de la paz (14,6%). Muchos de los miembros del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad fueron asesinados en el Urabá Antioqueño (Fucude y Opción Legal, 2020). Los «esperanzados» vivieron una ola de violencia inédita: «Entre 1991 y 1996 se registraron 18 masacres dirigidas contra exintegrantes del EPL en los municipios» (Garzón, Prada, Silva y Zárate, 2019, p. 15). Repertorio de violencia que fue ampliado con atentados, desplazamientos forzados y amenazas. Le siguieron, durante el gobierno Gaviria, otras agrupaciones desmovilizadas como el PRT, el MAQL, la CRS y las MPM. Todas estas agrupaciones desmovilizadas sufrieron igualmente la persecución criminal de sus exintegrantes. Cifras que, sin duda, son más abultadas si se consideran las demás agrupaciones minoritarias afectadas (véase tabla 1).
Tabla 1.
Muertes de excombatientes por organización armada desmovilizada en Colombia entre 1990 y 2021.
| Organización desmovilizada |
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