AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-02-03-000-2019-03171-00 del 08-10-2019
| Sentido del fallo | DIRIME CONFLICTO DE COMPETENCIA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN CIVIL |
| Fecha | 08 Octubre 2019 |
| Número de expediente | 11001-02-03-000-2019-03171-00 |
| Tipo de proceso | CONFLICTO DE COMPETENCIA |
| Número de sentencia | AC4366-2019 |
AC4366-2019
Radicación n.° 11001-02-03-000-2019-03171-00
Bogotá, D.C., ocho (8) de octubre de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil del Circuito de Villavicencio y su homólogo Once de Medellín, con ocasión del conocimiento de la demanda declarativa presentada por Y.R.T.R. contra Seguros de Vida Suramericana S.A.
- ANTECEDENTES
1. La convocante pidió que se declare que su contraparte incumplió varios contratos de seguro denominados ‘Plan Vida Ideal 2011’, y que, en consecuencia, se ordene pagar la indemnización contratada por la realización del riesgo de «invalidez, desmembración o inutilización (sic) por enfermedad».
En el acápite de competencia, indicó que esta venía dada por «la naturaleza del asunto y la vecindad de los contratantes».
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio, al que inicialmente correspondió la causa, la rechazó tras establecer que el domicilio de la demandada estaba fijado en la ciudad de Medellín, de donde dedujo que eran las autoridades de dicha sede las competentes para conocer del juicio.
4. Por su parte, el estrado receptor, Juzgado Once Civil del Circuito de Medellín, también rehusó esa asignación, pretextando que «el cumplimiento de la prestación del contrato de seguro es la ciudad de Villavicencio – Meta, por ser dicha ciudad la vecindad de la demandante, y por ende, el lugar del respectivo desembolso a que haya lugar, tal y como puede observarse en las correspondientes pólizas allegadas».
Con ese fundamento, planteó conflicto y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.
- CONSIDERACIONES
1. Aptitud legal para la resolución.
Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente asunto, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.
2. Anotaciones sobre la competencia.
En tratándose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribución en comento se realiza mediante la aplicación de diversos factores, así:
(i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de las partes del litigio, debiéndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la República (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicción), acorde con el artículo 30, numeral 6, del Código General del Proceso.
Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del artículo 28 ejusdem, a cuyo tenor: «En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad».
(ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuantía.
La naturaleza consiste en una descripción abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunción entre ella y la pretensión en concreto; así ocurre con la expropiación, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito[1], o la custodia, cuidado personal y visitas de los niños, niñas y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en única instancia[2].
Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicción ordinaria, se acudió, como patrón de atribución supletivo o complementario, a la cuantía de las pretensiones, conforme lo disponen los cánones 15[3] y 25[4] del estatuto procesal civil.
(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categoría e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de mínima cuantía corresponde al juez civil municipal, en única instancia), que –por sí solas– son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en específico.
Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuantía) habrá de acompañarse, en todo caso, del Factor Territorial, que señala con precisión el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el artículo 28 del Código General del Proceso.
El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribución territorial (pues opera «salvo disposición legal en contrario»); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribución previstas en los numerales 2 (domicilio de los niños, niñas o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente), 9 (domicilio del demandante en asuntos en los que se convoca a la Nación), 10 (domicilio de las personas jurídicas de...
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