AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-02-03-000-2019-03584-00 del 30-10-2019
| Sentido del fallo | DIRIME CONFLICTO DE COMPETENCIA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN CIVIL |
| Número de sentencia | AC4655-2019 |
| Fecha | 30 Octubre 2019 |
| Tipo de proceso | CONFLICTO DE COMPETENCIA |
| Número de expediente | 11001-02-03-000-2019-03584-00 |
AC4655-2019
Radicación n.° 11001-02-03-000-2019-03584-00
Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Tercero Civil Municipal de Dosquebradas y su homólogo único de Funza, con ocasión del conocimiento de la demanda ejecutiva presentada por U.L.. contra L.A.M.G..
- ANTECEDENTES
1. La convocante pidió librar mandamiento de pago en contra del señor M.G. por el importe de las prestaciones dinerarias incorporadas en el pagaré n.° 001, adosado a la demanda ejecutiva.
En el acápite de competencia, indicó que esta venía dada por «el lugar de cumplimiento de la obligación».
2. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Dosquebradas, al que inicialmente correspondió la causa, la rechazó tras considerar que «la dirección para notificación del demandado se encuentra localizada en Funza», y que si bien «la parte actora manifestó que la competencia se ajustaba por el lugar de cumplimiento de la obligación, la misma no se encuentra pactada en Dosquebradas en el título ejecutivo, puesto que se vislumbra en el pagaré “en esta ciudad”, sin saber cuál, generando duda para este Despacho».
3. Por su parte, el estrado receptor, Juzgado Civil Municipal de Funza, también rehusó esa asignación, pretextando que «en el título objeto de ejecución se indica claramente que el pago se realizará en Dosquebradas», y que «al hacer una revisión del escrito de demanda, se observa que el domicilio del demandado es la vecina ciudad de Bogotá». Con ese fundamento, planteó conflicto y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.
- CONSIDERACIONES
1. Aptitud legal para la resolución.
Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente asunto, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.
2. Anotaciones sobre la competencia.
En tratándose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribución en comento se realiza mediante la aplicación de diversos factores, así:
(i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de las partes del litigio, debiéndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la República (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicción), acorde con el artículo 30, numeral 6, del Código General del Proceso.
Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del artículo 28 ejusdem, a cuyo tenor: «En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad».
(ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuantía.
La naturaleza consiste en una descripción abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunción entre ella y la pretensión en concreto; así ocurre con la expropiación, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito[1], o la custodia, cuidado personal y visitas de los niños, niñas y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en única instancia[2].
Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicción ordinaria, se acudió, como patrón de atribución supletivo o complementario, a la cuantía de las pretensiones, conforme lo disponen los cánones 15[3] y 25[4] del estatuto procesal civil.
(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categoría e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de mínima cuantía corresponde al juez civil municipal, en única instancia), que –por sí solas– son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en específico.
Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuantía) habrá de acompañarse, en todo caso, del Factor Territorial, que señala con precisión el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el artículo 28 del Código General del Proceso.
El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribución territorial (pues opera «salvo disposición legal en contrario»); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribución previstas en los numerales 2 (domicilio de los niños, niñas o adolescentes), 4 (domicilio social), 5...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba