AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 98419 del 31-05-2018
| Sentido del fallo | DECLARACIÓN DE NULIDAD |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Fecha | 31 Mayo 2018 |
| Número de expediente | T 98419 |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Penal de Bogotá |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Número de sentencia | ATP1172-2018 |
ATP1172-2018
Radicación n° 98419
Acta 176.
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) mayo de dos mil dieciocho (2018).
- ASUNTO
Sería del caso decidir sobre las impugnaciones presentadas por el apoderado judicial del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, y el Jefe de la Oficina Jurídica de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, contra el fallo proferido el 18 de abril del año en curso, por cuyo medio la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de un lado, amparó el derecho a la salud de Miguel Ángel Soto Bustos y, de otro, negó la tutela en lo que respecta al Juzgado 15º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad; de no ser porque se advierte la necesidad de invalidar la actuación.
II. ANTECEDENTES
HECHOS Y FUNDAMENTOS
Los sucesos que motivaron la solicitud de amparo constitucional, las pretensiones del demandante y los informes, fueron reseñados por el a quo de la forma como sigue:
(…)
El ciudadano M.Á.S.B. reseña, sin brindar datos adicionales, que descuenta la sanción privativa de la libertad que le fue impuesta a disposición del Juzgado 15 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad. Asimismo, que en auto del 13 de septiembre de 2017 le fue concedida la prisión domiciliaria.
Por otra parte, arguye que padece algunos quebrantos de salud; sin embargo, no (sic) le ha sido imposible obtener la cita de valoración médica, pues extravió el documento de identidad. De igual modo, que la progenitora tiene 67 años y tiene un hijo menor de edad, quienes requieren de apoyo económico, motivo por el cual le es indispensable dedicarse a una ocupación laboral con la finalidad de suplir las necesidades básicas de ese núcleo familiar.
Así las cosas, indica que el 7 de diciembre de 2017, por medio de apoderado, solicitó al Juzgado 15 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad la expedición de copia del proceso fallado en su contra para analizar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la libertad condicional.
Igualmente, refiere que reclamó la autorización para dirigirse a la Registraduría Nacional con la finalidad de tramitar el duplicado del documento de identificación y pretendió que se ordenara al INPEC la realización de una consulta médica y psicológica para la valoración de sus condiciones de salud.
El demandante expone también que esas solicitudes no fueron objeto de ningún pronunciamiento. Por lo tanto, insistió en ellas en memorial del 18 de febrero último, sin que tampoco le hubiese remitida una contestación; omisión que comporta la violación de los derechos fundamentales de salud, al trabajo y de acceso a la administración de justicia.
En consecuencia, pretende que en sede constitucional se conmine al funcionario judicial a emitir un pronunciamiento en relación con las peticiones reseñadas. De igual modo, que se ordene al INPEC que coordine las valoraciones médicas que requiere.
(…)
(i) El titular del Juzgado 15 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá informa que el ahora accionante fue condenado, en sentencia proferida por el Juzgado 1º Penal del Circuito de esta ciudad el 11 de octubre de 2013, a la pena principal de 33 meses de prisión por la comisión del delito de hurto calificado y agravado. Asimismo, que en providencia del 27 de noviembre siguiente asumió la vigilancia de la ejecución de la sanción correspondiente.
Explica, por otra parte, que S.B. ha descontado la pena en dos períodos susceptibles de distinguirse. El primero, del 14...
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