AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº . 11001-02-03-000-2021-04262-00 del 24-11-2021 - Jurisprudencia - VLEX 878630718

AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº . 11001-02-03-000-2021-04262-00 del 24-11-2021

Sentido del falloDIRIME CONFLICTO DE COMPETENCIA
EmisorSALA DE CASACIÓN CIVIL
Número de sentenciaAC5538-2021
Número de expediente. 11001-02-03-000-2021-04262-00
Tribunal de OrigenJuzgado Civil de Circuito de Tunja
Tipo de procesoCONFLICTO DE COMPETENCIA
Fecha24 Noviembre 2021


HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada Ponente


AC5538-2021

Radicación n.º 11001-02-03-000-2021-04262-00


Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)


Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo del Circuito de La Virginia (Risaralda) y Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Tunja (Boyacá).


I. ANTECEDENTES


1. Augusto Becerra Largo formuló acción popular contra Bancolombia S.A. de la sede situada en la «CARRERA 10 No 16-15
» de Tunja (Boyacá), pretendiendo que se ordene la instalación de una «unidad sanitaria pública apta para ciudadanos con movilidad reducida que se desplacen en silla de ruedas» y que acudan a aquella entidad.


2. En el escrito inaugural se señaló como sitio de ocurrencia de la vulneración a «lo LARGO Y ANCHO DEL TERRITORIO PATRIO», pero más adelante se indicó concretamente la ciudad de «TUNJA BOYACA», además, se anotó como «domicilio» de Bancolombia S.A. el municipio de La Virginia (Risaralda). [Archivo Digital: 01].


3. El asunto fue repartido al Juzgado Promiscuo del Circuito de esta última localidad, autoridad que en auto de 19 de marzo de la anualidad en curso admitió el escrito inaugural, ordenó notificar al ente financiero accionado, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, de conformidad a lo establecido en el artículo 82 de la Ley 472 de 1998. [Archivo Digital: 02].


4. El 23 de abril pasado, el estrado memorado decretó de oficio la nulidad de todo lo actuado en el trámite constitucional y, en su lugar, rechazó la postulación de apertura, tras considerar que la sede de la entidad bancaria accionada y el sitio donde se produjo la presunta trasgresión de los derechos colectivos corresponde a Tunja (Boyacá), así que dispuso la remisión del asunto a los jueces civiles del circuito judicial de esa plaza [Archivo Digital: 04].


5. Frente a la anterior determinación, el promotor instauró sin éxito recurso de reposición, pues en providencia de 18 de junio del año citado, se mantuvo inalterada [Archivo Digital: 07].


6. Al recibir las diligencias, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja también rehusó el conocimiento de la acción, con sustento en que entre las opciones con las cuales contaba el gestor, este prefirió radicar el amparo ante los jueces de La Virginia (Risaralda) «domicilio de la sucursal del BANCO BANCOLOMBIA S.A. accionada, según el escrito de la demanda». Con todo, a la autoridad primigenia le estaba vedado «declarar de oficio la falta de competencia, como quiera que con ello estaría vulnerando el principio de la perpetuatio jurisdiccionis, el cual propende que una vez el juez ha avocado el conocimiento de cierto asunto, no puede de oficio declarar la falta de competencia». [Archivo Digital: 13].


7. Planteado de esa manera el conflicto de competencia, se dispuso el envío del expediente a la Corte, quien lo decidirá, de acuerdo con la atribución dispuesta en los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009, pues involucra a juzgados de distintos distritos judiciales.


II. CONSIDERACIONES


1. El artículo 88 de la Constitución Política instituyó las acciones populares como un mecanismo de «protección y aplicación» de los derechos e intereses colectivos relacionados con «el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza».


En palabras de la Corte Constitucional, el mencionado auxilio busca «proteger los derechos e intereses colectivos de todas aquellas actividades que ocasionen perjuicios a amplios sectores de la comunidad,...

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