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AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-02-03-000-2023-00977-00 del 14-03-2023

Sentido del falloDIRIME CONFLICTO DE COMPETENCIA
EmisorSALA DE CASACIÓN CIVIL
Fecha14 Marzo 2023
Número de expediente11001-02-03-000-2023-00977-00
Tribunal de OrigenJuzgado Civil Municipal de Cali
Número de sentenciaAC580-2023

AC580-2023

Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-00977-00

Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Procede el Despacho a pronunciarse sobre el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Manizales y su homólogo Treinta y Uno de Cali, con ocasión del conocimiento del ejecutivo promovido por Y.C.G.G. contra la sociedad Elige Tu Destino Travel S.A.S.

ANTECEDENTES

1. La demandante presentó escrito introductor ante los jueces civiles municipales de Manizales, pretendiendo el cobro de «$3’025.435.», producto de la condena pecuniaria impuesta a la convocada por la Superintendencia de Industria y Comercio en sentencia de 21 de febrero de 2022, en el proceso de acción de protección al consumidor.

En el acápite de competencia, la precursora indicó que, esta venía dada por «ser el circuito judicial de Manizales donde se encuentra la sucursal o agencia de la sociedad Elige Tu Destino S.A.S., involucrada con el presente proceso ejecutivo, además, por ser este el lugar de cumplimiento de las obligaciones del demandado».

2. El Juzgado Séptimo Civil Municipal de Manizales declinó la asignación tras colegir que, «del título base de la demanda se desprende que la parte accionada adquirió una obligación, sin determinarse la ciudad en donde debe ser cancelada la misma, es decir, no reúne el requisito establecido en el numeral 3º del artículo 28 del Código General del Proceso, por tanto y de conformidad con el numeral 1º de esta disposición y como se tiene que la ejecutada tiene su domicilio en la ciudad de Santiago de Cali – Valle del Cauca […] lugar donde oirá notificaciones personales, es allí donde debe adelantarse el trámite».

3. El estrado judicial receptor igualmente rehusó la atribución al considerar que, contrario a lo señalado por su homólogo de Manizales, la ejecutante sí determinó la competencia territorial, pues «optó por la concurrencia del fueron contractual que afirmó era la ciudad de Manizales, situación que reforzó arguyendo que en dicha municipalidad se encuentra radicada “la sucursal o agencia de la sociedad Elige Tu Destino S.A.S.”, situación que en efecto pudo ser corroborada […] a través de la consulta arrojada por el RUES (…)», por lo tanto, adujo que, de acuerdo a lo puntualmente expresado por la interesada y en aplicación del numeral 5º del canon 28 del estatuto adjetivo, al juzgado de aquélla ciudad le correspondía asumir el conocimiento.

Con el anterior fundamento, planteó conflicto y ordenó el envío del expediente a esta Corporación para dirimirlo.

CONSIDERACIONES

  1. Aptitud legal para la resolución

Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.

2. Anotaciones sobre la competencia.

Aunque la jurisdicción, entendida como la función pública de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a través de pautas de atribución descriptivas preestablecidas, contenidas en normas de orden público: las reglas de competencia.

En tratándose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribución en comento se realiza mediante la aplicación de diversos factores, así:

(i)''> >El Factor''> Subjetivo>, que responde a las especiales calidades de los litigantes, debiéndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la República (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicción), acorde con el artículo 30-6 del Código General del Proceso. Esto, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del artículo 28 ejusdem''>, según el cual: «En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad>».

(ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuantía.

La naturaleza consiste en una descripción abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunción entre ella y la pretensión en concreto; así ocurre con la expropiación, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito[1], o la custodia, cuidado personal y visitas de los niños, niñas y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en única instancia[2].

Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicción ordinaria, se acudió, como patrón de atribución supletivo o complementario, a la cuantía de las pretensiones, conforme lo disponen los cánones 15[3] y 25[4] del estatuto adjetivo.

(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categoría e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de mínima cuantía corresponde al juez civil municipal, en única instancia), que -por sí solas- son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en específico.

Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuantía) habrá de acompañarse, en todo caso, del factor territorial, que señala con precisión el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el artículo 28 del Código General del Proceso.

El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribución territorial (pues opera «salvo disposición legal en contrario»); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribución previstas en los numerales 2 (domicilio de los niños, niñas o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente) y 12 (último domicilio del causante) del citado canon 28.

''>El fuero real>, a su turno, corresponde al lugar de ubicación de los bienes, en aquellos asuntos en los que «se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos» (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en tratándose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11).

''>Y el fuero contractual >atañe, finalmente, a «los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos» ''>en los que «es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones>».

(iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atención a las específicas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripción de grados de juzgamiento, en la que actúan funcionarios diferentes, pero relacionados entre sí, de manera jerárquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripción judicial.

(v) Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fenómeno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulación de partes –litisconsorcios–), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas.

3. Las normas de atribución territorial en el Código General del Proceso.

Como viene de verse, la pauta genérica de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1º del citado artículo 28 del Código General del Proceso, foro que opera «salvo disposición legal en contrario», lo que supone la advertencia de que aplicará siempre y cuando el ordenamiento jurídico no...

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