AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49012 del 26-06-2019
| Sentido del fallo | INADMITE |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Número de sentencia | AP2740-2019 |
| Fecha | 26 Junio 2019 |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Penal de Medellín |
| Tipo de proceso | CASACIÓN |
| Número de expediente | 49012 |
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado Ponente
AP2740-2019
Radicación N°49.012
(Aprobado Acta No. 155)
B.D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil diecinueve (2019).
VISTOS
Se pronuncia la Sala sobre la admisión de la demanda de casación presentada por el defensor de E.C.H. contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 28 de julio de 2016, mediante la cual confirmó la proferida por el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa ciudad el 10 de agosto de 2015, que condenó al procesado por el delito de acceso carnal violento agravado.
ANTECEDENTES
1. El 16 de marzo de 2014, alrededor de las 17:30 horas, CORREA HOYOS ingresó completamente desnudo y con un cuchillo al baño, en el cual M.S.G de 16 años de edad se estaba duchando. Colocó el arma corto punzante en la espalda de la entonces menor, obligándola a acostarse en el suelo para después accederla con su miembro viril y los dedos, por cuanto en consideración del procesado, la menor debía pagar por hechos cometidos por su madre (compañera permanente de CORREA)[1].
2. El 06 de abril de 2012, ante el Juez Sexto Penal Municipal con funciones de control de garantías, la Fiscalía formuló imputación a E.C.H. por el delito de acceso carnal violento agravado, tipificado en los artículos 205 y 211 numeral 5° del Código Penal (modificado por la Ley 1236 de 2008), y el 06 de agosto de 2014 lo acusó formalmente en audiencia por el mismo delito[2].
3. El 10 de agosto de 2015, el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín condenó a E.C.H. a la pena principal de 192 meses de prisión y a la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena privativa de la libertad, como autor responsable del delito imputado[3].
4. La defensa del condenado apeló este fallo por considerar afectadas las formas propias del juicio, por cuanto el juez no mencionó a la víctima la facultad de rehusarse a rendir testimonio, ya que el acusado era compañero permanente de la madre. Además, por el comentario sobre aspectos a tener en cuenta realizado por la funcionaria del ICBF en interrogatorio por parte de la defensa a la menor[4]. El Tribunal Superior de Medellín, mediante sentencia de 28 de julio de 2016, lo confirmó íntegramente. Inconforme con esta decisión, la defensa recurre en casación.
LA DEMANDA
1. Contiene un único cargo con fundamento en la causal prevista en el numeral segundo del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, “por cuanto en la misma se afectó el debido proceso y consecuentemente se desconoció el derecho fundamental a la defensa material que por mandato legal y supra legal recae en cabeza de E.C.H., situación que debió ser advertida y remediada por los juzgadores de primer y segundo grado”[5].
2. El juez de primera instancia no advirtió a la entonces menor (víctima) y a su hermano la facultad de no ser obligados a testificar, ya que tenían un vínculo con el procesado, ya que “el derecho a no ser obligado a declarar contra los familiares contemplados en la norma constitucional (Sic), es una prerrogativa de rango supra legal y como tal debe ser advertido al declarante, en el caso en comento el juez simplemente exhorta a la menor sobre su deber de declarar”[6].
3. Añade como otra manifestación de violación al debido proceso, la intervención de la defensora de familia en el testimonio de la víctima, en el cual le indica cosas para recordar en su declaración. “Es que a todas luces surge claro que no era factible que la defensora de familia precisara a la declarante algunos aspectos que allí contenidos iban en contraría de la teoría del caso defensiva por lo cual la balanza se desnivela (…) no menos resulta de un lado que es un hecho irregular, que torna invalido el testimonio(…)[7].
4. Por ende solicita la nulidad para corregir el yerro procesal frente a los testimonios, el cual encuentra trascendental, debido a que el testimonio es prueba fundante de la decisión de condena.
CONSIDERACIONES
La Sala anticipa que inadmitirá la demanda de casación presentada por la defensa, por no satisfacer los requerimientos para ser estudiada de fondo conforme a la fundamentación exigida (coherente, precisa y clara), encaminada a la realización de los fines.
La jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado que “no será admitida la demanda si el actor carece de interés para acceder al recurso; el escrito es inconsistente, esto es, si su motivación no evidencia la potencial violación de garantías y, en términos generales, «cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso», lo que puede presentarse cuando la Corte observe que los aspectos reprochados no tienen una incidencia sustancial en relación con lo decidido en el caso concreto, o que puede responder a los planteamientos del demandante sin recurrir a valoraciones de fondo acerca de lo que ocurrió en la actuación”[8].
Así, examinado el contenido de la demanda presentada por la defensa del procesado E.C.H. fundada en un cargo principal –causal segunda del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, desconocimiento de la estructura del debido proceso por afectación sustancial o de la garantía debida a cualquiera de las partes- la cual demuestra inconsistencias frente al principio de corrección material, trascendencia de la supuesta violación para decretar la nulidad solicitada y la indebida adecuación del error en las causales taxativas de la ley procesal.
- Debido proceso
La Sala de Casación Penal ha establecido con relación a la transgresión del derecho-principio al debido proceso que, “tal defecto se configura cuando el funcionario judicial se aparta del proceso legalmente establecido, ya sea porque sigue un proceso distinto al aplicable o porque omite una etapa sustancial de éste”[9]. Además, el error in procedendo planteado en casación frente a vulneraciones al procedimiento, el demandante está en la obligación de diferenciar si dicho acto violatorio “recayó sobre la estructura de la actuación o por el quebrantamiento de las garantías de las partes (…) que deben identificarse claramente para demostrar su trascendencia perjudicial irreparable”[10].
2.1. Refirió a la violación de la defensa material para lo cual resulta necesario hacer algunas precisiones conceptuales. La Corte Constitucional ha establecido la diferencia entre estas dos definiciones, así, “la defensa material, es aquella que le corresponde ejercer directamente al sindicado. La segunda, la defensa técnica, es la que ejerce en nombre de aquél un profesional del derecho, científicamente preparado, conocedor de la ley aplicable y académicamente apto para el ejercicio de la abogacía”[11]. Por lo tanto, dicho argumento no es coherente con la verdad procesal, dado que se comprobó al interior de todas las actuaciones procesales, la permanente asistencia material y técnica por parte de su defensor de confianza en amparo de sus intereses.
2.2. Expone la violación del debido proceso en cabeza del procesado por cuanto, el A quo no mencionó a la víctima y a su hermano los cuales rindieron testimonio en audiencia de juicio oral la excepción al deber a declarar, ya que el acusado para el momento de los hechos era el compañero permanente de la madre de los mismos.
El Ad quem se refirió a la exigencia incumplida por el A quo, pues éste no le mencionó a los testigos sobre la exclusión al deber de declarar, por ello, el tribunal manifestó que el comportamiento del juez no era tendiente a obligar a los testigos a declarar, porque “no existió presión o amenaza para que en el debate oral expusieran todo lo que conocían de los hechos objeto de juzgamiento”[12], así, no se configura la nulidad de lo actuado.
En audiencia de juicio oral del 12 de febrero de 2014, el A quo advierte la excepción de testificar a la víctima, la cual rindió testimonio, así:
“Vamos a indicar algo, M. como quiera que usted ya es una persona que supera el umbral mínimo que tienen legislador para recibir el juramento de rigor le vamos a indicar lo siguiente. Por disposición constitucional y legal usted como todo testimoniante en un juicio oral se va a continuación a hacer una previsión del juzgado, que es que, usted tiene obligación de presentar testimonio como lo ha solicitado la delegada fiscal, pero ese testimonio también de la única forma que pueda prescindir de rendirlo en tanto que así lo permite el artículo 33 de la carta política y 385 del código de procedimiento penal es que en caso tal de que usted estuviera unida en el cuarto grado de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba