AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51440 del 10-02-2021
| Sentido del fallo | INADMITE |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Número de expediente | 51440 |
| Fecha | 10 Febrero 2021 |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Penal de Ibagué |
| Tipo de proceso | CASACIÓN |
| Número de sentencia | AP405-2021 |
HUGO QUINTERO BERNATE
Magistrado Ponente
AP405-2021
R.icación Nº 51440
Acta No. 24
Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021).
ASUNTO
Se pronuncia la Sala acerca de la admisibilidad de la demanda de casación presentada por el representante del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A., víctima dentro del presente asunto, contra la sentencia emitida el 28 de junio de 2017 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Ibagué, mediante la cual modificó parcialmente el fallo condenatorio proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, en contra de JOSÉ ORLANDO ATUESTA NARANJO, por los delitos de hurto por medios informáticos y falsedad en documento privado.
HECHOS
De acuerdo con los fallos de primera y segunda instancia, JOSÉ ORLANDO ATUESTA NARANJO, empleado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA), sucursal M.T. de la ciudad de Ibagué, utilizando los sistemas informáticos de la misma entidad y dispuestos para sus labores, entre los días 8 y 15 de agosto de 2013, se apoderó de la suma de doscientos cuatro millones setecientos nueve mil doscientos pesos ($ 204.709.200.oo), producto de la venta de las estampillas o sellos postales, entregados para su comercialización por la Gobernación del Tolima a la institución financiera.
Para lograr el éxito de su comportamiento ilícito, ATUESTA NARANJO falsificó igualmente, las copias químicas de las consignaciones, lo que le permitía no registrar el ingreso del dinero hurtado al banco.
ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE
1. Con fundamento en dicho acontecer fáctico, el 12 de septiembre de 2014, ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, la Fiscalía formuló imputación a JOSÉ ORLANDO ATUESTA NARANJO, como presunto autor de los delitos de hurto por medios informáticos y falsedad en documento privado (artículos 269 I y 289 del Código Penal), cargos aceptados en ese momento por el procesado.
2. El Delegado de la Fiscalía se abstuvo de realizar solicitud de medida de aseguramiento.
3. Ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión con Función de Conocimiento de la misma ciudad, se adelantó audiencias de verificación de allanamiento e individualización de pena y sentencia. Es así que mediante fallo de 11 de agosto de 2015 se declaró a JOSÉ ORLANDO ATUESTA NARANJO autor penalmente responsable de los punibles imputados en audiencia preliminar, condenándolo a la pena principal de 72 meses de prisión.
Adicionalmente, el fallador de instancia, negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena, así como también, la prisión domiciliaria, ordenando la expedición de la respectiva orden de captura.
De otra parte, en los términos establecidos en el artículo 102 de la Ley 906 de 2004, dispuso el a-quo en la parte resolutiva del fallo, que la víctima, el fiscal o el Ministerio Público, de manera expresa podrían solicitar la iniciación del incidente de reparación integral.
4. La defensa apeló el anterior pronunciamiento y la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, mediante fallo de 28 de junio de 2017,[1] modificó parcialmente la sentencia recurrida, en el sentido de ajustar la pena de prisión impuesta a 57 meses y 20 días de prisión y conceder la prisión domiciliaria al sentenciado, previo pago de caución prendaria por valor de cinco millones de pesos ($ 5.000.000.oo) y suscripción de acta de compromiso.
LA DEMANDA
A través de un extenso escrito, el doctor MAURICIO PAVA LUGO, actuando en representación del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA), censuró la sentencia de segunda instancia a través de un único cargo, por violación directa de la ley sustancial, por falta de aplicación del artículo 38 B, numeral 4, lit. b) del Código Penal.
Para el libelista, el Tribunal dejó de aplicar la citada normatividad, al no haber exigido y/o establecido un término para que fuesen reparados los daños ocasionados con el delito, el cual además debía asegurarse, tal como lo menciona la norma “mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima”. Requisito del que se exonera al sentenciado, sólo en casos de insolvencia demostrada, situación no declarada para el caso del procesado ATUESTA NARANJO.
El censor insiste en que el defecto del fallador de segunda instancia fue conceder al procesado la prisión domiciliaria, obviando el derecho a la reparación del que son titulares las víctimas, en tanto, no se le exigió reparar los daños en los términos establecidos en la norma referenciada.
Así las cosas, considera que al estar demostrado el error denunciado, lo procedente es casar parcialmente la sentencia recurrida y, en su lugar, revocar el mecanismo sustitutivo de la prisión intramural concedido al acusado. De no acceder a ello, de manera subsidiaria, solicita adicionar el fallo, fijando un término para que se reparen los daños causados con el delito y se ordene la constitución de una garantía real, personal o bancaria para tales efectos.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
De acuerdo con el artículo 182 de la Ley 906 de 2004 “Están legitimados para recurrir en casación los intervinientes que tengan interés, quienes podrá hacerlo directamente si fueren abogados”.
La norma citada, regula dos clases de legitimación: i) la legitimación en el proceso (o legitimatio ad processum) y ii) la legitimación en la causa (o legitimatio ad causam).
La primera, puede ser entendida como la potestad para acudir al órgano jurisdiccional. Se produce cuando la acción es ejercitada por aquél que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestiona, bien porque se ostente como titular de ese derecho o porque se cuente con la representación legal de dicho titular.
En otras palabras, como lo ha señalado la Corte en reiteradas oportunidades, “la legitimación en el proceso constituye uno de los presupuestos de procedencia de la impugnación de las providencias judiciales, en virtud de la cual, es preciso que el recurrente ostente la condición de sujeto procesal habilitado para actuar”.[2]
En tanto que la segunda o legitimación en la causa, se identifica, como el “presupuesto que exige de manera imprescindible que al impugnante le asista interés jurídico para atacar el proveído, esto es, que la decisión le cause perjuicio a sus intereses, pues no hay lugar a inconformidad frente a providencias que le reporten un beneficio o que simplemente no lo perjudiquen. Sobre el particular, el artículo 186 del estatuto procesal penal dispone que ‘los recursos ordinarios podrán interponerse por quien tenga interés jurídico”.[3]
Se identifican como ejemplos de falta de legitimación en el proceso, la interposición del recurso por quien no ostenta la calidad de parte o interviniente, o por quien teniendo esa calidad, adolece de la condición de profesional del derecho, cuando ésta sea una exigencia determinada por la ley, como lo es para la interposición del recurso extraordinario de casación. De igual forma, quien actúa en un proceso como apoderado de otro sin serlo, sin que exista poder, y por tanto, carece de legitimad procesal. Ello, por cuanto es el poder o mandato, la prueba de la facultad de representar a otro.
En el presente asunto, acerca de la legitimidad en la causa que le asiste al BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BBVA para acudir en sede de casación, no existe controversia alguna, al haber sido afectada en su patrimonio, con los delitos por los que resultó condenado OROZCO DÍAZ, tal como así se reconoció por el Juez de Conocimiento.
No sucede lo mismo respecto a la legitimidad procesal. Al respecto, encuentra la Sala que el abogado que interpuso y sustentó el recurso extraordinario de casación, MAURICIO PAVA LUGO, carece en la presente actuación, del respectivo mandato y/o acreditación del mismo, que lo legitime para actuar en nombre del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA.
Examinadas las carpetas y registros de audio de las audiencias que componen el expediente, encontró la Sala las siguientes actuaciones respecto a los representantes de la entidad bancaria ya mencionada:
- En la audiencia de formulación de imputación adelantada el 12 de septiembre de 2014 no asistió representante de la entidad financiera, a pesar de estar identificado en el escrito de solicitud de la audiencia preliminar, donde aparece como apoderado del BBVA el profesional ÁLVARO ALEJANDRO ARCILA CASTRO (fls. 1 y 4 carpeta Nr. 1).
- Dentro de los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía para respaldar la aceptación de cargos efectuada por el implicado en audiencia de imputación, aparece a folio 118 de la carpeta Nr. 1 memorial con radicado del 14 de noviembre de 2013, presentado por ÁLVARO ALEJANDRO ARCILA CASTRO, en su calidad de apoderado de la víctima, dirigido a la Fiscalía del caso, solicitando el trámite de orden de captura. A este documento anexó poder especial otorgado por el también abogado ÁLVARO AUGUSTO BRITO PÁEZ, apoderado especial del BBVA, tal como...
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