AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - SALA PLENA nº 1100102300002008-00050-00 del 08-05-2008
| Sentido del fallo | DIRIME CONFLICTO - REMITE AL DESPACHO COMPETENTE |
| Emisor | SALA PLENA |
| Fecha | 08 Mayo 2008 |
| Tipo de proceso | CONFLICTO DE COMPETENCIA |
| Número de expediente | 1100102300002008-00050-00 |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PLENA
Magistrado Ponente:
J.L.B.M.
REF: Exp. 11-001-02-30-000-2008-00050-00
Aprobado Acta Nº 18
Nº 44
Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil ocho (2008).-
Resuelve la Corte el conflicto de competencia suscitado entre la Fiscalía Diecisiete Delegada ante los Jueces Penales Municipales de B. y el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de Control de Garantías y Pequeñas Causas de la misma ciudad, para seguir conociendo del proceso de carácter penal adelantado contra A.C.A. por el delito de estafa.
ANTECEDENTES
1. Ante la Fiscalía General de la Nación en B., J.L.B.O. denunció penalmente a LUZ A.C.A. por los hechos ocurridos inicialmente el 2 de marzo de 2007. Según relató, el suegro de su hijo le recomendó a la referida señora, quien dijo ser dueña de la Agencia de Viajes “Travel Charters”, para que tramitara un viaje que aquél realizaría a España, máximo en dos meses. Por tal motivo, le entregó a la querellada $2.500.000,oo, suma que quedó respaldada en una letra de cambio. Posteriormente, el 15 de mayo le informó que la cita en la embajada era el 23 de julio y le exigió $600.000, valor que también le pago, pero del que no le dio recibo. Agregó que desde esa fecha no volvió a saber nada de ella, pues no contesta el celular, el lugar donde funcionaba la agencia está en venta y tuvo conocimiento de que, al igual que a él, estafó de la misma manera a otras personas.
2. Asignado el asunto a la Fiscalía 17 Local de B., luego de adelantar algunas diligencias e intentar la conciliación entre las partes –que en principio se logró, pero que fue incumplida por la querellada-, se declaró incompetente para seguir conociendo, pues consideró que la conducta se enmarcaba dentro de las contravenciones previstas en el artículo 30 de la Ley 1153 de 2007, de competencia de los Jueces de Pequeñas Causas. Apoyó su decisión en el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 6º del Código Penal, el cual, en esta materia debía aplicarse respecto de las normas sustanciales y procesales con efectos sustanciales (fls. 17 a 18).
3. El Juzgado 3° Penal Municipal con función de Control de Garantías y Pequeñas Causas de B., rechazó la competencia atribuida. Argumentó como sustento de su decisión, que de conformidad con el artículo 60 de la Ley 1153, de los procesos en curso debían seguir conociendo los funcionarios judiciales donde se estuvieran tramitando y bajo los procedimientos que a estos corresponda. Agregó que en este caso los hechos ocurrieron el 2 de marzo de 2007, esto es, antes de entrar a regir la ley de Pequeñas Causas, motivo por el cual ésta resultaba inaplicable al caso de manera retroactiva (fls. 22 y 23).
4. El conflicto así propuesto se remitió a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, por ser la competente para resolverlo.
CONSIDERACIONES
De conformidad con lo establecido en el numeral 3º, artículo 17 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, es una atribución de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia resolver los conflictos de competencia en la jurisdicción ordinaria, “que no correspondan a alguna de sus Salas o a otra autoridad judicial”. En efecto, la Corte en varios pronunciamientos ha sostenido que con el actual sistema acusatorio, tal atribución no varía en manera alguna.[1]
Procede la Sala a definir el problema jurídico puesto a su consideración en esta oportunidad, el cual se concreta en determinar cuál es el funcionario judicial competente para conocer de una conducta punible (de estafa, en cuantía de $3.100.000), cometida antes de la entrada en vigencia de la Ley 1153 de 2007 (en este caso los hechos se cometieron el 2 de marzo de 2007).
Para resolver el problema, importa recordar que, en general, la ley se dicta para que rija hacia el futuro; sin embargo, pueden darse dos situaciones especiales que constituyen excepciones al principio anterior: la retroactividad y la ultractividad.
En virtud de esta última, la ley procesal determina taxativamente en qué casos, una norma de este mismo carácter, a pesar de haber perdido su vigencia, puede mantenerla transitoriamente a fin de que haya una transición armoniosa de la legislación anterior y la que entra a regir, logrando de esta manera no entorpecer los trámites ya iniciados.
Conviene recordar el mandato consagrado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual ilumina los tránsitos de una ley procesal a otra, de tal manera que el empalme de las legislaciones no se realice de una forma abrupta, quebrantando el orden y la lógica que deben imperar en todas las actuaciones judiciales.
Al efecto, el artículo 60 de la Ley 1153 de 2007 estableció que “La presente ley comenzará a regir seis (6) meses después de su promulgación. De los procesos que estén en curso seguirán conociendo los funcionarios judiciales donde se estén tramitando y bajo los procedimientos que a estos corresponde.” (Se resalta).
Sobre el punto, esta Corporación en reciente providencia señaló lo siguiente:
“El tema por dilucidar es desde qué momento debe entenderse que existe ‘proceso’, dado que el concepto marca el límite para derivar el procedimiento aplicable.
El artículo 29 de la Constitución Política define como derecho fundamental el debido ‘proceso’, rango que compete garantizar a los jueces de la República, y punto de partida que permite inferir, respecto de la Ley 906 del 2004 y para lo que interesa dirimir en este asunto, que el proceso como tal se inicia cuando, a petición de la Fiscalía, el Juez interviene e inicia la actuación para integrar el contradictorio, esto es, para que la persona sindicada conozca los cargos y pueda comenzar el ejercicio de su defensa.
Ese límite lo marca la formulación de la imputación, como que en ese momento el juez conoce la pretensión del ente acusador y realiza las gestiones necesarias para que al imputado se le hagan saber los cargos fácticos y jurídicos que se tienen en su contra, con el fin de que pueda iniciar su controversia.[2]
La intención clara y expresa del legislador apuntó a que el procedimiento de las “pequeñas causas” se aplicara única y exclusivamente a actuaciones procesales iniciadas a partir de la vigencia de la ley que las implementó. Por tanto, las que hubiesen comenzado con antelación deben proseguir su trámite conforme con la ley vigente en ese entonces.
La inteligencia de la disposición está dirigida a evitar el caos que se presentaría al intentar amalgamar procedimientos disímiles, como que, por vía de ejemplo, en la ley de pequeñas causas los trámites son más ágiles, con intervención activa del juez y sin la...
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