AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51479 del 25-10-2017
| Sentido del fallo | ASIGNA COMPETENCIA |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Fecha | 25 Octubre 2017 |
| Número de sentencia | AP7081-2017 |
| Tribunal de Origen | Juzgado Penal de Circuito de Yopal |
| Tipo de proceso | DEFINICIÓN DE COMPETENCIA |
| Número de expediente | 51479 |
J.L.B.C.
Magistrado ponente
AP7081-2017
Radicación n.º 51479
(Acta n.° 359)
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil diecisiete (2017).
I. V I S T O S
Conforme la competencia que le asigna el artículo 32, numeral 4.°, de la Ley 906 de 2004, la Corte define la competencia para llevar a cabo la audiencia de formulación de acusación y el trámite del juicio en el proceso que por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y estafa se sigue contra M.G.C. y H. de J.G., ante el Juzgado 2.º Penal del Circuito con función de conocimiento de Yopal.
II. HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES
1. El 26 de septiembre de 2012, H.M.A. vendió un lote de terreno de 20.000 mt2, ubicado en V. (C.), a la Sociedad Promotora de Vivienda del C., representada por M.G.C.. En dicho inmueble, la citada empresa construiría unidades de vivienda con las cuales pagaría al vendedor el precio de la venta. La firma promotora de vivienda, integrada por M.G.C. y H. de J.G.L., incumplió con el pago, razón por la cual los mencionados procedieron a enajenar la mitad del lote al tercero E.C.S.; por lo anterior, M.A. formuló un proceso ejecutivo singular ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey, C., dentro del cual se dispone el embargo y secuestro del lote, en la parte que no había sido enajenada a C.S..
Señala el escrito de acusación que: “Conocida la medida cautelar por los señores G.L. y Gaviria Correa, los lleva a idear y suscribir con fecha 1 de abril de 2014 un contrato de transacción dizque parta conciliar perjuicios causados a H.G.L., en calidad de trabajador, y derivado del incumplimiento del contrato laboral que supuestamente lo vinculara tiempo atrás con la Sociedad Promotora de Vivienda del C., representada por el señor Gaviria Correa”.
“Como supuestamente la firma desacata la transacción G.L. formula demanda que origina un proceso ejecutivo laboral, que actualmente cursa en el Juzgado 7º Laboral del Circuito de Medellín, el cual como medida cautelar decreta el embargo de la parte del inmueble que en pretérito tiempo el señor M.A. vendiera a la empresa representada por Gaviria Correa, y le comunica el hecho al Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey, donde se tramita el proceso ejecutivo civil instaurado por el señor M.A. contra la Promotora de Vivienda”.
“La ideación, creación y uso del denominado contrato de transacción laboral constituyó una maniobra artificiosa orientada única y exclusivamente a engañar a la administración de justicia, pretendiendo con ello no solo adelantar el trámite de un proceso ejecutivo laboral, sino también evitar a través de las medidas cautelares que se lograren en el mismo que prosperaran las medidas cautelares adoptadas en el proceso ejecutivo de H.M.A. contra la Empresa Promotora del C.”.
“De acuerdo con lo anterior, es con apoyo en un documento titulado como contrato de transacción que versa sobre presuntas acreencias laborales suscrito en la ciudad de Medellín con fecha 01/04/2014 entre H. de J.G.L., como supuesto trabajador, y M.G.C., como supuesta empleadora con firmas autenticadas en abril 7 y 8 siguientes que se adelanta el aludido proceso ejecutivo”.
“Se reitera, en el juzgado laboral del circuito de Medellín se adelanta el proceso ejecutivo laboral… Y al admitirse la demanda con fecha 22/05/2014 se libra mandamiento de pago por la vía ejecutiva laboral por la suma de $190.000.000 como capital impagado. $19.000.000 por concepto de cláusula penal e intereses legales y por el monto de las costas del juicio. A esta decisión siguió auto del 26/05/2014 mediante el cual, como medida cautelar, se decreta el embargo de un bien inmueble, esto es, un lote de terreno de propiedad de la sociedad demandada, ubicado en el municipio de V.”.
2. El 12 de agosto de 2016, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de V., la fiscalía les imputó a M.G.C. y H. de J.G.L. los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y tentativa de estafa.
El 6 de julio de 2017, la fiscalía radicó el escrito por medio del cual acusó a los mencionados como autores de los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y estafa.
III. ARGUMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN DE COMPETENCIA
El 25 de septiembre de 2017, ante el Juez 2.º Penal del Circuito de Yopal, se inició la audiencia de formulación de acusación.
En ella, el juez señalo la necesidad de determinar el factor territorial que determina la competencia. En tal virtud, añadió que, según el marco fáctico del escrito de acusación, se habría inducido en error al juez laboral del circuito de Medellín, previa elaboración de documentos falsos, con el objeto de obtener un embargo con prelación, para así impedir la acción legal instaurada por H.M.A. por razón de la venta de su inmueble ubicado en V., C.. Precisó que la inducción a error sucedió en el lugar de domicilio de los acusados, que a quien se indujo en error fue al juez laboral de Medellín, a través de actos que ocurrieron en esa ciudad.
Con fundamento en lo anterior, el Juez 2º Penal del Circuito de Yopal comunicó su incompetencia para tramitar la causa; en tal virtud, y con fundamento en el artículo 32 de la Ley 906 de 2004, remitió la actuación a la Corte, con el fin de que defina la competencia, comoquiera que se trataría de despachos judiciales localizados en diferentes distritos.
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Conforme lo dispuesto en los artículos 32, numeral 4.°, y 54 de la Ley 906 de 2004, a esta Colegiatura le asiste la atribución para resolver la impugnación de competencia y, por tanto, definir el despacho judicial que habrá de tramitar la audiencia de formulación de acusación y la etapa de la causa de este proceso, en la medida en que, según se infiere de la actuación procesal surtida, la competencia podría recaer en despachos pertenecientes a distritos judiciales diferentes, en este caso de Medellín y Yopal.
2. En el caso presente, se trata de determinar la competencia territorial para realizar el juzgamiento de las conductas cometidas en perjuicio de la recta administración de justicia, la fe pública y el patrimonio, según los hechos fijados en el escrito de acusación.
La regla general que se aplica para determinar la competencia del funcionario judicial por el factor territorial es la que consagra el inciso primero del artículo 43 de la Ley 906 de 2004, en los siguientes términos:
“…Competencia. Es competente para conocer del juzgamiento el juez del lugar donde ocurrió el delito”.
“Cuando no fuere posible determinar el lugar de ocurrencia del hecho, éste se hubiere realizado en varios lugares, en uno incierto o en el extranjero, la competencia del juez de conocimiento se fija por el lugar donde se formule acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, lo cual hará donde se encuentren los elementos fundamentales de la acusación…”.
En este asunto no hay discusión sobre la jerarquía del funcionario judicial competente, ni opera fuero legal o constitucional respecto de alguno de los imputados; por tanto, es del caso acudir a...
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