AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 82098 del 15-10-2015
| Sentido del fallo | DECLARACIÓN DE NULIDAD |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Fecha | 15 Octubre 2015 |
| Número de expediente | T 82098 |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Penal de Bogotá |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Número de sentencia | ATP6041-2015 |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
Magistrado Ponente
ATP6041-2015
Radicación N° 82098
Aprobado acta N° 368
Bogotá, D.C., quince (15) de octubre de dos mil quince (2015).
V I S T O S
Se pronuncia la Sala sobre la impugnación interpuesta por el accionante E.A.U.C., contra la sentencia adoptada el 26 de agosto de 2015 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior Bogotá, con la cual se declaró improcedente la petición de amparo para los derechos fundamentales que se afirman vulnerados por la Fiscalía General de la Nación – Dirección Nacional de Fiscalías y la empresa Omnitempus Ltda.
I. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
El ciudadano E.A.U.C. promovió acción de tutela, en procura de amparo para los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, buen nombre y hábeas data que estimó conculcados por la Fiscalía General de la Nación – Dirección Nacional de Fiscalías y la empresa Omnitempus Ltda.
En sustento de la demanda, refirió el actor que en junio del año pasado adelantó proceso de selección para obtener un empleo en la empresa Omnitempus Ltda., habiendo superado a cabalidad todas las pruebas y entrevistas, proceso en cuyo desarrollo firmó un consentimiento informado que le permitía a la empresa validar toda la información académica y financiera, así como la concerniente a las bases de datos sobre antecedentes.
Adujo que pasados unos días la empresa le informó que había sido separado del proceso de selección, en atención a que en el registro SPOA de la Fiscalía General de la Nación reporta antecedentes por falsedad en documento público, entre otras conductas punibles.
Aludió que nunca ha sido investigado formalmente por delito alguno, así como tampoco ha tenido conocimiento de procesos penales en su contra, es decir, no tiene antecedentes penales, razón por la cual acudió a la Fiscalía para indagar sobre los presuntos antecedentes que figuran a su nombre, donde le informaron que cuenta con denuncias por violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, las cuales fueron formuladas por la progenitora de sus dos hijos y se encuentran archivadas.
En tal sentido, señaló que no entiende la razón por la cual la Fiscalía, a pesar de no haberle iniciado investigación formal, le suministra esa información a terceros como si se tratase de antecedentes penales, siendo este el motivo de la negación del empleo por parte de la empresa accionada.
De acuerdo con lo señalado, destacó que en su caso las accionadas le generaron un perjuicio irremediable, porque adicionalmente le informaron a la empresa “Roche”, donde tenía aspiraciones laborales, que no era contratable porque ofrecía riesgo de seguridad.
En consecuencia, peticionó que se ordene a la Fiscalía General de la Nación mantener en reserva y pasa su uso interno y exclusivo, la información que reposa en las bases de datos SPOA y SIJUF, así como abstenerse de reportar información privada sobre denuncias a empresas de seguridad o terceros.
Y en relación con la sociedad Omnitempus Ltda., solicitó que se ordene rectificar la información que allegó a la empresa “Roche”, en el sentido de aclarar que E.A.U.C. no cuenta con antecedente penal alguno.
II. EL FALLO IMPUGNADO
El Tribunal Superior de Bogotá negó el amparo deprecado, señalando para el efecto que en el presente asunto ninguno de los derechos invocados por el accionante se advierte conculcado por las entidades demandadas, por cuanto la Fiscalía Seccional de Bogotá allegó certificación de fecha 14 de agosto de 2015, en la que señala que consultados los archivos vigentes a nivel nacional del Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones a nombre de E.A.U.C., no figuran registros ni información relacionada con prontuarios delictivos, investigaciones preliminares ni investigaciones formales, así como tampoco órdenes de captura, medidas de aseguramiento, preclusiones o sentencias.
Por otra parte, consideró lo afirmado por la accionada Omnitempus Ltda., en tanto afirmó que el motivo de no aprobación del proceso de selección del actor, obedeció a que registraba varias infracciones a las normas de tránsito ante el RUNT y SIMIT, lo que impedía otorgarle el empleo como conductor escolta, desde la óptica del perfil del cargo, sin que fuera determinante el hecho de reportar denuncias como las referidas en la demanda, aunado a que lo comunicado a la empresa “Roche” fue únicamente que el señor UNEME CASTELLANOS no superó el proceso de selección, sin especificar por cuál razón.
III. LA IMPUGNACIÓN
Dentro del término legal el accionante impugna el fallo de tutela insistiendo en la procedencia del amparo.
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Procedería la Sala a resolver la impugnación propuesta la parte accionante, sino fuera porque advierte que en la presente actuación se incurrió en una irregularidad que afecta el derecho de defensa de una de las autoridades que intervino en la actuación que se acusa de vulnerar las garantías constitucionales del accionante E.A.U.C., según se desprende del contenido de la demanda de tutela y de los antecedentes procesales que se infieren de la actuación allegada al presente trámite.
En reiteradas oportunidades se ha sostenido que aunque quien acude a la tutela tiene el deber de manifestar cuál es la autoridad o el particular que le ha lesionado o amenazado sus derechos, tal enunciación no puede atar al juez constitucional ni limitar su acción y en esa medida, le asiste el deber de revisar la actuación procesal que se tacha de irregular y de vincular a todos los funcionarios judiciales o entidades que, por acción u omisión, pudieron dar lugar a la afectación de los derechos fundamentales invocados.
Revisados los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda presentada, se advierte que la inconformidad del accionante E.A.U.C. radica en la presunta violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, buen nombre y hábeas data, en tanto afirma que las accionadas han reportado y utilizado en su contra información privada sobre algunas denuncias que figuran a su nombre, pero que en estricto sentido no constituyen un antecedente penal.
Así entonces, pese a que el accionante no manifestó expresamente que dirigía la demanda contra la dependencia encargada de administrar, actualizar y corregir -entre otras- las bases de datos sobre antecedentes y anotaciones de la Fiscalía, esto es, la Oficina de Informática – Área de Administración de Información Sobre Antecedentes y Anotaciones de la Fiscalía General de la Nación, lo cierto es que del acontecer fáctico que se...
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