AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51599 del 30-05-2018
| Sentido del fallo | INADMITE |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Fecha | 30 Mayo 2018 |
| Número de expediente | 51599 |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Penal de Ibagué |
| Tipo de proceso | CASACIÓN |
| Número de sentencia | AP2196-2018 |
F.A.C.C.
Magistrado ponente
AP2196-2018
Radicación No. 51599
(Aprobado Acta No. 171)
Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil dieciocho (2018).
ASUNTO:
En fallo de tutela de primera instancia STC6399-2018 del pasado 17 de mayo, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, resolvió:
Dejar sin efecto la providencia de 23 de noviembre de 2017, mediante la cual la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible la demanda que sustentaba el recurso de casación formulado por la señora L.Á.J.M., para que en su lugar dicha autoridad… proceda a proferir nueva decisión, en el sentido que legalmente corresponda, tomando en consideración lo indicado en… [dicho] proveído.
En cumplimiento de dicho fallo, se procede a resolver acerca de la admisibilidad de la demanda de casación presentada por el defensor de L.Á.J.M. contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Ibagué, confirmatoria de la proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de la misma ciudad, que condenó a la citada como coautora del delito de fraude procesal, para lo cual se atenderá a lo señalado en el referido fallo de tutela STC6399-2018.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE:
Los primeros fueron declarados por el ad quem en los siguientes términos:
Los hechos jurídicamente relevantes iniciaron el trece (13) de octubre de dos mil (2000), cuando L.Á.J.M., para entonces gerente de la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda, “Granahorrar” —hoy Banco BBVA— con sede en Ibagué, Tolima, y J.M.S.V., otrora abogado externo de dicha entidad, presentaron demanda ejecutiva hipotecaria tanto contra la sociedad “Construcciones El Edén Ltda.”, como respecto de C.E.S.M., O.O.N., I.S.O. de V., Á.E.N.M. y R.A.C.F., para obtener el pago de la obligación hipotecaria otorgada a largo plazo contenida en el pagaré número 701800025232 por valor de cuarenta y tres millones doscientos mil pesos ($43.200.000,oo) —equivalente a 6954,4052 UPAC—, suscrito el once (11) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad.
Este último, el veinticinco (25) de octubre de dos mil (2000), libró mandamiento de pago y, luego de agotar el trámite procesal correspondiente, el veintiséis (26) de noviembre de dos mil ocho (2008), profirió sentencia de primera instancia donde declaró probadas las pretensiones de la parte actora, decisión que al ser impugnada por los demandados, fue revocada el seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010) por la Sala Civil Familia de este Tribunal Superior [de Ibagué], al considerar que debían “prosperar las excepciones” entre otras, de “tacha de falsedad”, propuesta por S.M., en tanto “la obligación que se intentaba ejecutar, correspondiente a un crédito individual otorgado exclusivamente a Construcciones El Edén Ltda., fue incorporada en un pagaré creado para una obligación distinta, a saber, un “crédito constructor” del cual eran deudores [personas] diferentes a la mencionada constructora [es decir, el Consorcio integrado por Construcciones El Edén y C.E.S.M....]. y que se supo se encontraba debidamente cancelada”.
Con fundamento en esos hechos fueron vinculados mediante diligencia indagatoria L.Á.J.M.[1] y J.M.S.V.[2], a quienes por separado se les resolvió su situación jurídica provisional en relación con el delito de fraude procesal sin imponerles medida de aseguramiento[3]. A su vez, se declaró la extinción de la acción penal por prescripción respecto de la conducta punible de falsedad en documento privado.
Una vez se admitieron las demandas de constitución de parte civil presentadas a nombre de Construcciones El Edén Ltda., I.S.O. de V.[4] y C.E.S.M.[5] e, igualmente, se vinculó al Banco BBVA como tercero civilmente responsable[6], se clausuró la investigación y el 17 de junio de 2011 se calificó el mérito probatorio del sumario con preclusión de la instrucción a favor de L.Á.J.M. y J.M.S.V.[7].
Apelada esa determinación por el apoderado de Construcciones El Edén Ltda. e I.S.O. de V. y directamente por C.E.S.M., el 28 de noviembre de 2011, en la Fiscalía Sexta Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué, fue revocada y, en consecuencia, se profirió resolución acusatoria contra L.Á.J.M. y J.M.S.V., como coautores del delito de fraude procesal[8].
La etapa de la causa originalmente correspondió adelantarla al Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagué, en donde se cumplió la audiencia preparatoria y se dio inicio a la vista oral, tras lo cual se continuó en el homólogo Juzgado Séptimo[9], en el que se agotó en varias sesiones, así que el 25 de octubre de 2016 se condenó a L.Á.J.M. y J.M.S.V. como coautores del delito de fraude procesal, a las penas de 6 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 5 años de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, a quienes se les negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero se les concedió el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria bajo caución prendaria.
Esa decisión fue apelada por los defensores de J.M. y S.V., siendo confirmada el 13 de julio de 2017 por el Tribunal Superior de Ibagué.
Inconformes los apoderados de L.Á.J.M. y J.M.S.V. con esa determinación, presentaron recurso extraordinario de casación.
Ahora bien, como quiera que el fallo de tutela STC6399-2018 de la Sala Civil solo deja sin efectos el auto inadmisorio de la demanda en relación con la procesada L.Á.J.M., la presente decisión solo se referirá al libelo presentado por el defensor de ésta.
LA DEMANDA
Una vez el defensor de L.Á.J.M. pone de presente que está legitimado para impugnar la sentencia por cuanto le irroga un perjuicio a la acusada J.M. y, a su vez, señala que en este caso se debe acudir a la casación ordinaria en razón de la pena vigente para el delito de fraude procesal, propone dos censuras, cuyo alcance, en síntesis, es el siguiente:
Primer cargo:
Al amparo de la causal segunda de casación, el recurrente denuncia la falta de congruencia fáctica de la sentencia frente a la resolución acusatoria.
En ese sentido, una vez refiere, con apoyo en criterio de autoridad, que la acusación hace parte de la estructura del proceso y que debe cumplir ciertos requisitos, entre ellos, contener una imputación tanto fáctica como jurídica, siendo la primera de ellas inmodificable, pone de presente que la imputación se erige en un aspecto que sirve para garantizar el derecho de defensa, pues fija los límites del debate en la etapa del juicio acerca de la responsabilidad del acusado.
En esa medida, expresa que ese límite se traduce, entre otros aspectos, en el principio de congruencia, conforme al cual no se puede condenar a una persona por cargos que no se le hayan deducido en la resolución acusatoria.
Puntualiza al respecto, que mientras que la imputación tanto subjetiva como fáctica es “absoluta”, es decir, no es posible variarla en la fase del juicio, la jurídica es “relativa”, toda vez que es viable su modificación, siempre y cuando no se agrave la situación del procesado.
Ahora, frente al caso de la especie, inicialmente señala que cuando se calificó el mérito probatorio del sumario, se lo hizo con preclusión de la instrucción, por cuanto, en síntesis, se concluyó que los procesados no estaban incursos en el delito de fraude procesal, toda vez que ignoraban que el pagaré que utilizaron ante la judicatura para hacer...
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