AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - SALA PLENA nº 1100102300002008-00320-00 del 28-08-2008
| Sentido del fallo | DIRIME CONFLICTO - REMITE AL DESPACHO COMPETENTE |
| Emisor | SALA PLENA |
| Fecha | 28 Agosto 2008 |
| Tipo de proceso | CONFLICTO DE COMPETENCIA |
| Número de expediente | 1100102300002008-00320-00 |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PLENA
Magistrada Ponente
ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN
Ref.- Exp. No. 11-001-02-30-000-2008-00320-00
Acta No. 30
No. 315
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil ocho (2008).-
VISTOS
Se pronuncia la Corte sobre la colisión de competencia suscitada entre la Fiscalía Tercera Local de Santander de Quilichao (Cauca) y el Juzgado Primero Penal Municipal de misma sede territorial, con ocasión de las diligencias de carácter penal que por la conducta punible de abuso de confianza se siguen contra A.D.C..
ANTECEDENTES
1.- DIEGO DE J.S.R. denunció penalmente a su ex compañera A.D.C., pues el 11 de noviembre de 2007, sin su consentimiento se apoderó de unas gradas metálicas tipo caracol que tenía guardadas en una finca ubicada en la Vereda San Pedro, y las vendió. El valor de los bienes los estimó en $650.000,oo.
2.- Asignado el asunto a la Fiscalía Tercera Local de Santander de Quilichao, se declaró incompetente al considerar, con sustento en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, que aun cuando los hechos ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 1153 de 2007, no se había formulado imputación, motivo por el cual la conducta configuraba una contravención, de competencia de los Jueces Penales de Pequeñas Causas, en virtud del principio de favorabilidad (fls. 5 y 6).
3.- El Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de la misma localidad, también rechazó la competencia, al estimar que si bien no desconocía el principio de favorabilidad invocado por la Fiscalía, el mismo debía examinarse en términos de garantías fundamentales, en cuanto hacen referencia al debido proceso, por lo que concluyó que resultaban más benévolas las previstas en la Ley 906 de 2004. Agregó a lo anterior que como en este caso los hechos tuvieron ocurrencia antes de entrar en vigencia la Ley 1153 de 2007, la atribución para conocer recaía en la Fiscalía (fls. 9 y 10).
4.- El conflicto así propuesto, se remitió a la Corte Suprema de Justicia por ser la autoridad competente para dirimirlo.
CONSIDERACIONES
De conformidad con el numeral 3º, artículo 17 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, es atribución de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia resolver los conflictos de competencia en la jurisdicción ordinaria, “que no correspondan a alguna de sus Salas o a otra autoridad judicial”. En efecto, la Corte en varios pronunciamientos ha sostenido que con el actual sistema acusatorio, tal atribución no varía en manera alguna.[1]
Procede la Sala a definir el problema jurídico puesto en este escenario, el cual se concreta a determinar cuál es el funcionario judicial competente para conocer de una conducta punible de abuso de confianza, cuya cuantía no excede los diez salarios mínimos legales mensuales, cometido antes de la entrada en vigencia de la Ley 1153 de 2007 (en este caso los hechos sucedieron el 11 de noviembre de 2007).
Para resolver el asunto, importa recordar que, en general, la ley se dicta para que rija hacia el futuro; sin embargo, pueden darse dos situaciones especiales que constituyen excepciones al principio anterior: la retroactividad y la ultractividad.
En virtud de esta última, la ley procesal determina taxativamente en qué casos, una norma de este mismo carácter, a pesar de haber perdido su vigencia, puede mantenerla transitoriamente a fin de que haya una transición armoniosa de la legislación anterior y la que entra a regir, logrando de esta manera no entorpecer los trámites ya iniciados.
El mandato anterior, consagrado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, es necesario y en algunos casos obligatorio, en el tránsito de una ley procesal a otra, de suerte que el empalme de las legislaciones no se realice de una manera abrupta, quebrantando el orden y la lógica que deben imperar en todas las actuaciones judiciales.
Al efecto, el artículo 60 de la Ley 1153 de 2007 estableció que “La presente ley comenzará a regir seis (6) meses después de su promulgación. De los procesos que estén en curso seguirán conociendo los funcionarios judiciales donde se estén tramitando y bajo los procedimientos que a estos corresponde.” (Se resalta).
Sobre el punto, esta Corporación en reciente providencia señaló lo siguiente:
“El tema por dilucidar es desde qué momento debe entenderse que existe ‘proceso’, dado que el concepto marca el límite para derivar el procedimiento aplicable.
El artículo 29 de la Constitución Política define como derecho fundamental el debido ‘proceso’, rango que compete garantizar a los jueces de la República, y punto de partida que permite inferir, respecto de la Ley 906 del 2004 y para lo que interesa dirimir en este asunto, que el proceso como tal se inicia cuando, a petición de la Fiscalía, el Juez interviene e inicia la actuación para integrar el contradictorio, esto es, para que la persona sindicada conozca los cargos y pueda comenzar el ejercicio de su defensa.
Ese límite lo marca la formulación de la imputación, como que en ese momento el juez conoce la pretensión del ente acusador y realiza las gestiones necesarias para que al imputado se le hagan saber los cargos fácticos y jurídicos que se tienen en su contra, con el fin de que pueda iniciar su controversia.[2]
La intención clara y expresa del legislador apuntó a que el procedimiento de las “pequeñas causas” se aplicara única y exclusivamente a actuaciones procesales iniciadas a partir de la vigencia de la ley que las implementó. Por tanto, las que hubiesen comenzado con antelación, deben proseguir su trámite conforme con la ley vigente en ese entonces.
De ese modo se evita mezclar procedimientos disímiles, como que, por vía de ejemplo, en la ley de pequeñas causas los trámites son más ágiles, con intervención...
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